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Comunicadores Charrúas

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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 21:29

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http://servindi.org/img//2011/03/1338.jpg29 de marzo, 2011.- Organizaciones nativas instalaron un puesto de control en la Reserva Territorial Isconahua para proteger a los indígenas en aislamiento de la invasión de madereros ilegales. La iniciativa responde a la inacción de las autoridades locales y busca evitar la desaparición de este pueblo.

 

El puesto de vigilancia, implementado por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se ubica en el río Alto Callería.

El nuevo puesto permitirá a los agentes de protección efectuar acciones de vigilancia para impedir el ingreso de foráneos que atenten contra sus formas de vida, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Con la iniciativa ORAU no busca usurpar funciones a los organismos del Estado, más bien, instó al gobierno a trabajar de manera conjunta, incluido el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), hoy adscrito al Ministerio de Cultura.

“El que organizaciones indígenas tengan que proteger las reservas de los indígenas aislados supone una devastadora crítica a la falta de acción gubernamental. Parece que quedarse de brazos cruzados ignorando el problema es la táctica preferida del gobierno”, indicó hoy Survival mediante un comunicado.

En el Perú, la tala ilegal representa una grave amenaza para la supervivencia de alrededor de quince pueblos indígenas no contactados.

Vuelos sobre la amazonía documentaron la existencia de campamentos madereros ilegales en territorios de no contactados que los obliga a huir hacia zonas desconocidas por ellos.

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 21:26

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http://www.elalmanaque.com/Marzo09/fotos/tawa_chakana.jpg29 de marzo, 2011.- Con el propósito de analizar los avances y aportes de la medicina tradicional peruana, hoy se llevará a cabo el conversatorio Cosmovisión Andina II en el auditorio del Colegio Médico del Perú.

 

Entre los ponentes destacados figuran Jurgen Golte (IEP) que disertará sobre la percepción del tiempo y el espacio en los Andes, Luis Millones (UNMSM) que expondrá sobre el mundo sobrenatural de los pueblos andinos y Jaime Regan (CAAAP) intervendrá sobre la cosmovisión amazónica y la medicina tradicional.

Los temas abordados constituyen un valioso aporte al diálogo intercultural en la práctica médica.

La cita es en el auditorio Pedro Weiss ubicado en el Malecón Armendáriz 791, Miraflores, a partir de las 5:30 de la tarde. El ingreso es libre.

La actividad es organizada a través del Comité Nacional Permanente de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria, con especial mención del Sub-Comité de Medicina Tradicional.

Está dirigido a los médicos, integrantes del equipo de salud, colegios profesionales, demás entidades vinculadas al sector salud y al público interesado.

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 21:24

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http://www.ultimahora.com/adjuntos/imagenes/000/297/0000297237.jpg(Foto de Ultimahora.com, tomada de la Secretaría Nacional de Cultura)

Servindi, 29 de marzo, 2011.- Los representantes de pueblos indígenas de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia que se reunieron el Anambay, Paraguay, en el Segundo Encuentro de la Nación Guaraní, exigieron al gobierno de Paraguay que resuelva un litigio de propiedad de tierras ancestrales.

Las tierras tienen una extensión de 4.500 hectáreas y están ubicadas en Canindeyú, departamento al oeste de Paraguay, en donde históricamente habitan las dos etnias: aché y ava guaraní, quienes se disputan la propiedad.

Los indígenas entregaron al presidente Fernando Lugo un documento, poco antes de la clausura del evento que se realizó la semana pasada, para que las tierras que actualmente son propiedad de la Secretaría del Ambiente (Seam), les sean transferidas.

Según dicha secretaría los líderes exigen la “inmediata definición del caso”. Asimismo esperan que las tierras sean transferidas a las comunidades que las habitan. Cerca de 1.500 nativos se responsabilizan del manifiesto, indicó la Seam.

La propiedad, conocida como “Finca 470”, está ubicada en el distrito de Curuguaty. Las tierras pertenecían al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero fueron cedidas a la Seam.

Ello debido a que las tierras se encuentran en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera del Mabaracayú. Sin embargo, la Seam explicó a los indígenas que una acción judicial planteada por las mismas organizaciones es la que impedía la trasferencia.

En el manifiesto se lee: “Requerimos que el Gobierno Nacional respete el derecho de autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos y garantice los territorios ancestrales a nuestros hermanos indígenas, sin influencia externa de organizaciones no gubernamentales”.

Por un lado, las tierras son reclamadas en su totalidad por los indígenas aché de la comunidad Kuetyvy, a pesar de que existen documentos que afirman que las tierras han estado habitadas previamente por las tres comunidades ava guaraní: Ytu, Tajy Poty y Tekoha Ka’a Poty.

Los ava guaraní iniciaron en 1995 acciones ante el Instituto Nacional del Indígena (INDI) y el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) para poseer el inmueble.

Por otro lado, los aché aparecen en el ámbito legal en el 2002, con la firma de un acuerdo entre la Seam, la Fundación Moisés Bertoni y el entonces propietario, según informó la Seam.

Más adelante la tierra pasó a propiedad de MOPC, en el marco del Programa de Corredores Viales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta la fecha, la SEAM ha convocado a los líderes de ambas comunidades en tres ocasiones a fin de buscar una salida consensuada, aunque sin éxito debido a la negativa de las etnias de compartir el terreno.

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 21:19

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http://www.kaosenlared.net/img2/174/174289_madidi.jpgLa explotación del crudo afecta al Parque Madidi y otras áreas protegidas, las que suman casi 1,5 millones de hectáreas protegidas, con importantes reservas ecológicas y donde viven pueblos indígenas.

Giovanny Vera Stephanes | Ecoamazonía

Al final de octubre del 2010, el gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 0676, que extiende la frontera petrolera y gasífera del país, afectando directamente varias áreas protegidas. Dos de éstas son el Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, ambos con una reconocida riqueza ambiental y cultural para el país y el mundo, ubicados en plena Amazonia boliviana, en la zona petrolera llamada Subandino Norte.

 

El decreto supremo fue justificado con la afirmación de que “es necesario incrementar (las áreas de concesión petrolera) en función de la existencia de estructuras prospectables y gran cantidad de información sobre cada una de las áreas seleccionadas”.

 

Así fueron cedidas 56 zonas petroleras a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – la empresa petrolera estatal – en zonas tradicionales y no tradicionales para la explotación de hidrocarburos. Entre estas zonas miles de hectáreas están dentro del Parque Madidi y otras muchas distribuidas en áreas protegidas del país, sumando casi 1,5 millones de hectáreas protegidas ofrecidas a las empresas petroleras.

 

Según un comunicado de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), este decreto “viene esencialmente a legitimar la intención del Gobierno actual de ampliar la frontera petrolera y gasífera en todo el país, afectando de forma definitiva varias áreas protegidas de enorme importancia socioambiental”.

 

PARQUE MADIDI Y EL PETRÓLEO

 

El Parque Nacional Madidi es una maravilla de la naturaleza. En sus casi dos millones de hectáreas, alberga una rica biodiversidad, tanto de flora y de fauna, presente desde las nieves perpetuas (5700 metros sobre el nivel del mar) hasta la planicie amazónica. También reúne enorme diversidad cultural, con la presencia de etnias que viven ancestralmente en la región, y incluso grupos no contactados, como los Toromona. El Madidi fue declarado por la revista National Geographic como una de las zonas más diversas del planeta y uno de los 20 lugares con mayor interés turísticos a nivel mundial.

 

Pero, esta misma riqueza trae dolores de cabeza al parque, a su población y a sus vecinos. Aún más cuando existe petróleo de por medio. Hay un creciente interés por los recursos naturales de los bosques del Madidi. Por allá ya estuvieron las empresas petroleras Total (francesa) y Petrobras (brasileña), que realizaron exploraciones sísmicas y luego se retiraron, “porque seguramente no había una cantidad de petróleo que justificase las inversiones”, explica Teresa Flores, de la Asociación Prodefensa de la Naturaleza (Prodena). Con todo, el interés del gobierno boliviano de explorar el petróleo en la región no se quedó ahí.

 

En el año 2007, Evo Morales visitó Maravillas, a orillas del río Tuichi, en la región de Madidi, donde observó un pozo de donde brotaba petróleo. Allí brillaron sus ojos. Luego después este “paseo” al parque, Morales afirmó: “Fui al Madidi y vi que el petróleo está chorreando”. Pero, como comenta Teresa Flores, “el hecho de que hayan afloramientos de petróleo no significa que exista en cantidad que justifique su explotación”, y menos aún, que tenga la calidad necesaria.

 

Hubo muestras de intenciones del gobierno de explotar el petróleo existente, junto a petroleras extranjeras y también nacionales, como la venezolana PDVSA, PETROBRAS, TOTAL y PETROANDINA. Para esto, el gobierno fue creando herramientas que facilitaron la entrada de las empresas y su trabajo en la región, a través de Decretos Supremos que iban extendiendo la frontera petrolera.

 

El último fue el Decreto Supremo 0676, que declaró 690 mil hectáreas del Parque Madidi como área destinada a la explotación de petróleo, siendo casi 36% de sus 1.895.740 hectáreas, abarcando inclusive una parte de su zona núcleo, la de mayor necesidad de protección. Pero la amenaza no queda solo ahí, ya que la medida también podrá afectar los grupos indígenas Mosetén, Leco-Larecaja, Tsimane, Quechua-Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco-Apolo.

 

El tan valioso petróleo fue encontrado a simple vista en varios puntos en la región: Maravillas, Kerosén, Bandera Roja, Zapallos y Río Hondo, donde se considera que las petroleras invertirán por lo menos 600 millones de dólares para explorar y determinar el potencial energético. Como comentan miembros de comunidades de la zona, en los lugares donde brota petróleo existe un fuerte olor a gasolina, y el líquido luego se mezcla con el agua del río, donde desaparece. Es el mismo líquido que es usado para encender hogueras y el fuego para cocinar, y para iluminar la noche.

 

LA PROTECCIÓN DEL PARQUE

 

El parque Nacional Madidi es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de Bolivia, una institución descentralizada dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y Agua. SERNAP es el responsable del cumplimiento de las leyes ambientales dentro de las áreas protegidas del país, y también de luchar por el respeto a las riquezas y su importancia, tanto nacional como mundial.

 

En este contexto, el SERNAP reconoce la importancia de la actividad petrolera en el país, aunque también reconozca que las áreas protegidas del país están seriamente amenazadas por la riqueza existente en su subsuelo. De esta manera, por la existencia de incipientes políticas del sector petrolero, vacíos y contraposiciones legales de leyes y reglamentos, áreas protegidas como Madidi y Pilón Lajas son presionadas cada día.

 

Son estos vacíos los que dificultan la participación del SERNAP en los procesos de evaluación de impacto ambiental, control de calidad y otros mecanismos en proyectos exploratorios dentro de áreas protegidas. Según el director de Monitoreo Ambiental del SERNAP, José Coello, hasta ahora sólo fue realizada una explotación sísmica en el campo Liquimuni, vecino al Parque Madidi, aunque fuera del área protegida. También afirma que no hubo ninguna solicitud o presentación de estudios de impacto ambiental por proyectos petroleros dentro del Parque, requerimiento obligatorio para ejecutar un proyecto de estas características en el interior de un área protegida.

 

Como indica un ex funcionario del SERNAP que prefiere no identificarse, el tema de la explotación tanto en el Madidi como en el parque vecino, Pilón Lajas, “es una bomba de tiempo (…), es complicado”. En ambos viven comunidades indígenas, que hasta ahora no fueron consultadas en el proceso de socialización y evaluación que establece la Ley de Hidrocarburos.

 

LAS INTERVENCIONES PREVISTAS

 

• YPFB-PDVSA (PETROANDINA – SAM) Tiene previsión de triplicar la actividad de prospección petrolera exploratoria en la región del Subandino Norte (Departamentos de La Paz y Beni).

 

• PETROANDINA tiene previsto el ingreso en el bloque Liquimuni con exploraciones perforatorias. Las operaciones de PETROANDINA serán 3D en cada uno de los siete bloques (una media de 300 km2 por bloque) y serán perforados 14 pozos exploratorios, dos por bloque, siendo una inversión total aproximada de 646 millones de dólares.

 

• Explotación prevista por PETROBRAS-TOTAL y REPSOL YPF en las zonas de máxima protección (zona núcleo) del Parque Nacional Madidi y zonas de uso comunitario de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. Existe un temor de una afectación muy fuerte a estos patrimonios naturales del estado, además de la afectación de los medios de vida de varias comunidades indígenas, y también está previsto el ingreso de estas empresas a las zonas de Chepite, Chispani y Sécure.

 

EL MODELO DEL YASUNI

 

La campaña Iniciativa Madidi Sin Petróleo fue iniciada por Prodena en Bolivia en el año pasado, siguiendo el ejemplo de lo que fue hecho en el Ecuador, cuando fue decidido no explotar cerca de 20% de las reservas petroleras del país, localizadas en el Parque Yasuní, a cambio de un aporte de la comunidad internacional, como una compensación por emisiones que serían evitadas.

 

La campaña está basada en la idea que no explorar el petróleo del Madidi evitaría la emisión de carbono, ahorrando al planeta de millones de toneladas en la combustión del petróleo, y manteniendo la capacidad de las selvas del Madidi de almacenar este carbono. Propone una compensación internacional por la no explotación, protegiendo el parque de la inminente destrucción y conservando sus inestimables recursos de biodiversidad.

 

Según Teresa Flores, la gran diferencia entre Yasuní y Madidi es que en este último no existen reservas cuantificadas ni probables, por esto es imposible establecer un valor monetario de los depósitos del parque Madidi. “No existe ninguna duda que evitar su explotación es importante no solo para impedir futuras emisiones de carbono, pero también por los múltiples servicios ambientales y climáticos que proporciona el área”, afirma Flores.

 

RIESGOS GEOLÓGICOS

 

Según la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), existe una preocupación sobre la explotación petrolera en la zona del Subandino, donde está el Madidi, al ser una zona de altísima fragilidad y sensibilidad, por sus características topográficas, geológicas y por la elevada pluviosidad. En el parque están las cabeceras de cuencas, donde nacen una serie de ríos amazónicos, en áreas susceptibles de deslizamientos de tierra.

 

Las actividades petroleras podrían tener serias consecuencias ecológicas, reduciendo la capacidad y potencialidad de brindar los servicios ambientales que protegen las cuencas y controlan los caudales, pudiendo así afectar con mayor intensidad los sedimentos en los ríos, y perjudicando las tierras de los ribereños de la región.

 

Otras condiciones desfavorables serán las construcciones de caminos para la explotación, lo que desencadenará procesos de ocupación desordenada, extracción ilegal de madera y caza, con la consecuente violación de espacios indígenas y pérdida de recursos biológicos. Esto sin hablar de los impactos al potencial turístico de la región, afirma LIDEMA.

 

Quedan claros la amenaza y el riesgo, no sólo para el Parque Nacional Madidi, pero también para la selva amazónica, para poblaciones indígenas, para la rica biodiversidad, y también para el desarrollo limpio de la región. Con tanta riqueza en la Amazonia boliviana, que ya es uno de los mayores atractivos turísticos del país, es posible pensar que campañas como Madidi sin Petróleo, junto a políticas e incentivos al turismo ecológico, pasan a ser una parte de la solución.

 

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 21:14

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http://www.kaosenlared.net/img2/174/174160_images__1_.jpgEn el ámbito de la Justicia, las condenas recientemente dictadas por el Tribunal de Cañete contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche son ejemplo de discriminación.

Ricardo Brodsky | Kaos.Chile

A través de la historia, los mapuches han sido discriminados y violentados en sus derechos. Ello se ha manifestado en todo orden de cosas: fueron empujados a vivir en reducciones para que sus tierras ancestrales fueran ocupadas por colonos extranjeros, su organización política y social fue desconocida y pulverizada, su lengua ignorada, sus creencias caricaturizadas, sus costumbres adjetivadas como bárbaras. La discriminación de que han sido objeto no sólo está acreditada en infinitos testimonios que se repiten a lo largo del tiempo sino también en los datos duros sobre pobreza, esperanza de vida, escolaridad, acceso a servicios básicos, entre otros que inexorablemente muestran una situación más precaria para ellos que para el resto de los chilenos.

 

En el ámbito de la Justicia, las condenas recientemente dictadas por el Tribunal de Cañete contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche son un ejemplo más de discriminación. El contraste con otras decisiones de la justicia en el marco del conflicto de la Araucanía es evidente: el carabinero que mató de un tiro por la espalda al comunero Matías Catrileo recibe una condena de tres años de pena remitida mientras que Lleitul recibe 25 años de cárcel por delitos que no se consumaron.

 

Es necesario reflexionar sobre el contexto: la creciente toma de conciencia de sus derechos por parte de nuevas generaciones de líderes mapuche y las dificultades que enfrentan los Gobiernos para entregar soluciones efectivas y realizar un diálogo político a fondo y de buena fe por ambas partes, ha llevado a procesos de radicalización con consecuencias lamentables. Los móviles de los hechos de violencia que se juzgan no son los de los delitos comunes, sino los de quienes consideran que están luchando y defendiendo sus derechos.

 

En las condenas contra Lleitul y sus compañeros se ha ignorado el contexto y no se ha buscado hacer justicia castigando con penas proporcionales al daño causado, sino imponer una sanción ejemplar que busca advertir a los miembros de las comunidades indígenas sobre las consecuencias de su lucha.

 

Lo más aberrante del caso, sin embargo, es que la mayoría del Tribunal aceptó las pruebas de la Fiscalía obtenidas utilizando las facilidades procesales que le otorga la ley antiterrorista (testigos secretos especialmente), en circunstancias que el propio Tribunal de Cañete absolvió a todos los imputados del delito de asociación ilícita terrorista y el Gobierno se desistió de la invocación a la ley antiterrorista afirmando no tener convicción sobre si los hechos investigados revestían tal carácter. En otras palabras, a pesar de no ser terroristas, se les juzgó y condenó como terroristas, violando su derecho a un debido proceso.

 

Uno de los jueces del Tribunal de Cañete, conciente de este vicio procesal, se manifestó por absolver a los acusados de todos los cargos ya que los testimonios presentados por la Fiscalía no son aceptables en un juicio penal ordinario.

 

Se ha anunciado que la defensa de los condenados va a recurrir a la Corte Suprema pidiendo la nulidad de este juicio. Queremos solidarizar con Lleitul y sus compañeros ejerciendo nuestro derecho a petición ante el máximo tribunal del país: exigimos un juicio justo para Lleitul.

 

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 00:41

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http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199082_1786547877717_1660151287_1709350_1634733_n.jpgEl 11 de abril es una fecha que guarda más de un significado histórico en el Uruguay.

Yo se de dos. Uno el del 11 de abril de 1811:”La proclama de Mercedes”, desde donde Artigas llamó a la unión a los compatriotas para vencer o morir con honor(...........).

El otro 11 de abril, el de 1831,tiene que ver con la masacre, el genocidio(El holocausto), cometido contra la nación Charrúa; una acción  del  entonces presidente  del Estado Oriental del Uruguay, El general Fructuoso Rivera, en complicidad con la oligarquía terrateniente comerciante y pro imperialista, que se ha mantenido desde entonces en el poder.

Éste último 11 de abril es el que provoca estas líneas.

Desde hace más de diez años, varias agrupaciones viajan cientos de kilómetros, para unirse a otras, cercanas al lugar(Como por ejemplo, el Grupo Berá de Paso de los Toros), para conmemorar el hecho, para tomar y crear conciencia.

 Porque Salsipuedes esconde muchas verdades que hay que descubrir; para limpiar la conciencia de nuestra historia, tan manchada por los que la han contado.

Porque quizá muchos Charrúas murieron de gripe y/o viruela como dijo Sanguinetti, (como podía morir cualquiera que no tuviera los anticuerpos), pero las masacres sufridas por este pueblo desde la llegada del europeo invasor en los principios del 1500, no fueron utilizando la guerra bacteriológica(que de hecho fueron esas enfermedades), si no el arcabuz, la espada y el cañón.

En Salsipuedes se le sumó otra arma, la más letal; la traición. 

Un arma que el fundador del partido Colorado sabía usar bien; pues ya tenía experiencia en su manejo.

En éstos últimos años, al acto de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, en el Prado, en el monumento a “Los Últimos Charrúas”, se le han ido sumando otros actos.

 En el paso de “Los Catalanes” en la frontera entre Tacuarembó y Paysandú, a orillas del Salsipuedes grande, se junta mucha gente, de a caballo, de a pié, y hasta de chapa oficial y diplomática; ¡Hasta un monumento han hecho en el lugar!

 Está bien, cada cual hace memoria como le gusta.

Unos pocos kilómetros corriente abajo del lugar antedicho, está el sitio de la última masacre. Ahí llora el Salsipuedes por unos zanjones que se escabullen entre el monte nativo, hasta abrirse al cielo en una laguna, que calma el trote del agua, que llama al silencio, que invita a la reflexión. Que hace oir  desde su fondo, los gritos desgarradores de nuestra historia, manchada en su conciencia por los que la han contado.

Porque allí, en el fondo oscuro, bajo el agua mansa, están los primeros desaparecidos del Uruguay.

 

Algunos la llaman "La Laguna del Silencio"...Otros escuchan sus gritos...

                                                                                                                                               JDH (Grupo Sepé)

 

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28 marzo 2011 1 28 /03 /marzo /2011 23:59

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http://2.bp.blogspot.com/_GV5o2IEg_Bc/RyIOgBt1gsI/AAAAAAAABdg/szYf9oblLig/s400/Paraguay-totobiegos.jpgIndígenas Ayoreo

Servindi, 29 de marzo, 2011.- En la 141 sesión de la CIDH, la diputada indígena Teresa Nominé, de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), denunció que el gobierno de Evo Morales se niega a aprobar un decreto que reconoce el derecho de las comunidades ayoreas –ubicadas en la frontera entre Bolivia y Paraguay– a mantenerse en aislamiento, y delimitar sus territorios.

“Después de casi dos años de discusión para proteger a los hermanos en aislamiento, pidiendo respeto por su derecho y territorio, para no dejar entrar a los madereros ilegales y cazadores, el estado se niega argumentando que no hay una ley que reconozca a los pueblos en aislamiento, a pesar de que está especificado en la nueva constitución. Se está contradiciendo”.

El proyecto de decreto en mención, efectuado por la CANOB con el apoyo técnico del Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS), plantea la inmovilización provisional de aproximadamente 3,4 millones de hectáreas, en la categoría de Tierra Fiscal no disponible.

Ello, con el propósito de evitar la otorgación de nuevos derechos a personas ajenas para el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Cabe destacar, que el artículo 31 de la Constitución de Bolivia establece:

“Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva… (y) gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”.

Además, reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia (artículo 1), y la obligación estatal de proteger y respetar los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, especialmente los referidos a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) (artículo 171).

 

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28 marzo 2011 1 28 /03 /marzo /2011 23:55

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http://servindi.org/img//2011/03/IBC_expulsados_paraiso.jpgEl martes 29 de marzo a las 7:30 p.m. se inaugura la muestra “Expulsados del Paraíso” en el Pasaje Santa Rosa, en la Plaza de Armas de Lima, sobre los pueblos indígenas no contactados de ambos lados de la frontera Perú – Brasil.

 

La exposición gráfica ha sido producida por la Biblioteca da Floresta del Estado brasileño de Acre y adaptada para el Perú por el Instituto del Bien Común (IBC).

“Expulsados del Paraíso” aborda la problemática actual de los pueblos indígenas en aislamiento, su extrema vulnerabilidad y la urgente necesidad de protegerlos de las actividades de agricultores, madereros, mineros, petroleros y narcotraficantes.

Muestra la  forma de vida de los indígenas aislados, su historia reciente, las situaciones de conquista, evangelización y explotación bajo el régimen de esclavitud a que fueron sometidos entre finales del siglo IXX y principios del siglo XX, durante el auge del caucho.

La exposición revela asimismo que las políticas estatales de protección para los pueblos en aislamiento han sido mucho más efectivas en el Brasil que en el Perú., son ilustradas vívidamente en la exposición Expulsados del Paraíso.

La exposición pretende acercar al público limeño a la realidad de estos pueblos vulnerables que poseen los mismos derechos que el resto de ciudadanos, como lo señala la ley 28736, de mayo de 2006, que además les garantiza los derechos a la vida, a la libre determinación, a la identidad, al territorio y a los recursos naturales.

Los organizadores señalan que la ausencia de voluntad política para protegerlos mediante la creación de reservas territoriales demuestra que se ha privilegiado la explotación de recursos naturales por encima de los derechos de los pueblos en aislamiento.

Sin duda, “Expulsados del Paraíso” es un esfuerzo conjunto que busca dar más luces sobre un tema desconocido para muchos ciudadanos.

La muestra se presenta con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Galería Municipal Pancho Fierro y permanecerá abierta al público hasta el 17 de abril de 2011.

 

 

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28 marzo 2011 1 28 /03 /marzo /2011 23:50

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http://www.servindi.org/img//2011/02/Aislados_Funai_31Ene2011.jpgFotos: FUNAI / Survival

Servindi, 28 de marzo, 2011.- Ante la grave problemática que afecta a los pueblos indígenas en aislamiento, el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (CIPIACI) propuso establecer un mecanismo de prevención y monitoreo regional de la situación de los derechos de esta población.

Planteó además, agilizar el otorgamiento de medidas cautelares solicitadas con fines de protección; y promover medidas concretas a nivel de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento.

Estas fueron algunas de las medidas expuestas por Jaime Corisepa, Coordinador General del CIPIACI, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública realizada el pasado viernes, en el marco del 141° periodo de sesiones de esta entidad.

http://3.bp.blogspot.com/_hZReCqoqGRA/S1dzRgxvS9I/AAAAAAAAAIE/DbZEY_Q1J7Y/s400/jaime+corisepa_presidente+fenamad.JPG

Jaime Corisepa, también preside la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD)

El líder indígena resaltó también la necesidad de efectuar acciones concretas para frenar los procesos de genocidio que están sufriendo estos pueblos a través de los contactos forzados, invasión territorial y asesinatos.

Agregó, que desde la CIDH se debe promover la aplicación de políticas transfronterizas para la protección de los pueblos en aislamiento que habitan esas zonas. E instó a los estados a que paralicen inmediatamente las acciones que afectan de forma directa o indirecta la integridad territorial de los pueblos en aislamiento.

Asimismo, recomendó elaborar un informe especial sobre la problemática y situación de los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, en el que se incluyan recomendaciones a los gobiernos para frenar las agresiones que vienen sufriendo.

“Dentro del estudio, sería importante que la comisión realice una interpretación de cómo aplicar los derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la situación específica de los que están en aislamiento”.

Corisepa manifestó que es necesario informar y sensibilizar a los estados miembros de la OEA respecto a la vulnerabilidad y los derechos humanos de estas comunidades. Y sugirió a la CIDH, entre otros aspectos, visitar los países con presencia de indígenas en aislamiento para conocer la problemática en situ.

Por su parte, la CIDH señaló que estudiará introducir un artículo específico sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la futura declaración de los derechos de los pueblos indígenas, que se encuentra en fase de redacción.

Los derechos más vulnerados

La intensa explotación de los recursos naturales de la amazonía y la consecuente deforestación, la ejecución de megaproyectos, y la concesión de los territorios generan una situación de violación sistémica de los derechos humanos de la población indígena en aislamiento.

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Mikel Berraondo

Mikel Berraondo, abogado asesor del CIPIACI, explica que los principales problemas que afectan a estas comunidades –y que se replican en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay– se refieren a la vulneración de los derechos a la vida, salud, territorios y acceso a la justicia.

“Los pueblos indígenas en aislamiento están sufriendo una situación de exterminio paulatino, que conlleva a su desaparición física y cultural. En todos los países de la región amazónica y el gran chaco paraguayo hay una violencia sistemática a estos grupos, se les hostiga y persigue para que abandonen sus tierras. Se está produciendo procesos de genocidio”.

Añade que estos pueblos también se ven amenazados por epidemias de gripe, diarrea, hepatitis y otras enfermedades a causa de contactos forzados con madereros ilegales, misioneros y otros invasores de los territorios donde viven.

“Los estados deberían garantizar los derechos territoriales de estos pueblos, aplicando el artículo 21 de la comisión y toda la jurisprudencia, pero ninguno lo hace incluso cuando existen reservas y parque delimitados. Si no se garantiza este derecho, no se puede hablar de protección y supervivencia”.

Otro problema existente es la garantía de la tutela judicial efectiva y la situación de impunidad. En ningún país se realizan investigaciones judiciales sobre agresiones cometidas contra los pueblos en aislamiento. Tampoco se da respuesta a las acciones que distintas organizaciones intentan interponer para hacer valer los derechos de esta población.

Datos importantes:
  • Ecuador es el único país que cuenta con una norma que penaliza el contacto forzado entre los pueblos en aislamiento voluntario y otras comunidades, contemplado como etnocidio (2009).
  • Con la violación sistemática de los derechos humanos de la población indígenas en aislamiento se vulneran los artículos 1, 4, 5, 8, 11, 24 y 25, entre otros, de la CIDH.
  • En Colombia, los Nukab Maku son una de las etnias que sufre la invasión de sus territorios en el marco de la violencia interna en Colombia. Hace diez años, agrupaba a más de 1200 personas y ahora son menos de 400.
  • En Brasil, las principales amenazas a las comunidades originarias en aislamiento lo representan la construcción de hidroeléctricas –como la que se localiza en el río Madeira y Xingu– y la invasión de mineros.
  • Aunque en el Perú, existen cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento reconocidas por el Estado, no hay ninguna voluntad política para implementar mecanismos de protección para salvaguardar a integridad física de estos pueblos.
  • La delimitación de estos territorios se realizó bajo el principio de respeto del derecho de la autodeterminación. Es decir, se recabó información sobre áreas de desplazamiento en centros poblados cercanos sin ingresar a sus territorios, reconociendo el desplazamiento que efectúan los indígenas para abastecerse de alimentos.

 

 

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28 marzo 2011 1 28 /03 /marzo /2011 23:46

6361d8f1556259c54354a489257262e1.mp3

http://servindi.org/img//2011/03/Cidh_mapuche.jpg“Es impresentable que el Gobierno diga que no sabe de qué casos estamos hablando.”

Por Comunicaciones Anide*

28 de marzo, 2011.- Organizaciones chilenas y latinoamericanas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche. Representante del gobierno afirmó que las denuncias “no se condicen con la realidad” y negó que exista una “política de Estado para reprimir el movimiento mapuche”.

El Relator de la Niñez de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, manifestó su preocupación por la persistencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años y que aún en Chile no exista una Ley de Protección Integral de la Niñez, según establece la Convención de los Derechos del Niño.

Este viernes 25 de marzo en Washington DC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH recibió a organizaciones chilenas y latinoamericanas de protección de derechos de la infancia y juventud en una audiencia temática sobre la situación de la niñez mapuche en Chile, en presencia de representantes del Estado chileno.

La Fundación Anide en alianza con la Red de organizaciones no gubernamentales de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), presentaron el Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, que documenta una cincuentena de casos de violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes mapuche en Chile, perpetradas por instituciones del Estado de Chile, incluida la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años.

Las organizaciones relataron casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados y pateados, golpeados con armas de fuego, torturados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus establecimientos educacionales y comunidades, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados, y el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002.

La presentación estuvo a cargo de Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE, que fueron acompañados por Georgina Villalta, Miembro de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes (REDLAMYC).

Luego de la exposición de la situación que viven muchos niños, niñas y adolescentes mapuche de comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales, el Estado chileno tuvo su turno para manifestarse respecto a estas denuncias, a través del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel González.

“Afirmaciones un poco subjetivas, extremas, y que en definitiva que no se condicen con la realidad“, desestimó el representante del Gobierno de Chile, sobre las denuncias realizadas, rechazando que la situación sea tan “catastrófica”.

González dijo que “puede haber algunos casos”, pero sólo reconoció que existen tres adolescentes mapuche, y que tendrían participación en hechos de violencia, agregando que “no hay ninguna política de Estado destinada a reprimir el movimiento mapuche”.

Para la representante de la Fundación Anide y el vocero de la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile, esta postura demostró la poca relevancia que le da el Estado chileno a las graves vulneraciones denunciadas, tratando de evitar su responsabilidad como principal garante de los derechos de las niñas y los niños en Chile, y minimizando el conflicto por los temas pendientes con el pueblo mapuche.

“Nos parece grave que el Gobierno diga que se trata sólo de cinco comunidades conflictivas que usan métodos violentos para su protesta, siendo que a la fecha existen 49 casos de comuneros mapuche que han sido imputados por Ley Antiterrorista, cinco de ellos personas menores de 18 años”, precisaron los representantes de Anide y la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile, indicado además, que hay centenares de comuneros que han sido detenidos en el marco de la protesta social mapuche por la legítima recuperación de sus tierras ancestrales.

Sobre el desconocimiento del Estado a las denuncias planteadas en la audiencia, Ana Cortez Salas declaró su asombro desde Washington, luego de la audiencia.

“Me parece impresentable que el Gobierno diga que no sabe de qué casos estamos hablando, ya que sólo hemos expuesto casos que han sido de dominio público, como el caso del niño de 14 años que fue secuestrado en un helicóptero el año 2009, amenazado con ser lanzado al vacío si no delataba a los comuneros que se habían tomado un fundo aledaño”, sostuvo la antropóloga.

“Se trata de acciones vulneratorias de derecho que han perpetrado las instituciones del Estado de Chile, tales como policías de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicios de Salud que se niegan a constatar lesiones o daños físicos y psicológicos, o las minimizan; establecimientos educacionales que se prestan para detenciones arbitrarias e ilegales, o que sencillamente se ven sobrepasados por el accionar de la fuerza pública. ¿Como es posible que el gobierno presente como argumento el desconocimiento del accionar de sus propias instituciones, las que se encuentran bajo su mando?”, agregó la coordinadora del Proyecto Pichikeche de Fundación Anide.

“Además, es un desconocimiento grave de la situación de desprotección en la que están los niños y niñas mapuche en sus comunidades frente a las instituciones del Estado”, señaló Carlos Muñoz.

Para el vocero de la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile, “Todo esto hace más urgente el establecimiento de una Ley de Protección Integral de la Niñez, generada con la participación activa los niños, niñas y sociedad civil; y de una defensoría autónoma de la niñez, que fue solicitada en esta audiencia. Además, ya que sin esta figura los niños, las niñas y sus comunidades no tienen mecanismos de protección frente a las instituciones del Estado”.

Muñoz indicó que la motivación de esta audiencia ha sido dar a conocer estas graves vulneraciones de derecho de niños y niñas mapuche, para que el Estado de Chile se haga cargo de generar las condiciones para investigar las vulneraciones denunciadas, castigar a quienes resulten responsables, reparar y prevenir futuras vulneraciones de derechos de las instituciones frente a los niños y las niñas.

Para el Relator de la Niñez de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, quien también participó en la reunión en su calidad de Relator y Comisionado, sigue siendo preocupante la situación de la niñez mapuche en Chile.

“… tiene como contexto la aplicación de una Ley Antiterrorista que fue formulada en un régimen autoritario y que sigue siendo aplicada por un gobierno democrático”, algo que “espanta a la Comisión”, observó el Relator Paulo Sérgio Pinheiro.

El representante del Estado chileno, por su parte, planteó que la Ley Antiterrorista está siendo estudiada para su modificación y que su Gobierno tiene la voluntad de no aplicarla.

“El segundo problema es la inexistencia de una Ley de Protección Integral de la Niñez, siguiendo las determinaciones de la Convención de los Derechos del Niño”, agregó el Relator de la Niñez Pinheiro, y recordó al Estado de Chile que sigue pendiente la atención de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño en sus observaciones generales de 2007 que recomendó una protección especial para niños indígenas en Chile, y el cumplimiento de principio de la no discriminación.

Junto a esto, el Relator de la Niñez de la CIDH solicitó al Estado chileno que envíe un catastro de los casos de adolescentes o que eran adolescentes cuando fueron detenidos y por qué delitos fueron procesados.


Fuente: Proyecto Pichikeche y Mapuexpress. Publicada inicialmente en:http://libertadninos.wordpress.com/2011/03/26/denuncias-de-violencia-contra-ninez-mapuche-en-chile-en-cidh-%E2%80%9Ces-impresentable-que-el-gobierno-diga-que-no-sabe-de-que-casos-estamos-hablando%E2%80%9D/

 

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