Domingo, 17 de abril se elegirán el resto del Consejo de Gobierno y preparativos para la gran caminata desde Zamora a Kito por el NO a las preguntas de la Consulta Popular del 7 de mayo.

Comunicación Ecuarunari

Kito, 8 de abril de 2011.- Con la participación de la mayoría de las autoridades de las nacionalidades, pueblos y organizaciones de base, previa convocatoria de Salvador Quispe, presidente del IV Congreso de la CONAIE se realizo el Consejo Ampliado en la sede de la CONAIE Activamente participaron delegados de las tres regionales: ECUARUNARI de la Sierra, CONFENIAE de la Amazonía y CONAICE de la Costa. 

El percance suscitado en la madrugada del día 3 de abril en la ciudad de Puyo en el último día del IV Congreso para que se haya suspendido el evento, no cabe duda que hubo la injerencia del actual gobierno de Rafael Correa, porque no le conviene que hayan dirigentes que defiendan la riqueza de la Pachamama, los intereses colectivos de todos los ecuatorianos y de los runas de los pueblos y nacionalidades, manifestaron los dirigentes Cuando algo pasa en la familia, nos preocupa a los miembros, igual es al interior de la organización más representativa y diversa del país la CONAIE.

Hay muchos intereses como del actual gobierno con la entrega de proyectos, borregos, frecuencias, bonos; las empresas mineras transnacionales, la oligarquía, la vieja y nueva derecha que quieren acabar con la CONAIE.

Lamentablemente en complicidad con ciertos dirigentes que solo buscan intereses personales o de grupos pequeños, aquellos que no aman a la Pachamama, que no respetan las decisiones colectivos, los que no han sufrido atropellos con los gobiernos de turno incluido el actual, son los que quieren ver a una CONAIE debilitada y fraccionada. Pero la madurez y responsabilidad de la mayoría de los dirigentes está por encima de todos estos intereses y en minga vamos a fortalecer la unidad, lucha y resistencia al interior de la CONAIE, dijo el presidente de ECUARUNARI.

Caminata desde el Sur de Ecuador 

Actualmente la responsabilidad de la CONAIE está en manos del presidente y la directiva del IV Congreso de la CONAIE y los presidentes de las tres regionales, para viabilizar y dar seguimiento a las resoluciones del IV Congreso, luego del análisis y debate en el Consejo Ampliado se acuerdan:

· Reinstalar el IV Congreso CONAIE, el día domingo 17 abril de 2011 en ciudad de Kito desde las 8h00. Cada organización de base nacionalidades y pueblos preparar su logística para el evento 

· Frente a la Consulta Popular: este domingo 10 de abril en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe) se realiza la gran Asamblea de los pueblos Saraguros y sectores sociales, para revisar la Consulta Popular, territorios, defensa a la Pachamama, preparar el mandato y gran caminata hacia la ciudad de Kito por el NO a las preguntas de la Consulta Popular del próximo 7 de mayo

· Declarar en asambleas y reuniones permanentes en cada organización, pueblos y nacionalidades. Y en cada provincia constituir un Frente Plurinacional por la resistencia y la vida, y preparar para acompañar la caminata del sur

· Todos quedan auto convocados para el día jueves 14 abril a una Asamblea general con los Sectores Sociales de Kito de la tendencia progresista y de la verdadera izquierda a las 16h00 (4 pm) en la sede de la CONAIE, para los preparativos y mandatos sobre la Consulta Popular, la caminata del sur y llegada del día 1ro de mayo a la ciudad de Kito al parque de la Resistencia (parque el Arbolito) 

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Hoy denunciamos y mostramos al mundo todas y cada una de esas violaciones a nuestros derechos por una vida libre en el Territorio Ancestral Mapuche.

CAI

El CAI, organización del Puelmapu (ocupado por Argentina), denuncia públicamente que personas que se identifican como miembros de la familia Sede ofrecen dinero y armas a gente de la zona andina para ir a quemar la ruka levantada por la comunidad Newen Tuain Kom el domingo pasado en una fracción del territorio de Costa del arroyo Ñorquinco.

El atentado criminal se planea hacerlo de noche según las instrucciones básicas dadas a la gente que pretenden reclutar en la zona.

En diciembre de 2008, la comunidad se reasentó a vivir en un sector de los lote 93 y 94 que tradicionalmente ocuparon para pastoreo de animales a pesar de la usurpación Sede. Ricardo Natalio Mohana, sobrino de quien ejerció la usurpación durante las últimas décadas, le otorgó un permiso de explotación del campo a Ricardo Alberto Freifer. Así, Freifer fue quien hizo una denuncia por presunta usurpación en la que la justicia falló a favor de los derechos del Pueblo Mapuche.

La ruka que se levantó el domingo pasado en el sector conocido como “casco viejo de Sede” o “la alameda” puso fin a 80 años de despojo ejercido por sucesivas generaciones de la familia Sede como fiscaleros, sin título de propiedad.

Ahora, después que el gobernador de Río Negro Miguel Saiz legitimó el uso de armas en defensa de la propiedad privada y la creación de patotas parapoliciales anunciado por Nicolás van Ditmar, algún presunto familiar de Sede pretende conseguir por la fuerza lo que es legal y legítimamente del Pueblo Mapuche a través de la comunidad Newen Tuain Kom.

Esta intención criminal no nos sorprende porque es la metodología históricamente usada por los apropiadores del Territorio en contra de nuestro pueblo. Conocemos y padecimos por más de cien años el engaño, la estafa, abusos de todo tipo, las corridas de alambradas nocturnas, las prisiones injustificadas, la complicidad con los funcionarios del estado (los inspectores de Tierras, el comisario de turno, el juez de paz del lugar…) y hasta los asesinatos.

Lo que cambió es que el Pueblo Mapuche generó condiciones para dejar de luchar en soledad. Antes resistíamos en soledad, en el desconocimiento y la humillación. Hoy denunciamos y mostramos al mundo todas y cada una de esas violaciones a nuestros derechos por una vida libre en el Territorio Ancestral Mapuche.

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Yo, Sabino Romero Izarra, Cacique Yukpa de la comunidad de Chaktapa y Alexander Fernández: “Desde hoy martes, 12 de abril de 2011, nos declaramos en desobediencia contra la justicia ordinaria”

Sabino Romero y Alexander Fernández

1.                Expresamos públicamente nuestra decisión de no volver a la Cárcel Nacional de Trujillo donde nos trasladaron por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al simulado juicio que se ejecuta contra nosotros en el Circuito Judicial Penal de Trujillo por considerar que de esta manera estamos aceptando la violación de nuestros propios derechos y la de todos los pueblos indígenas de Venezuela y del mundo.

2.                Nosotros somos indígenas y como tales debemos ser juzgados por nuestras propias leyes, por el Derecho Consuetudinario Yukpa como siempre lo hemos hecho sin pedirle permiso a nadie. Sólo que por intereses económicos, políticos y militares de Estado y de pudientes ganaderos organizados en la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), invasores de nuestro territorio, hoy se nos han impuesto arbitrariamente todas las violaciones posibles, negándose con esto la propia Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenios firmados con la OEA.

Nos dividieron e inculcaron odios entre las familias

3.                El enfrentamiento entre nuestras familias se debió a la división y el odio inculcados a un sector de nuestras familias por parte del Presidente de GADEMA y su Consultor Jurídico Alfonso Chacín hoy presente en el juicio por ser desde hace unos meses el abogado privado de uno de nuestros hermanos presos y por la injerencia directa de altos personeros del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, de Pueblos Indígenas y del Ambiente en el marco del proceso de demarcación de nuestro territorio (2004-2011) y el pago de las bienhechurías de las haciendas solicitado por el Propio Presidente de la República Hugo Chávez Frías, el domingo 24 de agosto de 2009 en un Aló Presidente.

Se montó un juicio simulado para condenarnos

4.                Ocurrido el enfrentamiento para frenar de esta manera el proceso de recuperación de nuestras tierras del río Yaza ocupadas a sangre y fuego por hacendados invasores, entre ellos Los Vargas y Chacín (1940-1958), el CICPC por orden ministerial monta un interrogatorio parcializado en un 99% con testigos referenciales de una sola familia en conflicto ­–la familia de Olegario Romero que defiende hoy el ganadero Chacín­­–. Mientras se montan las acusaciones en contra nuestra para levantarnos un juicio, el CICPC me tortura (Alexander) para que a través del terror culpara a Sabino de las muertes, incluida la de su yerno Ever, esposo de una de sus hijas, Guillermina. Por mi rechazo a aceptar este chantaje, yo, Alexander, quedo detenido y acusado de matar a mi esposa, Nireya, que en ese momento se encontraba embarazada, y a Ever, yerno de Sabino.

5.                Sobre estas mentiras montadas se estructura por parte de 7 Fiscales del Ministerio Público un mamotreto de 90 páginas llamado Expediente Nº TP01-2010-002649 contra nosotros, donde colocan a Alexander Fernández Fernández como el que disparó contra Nireya y a Sabino Romero Izarra como el que dio la orden de matarla. A Olegario Romero Romero lo acusan de haber disparado, pero como el que disparó una sola vez al aire para salvar de una lluvia de balas (tipo Vietnam como él mismo informó al CICPC) a las familias de su comunidad Guamo Pamocha.

6.                Resultando que el Fiscal coordinador Víctor Raúl Valbuena semanas antes venía siendo denunciado por nosotros y la Sociedad Homo et Natura por haber engavetado el expediente contra un miembro de la familia Vargas acusado de haberle ocasionado la muerte a mi padre (Sabino), José Manuel Romero, un anciano de 90 años, en una incursión en nuestra comunidad Chaktapa acompañado de sicarios para asesinarme (Sabino) presuntamente por haberme robado 5 vacas lecheras de la hacienda vecina Kusare, donde hoy es cacique Olegario Romero Romero. Hacienda esta negociada hoy con los Vargas y GADEMA por la familia de Olegario a cambio del servicio que le presta Alfonso Chacín como su abogado privado.

7.                El único testigo presencial de la muerte de Nireya Romero, esposa de Alexander, sobrina de Olegario y de Sabino es un menor de edad llamado Eddy, quien al otro día de los sucesos el 14 de octubre de 2009 declara en la sede del CICPC Machiques que Alexander mató primero a Ever y luego a Nireya, pero un año después en el juicio oral realizado en Trujillo afirma que Alexander hirió a Nireya por orden de Sabino, y que Ever salió caminando con Sabino a la comunidad Chaktapa. Este montaje no es un caso aislado, todo lo contrario, forma parte de los testigos preparados por el abogado Chacín; obstaculizando la intervención y objeciones formuladas por nuestros abogados defensores por parte de los fiscales y el juez Antonio Moreno Matheus. El abogado hacendado Chacín se transformó en acusador.

8.                El Ministerio Público me acusa, de homicidio calificado en GRADO DE DETERMINADOR, es decir por haber ordenado a Alexander disparar contra su esposa, y esto lo hace a partir de testigos referenciales familiares de Nireya, sobrina de Olegario. El único testigo presencial (Eddy) nada dijo al respecto en el interrogatorio realizada por el CICPC el 14 de octubre de 2009, este hecho de acusarme apareció en el año 2010. Los Fiscales me acusaron a partir de testimonios falsos de testigos referenciales.

9.         La descripción de los hechos presentado por la Fiscalía para nada concuerda con la Planimetría levantada por el CICPC, las informaciones dadas en los interrogatorios realizados por el CICPC en octubre de 2009 no concuerdan con las emitidas por los testigos de la familia de Olegario en el 2010. Estas acusaciones de la familia de Olegario contra nosotros comienzan sólo cuando el abogado de GADEMA pasa a ser el abogado de Olegario. Antes de comenzar el juicio, las tres familias permanecíamos unidas, juntos decíamos que este juicio ordinario no lo aceptaríamos, juntos fuimos en julio de 2010 a la toma del TSJ por 10 días para que se pronunciara para comprobar si en nuestro país se respetaba o no la justicia indígena.

10.            La estrategia del abogado de GADEMA era dividir las familias del Yaza involucradas en este hecho violento y sacar a Olegario acusándonos a nosotros.

Fuimos encerrados en un Fuerte del Ejército

y en la Cárcel Nacional de Trujillo

11.            La jurisdicción indígena defendida por nosotros y por nuestros abogados defensores fue violada en el Juzgado de Control de la Villa del Rosario, en el Circuito Judicial Penal de Trujillo, en la Sala Constitucional del TSJ, pero no en el Juzgado Quinto de Maracaibo, donde la Jueza Erika Carroz declinó su competencia y propuso buscar otro lugar de reclusión en la Sierra de Perijá distinto al del Fuerte Macoa. De inmediato la Sala Penal del TSJ por orden de una mano peluda de la Fiscalía o del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia le quita el caso y nos traslada a la cárcel de Trujillo y al Circuito Judicial Penal de Trujillo.

12.            Diez meses permanecimos en el Fuerte Macoa de Machiques y 7 en la Cárcel Nacional de Trujillo. En Macoa nuestras mujeres eran desnudadas por orden de inescrupulosos solados encargados de la visitas, mi hija Guillermina, viuda de Ever no fue más a verme, porque en una oportunidad un solado quiso violarla. Estas violaciones fueron denunciadas en la ciudad de Maracaibo ante la Fiscalía 23 encargada de la Mujer y la Familia, en la Defensoría del Pueblo de Maracaibo y Caracas y en los medios de comunicación. Y a hora en el CIDH de la OEA.

13.            En el Fuerte Macoa por orden del General Izquierdo Torres no podíamos salir del cuarto, el agua estaba sucia y la comida muchas veces tenía mal olor y residuos de servilletas, huesos y palillos, lo que originaba que nos mantuviésemos enfermos del estómago. Una vez a la semana desde el pasillo nos decían en alta voz que nos iban a matar, que nos íbamos a pudrir en la cárcel por asesinos y ladrones de ganados. El 31 de Diciembre nos iban aplicar Ley de Fuga un soldado a media noche nos dijo que nos podíamos escapar.

14.             En la cárcel nos ubicaron en el pabellón de los evangélicos que al no lograr nuestra participación activa en sus cultos, nos discriminaban y nos castigaban, me sentaban, en una silla toda la noche en el baño cerca de la letrina sin permitirme dormir.

15.            Vimos cosas horribles, en más de una oportunidad trataron de apuñalearnos. Ya para el mes de marzo era insoportable nuestra permanencia en el pabellón nuevo donde nos trasladaron. Ya estaba amenazado de muerte.

16.            Fueron las marchas en la ciudad de Trujillo y los plantones frente a la cárcel por los grupos sociales, las constantes denuncias de nuestros abogados y las visitas tres veces a la semana por Francisco Prada, su esposa Laura y su hijo Patricio y de nuestras familia lo que no permitían que nos asesinaran. Los internos nos consideraban sapos porque todo se lo contábamos a nuestros familiares y compañeros de los grupos sociales de Trujillo, Caracas, Mérida y Maracaibo que todas las semanas asistían a las simuladas audiencias.

17.           Por violar nuestros derechos al mantenernos encerrados en recintos militares y en cárceles, nosotros exigimos la indemnización nuestra y de nuestros familiares, por habernos generado tanto dolor. Nuestra familia con nuestras mujeres y niños vivían en la calle por no tener recursos para viajar todas las semanas de la Sierra a la ciudad de Trujillo.

Un juicio amañado para condenarnos

18.           Nunca se buscó la verdad, sólo condenarnos para complacer a los ministros El Aissami y Maldonado y a los ganaderos. El Juez Moreno Matheus, los acusadores fiscales Américo Rodríguez, Lenín Terán y el abogado de GADEMA Alfonso Chacín, amañaron el juicio, cercenando permanentemente los planteamientos y las observaciones de nuestros abogados defensores, preparando a los testigos para mentir en sus declaraciones orales, los expertos del CICPC lo denunciamos como torturadores de Alexander, asumiendo como verdad el ATD cuando es cosa común y del conocimiento público que nosotros los Yukpa somos cazadores y todas las semanas salimos a cazar con escopetas para comer, por eso consiguieron residuos de pólvora en nuestros cuerpos.

19.            El día viernes 1 de abril se cumplieron 10 días continuos sin haberse podido concretar una audiencia, que según el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, obliga a la interrupción del juicio para que comience de nuevo, ya que uno de nosotros, (Alexander), se enfermó de Bronquitis Aguda asmática. Desde el día martes, Alexander no pudo asistir a las siguientes audiencias: 29 de marzo, viernes 1 y martes 5 de abril. Según jurisprudencia del TSJ, el día martes 5 de abril se cumplieron los 10 días hábiles para quedar interrumpido el juicio.

20.            En ausencia de Alexander el Juez, por presión de fiscales y del ganadero Chacín, pretendió el día martes 5 de abril realizar la audiencia. Los abogados defensores abandonaron la sala y el abogado o Defensor Público, convocado ese mismo día por el Juez desesperadamente, no se pudo juramentar y asumir la defensa de Sabino como se esperaba, ante el rechazo formulado por nosotros. Si yo estaba, Sabino, indefenso, ¿cómo es que el Juez Moreno Matheus celebró la audiencia? Queda demostrado que se trató de una nueva trampa para condenarnos. Legalmente, esta audiencia debía quedar nula, por lo tanto, ya agotados por todos los abusos, mentiras y trampas cometidas en este proceso desde su inicio hasta el día de hoy, hemos decidido no ir más a este juicio que además de estar completamente amañado, violándose leyes fundamentales, lo que busca es condenarnos a como dé lugar. Nosotros los indígenas, no entendemos esta manera tan sucia de hacer justicia, exigimos que se respete nuestra Justicia Yukpa.

Estos son cada uno de los delitos para condenar a Sabino

21.            Los tres delitos de los que me acusan no pueden sostenerse, en el mismo expediente está la mentira:

El primer delito es el de “homicidio intencional en grado de determinador” en contra de Nireya Romero, mi sobrina (cosa que nunca dijeron los fiscales que me acusan), para el momento en el que se introduce la acusación el día 04 de diciembre de 2009, ningún testigo me acusaba de haber dado esa orden a Alexander, eso salió de la imaginación de los fiscales, y con esto se pretendió llevarme a la cárcel.

El segundo delito es el de “Homicidio frustrado con complicidad correspectiva” eso es que como nadie se declara culpable, todos lo somos. Claro que nadie se va a declarar culpable porque quien disparó fue mi yerno Ever, que murió. Los fiscales y el CICPC no pueden saber quién disparó, ni con que arma, ni desde donde se hizo, es tan descarado lo que han hecho que ahora que estoy en la calle y me enseñan la planimetría del sitio y cadáver me entero que donde ellos dicen que murió Ever me senté yo herido, eso quiere decir que esa sangre es mía y no de Ever. El estudio que hizo el CICPC no puede decir además de quién es cada una de las evidencias recogidas. Montaron la versión de los hechos como mejor les convenía. Con los análisis que están en el expediente, no hay forma de saber quién hirió a quién, pero eso no importa para este juicio, ya que igual me culparon y encerraron.

El tercer delito es el de “agavillamiento”, eso es que nos pusimos de acuerdo varias personas para cometer el delito en Guamopamocha. Lo primero en este punto es que yo no fui con mi gente a cometer un delito, fui a resolver un problema como lo hacemos los Yukpa: hablando. Como cacique tenía que ir acompañado, no podía ir solo, y conmigo, entre otros, iba Cristóbal, un muchacho que habían golpeado. Pero para la Ley watía, andar en grupo es un delito, eso es como si condenaran a los hermanos indígenas de Bolivia por mascar hojas de coca. Parece que nuestros jueces no saben leer la Constitución cuando dicen que somos una nación multiétnica y pluricultural. Por ser Yukpa, por desplazarnos colectivamente para la resolución de conflictos, me quieren encerrar.

22.            Me quieren encerrar por tres delitos: dos no pueden probarse y uno niega mi condición de indígena, niega mi cultura. Como si fuera poco, el abogado ganadero que no ha hecho otra cosa desde que llegó a Machiques que odiarnos, propone dividir la causa porque le conviene culminar el juicio, y el Juez lo acepta violando el debido proceso. Sería una falta de respeto con el pueblo Yukpa y con todos los pueblos indígenas del mundo, si yo permito que este juicio me encierre y con esto se silencie la lucha por el territorio Yukpa. Nosotros tenemos nuestra Ley, y la constitución lo reconoce. El camino justo es como se dice en nuestra Constitución, sobre el respeto por los derechos de los indígenas y la aplicación de la jurisdicción indígena. El otro, es la desobediencia en la que hoy nos declaramos, ante un sistema judicial que niega los derechos de los pueblos indígenas.

Petición

23.            Solicitamos al presidente Chávez que se pronuncie al respecto. Tenemos ya suficientes razones para no poder confiar en la imparcialidad de este juicio watía. Le exigimos al Estado la aplicación de nuestro derecho Yukpa. Exigimos respeto a nuestras costumbres y a nuestros derechos amparados hoy por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sabino Romero Izarra.

Alexander Fernández Fernández .

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Por Jahvé Mescco

Servindi, 7 de abril, 2011.- Los altos índices de enfermedades y epidemias en las poblaciones indígenas, la falta de acceso a servicios de salud y la poca valoración de la medicina tradicional, exigen repensar el modelo actual de atención en salud para las comunidades originarias. En el marco del Día Mundial de la Salud, una mirada a la problemática en el país.

Según el Informe Defensorial 134, “La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado”, de la Defensoría del Pueblo, las enfermedades que más afectan a las poblaciones indígenas son de tipo infeccioso (40 por ciento).

Entre estas destacan las enfermedades diarréicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA), causados por las malas condiciones de saneamiento básico y la falta de prácticas saludables en la población.

El estudio, que se realizó en el 2006, en base a la supervisión a establecimientos de salud en comunidades nativas de cuatro distritos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, también evidenció la presencia de enfermedades propias de centros urbanos como el VIH-SIDA, las enfermedades de salud mental y el alcoholismo.

“Estos males se asocian al mayor contacto que van experimentando las poblaciones indígenas amazónicas con los centros poblados urbanos y las ciudades intermedias, así como a la discriminación étnica y la destrucción de su sistema social, el cual se produce como consecuencia de estos procesos de interculturación”, dice el informe.

En salud, la situación de exclusión y marginación de estos pueblos, en su mayoría en extrema pobreza, se acentúa por la falta de diálogo entre los sistemas de salud tradicional y occidental, que imposibilita adecuar los distintos conocimientos, creencias y prácticas a las realidades de cada zona.

Parte del desencuentro entre ambas medicinas se refleja en los elevados índices de mortalidad infantil y materna, en zonas rurales. Muchas veces lo aducen a la práctica de costumbres como el parto vertical, pero no se mira la pertinencia cultural o la manera como se implementan iniciativas como las casas de espera.

Al respecto, Majed Velásquez, maestrista en salud intercultural de la Universidad Regional Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense, explica que las casas de espera surgieron con el propósito de evitar la muerte materno-infantil, pero en la práctica muchas mujeres indígenas son víctimas de maltratos y marginación.

“El parto vertical y las casas de espera son políticas de buena forma pero que de fondo falta contextualizarlos, con un diálogo de saberes horizontal, y no vertical como sucede”, refiere.

El problema de la atención en salud a las comunidades indígenas se agudiza debido a las dificultades para acceder a un servicio de salud, de calidad y oportuno. A ello, se suma los pocos establecimientos de salud (mal implementados y con escasas medicinas) y la escasez de personal sanitario, debido a la falta de políticas e incentivos.

El derecho de las comunidades indígenas a contar con un servicio de salud intercultural en el Perú, se respalda en la Ley General de Salud, la Estrategia Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, así como en la Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural, entre otras medidas.

Sin embargo, estas disposiciones son el resultado de iniciativas aisladas, y la presión de organismos internaciones y de las comunidades nativas, antes que del propio Estado. La falta de voluntad política se evidencia en la falta de destinación presupuestal en la promoción de una salud intercultural y la revaloración de los saberes tradicionales.

Entes como el Centro Nacional de Salud Intercultural (Censi) del Instituto Nacional del Salud (INS) realiza su labor con dificultad porque carece de presupuesto y de funciones normativas que le permitan incorporar el enfoque intercultural en la política integral de salud.

Desde su implementación y pese a las malas condiciones, el Censi ha obtenido importantes logros. Así, liderado por Neptalí Cueva, logró la aprobación de la Norma Técnica en Salud “Prevención, Contingencia ante el Contacto y Mitigación de riesgos para la salud en escenarios con indígenas en aislamiento y contacto reciente”.

Frente a la inexistencia de información para la atención de las distintas etnias, se prevé que en mayo inicie un piloto en Ucayali y Madre de Dios de registro de la población indígena, considerando variables como el auto-reconocimiento.

De manera paralela, elabora una propuesta de política pública intercultural en salud en coordinación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). “Para que esto no sea otro esfuerzo bien intencionado, lo ideal sería que exista una ley de consulta aprobada”, manifiesta Majed Velásquez.

Desarrolla protocolos de investigación sobre los sistemas de salud de los pueblos indígenas, enfatizando en las formas de prevención de los shipibo-conibo (Ucayali) y aimaras (Ilave) respecto a las IRAS. Y crea espacios para el intercambio de conocimientos entre comunidades y personal médico.

“Es una experiencia local que contribuye a planificar acciones, a que exista mejor comunicación y entendimiento, a que el personal de salud reconozca los valores de la medicina tradicional, y actúe de manera más comprometida con el indígena como el pobrecito, sino como un ser humano”.

Cabe destacar la labor de los equipos itinerantes de atención sanitaria: la Atención Integral de Salud para Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED) en la atención a las comunidades nativas (al 2006 atendían a 706 comunidades). No obstante, el servicio que brindan es limitado por las dificultades geográficas y pocos recursos disponibles.

El abordaje de una salud intercultural comienza por revalorar la medicina tradicional y a los agentes tradicionales de la salud como la partera, la comadrona, el chamán, el curandero, el huesero, el yerbero, la vaporadora.

Hay evidencia del aporte científico de plantas que se usan en la medicina tradicional, que contribuyen eficazmente a la curación de enfermedades, como la uña de gato, la ayahuasca, la castaña, la sangre de grado entre otros.

Además, otro gran aporte de la medicina tradicional es la práctica social orientada a la prevención de enfermedades –evidentes en las reglas como las prohibiciones de entrar al agua en fechas determinadas, o las yerbas que empleas–, así como a la promoción de la salud que implica también el abordaje de lo espiritual.

A nivel internacional, se produce un progresivo reconocimiento de la medicina tradicional. Este aspecto se abordó en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, en la ciudad de Alma Ata en 1978; y en la 56a Asamblea Mundial de la Salud (WHA), en el 2003.

Además, de considerarse en el conocido Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el desarrollo del diálogo intercultural, le compete a las organizaciones indígenas proponer y vigilar el proceso, mientras que es responsabilidad del Estado implementar políticas concretas con visión transdiciplinaria y específica. Con la descentralización, son los gobiernos locales y regionales quienes deben garantizar los derechos de los PPII.

El tema es complejo pero no imposible. En América Latina ya existen experiencias de salud intercultural de las cuales es posible aprender y adaptar como las de Nicaragua y la de los indígenas wayuu en Maracaibo (Venezuela).

• La Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud elaboró Análisis de Situación en Salud (ASIS) de los pueblos Matsigenka, Shipibo-Konibo y Achuar.
• En el 2001, durante el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua se formó una Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas, en la que se estableció un Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios. En la propuesta se incluyen lineamientos consensuados para una salud intercultural. Pese a que se establecieron acuerdos y compromisos, con el cambio de gobierno todo quedó en nada.

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Indígenas Pãi Tavyterã

Servindi, 7 de abril, 2011.- Un equipo de especialistas del Museo español de Altamira se encuentra trabajando el Paraguay en el inventario del patrimonio indígena paî tavyterâ, del nordeste del país, informaron el pasado martes los responsables de esas tareas.

Los expertos explicaron que llevan a cabo sus trabajos en el cerro Jasuka Vendá en el departamento de Amambay, donde en el 2008 se hallaron vestigios de la presencia del hombre de más de 5 mil años de antigüedad.

El equipo de trabajo está encabezado por el director del Museo de Altamira, José Antonio Lasheras, la subdirectora, arqueóloga y antropóloga Pilar Fatás, el restaurador y arqueólogo Alfredo Prada y el topógrafo y soporte técnico Francisco Terán.

Ellos realizarán el inventario exhaustivo de al menos diez sitios con arte rupestre, la excavación de pozos de sondeo o cata arqueológica, y la posterior publicación de los resultados.

Según explicaron, analizarán el arte rupestre de estilo de pisadas, en el que los motivos representados en la piedra son pisadas humanos y de animales, normalmente tridígitos, y que se encuentran también en Brasil, Bolivia y Argentina.

Los paî tavyterâ son una etnia guaraní de unas 12.000 personas que residen en cerca de cincuenta comunidades de Amambay y Jasuka Venda, su cerro sagrado, cuyo nombre significa “pueblo del centro del mundo”.

El cerro sagrado de Jasuka Vendá, fue declarado patrimonio cultural de Paraguay en 1990 y se trata de varias cuevas grabadas por dentro con arte rupestre caracterizado por la representación de pisadas de animales y humanos, además de otros signos.

En el 2008 se realizó una investigación en la zona que permitió el estudio de 260 metros cuadrados de superficie grabada y 1.353 motivos registrados, así como una aproximación a otros enclaves de la región.

Los estudios determinaron que el departamento de Anambay, fronterizo al departamento brasileño de Mato Grosso do Sul, es la región con la mayor cantidad de oquedades con arte rupestre.

El proyecto de inventario es coordinado por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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