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Comunicadores Charrúas

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Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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Enlace: http://0z.fr/P64LW

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3 abril 2011 7 03 /04 /abril /2011 22:09

http://cantovivo.files.wordpress.com/2010/01/d21.jpgPor Luis Roel Alva

2 de abril, 2011.- El martes 29 de marzo a las 5:00 pm -hora peruana-, y siguiendo el calendario de audiencias Nº 141º, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia en relación al Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas y afro-descendientes de la región andina (escuchar audio).  En esta ocasión, pudieron participar los representantes de las organizaciones civiles de cada uno de los países que conforman la región andina, y los representantes de los Estados que han sido responsabilizados por atentar contra el derecho a la consulta.

La audiencia se inicio con la exposición de Katia Salazar, Directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), quien realizó un análisis de la problemática regional, respecto a la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por parte de los Estados, desconociendo los tratados internacionales suscritos por ellos mismos.

La exposición siguiente, estuvo a cargo de una representante de las organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, quien alegó que el Estado Boliviano ha vulnerado el derecho a la consulta, puesto que no se ha realizado consulta alguna sobre las concesiones mineras e hidrocarburos, siendo el caso más reciente el de Petro-Andina -al norte de La Paz-, que está afectando actualmente a varias comunidades campesinas de la localidad.

Asimismo, el representante de las organizaciones de la sociedad civil de Colombia, explicitó que por la excesiva explotación de los recursos naturales y el otorgamiento de concesiones, se está ocasionando el desplazamiento obligado de los pueblos indígenas de sus territorios.

Afirmó que esta situación se da, aun teniendo fallos de la Corte Constitucional de Colombia que reconocen y afirman el Derecho a la Consulta, se mencionó el caso Saramaka, resuelto por la CIDH, cuyo fallo suple el vacío legislativo sobre este derecho; sin embargo, esto no está siendo acatado por el Estado colombiano. Concluyó que el mismo Estado, no tiene interés en desarrollar una legislación que proteja el derecho a la consulta y mucho menos acatar los fallos de la Corte Constitucional Colombiana.

El representante de las organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, planteó que la Constitución Ecuatoriana de 2008, reconoce el Derecho a la Consulta, pero que en la práctica es considerado un requisito formal más que un derecho. Indicó que el Derecho a la Consulta posee tres formas: como control difuso, como derecho colectivo -cuando un acto administrativo o norma pueda vulnerar los derechos de los pueblos indígenas- y como derecho político participativo. Pero aun con la existencia de estos mecanismos, el Derecho a la Consulta sigue siendo vulnerado por el Estado ecuatoriano, como en los casos de la Ley Minera, el Código Judicial y la Ley de Garantías Constitucionales. Planteó que debido a esto, hay la necesidad de un desarrollo legislativo que proteja de manera efectiva este derecho.

El caso de Perú fue presentado por Hernán Coronado, quien representó a las organizaciones de la sociedad civil de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Indicó que sobre el Derecho a la Consulta en el Perú, el Estado peruano actúa de mala fe, incumpliendo de manera sistemática los tratados internacionales. Esto se demuestra por la negativa de aprobar la ley de consulta, la misma que tuvo un proceso importante de debate con las organizaciones más representativas de los Pueblos Indígenas y el Congreso de la Republica.

Asimismo, mencionó que el 75% del territorio ocupado por los Pueblos Indígenas en la amazonia peruana, ha sido concesionado por el Estado, casi 21 000 hectáreas. Indicó también que la mala fe del Estado peruano se concreta en los reglamentos de participación ciudadana y las múltiples metodologías de consulta que se están desarrollando en la actualidad y que desnaturalizan el derecho a la consulta previa.

Otro hecho relevante mencionado en la audiencia, fue la resolución aclaratoria de la sentencia Nº 06316-2008-AA/TC (24 de agosto de 2010), del Tribunal Constitucional Peruano, que realizó una interpretación equivocada, indicando que la vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú, es a partir del 2010, y no desde 1995, fecha de la entrada en vigencia para el Estado peruano.

Es importante mencionar que esta resolución del Tribunal Constitucional, está desconociendo la obligación del Estado peruano de respetar el Convenio 169 de la OIT, el mismo que ha sido aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 26253 (2 de diciembre de 1993); y que fue ratificado por el Ejecutivo el 14 de enero de 1994. El instrumento de ratificación ante la OIT se realizó el 02 de febrero de 1994. De acuerdo al artículo 38º inciso 3 del Convenio169, la entrada en vigencia para el Perú, es doce meses después de realizar el depósito de ratificación, esto es, desde el 02 de febrero de 1995 y no como plantea el Tribunal Constitucional a partir del año 2010.

Frente a esto, el Comité de Expertos de la OIT, a través de la presentación de su informe del año 2010[1], criticó y cuestionó esta resolución aclaratoria, y le ha preguntado al gobierno peruano cómo protegió y respetó los derechos de los pueblos indígenas, desde 1995 hasta junio de 2010.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, sostenemos que el Estado peruano está vulnerando no solo el principio de buena fe de los tratados internacionales, contenido el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, sino que además, está vulnerando los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Volviendo a la audiencia regional sobre el Derecho a la Consulta ante la CIDH, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, concluyeron su participación solicitando que se exhorte a sus Estados para lo siguiente:

  • Revisar la legislación vigente y las concesiones que vulneran los derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Desarrollen y emitan normas generales sobre el derecho a la consulta
  • No permitan el inicio de las concesiones sin antes haber realizado la consulta previa correspondiente.
  • La independencia de los Estados frente a la intervención de las empresas.

Nota:

(1) De fecha 16 de febrero de 2011.

—-
Fuente: Publicado por Justicia Viva, el 31 de marzo de 2011:http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=513

 

 

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