Carnaval del Referéndum “Contra” la Mega Minería

por Ricardo Silva

Las máscaras representativas del teatro griego, tuvo sus orígenes con las fiestas dionisíacas que se celebraban en honor al dios Dionisio. Con el tiempo perdió su carácter religioso, comenzando las tragedias, comedias y lírica.

El Carnaval como teatro popular también se ha sentido representado por estas Mascaras de la Comedia y el drama. La primera con una sonrisa y la otra con un gesto de tristeza. Pero cada actor que representa un personaje es como si incorporara una máscara distinta en cada papel que interpreta. En la realidad también sucede, gente que actúa un personaje que dista mucho de lo que es. Carnaval Quiere decir "carne vale", una fiesta donde todo deseo carnal es permitido, su origen en las fiestas pagana. También transformándose a través del tiempo con formatos diferentes según el país.

¿Por qué asociamos el Carnaval con el hecho del Referéndum que se propone “Contra” la Mega Minería? Porque las máscaras son parte de esta actividad, propuesta unilateralmente, por MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable). Sin consultar a más de 50 Organizaciones Sociales de todo el país. Que vienen luchando, organizando marchas, con propuestas departamentales, para ser declarados libres de Minera a cielo abierto. Poniendo el tema y la gente en la calle. La cuaresma, los cuarenta días antes de pascuas, donde es el carnaval que se impone. Si nos trasladamos a Roma, tierra de emperadores. Y este paralelo es por supuesto dejando muy afuera a gente bien intencionada que esta o estuvo en el MOVUS. Pero como la antigua Roma el MOVUS, tiene un personaje que actúa como Emperador, con un peligroso personalismo, que dice a juntar firmas síganme, que habla sin prestar la oreja nunca. Pretendiendo que la ANP (Asamblea Nacional Permanente) fuera atrás a apoyarlo, no ser parte de una Organización como lo es la ANP. Donde la horizontalidad es lo que prima, donde se avanza el bloque, donde cada persona tiene su lugar y respeto. He participado desde la primera Marcha Nacional por la Tierra y los Bienes Naturales, tuve que escuchar y leer en la prensa a este personaje, atribuirse la organización de las marchas. Que se le dé espacio como contrario a la mega minería. Utilizar la ANP, para su chacra, en las marchas convocando, y criticando y tratando de romper la unidad entre las Organizaciones sociales. En la ANP sería uno más, por la forma en la que funciona, y eso va contra su naturaleza individualista. Viaja a todos los rincones del país con sus versiones su lucha enmascarada. ¿Quién financia estos gastos? ¿Qué ocurriría si no se llega a las firmas para el plebiscito? ¿El gobierno diría la gente saldo el tema? El referéndum debe hacerse con las elecciones presidenciales. ¿Por qué juntar las firmas con tan poco tiempo? Y dentro de ese tiempo está el verano, donde la gente sale de licencia y está en otra cosa. ¿Por qué es elegido el Palacio Legislativo para el lanzamiento de la campaña? En el mismo lugar que se votó la ley de minería. ¿Por qué se encontraba este personaje de Víctor Bacchetta con figuras políticas del Partido Nacional. ¿Si llegan a juntar más de 250.000, las Organizaciones Sociales se verán en el brete de apoyar la reforma constitucional, sea cual sea el resultado de esta entrega, complica la verdadera lucha por la tierra y los bienes naturales. Y en este carnaval del referéndum “Contra” la Mega Minería, le sacamos la Careta a  Víctor Bacchetta.

- Artículo publicado en Semanario La Kandela, con El Bocón, el 12 de diciembre de 2013.

 En la propia papeleta dice: "en la elección más inmediata."  

 Es decir la próxima. 

Los grupos de la sociedad civil organizados en Paysandú Nuestro, Gensa y Paysandú Libre de Frackingmanifestamos a la población nuestra satisfacción ante la resolución tomada por la Junta Departamental de prohibir la técnica del FRACKING ó fracturación hidráulica en todo el territorio de nuestro departamento.

Este es un eslabón más en una lucha que comenzamos hace ya un año con el fin de conocer, de informarnos de primera mano acerca de los planes de ANCAP para la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro subsuelo.

Paso a paso

Ante la multitud de dudas, decidimos recorrer todos los caminos que pudieran conducirnos a una información clara y confiable. En una primera instancia, recurrimos a contactos con la fuerza política en el gobierno nacional con la pretensión de obtener información fidedigna sobre la cuestión. Como las respuestas a estas iniciativas fueron difusas y evasivas, decidimos tomar una actitud proactiva tratando de generar eventos académicos y sociales que contribuyeran a generar una opinión pública al respecto.

En este marco, luego de varias actividades, recibimos la visita del Gerente de Exploración y Desarrollo de ANCAP, Dr. Héctor De Santa Ana, en una reunión pública. Pero el panorama no se aclaró sino que nos dejó más preocupados aún por la forma como se manejan las decisiones sobre estos temas.

En esa oportunidad, le preguntamos a Héctor De Santa Ana:

"Considerando que ANCAP ha firmado un contrato de exploración y explotación con la empresa estadounidenseShuepbach Energy, teniendo en cuenta que la sociedad formada entre ANCAP y la misma es a partes iguales por lo que ninguna de la partes puede por sí sola decidir tópicos como qué se explota y cómo,
¿Qué sucede si en unos años (el contrato es a 30 años) la empresa decide que de acuerdo a los hidrocarburos encontrados y a los precios de los mismos le resulta económicamente viable su explotación y que por la formación geológica en que estos se encuentran solo puede hacerlo mediante Fracking?
¿Qué pasa si en esa hipótesis el Uruguay decide no usar esa técnica porque entiende es muy contaminante? ¿Dónde se dirime esa controversia?"

La pregunta no fue respondida

Necesidad de estar informados

A todos nosotros como sociedad civil nos preocupan dos aristas de este asunto:

Por un lado, la tecnología empleada, que es el 'Fracking', una técnica experimental, aplicada sin estudios suficientes, muy controvertida y que por sus impactos ambientales y sociales ha sido prohibida en varios países y regiones; y por otro lado, las decisiones del gobierno uruguayo, que hasta el momento carecen de transparencia para los ciudadanos interesados en saber de qué se trata

Como muestra de esto, para acceder al contenido del contrato firmado entre ANCAP y la empresa concesionaria Schuepbach Energy, un periodista invocó el derecho de acceso a la información pública (garantizado por la Ley N° 18.381) y ante la negativa del Ministerio de Industrias a hacerlo público, fue necesario recurrir a la Justicia que, finalmente, obligó al ente estatal a hacer público ese contrato

En dicho contrato (ver Anexo 1) se establece claramente que se están estudiando posibles yacimientos dehidrocarburos no convencionales y que los mismos serán explotados una vez confirmada la viabilidad comercial.
Entendemos entonces que, una vez determinado el interés económico en el recurso, irán a buscarse las licencias ambientales y sociales requeridas, pero bajo las reglas consentidas en el contrato.

Las autoridades de ANCAP negaban que existiera la posibilidad de emplear la técnica de 'Fracking' aunque el contrato firmado no lo excluye. Recién ahora, ante la posible prohibición de esta tecnología en nuestro departamento, en una entrevista sostenida días atrás por la Comisión de Higiene de la Junta Departamental con autoridades de ANCAP, el Sr. Santiago Ferro y la Dra. Ethel Morales admitieron que, de encontrarse yacimientos comercialmente viables, se estudiaría caso a caso la posible utilización del 'Fracking'

Como vemos, un año de tesón en la búsqueda de información nos ha llevado a lo que sospechábamos. Se admite la posibilidad de usar el 'Fracking' y esto ha sido negado sistemáticamente a la población. Ante esta forma de manejar la situación creemos que podemos permitirnos especular sobre los por qué de estos procedimientos

Es sabido que la técnica del 'Fracking' es sumamente riesgosa, contaminante y muy resistida por las poblaciones que la conocen, por lo que se pretende con estas maniobras dilatorias es ganar tiempo para pretender luego, con el hecho consumado del yacimiento encontrado, obtener el consentimiento de la población, la licencia social para su explotación

Nosotros, sociedad civil, entendemos que los procesos para obtener, el consentimiento de la población, deben ser, antes que nada, de generación de confianza, brindando todos los elementos e informaciones requeridos. Las intenciones pueden ser legítimas, pero se invalidan cuando se invierte el orden de los procedimientos adecuados

No se puede firmar, en nombre del estado uruguayo, un contrato por 30 años con una empresa que admite la posibilidad de usar el 'Fracking' sobre el Acuífero Guaraní.
Tampoco se puede ceder la soberanía nacional pasando la resolución de posibles controversias con esa empresa a tribunales internacionales del tipo que Philip Morris está usando contra Uruguay.
Esto ha sido manejado por muy pocas personas, a espaldas de la población

También nos preguntamos:
¿Qué autoridad e independencia tendrá la DINAMA para expresar sus opiniones técnicas si, de ser contraria a la explotación, seguramente expondría al país a un juicio en el exterior?
No podemos dejar de relacionar este proceso con las presiones del gobierno nacional que, días pasados, admitió su director Jorge Rucks, a propósito del proyecto de la regasificadora, aprobado en tiempos que correspondían más al contrato entre Gaz de France y Gas Sayago que a los tiempos técnicos necesarios

Por lo antes expuesto, esta decisión de la Junta Departamental marca hoy un hito de gran importancia en esta lucha, pero es también una invitación a realizar nuevos esfuerzos. Para consolidar este logro, debemos avanzar en la generación de una mayor conciencia en la población sanducera y en reforzar los lazos de solidaridad con otros departamentos del litoral uruguayo y también con los vecinos de la Provincia de Entre Ríos, en defensa de nuestros suelos, nuestros ríos y nuestro Acuífero Guaraní.

Paysandú Nuestro, Gensa y Paysandú Libre de Fracking

22 de noviembre de 2013

PROCLAMA – MARCHA CERRO CHATO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2013

“Bienvenida toda la gente aquí reunida, que es la protagonista de esta gran jornada que estamos compartiendo hoy. Se divisan allí los carteles y las pancartas de los más alejados rincones de la Ruta 7 .Estamos de pie diciendo bien claro que somos mucho más de 4, mucho, muchísimos más que los 25 ó 30 que han dicho.

Están representadas aquí todas las fuerzas productivas de la Ruta 7, por allí las caballadas símbolo del trabajo y del coraje, más allá los tractores que construyen hoy el día a día productivo de la región.

También participa de esta gran jornada toda la cadena de valor de la agropecuaria, desde el ternero hasta los frigoríficos: profesionales, agrónomos, veterinarios proveedores de insumos, fertilizantes, semillas, camioneros, trabajadores de la industria frigorífica, familias, contratistas, consignatarios, escritorios rurales, personal de ferias ganaderas… Felizmente estamos todos diciendo aquí estamos.

Reafirmamos así nuestra convicción de la capacidad productiva de la zona. Estudios realizados por organismos nacionales y departamentales reafirman la condición de suelos que determinan índices de producción promedios del país .No estamos en suelos marginales, ni de descarte, ni en cerros improductivos.

Sabemos de la necesidad de introducir tecnologías que potencien esas posibilidades.

Numerosos emprendimientos individuales y colectivos de la zona, con resultados económicos confirmados, así lo acreditan; pero estamos convencidos que este ¬¬crecimiento económico no es válido sin un desarrollo social que lo sustente.

El principal factor de ese desarrollo es lo que sobra en esta zona: el amor por la tierra de los paisanos del lugar, que aun sin tener satisfechas muchas de las necesidades mínimas -luz por ejemplo-, siguen aferrados a sus raíces con la convicción que en esa tierra que tanto quieren crecerán nuevas generaciones como tantas hay hacia atrás, sin importarles tanto su condición económica.

Concluimos que la actividad agropecuaria perdurable en el tiempo es insustituible; y la voluntad del hombre de elegir su lugar, aún más.

Aquí está la gente, las historias de todos los que han elegido un territorio, un lugar donde construir su proyecto de vida.

Sabemos que la historia está de nuestra parte. Mientras esta multitudinaria caravana pasaba por Cerro Chato, veíamos el Hospital, donado por un productor rural de la zona; más allá, las viviendas de MEVIR Dr. Alberto Gallinal, impulso de otro productor rural.

Obras todas de construcción, no de enfrentamientos. Que el pasado, pues, se ponga a favor del futuro.

Por todas estas cosas, este momento es principalmente un acto de reconocimiento y celebración de una identidad, de una forma de vida que ha hecho grande a la región y al país .

El reconocimiento de esta identidad es, hoy más que nunca, un imperativo moral, ante la situación que se vive desde hace cuatro años en la región. Los pedimentos mineros se extienden sin ningún tipo de limitación, sobre toda esta extensa región productiva, poblada, dañando significativamente el entramado social que sobre ella se asienta.

Como si fuera poca la inseguridad que significa un pedimento minero para un proyecto productivo y personal, hemos sido las víctimas propiciatorias de una política de promoción de la actividad minera impulsada desde las esferas del poder, aliadas a los capitales especulativos.

Así, en el plano legislativo-con mayorías muy circunstanciales –se aprobó en el año 2011 la modificación del Código de Minería, que extendió de 4 a 12 años los períodos de indisponibilidad de los predios por las etapas de prospección y exploración.

Este año, con los únicos votos del partido de gobierno, se aprobó la llamada Ley de Minería de Gran Porte- conocida popularmente con Ley Aratirí -, diseñada a medida de éste proyecto extractivo, plagada de inconstitucionalidades, sin el aval de ningún jurista de nota , con importantísimas renuncias fiscales, y mínimas exigencias en el plano ambiental.

Por si esto no fuera suficiente, se ha desatado desde hace meses una campaña -pagada con los recursos de todos los uruguayos-, para convertir a los pobladores rurales en los villanos del tema de la minería. Desde la constante e infundada apelación a una disputa por la mano de obra, asando por la patética apelación a los payadores para contarles de sus derechos a los trabajadores rurales.

Hay, en este conflicto desatado, una gran asimetría de fuerzas. Por un lado, un gobierno, que no ha entendido al Estado como garante de imparcialidad sino que se ha convertido en gestor de inversionistas y especuladores. Así, hemos visto al Presidente repartiendo en el Consejo de Ministros los volantes de Aratirí, y más recientemente encomendando a sus ministros la defensa de un proyecto minero, al Ministro de Ganadería en Cerro Chato comparando la Minería con las represas y el ferrocarril y aconsejando, hace 3 años, que no se entorara en la zona,.

Hay cosas que, como ciudadanos y como orientales, duelen: mientras los asesores gubernamentales, reciben entre flashes y publicaciones en las páginas de Presidencia al principal de Aratirí, mientras Ministros y asesores se reúnen en Montevideo a diario con autoridades de esta empresa, ¿en qué cajón polvoriento duermen las 3.000 firmas con las cuales Treinta y tres solicitó, respetuosamente, una audiencia al señor Presidente?¿Dónde reposan los múltiples pedidos de productores de la zona de ser recibidos para escuchar sus razones?

Del mismo lado y amparada por el gobierno, una empresa: domiciliada en un paraíso fiscal, acerca de cuya ubicación aún aguardan explicación los senadores de la República , sin una trayectoria previa en la gestión minera, que actuará amparada en una ley dictada a su medida, con un contrato de inversión con cláusulas confidenciales, con energía , caminos y puerto subsidiados; con un régimen de renuncias fiscales que se han estimado en 700 millones de dólares.

El respeto a la ley es un valor incorporado a nuestra resistencia; por eso, desde el comienzo de éste conflicto, recurrimos a herramientas legales para defender nuestros legítimos derechos. Primero frente al Estado, que autorizó permisos sin darnos oportunidad de presentar descargos; luego frente a la Empresa, que ha pretendido ingresar a predios, invocando el auxilio de la fuerza pública, y la imposición de cuantiosas multas diarias, cuando carecía de títulos habilitantes, practicando intimaciones cuya nulidad fue recientemente declarada por la Justicia Competente.

Como si todo esto no fuera suficiente, hay una gravísima problemática ambiental. A vía de ejemplo, se ha dicho que no se utilizaran productos químicos. Queremos saber ¿qué son entonces las 48.000 toneladas de explosivos químicos anuales, detonándose 145 toneladas día por medio ?¿Cuál será la calidad del aire en la región, con la cantidad de polvo liberadas por las explosiones que viajaran decenas de quilómetros a la redonda, las toneladas de humo y gases que producirán los 200.000 litros de de fuel oil diarios usados? Súmese a esto otros pasivos ambientales como los inmensos cráteres sin precedentes en el país, con sus correspondientes escombreras de 100 metros de altitud y sus drenajes ácidos; la red hídrica de la región en cuestión con los desvíos del Río Yí, los arroyos Valentines, Las Conchas y Las Palmas, y la afectación de las napas freáticas;

desvíos de rutas nacionales, caminos vecinales y posibles reasentamientos de poblaciones cercanas vaya a saber dónde.

¿Todo esto para la implementación de un proyecto extractivo, sin industrialización, y con una duración de 12 años? ¿No será un tema para una gran discusión nacional? Se nos acusa de instalar un clima de miedo, proporcionando datos e informaciones que no son reales, como si responsablemente sacáramos datos de algún folleto conseguido por ahí; no es cierto. Todo lo denunciado públicamente son datos oficiales extraídos de los Estudios de Impacto Ambiental de la propia empresa, presentado ante Dinama, quien con criterio de responsabilidad ciudadana los hizo públicos.

El Gobierno y la Empresa han pretendido aislar la Resistencia Ciudadana, suscribiéndola a un grupito de productores, acusándonos de explotadores, e insensibles. Se ha dicho que somos terratenientes, hoy comprobamos que el latifundio más grande en la zona es Aratirí, con sus 1200 hectáreas acaparadas ya.

Tengan presente: somos solidarios, nos solidarizamos con todos los que pretenden una vida mejor que les permita una realización personal como también un mayor bienestar para con sus familias.

Estamos y estaremos codo a codo, aun con los desinformados que apoyan el proyecto Aratirí, pero bien lejos estamos de los que a sabiendas del daño ambiental y social piensan solo en su ambición personal.

Respetamos el legítimo derecho de trabajadores y fuerzas comerciales en pretender un mayor dinamismo en la zona, pero estamos convencidos que la mega minería a cielo abierto no es el camino porque compromete valores ambientales y la salud así COMO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TENEMOS COMO PAÍS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS NATURALES.

Es a la luz de todo esto que nos hacemos ésta pregunta: ¿cómo sería esta zona si todos esos beneficios e incentivos ofrecidos a Aratirí se volcaran para las actividades sobre las cuales tenemos ventajas comparativas? Enfrentados a esta alianza de empresa y gobierno, ciudadanía de a pie, productores familiares pequeños y medianos, preocupados por las consecuencias ambientales y sociales de una minería de esta especie, organizaciones sociales, actores académicos comprometidos, periodistas ambientales y autoridades departamentales han generado a lo largo y ancho del país un movimiento de resistencia que no está dispuesto a silenciar su reclamos ante la presión que viene de arriba, al servicio de los intereses de la Empresa.

Así: hay 13.000 firmas en Tacuarembó para plebiscitar la prohibición de minería metalífera , la Junta Departamental de Lavalleja fue más lejos y aprobó la prohibición en ese departamento, en San José se aprobaron serias limitaciones a la actividad minera. Similares medidas se han propuesto concretamente en los deliberativos departamentales de Florida y Treinta y Tres, en éste último departamento respaldadas por seis mil firmas presentadas a la Junta. En los departamentos de Cerro Largo y Maldonado, se trabaja activamente en el mismo sentido; Paysandú se apresta a declararse libre de Fracking.

Simultáneamente, centenas de recursos administrativos para detener la entrada a los campos desbordan a DINAMIGE, muchas acciones se continúan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en próximos días la dudosa juridicidad de la ley de Minería de Gran Porte, habilitará seguramente una avalancha de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Lejos de reconocer este preocupante nivel de conflictividad, el sorprendente empecinamiento de la Administración en la cuestión se ha traducido en las constantes presiones a la DINAMA, las diarias declaraciones de jerarcas de gobierno que antes de tener siquiera el diseño del ineroducto (desde febrero de este año Aratirí no contesta sobre el trazado a DINAMA) dan por aprobado el proyecto más conflictivo de los últimos años en la sordera, ante los reclamos de actores académicos y sociales nacionales e internacionales como sucedió en el Juicio Ciudadano y en el Seminario de Naciones Unidas, que han aconsejado cautela, diálogo y garantías para un proceso conflictivo.

A la resistencia instalada a nivel social y académico, se sumó recientemente a nivel político el estrepitoso fracaso de la Comisión Interpartidaria de Minería de Gran Porte. Se demostró, a quien tuviera alguna duda, que no había voluntad alguna de construcción de diálogo, sino la intención aviesa de que el espectro político avalara a una situación resuelta previamente.

En este mismo proceso, y con características similares, se inscriben los proyectos del Puerto para Aratirí en Rocha, y la Regasificadora en la costa oeste de Montevideo, que encienden fuertes resistencias de las comunidades y de otros actores.

Que estamos ante un conflicto alentado por la falta de imparcialidad del Estado, por un perfil autoritario en la toma de decisiones, y por un intento de avasallamiento de las voces discrepantes, es también un hecho incuestionable.

Que la actividad minera con estas características carece hoy de licencia social está también fuera de discusión, y es bueno que tomen nota de ello las Empresas y el Gobierno.

Así, pues, para que no haya lugar dudas sobre estos asuntos queremos expresar claramente que: se vive a lo largo y a lo ancho de la ruta 7 por los pedimentos mineros indiscriminados.

Denunciamos públicamente el estado de conmoción social que Responsabilizamos al Gobierno de este clima de conmoción social y de sus graves e imprevisibles consecuencias, por su falta de diálogo constructivo y su política de hechos “consumados”.

Reclamamos una inmediata moratoria de los emprendimientos mineros, para promover en la sociedad el clima que habilite un gran debate informado sobre la mega minería y sus consecuencias, para que de allí surja una decisión ciudadana sobre el tema”.

Este 16 de octubre 2013, la Mayoría de la Junta Departamental de Lavalleja quiere que la Intendencia no permita "explotaciones metalíferas a cielo abierto" en ese departamento.

Con votos de los ediles del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC), la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) votó un proyecto de decreto que declara al departamento libre de megaminería, con el objetivo de que sea incluido en el Plan Directriz Departamental (PDD), que está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo.

Al iniciar el tratamiento del tema en el plenario, la edila Aviaga argumentó que la iniciativa “defiende claramente el derecho de la gente a un departamento con un medio ambiente sin contaminación, sin destrucción ni enfermedades”. “Esto recién empieza”, aseguró. El colorado Gustavo Risso (Uruguay es Posible) colocó el énfasis en la afectación de los “megaemprendimientos” a los productores rurales.

La JDL había discutido la iniciativa en octubre de 2012. En aquella ocasión obtuvo el apoyo de 11 de los 16 votos necesarios y no prosperó. No obstante, la normativa vinculada a la legislación departamental permite reconsiderar la iniciativa en el plenario un año después de la votación. Para aquella instancia, vecinos, productores, dirigentes partidarios, integrantes de organizaciones y de la Federación de Funcionarios de OSE nucleados en una coordinadora serrana habían entregado a los ediles de la JDL unas 400 firmas de apoyo.

Tras el fracaso de la votación y para alcanzar el objetivo, la coordinadora resolvió recurrir al recurso de referéndum departamental, previsto en el artículo 305 de la Constitución y en la Ley 9.515, de 1935. De acuerdo a esta normativa, 15% de los inscriptos residentes de un departamento puede presentar una iniciativa ante la JDL, luego de que las firmas sean avaladas por la Corte Electoral. La JDL debe pronunciarse dentro de los 60 días después de recibido el proyecto, y si lo rechaza debe enterar al intendente para que éste convoque a referéndum.

Para fines de 2012, además de los grupos en Lavalleja, había en Tacuarembó, Rivera y Treinta y Tres colectivos consolidados y movilizados para declarar las zonas rurales de esos territorios libres de extracción metalífera de gran porte. En abril de 2013, cuando el proyecto de ley de Minería de Gran Porte tenía media sanción del Parlamento nacional, se habían alcanzado 4.000 de las 7.500 firmas necesarias para, llegado el caso, habilitar el referéndum.

Ayer Aviaga señaló que cuentan con unas 7.000 papeletas de respaldo a la iniciativa, pero que “no fue necesario” iniciar el proceso formal ante la Corte Electoral porque las bancadas nacionalista y colorada “asumieron el compromiso” de reconsiderar y aprobar el proyecto que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto en Lavalleja. También con la voluntad política del Ejecutivo: la intendenta Adriana Peña (Alianza Nacional) señaló que la postura del gobierno departamental “es la misma desde un principio” y no está directamente relacionada con la adopción de una postura contra la ley de Minería de Gran Porte de Alianza Nacional. que, en cambio, en aquella oportunidad pidió a los ediles que “no votaran” porque quería tener una reunión con el presidente José Mujica. “Nunca lo logramos. Pero ya no hace falta porque públicamente ha dado su opinión”.

Dentro del departamento, afirmó Aviaga, el “megaemprendimiento” metalífero cuya concreción preocupa a la coordinadora es el de la empresa canadiense Weeping Apple-B2 Gold, que se encuentra en etapa de exploración en el territorio ubicado en el curso del Cebollatí a la altura de Pirarajá. “Queremos evitar que se le dé el permiso de explotación”.

El 12 de setiembre de 2012, un mes antes de que la JDL tratara el tema por primera vez, a nivel nacional, el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) cursó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a la Dirección Nacional de Minería y Geología sobre los trabajos de B2 Gold en Lavalleja. El diputado -que también pedía información sobre Minera San Gregorio SA, instalada en Florida- solicitó la autorización ambiental, así como los controles efectuados por la Dinama, y realizó varias consultas sobre el cumplimiento de la Ley 18.610 de Política Nacional de Aguas. Nicolás Martinelli, asesor de Lacalle Pou, la respuesta nunca llegó. “El diputado siempre ha tenido preocupación por el cuidado del medio ambiente y el crecimiento sustentable en el tiempo, y ahora estos temas están presentes en su discurso de campaña”

El administrador de B2 Gold, Pedro Aladio, integró la delegación de la Cámara de Industria Minera del Uruguay (CIMU) que acudió al Parlamento a las comisiones de Diputados y de Senadores que discutían el proyecto de Minería de Gran Porte, en febrero y mayo de 2013, respectivamente. Los datos manejados en ese ámbito por el presidente de la CIMU, Ignacio Salazar, según las versiones taquigráficas, indican que el oro “es el único mineral metálico con cierta presencia en el Uruguay, ya que el cobre y otros minerales no existen en el país”; aseguró que se extraen dos toneladas de oro anuales “frente a las 200 o 300 de China, Australia o Estados Unidos”. De acuerdo a la misma fuente, el escribano de la CIMU Carlos Coirolo aportó que el territorio uruguayo cuenta con 80 hectáreas de oro “por un valor que está entre 80.000.000 y 90.000.000 de dólares por año”.

Informe de Lourdes Rodríguez

Marquemos un Norte

Pero la verdad de todo esto, es que mas allá de la iniciativa política de ediles en la intendencia de Lavalleja, esto no hubiera sucedido, si las Organizaciones Sociales agrupadas, primero en el Colectivo de Lucha por la Tierra y luego la ANP (Asamblea Nacional Permanente) no ponían el tema en la calle, defendiendo la soberanía, realizando cuatro marchas nacionales en defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales, y el próximo 18 de octubre se va por la quinta marcha. Estas Organizaciones Sociales, que con su lucha lograron que el Viejo, Querido, Peludo, Cañero de Ney Thedy, tenga tierra pa' trabajar. Y en Tacuarembó se harán valer las 13 mil voluntades que también firmaron por declarar su departamento libre de minería metálica a cielo abierto.

Ricardo Silva 

Todos a la Marcha