Impunidad total para la herramienta paramilitar de latifundistas, Estado colombiano y multinacionales: Antes de morir grabó a sus asesinos; pero fueron dejados en libertad por la "justicia"...

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Impunidad total para la herramienta paramilitar de latifundistas, Estado colombiano y multinacionales: 

Antes de morir grabó a paramilitares que ocupaban sus tierras: Los asesinos fueron dejados en libertad por la "justicia" pese a la evidencia fílmica

Abril 12 de 2011 

Una familia de agricultores de Palogordo, en Santander, fue despojada de sus tierras a sangre y fuego... Dos de sus miembros fueron asesinados por un grupo integrado por presuntos paramilitares desmovilizados... Lo impresionante es que el ataque quedó registrado en video...

El video fue grabado por Álvaro Sánchez, uno de los asesinados, segundos antes de caer bajo las balas... La Fiscalía no obstante, no ha ordenado capturas porque según ella, no hay suficientes pruebas.

El video fue grabado por Álvaro Sánchez, uno de los propietarios de las fincas que se apropió un supuesto grupo  de paramilitares desmovilizados. Cuando, junto con su padre y dos  de sus hermanos verificaban  como sus    parcelas  fueron quemadas el día anterior por los invasores en Palogordo,  a una hora de Girón, Santander.

Sánchez, murió  mientras grababa estas imágenes, el pasado 22 de febrero. Minutos después, fueron  abordados por unos  hombres que    les impedían  llegar a su finca. Álvaro Sánchez,  les reclama porque les están cogiendo  a la fuerza sus tierras…  Uno de los reinsertados insiste  en  que son suyas. Los pequeños finqueros se vieron rodeados en segundos.

Esa fue la última imagen  que grabo Álvaro Sánchez, su padre y uno de  sus hermanos que  logró rescatar el video,  porque la cámara quedó bajo el cuerpo de  su hermano, pudieron escapar del ataque. Ocho de lo ex paramilitares  fueron capturados, pero  fueron  puestos en libertad, a pesar  de este impresiónate video, la justicia decidió que no había suficientes pruebas.

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La salud gubernamental en territorios indígenas de gran biodiversidad, un instrumento de contrainsurgencia en la modalidad de la zanahoria y el garrote

Amilcar Castañeda | Prensa Indígena

El caso de la región Amador Hernández, Reserva de la Biósfera de Montes Azules. En la guerra contra la resistencia cultural de los pueblos indígenas y el despojo de sus territorios NADA HA CAMBIADO, solo se han afinado los procedimientos de exterminio. 

HIPÓTESIS. La salud gubernamental en territorios indígenas de gran biodiversidad, un instrumento de contrainsurgencia en la modalidad de la zanahoria y el garrote; el caso de la región y comunidad de Amador Hernández.

1. Antecedentes:

El 28 de marzo de 2007, a casi cuatro meses de haber asumido la presidencia, Felipe Calderón declara que México posee dos ventajas que no tienen otros países. La primera, dijo, es que “México posee la cuarta biodiversidad más rica y más grande del mundo”.

Semanas después, el 8 de mayo del 2007 expropia diversas áreas (polígonos) en la frontera próxima a la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Montes Azules (REBIMA), incluido el cerro Quetzal ubicado al sur del ejido Amador Hernández.

El propósito, estableció en el Decreto, constituir nuevas áreas protegidas “de preservación, restauración y aprovechamiento de su biodiversidad”. Es decir, expandir el área natural protegida de Montes Azules pero ahora para su explotación explícita.

2. La Zanahoria:

Un día después de aquella expropiación, el gobierno de Chiapas y el federal inauguran en la región Amador Hernández el programa Caravanas Aéreas de Salud, comprometiendo ocho vuelos mensuales para el traslado de los enfermos graves.

(Aquellos imposibilitados de superar las cinco horas de lodo y altibajos que distan de la vía más próxima y otras cinco más de terracería). Sobre la expropiación de territorios, a las comunidades el gobierno no les menciona ni media palabra.

3. La Rebelión:

En el mes de agosto, informadas del decreto por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de la región Amador Hernández y decenas más en las zonas vecinas, deciden iniciar un movimiento campesino en defensa de su territorio, recursos y cultura indígena logrando detener en el mes de marzo del 2008 (y hasta la fecha) la ejecución física del decreto expropiatorio.

Meses después, a petición de la región Amador Hernández, en el marco del movimiento en defensa de su territorio y en previsión de un futuro retiro de los servicios públicos de salud, el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas (el COMPITSCCH) inicia en esa zona núcleo de la REBIMA la formación de promotores y promotoras en salud comunitaria autogestiva en las áreas de herbolaria y parteras.

Un año después, del 5 al 9 de octubre, médicos y parteras del COMPITSCCH, promotores de salud comunitarios de la Selva Lacandona de las regiones Amador Hernández, Betania y Marqués de Comillas, y grupos venidos de otros estados, llevan a cabo en el ejido Betania el primer Encuentro para el Intercambio y Vinculación en la salud comunitaria autogestiva.

4. El Garrote:

Un poco antes, a principios de mayo, tras el anuncio del gobierno federal de que Chiapas era la entidad que reportaba más enfermos por el virus Influenza AH1N1, la Secretaria de Salud estatal retira, durante varias semanas, al personal médico adscrito a la región Amador Hernández bajo la excusa de tener que hacer frente en las ciudades a esa epidemia.

Abandonada a su suerte, sin medicamentos ni servicio médico, la mayor parte de la población indígena en la región ve recrudecer los efectos de una Influenza inusualmente virulenta con fiebres generalizadas entre los niños.

Y aunque no pensamos que este retiro haya sido planificado para la región (como pensamos que sí lo fue la siguiente etapa) sí demuestra el innato carácter racista y urbano del modelo de salud del Estado mexicano. El mensaje fue claro: el electorado y el consumo están en las ciudades y, ante una emergencia general, los más alejados y carentes de todo, los más vulnerables, no irán primero.

La siguiente etapa, la del retiro dosificado de todos los servicios y que apunta ya no hacia un dilema sistémico sino hacia una planificada acción represiva del Estado focalizada en la región Amador Hernández, iniciaría meses después y su punto de arranque puede establecerse a partir de un hecho tremendamente coincidente y consecuente.

Días después de haber concluido el fructífero Encuentro de Medicina Tradicional y Salud Autogestiva en el ejido Betania, el titular de la jurisdicción sanitaria no. IX (que da cobertura a la mayor parte de la Selva Lacandona) fue sustituido por un singular y añejo personaje: el médico Víctor Manuel Jara Astorga, el agente de represión más curtido para este tipo de casos y de quien nos ocuparemos en la siguiente entrega.

Cuatro meses más tarde, a partir de marzo del 2010, la jurisdicción sanitaria no. IX iniciará el abandono de la región Amador Hernández con el retiro de los médicos adscritos. Coincidente en el tiempo con ese hecho se dan otros dos, relacionados con el territorio.

Uno, la región resuelve no participar en el programa estatal de Reconversión Productiva que le llegó a proponer el gobierno del Estado y, otro, al sur de la REBIMA la Secretaria de la Reforma Agraria inicia los trabajos de brecheo de la Comunidad Zona Lacandona.

Para satisfacer la condición de certeza jurídica sobre el territorio exigida por los inversionistas del proyecto REDD+ (impulsado por el gobierno estatal y federal en preparación de su oferta forestal a presentar en Cancún en la COP 16 ).

En abril, sin mediar aviso ni explicación, la jurisdicción sanitaria no. IX suspende el abasto de medicamentos, cancela los traslados aéreos comprometidos para los casos urgentes (ocho mensuales) y previene al personal médico adscrito a las tres clínicas de la región (en los ejidos El Guanal, Amador Hernández y en la comunidad Benito Juárez Miramar) de no volver a la zona.

Ante la falta de material médico y medicinas, a partir del mes de mayo las comunidades de la región se organizan para adquirirlos. En algunos casos y comunidades, los preparados fitomedicinales suplen la carencia de antibióticos y analgésicos alópatas pero para entonces la demanda excedía, por mucho, la incipiente capacidad de producción autogestiva.

Un factor sanitario doble atribuible a las políticas de salud del Estado generó, estimamos, este disparo en la morbilidad. La histórica medicalización indiscriminada y la falta de acciones de promoción y educación para la salud. A finales de abril, los resultados arrojados por un laboratorio solidario que viajó a la zona para determinar la naturaleza de las enfermedades más extendidas confirmaron esa hipótesis:

La mayoría de la población padecía infecciones gastrointestinales derivadas de condiciones de vida insalubres, contagios por descuido en el manejo de las enfermedades y las bacterias reportadas en los cultivos presentaban resistencia a los antibióticos aprovisionados históricamente por la jurisdicción sanitaria.

Los escasos preparados herbolarios consiguieron, sin embargo, combatir a las cepas que habían desarrollado resistencia a los medicamentos alópatas del servicio público de salud. La alevosía que confirma el mensaje. A mediados de mayo (2009) el gobierno realiza una excepción en la suspensión de los traslados aéreos.

Tras reconfirmar (telefónicamente) que la petición de un traslado en la comunidad Amador Hernández era para su moribundo operador regional (que había intentado suicidarse) y no para ningún otro habitante en situación de gravedad, la jurisdicción sanitaria solicita a Tuxtla Gutiérrez el envío urgente de un helicóptero al ejido.

El aparato arribó al lugar apenas media hora después de la llamada y de inmediato trasladó al paciente al hospital de Altas Especialidades de la capital del Estado donde finalmente, tras ser atendido con especiales cuidados (según él mismo después lo comentó), se restableció. Pero para el resto de los pobladores, impulsores de su salud propia y en resistencia a la enajenación de su territorio, la anulación dosificada de su derecho a la vida en castigo a su rebeldía.

Para el mes de junio la población de la región empezó a resentir fatalmente los efectos del retiro súbito del servicio de salud, especialmente el de los traslados aéreos para los casos de urgencia. En el caso de un viaje especial, como lo son todos los de urgencia, su costo asciende a más de tres mil pesos que los campesinos no pueden reunir con rapidez.

En varias ocasiones el retraso en el acopio del dinero concluyó en traslados inútiles al morir los enfermos horas o días después de su salida. En algunas otras, morían en su propia comunidad ante la incapacidad de sus familiares en reunir los recursos necesarios para su pronto traslado y por la carencia de médicos y medicinas.

El lunes 5 de julio, un día después de los comicios estatales, la jurisdicción sanitaria no. IX restablece el servicio médico, pero solo por un par de semanas y sin hacerlo con el de abastecimiento de medicamentos ni con los traslados aéreos. Las comunidades advirtieron que esta reanudación era una acción de maquillaje pues fue parcial, llegaba un día después de las elecciones y la presencia de los médicos duró apenas dos semanas.

Pero como la cantidad de enfermos continuaba siendo alta, a mediados de agosto una brigada de médicos solidarios viajó a la zona. En dramática consecuencia, las filas para consultas vinieron triplicadas respecto a las formadas en la misma fecha del año anterior.

El número de enfermos que acudieron a consulta en solo cuatro ejidos de la región superó a las 350 personas en la población adulta, mujeres en su gran mayoría, y en más de 200 en la población menor de 12 años, quedando por consultar al menos otras cien más que, humanamente, ya fue imposible atender.

Por alguna sospechosa coincidencia, días antes del ingreso de esa brigada médica solidaria y después de cuatro meses de desabasto, la jurisdicción sanitaria aprovisionó con algunos medicamentos a las tres clínicas de la región, aunque la tercera parte fueron lotes de antibióticos ya caducos.

Días después hizo ingresar médicos que, tras el retiro de la brigada médica civil, iniciaron talleres sobre los mismos temas (urgencias y promoción de la salud) que aquellos habían impartido. Sin promotores a quiénes enseñar pues la mayoría desconfiaba de su verdadero propósito además de haber recibido ya el mismo curso, los médicos abandonaron la zona una semana después.

En el mes de noviembre la jurisdicción repetiría la táctica. Una semana antes de que ingresara de nuevo la misma brigada médica solidaria, de manera coincidente lo hicieron también los médicos de la jurisdicción sanitaria, abasteciendo con medicamentos en los mismos términos que lo hicieron en agosto: de manera insuficiente (respecto de sus propios suministros históricos para la región) y buena parte ya caducos.

Las filas de pacientes para consulta esta vez disminuyeron pero no por la atención oficial sino por el trabajo de promoción de la salud y una combinación más o menos seleccionada de medicamentos alópatas donados y de remedios naturales elaborados ya de manera sistemática por los propios promotores de la región a partir del inmenso acervo biológico de sus territorios.

El suministro de vacunas para niños y bebés y de medicamentos para hipertensos y diabéticos, insulina incluida, a pesar de los riesgos de muerte que su carencia conlleva, se interrumpió en agosto del 2010, es decir, hace casi ocho meses. 

La ausencia de insulina generó, por ejemplo, crisis hiperglucémicas que fueron atendidas con diluciones intravenosas (aportadas por las brigadas médicas solidarias) aunque posteriormente hubo que adquirirla en farmacias porque la jurisdicción sanitaria se negó a suministrarla en su propia sede urbana. A partir de este año, quien la necesite, solo si viaja hasta Ocosingo por ella se le entrega.

Los infantes, carentes de vacunas, han enfermado por cientos y decenas de ellos han tenido que ser trasladados de emergencia a centros hospitalarios, como el hospital San Carlos en el municipio vecino de Altamirano. Las fiebres no ceden y mantienen elevados picos febriles durante semanas; varios presentan cuadros de  asfixia y  azulamiento en los dedos de las manos, y otros más cursan una persistente tos seca típica de la tosferina.

Los hay también que se convulsionan por dificultades respiratorias, produciéndose a veces desmayos, pero en estos casos, al parecer, la causa estaría en un mar de parásitos que colman las vías altas.

5. Las respuestas y los Responsables:

El silencio en respuesta a las peticiones campesinas (un rasgo histórico del poder cuando el pueblo le plantea un reclamo legítimo cumpliendo los procedimientos constitucionales de petición). A poco de haber iniciado el abandono administrado de los servicios y hasta hace todavía algunos meses, la región Amador Hernández y las comunidades que la integran estuvieron requiriendo formalmente al titular de la Jurisdicción Sanitaria no.

IX para que los reanudara o explicara el motivo de su retiro. Es la fecha, a casi un año de estar peticionando el retorno de los servicios suspendidos, que ni la región ni las comunidades obtienen respuesta como no sean más hormonas para planificación familiar.

Quiénes concibieron, quiénes autorizaron, quiénes toleraron y quiénes encubrieron la estratregia de enfermar dosificadamente a la población. NO es creíble que el jefe de la jurisdicción sanitaria No. IX, un viejo hombre del aparato, haya y esté actuando por cuenta propia en la comisión de tantos y tales crímenes, sin conocimiento y mando de sus superiores: el Secretario de Salud y el de Gobierno del Estado y el propio gobernador de Chiapas.

Y, vista la implicación de los servicios federales en la región a partir del 2007, también del Secretario de Salud Federal. Cuatro hechos apuntan hacia ahí:

1º La Secretaría de Salud local no posee helicópteros, así que el despacho de un aparato en mayo pasado hacia la región desde los hangares de la capital del Estado no es una decisión que pueda tomarse desde Ocosingo ni pasar por alto por el Secretario de Salud estatal;

2º El lunes 21 de junio del 2010, el periodista Juan Sánchez reportó en el diario Cuarto Poder: “A pesar de que el Gobierno del Estado asegura darle importancia a los programas de salud de las comunidades rurales, el jefe de la Jurisdicción (IX), Víctor Manuel Jara Astorga, ‘por instrucciones del secretario de Salud, James Gómez Montes’, ha cancelado los servicios médicos en una de las regiones.” La región es la región Amador Hernández;

3º El nombramiento de un viejo represor como nuevo jefe de la jurisdicción sanitaria No. IX que, además, se da precisamente días después de haber concluido el Encuentro de Salud Autogestiva Comunitaria en el ejido Betania; y,

4º La acción instrumentada reúne todas las características de un delito de lesa humanidad, pues se habría basado en un plan para violar de manera sistemática y grave un bien universal (el derecho a la vida) sobre un grupo social determinado, en razón de sus legítimas creencias.

Y difícilmente podía ser llevada a cabo y  sostenida tanto tiempo por un solo individuo sin conocimiento de sus superiores, sin que este considerara las consecuencias punitivas de estar actuando solo (menos tratándose de un experimentado represor institucional), y en el territorio más sensible y relevante internacionalmente para el régimen. 

6. La solidaridad Médica:

Por cientos se estarían hoy contando los enfermos graves y por decenas los muertos de no ser por la oportuna reacción organizada de las comunidades, el apoyo y  presencia solidaria de médicos de la sociedad civil y la gestión fraterna de los médicos y parteras tradicionales del COMPITSCCH.

El valeroso actuar de grupos y personas de la sociedad civil en defensa de la vida de un pueblo que se resiste a rendir su memoria colectiva, ha evitado, hasta ahora, que en la región Amador Hernández, zona núcleo de la REBIMA y bastión histórico de la resistencia, se actualice un horizonte planificado en sus daños y propósito.

Un modelo de Acteal sanitario dosificado en sus bajas que a mediano plazo obligara a la población diezmada a pedir clemencia, a renunciar a su libre autodeterminación y a ceder el control de sus territorios a los planes trasnacionales del gobierno.

Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas. comunicacion.compitch@gmail.com

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 4 de abril del 2011•

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Masiva movilización de las poblaciones negras e indígenas contra la represión y el despojo

Miles de miembros de los pueblos negros e indígenas de Honduras se movilizaron hoy (1 de abril) hacia la capital, para conmemorar los 214 años de la llegada del pueblo garífuna al país, y manifestar su firme rechazo a la represión desatada en las últimas semanas por el régimen de Porfirio Lobo y a la inauguración del Mes de la Herencia Africana, en el marco del Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes.

Afortunadamente, el día de hoy no nos tocó respirar los gases mortales tirados por la Policía, ni ser blanco del chorro de líquido urticante de los camiones antimotines o de los disparos a matar que, en los días pasados, dejaron un saldo de 13 heridos y un fallecido en el Bajo Aguán.

Lo que sí respiramos fue el humo del Saumerio, el incienso utilizado por los garífunas para purificar y alejar la maldad, que fue esparcido a lo largo de todo el recorrido de la gran movilización negra, indígena y popular.

"Hoy no hay nada que celebrar. Llegamos aquí para denunciar que estamos siendo despojados de nuestro territorio y viviendo una segunda expulsión de nuestras tierras -dijo a Sirel la presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda-.

No queremos ciudades modelos, ni represas o megaproyectos en nuestro territorio. Exigimos que se nos consulte, que se nos escuche, que cese la represión y las violaciones a los derechos humanos", dijo Miranda.

El pasado 28 de marzo, la presidenta de OFRANEH fue golpeada, herida, capturada y detenida por la Policía durante una movilización del pueblo garífuna.

Trataron de acusarla de sedición, pero la fuerte movilización nacional e internacional obligó a los represores dejarla en libertad.

"Miriam Miranda está presente. El pueblo garífuna está presente. No nos van a doblegar, vamos a seguir resistiendo. El pueblo garífuna tiene más de 214 años resistiendo, con nuestra cultura, con nuestra fuerza. No nos van a detener", concluyó.

Según el directivo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Salvador Zúniga, la lucha de resistencia contra el golpe de Estado ha tenido un gran aporte de los pueblos negros y originarios.

"Nuestro objetivo es refundar el país y que en la nueva Constitución se reconozca la pluriculturalidad, el multilingüismo y nuestros derechos territoriales.

Al régimen -continuó Zúniga- no le interesa darnos repuestas reales, ni espacios de participación, sino reprimirnos para detener ese gran movimiento popular que ha surgido en Honduras. De esa manera, está mostrando su enorme debilidad, porque un Estado fallido sólo puede mantenerse con las armas", sentenció el directivo del COPINH.

Finalmente, Zúniga hizo un llamado a la comunidad internacional para que no se reinserte a Honduras en el seno de la OEA.

"Hay una sistemática violación a los derechos humanos y hay cientos de exiliadas y exiliados, que no pueden regresar al país por temor a ser asesinados. Vamos a mantener una lucha permanente y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no se cometa ese error, porque se desataría más represión contra el pueblo en resistencia", concluyó.

Del 18 al 21 de agosto de 2011, Honduras será sede de la Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Desde ya, los pueblos negros e indígenas de Honduras han expresado su rechazo a que se celebre esta actividad en el país, ya que sería un reconocimiento implícito al régimen hondureño.

Notas:

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Foto: Alejandra Bartoliche. La comunidad Paichil Antriao sufrió en 2009 un desalojo y la destrucción de sus viviendas.

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.

Por Darío Aranda*

Página 12.- “Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional.

La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.

En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (OPDHI) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (…) de manera tal que se preserve el lugar”.

La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).

“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.

Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.

El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.

Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.

En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.

El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.

El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

Jueces empresariales

La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam (“Volver al pensamiento originario”, en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por “usurpación” y “daños y perjuicios”. Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.

“Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra.” Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: “La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello”.

* Darío Aranda es periodista. Investigador graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet.

También es Colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion””Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras.

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Fuente: diario Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-166095-2011-04-12.html

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(1) Asombro causa la existencia de los otros peruanos, de los que han decidido vivir en total aislamiento. Las fotos se exhiben a un costado de la Municipalidad de Lima. (2) Richard Cheese Smith. dedicado 40 años al estudio de los pueblos amazónicos.

Por Denis Merino

La Primera, 12 de abril, 2011.- Una exposición fotográfica demuestra en estos días en Lima, en forma contundente, la existencia de los no contactados, puesta en duda por el presidente Alan García. 

Para demostrar la presencia de comunidades indígenas de la selva que viven en total aislamiento, lo que contradice las palabras del presidente García quien aseguró que no existen, el Instituto del Bien Común (IBC) presenta en el pasaje Santa Rosa del centro limeño, hasta el 17 de abril, la exposición “Expulsados del Paraíso. Indígenas en aislamiento en la frontera Brasil-Perú”.

A la mayoría de los limeños que transitan por esta céntrica arteria les resulta una sorpresa comprobar que los peruanos no solo somos los citadinos o los andinos sino que hay otros, muy diferentes e ignorados, pero que también pertenecen a este país de “todas las sangres”.

Aparte de las fotos colocadas en grandes paneles y que fueron tomadas desde el aire en las proximidades de la frontera Perú-Brasil, los asistentes pueden informarse sobre la situación de estas comunidades y de los que decidieron salir de su aislamiento. En ambos casos, lamentablemente, siguen en proceso de extinción por el avance incontenible de actividades extractivas en los territorios que habitan desde hace milenios.

“Nuestra intención es que la gente tome conciencia que existe otra clase de peruanos que por voluntad propia han optado por vivir en total aislamiento, lo que tenemos que respetar. Sería bueno que el presidente García camine un poquito, mire las fotos y lea los testimonios”, expresa Richard Cheese Smith director del IBC.

El especialista, quien es antropólogo, etnohistoriador y lingüista, y que llegó al Perú hace mas de 40 años dedicándose al estudio de los pueblos selváticos, considera de suma importancia que se conozca su problemática, principalmente su extrema vulnerabilidad y la urgente necesidad de protegerlos de las actividades de agricultores, madereros, mineros, petroleros y narcotraficantes.

Según grupos de trabajo del IBC y de otras instituciones, en territorio peruano hay 15 Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (Piav) que viven en grupos que cada uno tiene entre 20 y 30 integrantes y que hacen un aproximado de cinco mil a 10 mil personas, los que se encuentran en las regiones de Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Ucayali, Huánuco y Loreto.

El IBC tiene 145 testimonios grabados de avistamientos de no contactados, testimonios de gente que los ha visto de lejos cazando en el monte o bien huellas que dejan a su paso. Los indígenas de la selva los llaman Camanos, palabra que significa calatos.

En el lado brasileño hay cerca de 100 de estos grupos los que sí cuentan con el apoyo estatal, aunque según Cheese Smith se hace cada vez más urgente la acción concertada de los gobiernos de Brasil y Perú, con la participación del Gobierno del Estado de Acre, a través de políticas que aseguren la sobrevivencia de los pueblos aislados y la integridad de sus territorios, favoreciendo el uso sostenible y la conservación de la inmensa biodiversidad de esa región fronteriza.

Precisamente para proteger a estos peruanos, en mayo del 2006 se dio la ley 28736 que garantiza a los indígenas en aislamiento los derechos a la vida, a la libre determinación, a la identidad, al territorio y a los recursos naturales, pero contradictoriamente se precisa que en caso de resultar de necesidad pública para el Estado, se privilegia la explotación de recursos naturales por encima de los derechos de los pueblos en aislamiento. “Es lo que ocurre actualmente, de esa forma se les acorrala y extingue” explica María Rosa Montes del IBC.

Explica la comunicadora que existe una superposición de lotes de petróleo, gas y minería sobre reservas territoriales y territorios titulados y reinvindicados de comunidades nativas, los que fueron entregados sin una consulta previa a sus organizaciones, obligatoria según lo establecido por el Convenio 169 del Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Cheese Smith recuerda el caso, en 1912, de Ishi, el último indígena norteamericano no contactado. “Al morir su familia y no quedar otros de su comunidad no le quedó más que entregarse a un ranchero quien lo llevó a la Universidad de California donde lo protegieron y estudiaron. Y es que todos estos pueblos tienen su propia cultura, historia, ritos. Por ejemplo de los Cacataibos en la Amazonia se han encontrado árboles marcados con diferentes motivos, utensilios de madera, fibras vegetales y otros”.

Actualmente hay cinco reservas establecidas para los no contactados que se encuentran bajo el cuidado del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, amazónicos y afroperuano (Indepa) que, según el estudioso, no asume su responsabilidad con seriedad.

“Hay además solicitudes para el establecimiento de cinco reservas más, tres pedidas por la Asociación Interétnica de desarrollo de la selva peruana (Aidesep) en Loreto y dos solicitadas por la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo en Huánuco y Ucayali. Hace años que esperan respuesta pero hasta ahora nada, al cabo de una década continúan pendientes de aprobación, como las Reservas Kakataibo”.

“Los indígenas en aislamiento son un grupo humano muy vulnerable a enfermedades comunes como la gripe y por ello el contacto con foráneos puede causar epidemias mortales que acaben rápidamente con su población, aparte que con las experiencias de la época del caucho, cuando los esclavizaron, lo que diezmó a miles de indígenas, prefieren vivir aislados”.

Para los indigenas antes de la llegada del “hombre blanco”, un gran número de pueblos pertenecientes a distintos grupos linguísticos, como Pano, Arawak y Arawá, habitaban las cabeceras de los ríos Acre, Iaco, Chandless, Purús, Envira y Jurúa. Las aldeas y las viviendas comunales eran construidas en tierra firme, en las cabeceras de arroyos, lejos del curso de los ríos mayores. La agricultura en tierra era combinada con la caza y la recolección de productos del bosque, actividades realizadas en grandes extensiones territoriales.

La fertilidad de las tierras permitía a los pueblos aislados realizar una agricultura diversificada, principalmente de yuca, plátano, maíz y camote. Además de papaya, achiote, algodón y otras especies domesticadas y mejoradas por el cultivo selectivo. Las legumbres, la pesca y los recursos del bosque proporcionaban a estos pueblos condiciones óptimas para mantener una densidad poblacional relativamente alta. Durante los meses más secos, descendían hasta las márgenes de los grandes ríos para recolectar huevos de taricaya y cazar caimanes, pero todo eso terminó para ellos y empezó su extinción.

Entre los no contactados se ha identificado entre otros al pueblo itinerante de Mashco, que habitan una extensa área del territorio fronterizo peruano, en el Parque Nacional Alto Purús y en la Reserva Territorial Mashco-Piro.

“Su territorio tradicional ha sido reducido a causa de la expansión de la extracción ilegal de madera, Esto ha provocado migraciones cada vez más frecuentes hacia territorios de indígenas del Estado brasileño de Acre. Pertenecen a la familia lingüística Arawak, que habita las cabeceras de los ríos Madre de Dios, Las Piedras, Tahuamanu, Iaco, Chandless, Purús, Envira y Yurúa en el territorio peruano. Son un grupo de cazadores y recolectores que no permanecen mucho tiempo en su solo lugar. En la época de verano, cuando los ríos están secos, descienden en búsqueda de caza, llegando hasta territorio brasileño. Evitan el contacto y huyen a LA PRIMERA señal de la presencia de los blancos u otros indios. Cuando son amenazados, reaccionan violentamente”.

Los Yaminahua es otro de los pueblos que llegó a tener una población de millares que fueron reducidos a menos de 300 personas. Un grupo trabajó muchos años para caucheros peruanos hasta que, cansados de ser explotados, se mudaron al río Laco, en territorio brasileño, para trabajar con los patrones del siringal Petrópolis. Un reducido número no se entregó, y vive hasta el día de hoy aislado entre las cabeceras de los río Purús y Jurúa, ocupando parte de su antiguo territorio, entre Perú y Brasil.

“Para sobrevivir en el bosque los no contactados usan tecnologías limpias perfectamente adaptadas a la realidad del bosque tropical húmedo. Utilizan fuego frotando rápidamente una varilla de madera dura contra una más suave,una vez que consiguen encenderlo y que no se apague porque el proceso de prender fuego toma tiempo y es trabajoso, tambien con instrumentos cortantes como hachas de piedra o pedazos de madera dura provenientes de dientes de animales como ronsoco, paca, coatí, huangana, sajino y pacarana, con los que quiebran arbustos y talan la vegetación, fabrican arcos y flechas, tejidos, cerámica, y cocinan alimentos”, explica Cheese Smith..

Ademas producen arte a través de la confección de collares, tiaras, tocados y pintura corporal. En algunos grupos, las mujeres hilan y tejen el algodón, confeccionando redes, cintos y tiaras. En otros, hacen faldas, redes y cuerdas usando la fibra vegetal chambira.

“Para construir viviendas y casas comunales, llamadas malocas, cortan la madera con fuego. Usan hachas de piedra para quitar la corteza de los árboles y permitir que la madera se seque. Obtienen paja de los pajares y utilizan lianas para amarrar las vigas y accesorios. El techo de las vivendas es de paja, y ésta llega hasta el piso. En las construcciones destinadas al servicio, como la cocina, la paja no llega hasta el piso. Las malocas son siempre construidas en terrenos altos y arenosos, evitando la formación de barro en tiempo de lluvias.”

Las mujeres cuidan a los niños y hacen funcionar la maloca: realizan tareas domésticas como cocinar, hilar, hacer cerámica, tejer abanicos, bolsos y cestos. También consiguen leña y la cargan. La conservación de la vivienda, limpieza de claros y el transporte de alimentos son también su responsabilidad.

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Fuente: Diario La Primera: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/los-indigenas-que-garcia-niega_83580.html

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