Mapuexpress, 4 de abril, 2011.- El Gobierno chileno viene anunciando con bombos y platillos una “gran consulta”, sin embargo, trascendió que dicha medida se hará bajo el procedimiento del decreto 124 de Mideplan, reglamento fraudulento que fue creado en contubernio a finales del Gobierno anterior. 

Dicho Decreto es un “Reglamento” arbitrario que transgrede al Convenio 169, y desconoce los estándares internacionales del deber de consultar a los pueblos indígenas. El resultado es una severa afectación de derechos de los pueblos indígenas, y el incumplimiento de obligaciones estatales, lo que compromete la responsabilidad internacional del estado. En suma, un Decreto inconducente. Un profundo error político del Gobierno…

La buena fe es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina principio de probidad. Pero ¿Por qué cuesta tanto considerarlo en las formas y procedimientos que asumen los gobiernos y legisladores en Chile para asumir sus obligaciones con respecto a los pueblos indígenas, particularmente frente a la implementación de los procedimientos de consulta?

El Gobierno chileno viene anunciando una “gran consulta” a los Pueblos indígenas, pero es un engaño, porque utilizará, según reconoció recientemente el Director Conadi, el Decreto 124, que es un reglamento fraudulento dictado por el ex Ministro Viera Gallo, que mutila el Convenio 169, se burla de Pueblos Indígenas y coloca al Estado chileno al margen del derecho. Hoy, ese decreto se pretende imponer para incumplir los deberes estatales a que obliga el Convenio 169. No solo incumple al propio Convenio, sino también viola la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Grotesca burla de la comunidad internacional de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas en Chile.

El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su Artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas:

La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;

Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

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Foto: © ACNUR/B.Heger

Por Tejido de Comunicacion de la ACIN

2 de abril, 2011.- Nuestros más sinceros y dolidos sentimientos de horror y dolor ante estos hechos. Nuestro rechazo a gritos a los bandos en guerra, a quienes disparan y a quienes los mandan, vengan de donde vengan. Nuestra repugnancia porque este terror y esta guerra son para el Capital que ahora cobardemente masacra niños y niñas para robarse el territorio y quienes dicen resistirlo, las FARC, que le ayudan a matar, a despreciar la vida poniéndose en el otro bando para eliminar pueblos.  Nos duele por las comunidades, las familias, las madres, hermanas, la gente toda. Nos duele. Llamamos desde el dolor a no permitir que esta masacre sea en vano, a no dejar que se convierta en una denuncia y nada más. Que se levante ese pueblo desde abajo, todo el Territorio del Gran Pueblo (Cxhab Wala Kiwe) y ponga todas sus capacidades y recursos en resistir a un sistema que masacra, despoja, compra, invade y engaña para enriquecerse. Cada muerto es un comunero, una comunera menos. Cada asesinado, busca que no pasemos de la denuncia y que nos traguemos el dolor. Vienen a robarse la cultura, el territorio, el proceso. Vienen con balas, con proyectos, con negocios. Vienen a privatizar el agua, la tierra, las minas. Vienen a convertir el trabajo de la gente en mano de obra para los mega-proyectos. Vienen a convertir a los niños y las niñas muertas, en cifras que justifiquen plata para proyectos. Convierten en mercancía el dolor.

El 26 de marzo de 2011, a las 2 y 25 de la mañana, en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó, Municipio de Toribio, la policía nacional, con apoyo aéreo del “comando jungla antinarcóticos”, bombardeó un campamento del Sexto Frente de las FARC, de milicianos recién reclutados. Resultaron, según las fuentes publicadas, 16 muertos (la mayoría de ellos menores de edad) y 4 heridos por parte de los guerrilleros. Los combates siguieron todo el día y la noche siguiente: por un lado los helicópteros y avionetas sobrevolaban la zona mientras la policía se quedaba con los cuerpos en el campamento destruido y, por otro lado, los guerrilleros disparaban en dirección del campamento desde lugares cercanos.

Aparte de esta lamentable violencia entre grupos armados legales e ilegales, lo que se denuncia acá, y se saca a la luz es la situación de los pobladores de la zona, los pueblos indígenas, atrapados en esta guerra. Hay que romper el círculo de silencio, de desinformación de los medios masivos, pues, mientras el señor Santos se jacta de “otro gran golpe a las FARC”, las comunidades enfrentan el incremento de la militarización, las balas impactando las casas y la tristeza de ver a sus hijos caer en medio de la guerra.

Lo que viven los pobladores en las veredas de Gargantillas, La Esperanza, El Triunfo, Soto y La Playa, entre otras, no es lo que vieron los demás colombianos en los noticieros oficiales. Para ellos, la pesadilla empezó en la madrugada del sábado como contaron los habitantes de estas comunidades, toda la noche no pudieron dormir por el ruido de las explosiones de las bombas lanzadas por los aviones, cerca de las casas. “El bombardeo fue horrible, el movimiento de las casas fue terrible, hasta las siete de la mañana”, declara un habitante de la vereda de Gargantillas, “los niños están aterrados” añade.

Entre la incertidumbre, la comunidad tuvo que soportar la “operación conjunta de nuestras Fuerzas Armadas” (según las palabras del Presidente), luego, la repuesta de la guerrilla. Ellos empezaron a disparar con tiros de balas y otras bombas desde sitios muy cercanos a las casas, poniendo en peligro toda la comunidad. Algunos comuneros se quedaron en sus casas, luego huyeron hasta lugares más seguros, lejos de la lluvia de balas, mientras otros salieron a buscar familiares de quienes no tenían noticias. Se colgaron las banderas blancas, única protección en situación de combate, porque ¿quién iba a protegerlos? ¿Cuál autoridad del gobierno iba a meterse entre las balas para atender a la gente? ¿Será que importa más los “éxitos” de las Fuerzas Armadas que los pueblos indígenas? No, los pueblos indígenas tenemos que atendernos nosotros mismos, a través de las autoridades indígenas que se encargaron de organizar a la gente en Asamblea Permanente para tomar medidas de protección. Son ellas, junto con los comuneros, que investigaron para saber lo que había pasado, para informar a los pobladores del lugar y para verificar si había civiles o bienes afectados.

Mientras las cámaras de los medios masivos mostraban imágenes sensacionales de avionetas de la policía controlando la zona, del humo junto a las detonaciones, los comuneros aguantaban la ansiedad y se preguntaban con temor si los cadáveres detenidos por la policía eran hermanos, tíos o hijos. Se preguntaban si el niño que hace unos meses jugaba con los demás de la comunidad hace parte de los menores de edad que componen la mayoría de los cuerpos empacados en las bolsas de plástico, allá en el monte. Porque las primeras víctimas de los conflictos armados son los indígenas, son los niños involucrados en la guerrilla por estrategias de reclutamiento. A pesar del trabajo de las autoridades indígenas y de la Guardia indígena para tratar de detener el reclutamiento de sus jóvenes, haciendo asambleas, generando discusiones sobre el tema en las familias, proponiendo proyectos productivos y culturales, los guerrilleros siguen armando campamentos cerca de las viviendas, poniendo armas entre las manos de los niños.

Quizá los periodistas de los medios masivos, nacionales e internacionales, mientras preparan su material de prensa sigan celebrando la coincidencia de este ataque con el tercer aniversario de la muerte del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, pasando desapercibido el horror de los niños masacrados y la suerte de mujeres, niños, mayores y familias enteras expulsadas de sus casas, andando bajo la lluvia sin siquiera saber dónde ir. “Llegaron con los carros, bajaron las bombas, nosotros recogimos los niños y salimos a correr para acá, porque no queremos estar metidos allí.” cuenta una madre de familia de la vereda del Triunfo. “Ellos dijeron que teníamos que salirnos rápido, porque iban a tirar algo más, nos asustamos, no sabíamos para dónde ir, estaba lloviendo” declara una joven de 14 años, “nos salimos, nos fuimos corriendo y cuando empezaron a disparar, las balas pasaban por allí.” Esta misma adolescente es la que salió casi de noche para pedir a los guerrilleros que pararan de disparar. Nadie ha escuchado su voz, aparte de las autoridades indígenas, ni la de una madre cargando sus dos niños, llorando por no haber podido darles de comer desde que la sacaron de su casa en la mañana; tampoco la del comunero, a quien le dijeron que su hijo estaba allá, en esas bolsas. Ahora las familias piden que los cuerpos sean entregados para poder exhumarlos y despedirse de sus familiares, a pesar de que hayan sido involucrados en la guerra.

Las Autoridades Indígenas denuncian que las primeras víctimas de estos tipos de acciones siguen siendo los niños y niñas, comuneros de los pueblos indígenas. El gobierno ejecuta acciones de guerra como la que sucedió, poniendo en riesgo las poblaciones, causando daños irreparables. Frente al terror de los grupos armados, los pueblos indígenas queremos la autonomía en nuestros territorios, y no ser instrumentados por ninguno actor gubernamental, ni armado legal o ilegal, que actúan por intereses económicos y por control del poder.

Como Nasas que somos, exigimos levantarnos desde el dolor a resistir, a echar a los guerreros, a los negociantes, a las transnacionales, a los que sacan ventaja del territorio. Para que la muerte no niegue el futuro a nuestro pueblo.

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Fuente: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN CXAB WALA KIWE – Territorio del Gran Pueblo correo electrónico: acin@acincauca.org Calle 3 – 7 A 20. Telefax: (2) 8290958 – (2) 8293999 Santander de Quilichao – Cauca – Colombia: http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1836%3Alas-victimas-de-los-grandes-golpes-a-las-farc-siguen-siendo-los-pueblos-indigenas-&catid=1%3Aultimas-noticias&Itemid=1

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Ayahuasca. Foto: Amigos y Aventuras

Por Jahvé Mescco

Servindi, 3 de abril, 2011.- A nueve años de entrar en vigencia la Ley 27811: Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas asociados a la Biodiversidad, recién es probable se promulgue el reglamento y se establezcan sus dos comités, uno de los cuales administrará el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

El fondo recaudará los pagos que realicen las industrias químicas y farmacéuticas por comercializar productos a partir de un conocimiento colectivo (10 por ciento); los pagos de quienes usan conocimientos colectivos conocidos hace menos de 20 años, y algunas donaciones. Con esos recursos, se financiarán proyectos en las comunidades nativas.

Cabe destacar que la norma protege a los pueblos indígenas de la divulgación o uso de su conocimiento sin su consentimiento informado previo, y fomenta la distribución justa y equitativa de los beneficios que genere el uso de los conocimientos a través de contratos de licencia de uso, entre otros aspectos.

Protección Internacional

Además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la protección de los conocimientos ancestrales se respalda en otros acuerdos suscritos por el Perú.

Entre ellos destaca el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (Art. 8 j) (1992); la Decisión Andina 391- Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (1996); y la Decisión Andina 486 (2000).

Si bien hubo varios intentos de implementar el Fondo, éste se comenzó a viabilizar el mes pasado, cuando el viceministro de Interculturalidad, José Carlos Vilcapoma, se reunió con representantes de organizaciones indígenas nacionales a fin de empezar las coordinaciones para constituir el Comité de Administración.

A la primera reunión de trabajo, asistieron Antolín Huáscar Flores, de la Confederación Nacional Agraria (CNA); Melchor Lima Hancco, de la Confederación Campesina del Perú (CCP); así como Alberto Pizango Chota y Roberto Espinoza por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

También estuvieron presentes Nely Marco Manrique y Marcos Espinoza, de la Confederación de Nacionalidad Amazónicas del Perú (Conap), y representantes del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa).

“A sugerencia de ellos, ampliaremos la convocatoria a algunas organizaciones regionales para luego hacer una gran reunión de trabajo. La finalidad es que ellos elijan a sus representantes y se arme el comité”, sostiene José Carlos Vilcapoma, vicepresidente de Interculturalidad.

Según el artículo 39 de la Ley, el Comité de Administración lo deben conformar cinco representantes de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y dos del Indepa. En tanto, el Comité de Gestión lo integran especialistas acreditados por los nativos y el Estado, cuya función es brindar recomendaciones para captar más recursos.

De forma paralela a las reuniones, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), elabora el reglamento, que luego será revisado por la entidad que representa Vilcapoma.

“La meta es tener todo listo a junio, queremos dejar los pilares. Por eso nos reunimos con las organizaciones indígenas. En breve sale el reglamento y luego debemos tener los primeros expedientes sancionados por Indecopi”.

Controversias por la tasa

José Carlos Vilcapoma, Viceministro de Interculturalidad

Con la implementación de la Ley, se reconocería el importante rol que cumplen los pueblos originarios en la preservación de conocimientos tradicionales, de productos como el sacha inchi, uña de gato, ayahuasca, maca o el camu camu. Sin embargo, el sector privado se opone a la iniciativa por considerar excesiva la tasa impuesta.

Alejandra Velazco, de la Asociación de Exportadores (Adex) manifestó que el sector que representa no está de acuerdo con el diez por ciento establecido pero si con retribuir a las comunidades indígenas un beneficio por los productos que ellos han manejado ancestralmente.

Por su parte, Armando Rivero, presidente del Instituto Peruano de Productos Naturales, manifestó su preocupación por el impacto económico en la industria del sector, dado que no solo están vinculadas las farmacéuticas, sino las empresas pequeñas y formales que podrían verse afectadas por la regalía del 10 por ciento.

En ese sentido, Vilcapoma dijo que pese a que existen opiniones encontradas, llegará un momento en que exista una horizontalidad de criterio. “El principio de todo desarrollo es que haya equilibrio entre estado, empresa, y comunidades”. Por ser mayoría, serían las organizaciones indígenas quienes determinen si el porcentaje es suficiente, indicó.

Velazco sostuvo que, junto con otras entidades, pedirán al Gobierno representación en el comité administrador del fondo. Al respecto, el vicepresidente de Interculturalidad, afirmó que “La ley no los contempla y no se puede ir sobre ella”, pero reconoció que es necesario incluir a la industria en el proceso de implementación de la norma.

“Más allá de tener una posición de interés en la Ley, hay que destinarle recursos, apoyo, convocar a especialistas para que trabajen en su implementación”, afirma Manuel Ruiz, director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Agrega que es necesario brindarle mayor difusión y convocar a los propios pueblos indígenas y sus representantes para continuar con el proceso de sensibilización. “En la SPDA estamos convencidos de que es una herramienta importante que debe aplicarse de una manera mucho más decidida”.

Registro de saberes indígenas

Desde que se emitió la norma, el Indecopi avanza en el registro de los conocimientos indígenas asociados a los usos y propiedades de la biodiversidad, que es otro de los aspectos regulados por la Ley 27811.

El objetivo de los registros es preservar los conocimientos de los pueblos originarios y sus derechos sobre ellos, y sirven como prueba cuando se presenta una denuncia contra un tercero que ha utilizado un conocimiento colectivo sin el consentimiento informado previo (CIP) del pueblo indígena.

Hasta el 2009, esta entidad presentó 92 registros. Del total, 70 pertenecen al Registro Nacional Confidencial, 19 al Registro Nacional Público y 3 a ambos. En el mismo período, se abandonaron 99 solicitudes de registro, debido sobre todo a la dificultad de contar con las muestras del recurso biológico adecuadas.

De los 92 títulos otorgados, 27 pertenecen a comunidades nativas de la selva peruana; y 65 a comunidades campesinas de la sierra del país. En tanto, los pueblos con más títulos son: Comunidad Nativa Kivinaki (26), Comunidad Nativa Bajo Aldea (25); Comunidad Campesina Vischongo (14) y la Comunidad Nativa Callería (12).

Cabe señalar que existen tres tipos de registros, pero solo los dos primeros están a cargo de Indecopi. El primero es el Registro Nacional Público, que está conformado por todos los conocimientos de dominio público, es decir que hayan salido en medios de comunicación masiva (libros, publicaciones en general).

El segundo es el Registro Nacional Confidencial, que contiene los conocimientos que todavía no lo conocen personas ajenas a los pueblos indígenas; y por último figura el Registro Local, que es efectuado por los propios pueblos indígenas en sus comunidades según sus costumbres y forma de organización.

Se espera que la Ley 27811 se implemente efectivamente, puesto que hasta hoy, solo el sector privado se ha beneficiado de los usos de los conocimientos de los pueblos indígenas. En el 2010, en el país se facturaron alrededor de diez millones de dólares por exportaciones de productos naturales.

Parte del valor de estos conocimientos radica en que pueden ser base para la investigación y desarrollo de nuevos productos (principalmente en la industria farmacéutica, cosmética y de productos naturales), y además contribuyen al ahorro de tiempo y costo en esas investigaciones.

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En efecto, México requiere un proyecto de nación, pero radical, en el sentido más claro del término: que verdaderamente vaya a la raíz.

El 20 de marzo se presentó el Nuevo proyecto de nación”, del cual Andrés Manuel López Obrador esbozó en su discurso 50 acciones indispensables para la “regeneración nacional”, partiendo de la tesis ya conocida de que la crisis de México “se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la nación y el pueblo”, sin reparar en el carácter sistémico de esta crisis, enmarcada en las características propias de esta etapa de mundialización capitalista.

El discurso es importante porque en movimientos con un dirigente máximo, como el de AMLO, la criba que él hace del “Proyecto de nación”, un documento de dos centenares de páginas, da una idea de los énfasis y coordenadas reales del precandidato presidencial, del programa “mínimo” con el que pretende presentarse electoralmente. También, en el discurso se matizan temas candentes, o se dejan fuera (aborto, derechos de minorías sexuales, guerra sucia, etcétera), mientras que otros son tratados dentro de la lógica de la mercadotecnia electoral: ¿qué tanto conviene sostener una determinada perspectiva para las encuestas, para el apoyo, rechazo o neutralidad de los poderes fácticos? Así, lo que podría ser proyecto de nación, se trastoca finalmente en una plataforma electoral negociable.

Tomemos el caso de los pueblos indígenas, tratados escasamente en la pieza oratoria, donde se les muestra como víctimas que esperan la mano clientelar del Estado: “42. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a pobres y desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que donde hay carencias, pobreza y marginación no lleguen los apoyos que necesitan”. Pregunto: ¿quiénes son los que tienen que pagar y quiénes son los que recibirán esos apoyos?: “Nosotros” = Estado-gobierno = sujeto activo, les pagará a “ellos” = pueblos indígenas = sujeto pasivo. ¿Dónde quedaron los acuerdos de San Andrés? ¿Dónde las autonomías de hecho actualmente en marcha? ¿Dónde la contrainsurgencia y paramilitarización contra el EZLN y el despliegue de las fuerzas armadas (a las que por cierto se ofrece en otro pasaje “cuidar su prestigio”) en otras etno-regiones? ¿Qué sobre los presos indígenas? ¿Qué acerca de la criminalización de sus organizaciones? ¿Temas electoralmente incómodos?

En el punto 39, en el contexto de la preservación biológica y cultural de México, pasando por prácticas agropecuarias y la no introducción de semillas transgénicas, se llega finalmente a un párrafo que sostiene: “Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos”. ¿Es esta la expresión de las autonomías indígenas contemporáneas, o una vuelta de tuerca más del apoyo estatal a las comunidades “tradicionales” de “indígenas-campesinos”?

En el punto 33, donde se proponen carreteras para los 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados, nuevamente los indígenas aparecen, ahora como fuerza de trabajo: “Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local”. Serán empleados, pues. ¿Qué tipo de empleos?

Si estas son las menciones en torno a los pueblos indígenas que el discurso registra, analicemos otras acciones que los afectan directa o indirectamente. Una de ellas es una propuesta que siempre ha formado parte del Plan Puebla-Panamá, ahora rebautizado Proyecto Mesoamérica, al cual se han opuesto tajantemente las organizaciones indígenas: “Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico, mediante el desarrollo integral del istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de dos puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente (sic) y con la participación de las comunidades de la región (sic)”. ¿Cómo participarían las “comunidades de la región”? ¿Nuevamente como mano de obra intensiva? ¿Se beneficiarían del comercio en gran escala a transportar en esos contenedores? ¿La ampliación de la carretera se haría a costa de territorios comunitarios?

Ya entrados en proyectos extractivistas y desarrollistas que han dañado siempre a los pueblos indígenas se propone, para fines “nacionales”, la construcción de cinco refinerías, cuatro de ellas en estados con presencia notable de población indígena: Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Campeche, sin considerar lo que significan semejantes proyectos para la vida indígena y el cuidado del medio ambiente. Igualmente, “se propone atender con esmero la actividad turística”, sin mencionar sus impactos negativos sobre los pueblos indígenas en su territorialidad, control de recursos naturales, folclorización de sus culturas, migración forzada, etcétera.

En el numeral 21 se afirma que se hará valer el artículo 27 constitucional, pero sólo referido al dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. ¿Qué pasará con la contrarreforma salinista que provocó –en parte– una rebelión indígena en 1994?

El debate es necesario, imprescindible. En el caso de los pueblos indígenas, las propuestas de seguir empleándolos, concediéndoles desarrollo y respetándolos discursivamente, resultan, paradójicamente, bastante salinistas. Si lo original es, tomando en cuenta los niveles ínfimos en que se arrastra la clase política, plantear un proyecto de nación, lo menos que se puede esperar, si se trata de una convocatoria, es que se dejen de eludir, por cálculo o simple miopía, aspectos apremiantes y fundamentales. En efecto, México requiere un proyecto de nación, pero radical, en el sentido más claro del término: que verdaderamente vaya a la raíz.

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/01/index.php?section=opinion&article=025a1pol

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Luego de una masiva marcha por las principales avenidas de Puyo, los asambleístas y las autoridades participaron de la Ceremonia de apertura guiada por los Yachaks y sabios de los pueblos.

"Nuestra voz tiene lágrimas, tiene canto, tiene grito. Ese  grito hiere a los señores supremos del poder. Por eso nos han dicho infantiles, ecologistas extremos, ponchos dorados. Han insultado y denigrado a nuestra raza para tapar la verdad de que nos quieren despojar de los recursos naturales de nuestros territorios. Pero a pesar de los insultos, nuestra dignidad no ha sido pisoteada.”


Marlon Santi


extracto del mensaje previo a la asamblea 

Crónica


A los 10 días del calendario ancestral indígena se inicio el segundo día del Congreso con la ceremonia de la Guayusa. Desde la madrugada los hombres Kichwas de la amazonía despertaron a los delegados al IV Congreso de la CONAIE, en sus lugares de hospedaje, invitándolos a la Plaza Roja, para ser parte de la ceremonia de la Guayusa y llenarse de energía y  limpiar su cuerpo y mente. Este momento de espiritualidad se complemento con la destreza de las mujeres amazónicas.

Hilda Santi, Kichwa de la amazonía de Sarayacu, para decorar a las mujeres con wituk. Hilda expresa que esta costumbre tradicional es parte de la belleza de la mujer. Los diseños son tomados desde las formas que tienen las pieles de los animales y las plantas, manifiesta esto fortalece su identidad y su cultura y que se transmite de generación en generación. La ceremonia tuvo el llamado desde los tambores del pueblo Kichwa Sarayaku. Esta es una forma cultural de hacer vivir su identidad y alegría.


A las nueve horas Marlon Santi y las autoridades de las regionales costa, sierra y amazonía izaron la Wipala de los pueblos y nacionalidades indígenas como símbolo del ejercicio de la autonomía.


Luego de una masiva marcha por las principales avenidas de Puyo, los asambleístas y las autoridades participaron de la Ceremonia de apertura guiada por los  Yachaks y sabios de los pueblos quienes hicieron los ofrecimientos por el buen proceder de esta jornada política y de análisis sobre los ejes políticos organizativos; económicos y de Recursos Naturales, Sumak Kawsay y de identidad y cultura y en especial de la designación de las nuevas autoridades que guiaran el proyecto político de la CONAIE.


Tito Puanchir dio la bienvenida a las delegaciones de pueblos y nacionalidades al territorio amazónico, que hasta las 12 del dia sumaron 3500 personas entre delegados oficiales, invitados especiales, de prensa y comunicación, autoridades de los gobiernos seccionales, de instituciones indígenas y  organizaciones de la base social.


Marlon Santi  antes de dar inaugurado el IV Congreso de la CONAIE, manifestó…”Han venido a nuestro territorio desde los altos paramos de los andes, desde los manglares de la costa y desde la profundidad de la selva, todos y todas nos encontramos participando en el IV gran Congreso de la CONAIE y doy mi cordial bienvenida. Hace tres años me propusieron desde las comunidades de mi pueblo y de mi organización aceptar ser candidato a la Presidencia de nuestra organización histórica como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, participamos en el Congreso de Santo Domingo de los Tachilas y fui elegido en consenso apoyado por todos los representantes de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador y he asumido ese gran reto y desafío como joven líder indígena.


Los tres años de mi gestión han sido de mucho esfuerzo y difíciles por la situación política, pero eso no nos ha detenido, dejo a la CONAIE fortalecida y espero quien sea el nuevo Presidente siga en este proceso de lucha por la vida desde nuestra organización histórica y que no caiga en errores, que siga de  pie porque dijo “nuestra historia jamás será vencida, porque viene de la mentalidad de nuestros padres y madres” de esta manera inauguro el IV CONGRESO de Pueblos y  Nacionalidades indígenas, que es el Congreso de la unidad de los Pueblos.


Dando cumplimiento a la agenda prevista, el Consejo de Gobierno en pleno dirigirá la Asamblea hasta que se elija la directiva Adhoc del congreso de la CONAIE.


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