La sentencia reconoce los derechos de tierras de todas las comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice.

Las comunidades maya del sur de Belice obtuvieron una nueva victoria en el Tribunal Supremo de Justicia con la sentencia del Juez Abdulai Conteh emitida el lunes 28 de junio de 2010. La sentencia reconoce los derechos de tierras de todas las comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice.

La nueva sentencia es la tercera victoria jurídica maya en Belice. La primera fue el informe de fondo de la Comisión Interamericana, en 2004 que avanzó en el establecimiento de un estándar respecto a los derechos de propiedad sobre tierras y recursos indígenas, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.

La segunda victoria maya ocurrió en 2007, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Belice acogió la demanda de 2 comunidades mayas que reclamaban sus derechos de tierras, tras el incumplimiento del Gobierno de las recomendaciones de la CIDH. Dicha sentencia fue la primera ocasión en que un tribunal aplicó la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Aquella sentencia de 2007, pese a ser favorable a los mayas, sin embargo, fue interpretada estrechamente por el Gobierno de Belice, el que consideró que sólo era aplicable a las 2 comunidades demandantes, excluyendo a las restantes.

La nueva sentencia de 2010, viene a completar el cuadro y acoge la demanda planteada por el conjunto de comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belicerepresentadas por sus dirigentes la Asociación de Alcaldes Mayas y la Alianza de Líderes Mayas.

  Ambas sentencias, de 2007 y 2010, reconocen los derechos de propiedad de las comunidades mayas sobre las tierras que han ocupado, basados en el derecho consuetudinario maya. Y ambas sentencias ordenan al gobierno demarcar y titular las tierras acuerdo a la costumbre y prácticas mayas, y que el estado debe abstenerse de realizar por sí o tolerar de terceros actos que afecten esa propiedad.

Lo que estaba en juego son los derechos sobre más de 500.000 hectáreas de tierras ancestrales mayas, y los intereses en concesiones petroleras, forestales e hidroeléctricas que el Gobierno habia otorgado, sIn consulta ni consentimiento.

La sentencia del 28 de junio de 2010 obliga al Gobierno de Belice a poner freno a cualquier arrendamiento, donación, concesión y contratos que afecten los derechos de las tierras mayas en el Distrito de Toledo.

Concesiones sin consulta ni consentimiento

No solo derechos de tierras explican aquella interpretación estrecha. Las tierras mayas en Belice, son ricas en recursos forestales, aguas y petroleo. En los últimos años el Gobierno de Belice ha otorgado concesiones de explotación de petróleo y construcción de represas, y ha arrendado tierras mayas que consideraba “fiscales”.

Por ejemplo, el Gobierno otorgó concesiones petroleras a la empresa norteamericana Capital Energy, por una superficie que se superpone casi en su totalidad al territorio maya en cuestión. Asimismo en diciembre de 2008 el Gobierno de Belice habia otorgado una concesión para el megaproyecto hidroeléctico de Belize Hydroelectric Development & Management Company , el cual ha sido rechazado por las comunidades mayas.

Tras conocer la sentencia, abogada Antoinette Moore , una de las abogadas que representó a los mayas afirmó: "Yo exhortaría al gobierno a volver atrás y re-examinar si esas concesiones existentes fueron realizadas bajo los parámetros que el Presidente del Tribunal Supremo establece en su sentencia, y estoy bastante segura de que no es así, esto es, que se hizo sin consulta y sin el consentimiento de los titulares de tierras, que son el pueblo maya".

La posesión tradicional.

El caso maya de Belice reviste interés para todos los pueblos indígenas pues se reafirma el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las tierras indígenas fundados en el derecho consuetudinario. La sentencia descartó los argumentos del estado, que alegó que las comunidades mayas no eran originarias del lugar sino antiguos migrantes desde la actual Guatemala. Como es sabido, similares argumentos han sido esgrimidos, por ejemplo, en Argentina, para desconocer derechos territoriales mapuche, a cuento de los procesos de expansión y movilidad territorial mapuche que remontan a los siglos XV y anteriores.

De acuerdo a la sentencia del Presidente del Tribunal Supremo de Belice, tanto Belice como Guatemala son estados postcoloniales y es un hecho históricamente probado el asentamiento maya en toda la región de mesoamérica.

Al formular su decisión, el Juez Conteh dio peso a las pruebas presentadas por los peritos de la parte s mayas, que probaron con documentación etnohistórica, y cartografias realizadas por las comunidades, la existencia de una tenencia consuetudinaria de la tierras.

Un llamado a la reconciliación

La sentencia establece, además, que el Gobierno de Belice tiene la obligación de adoptar medidas positivas para identificar y proteger los derechos de los mayas, y exhorta al Gobierno a trabajar junto con los mayas para desarrollar medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para identificar y proteger las tierras mayas tradicionales, de conformidad con las prácticas tradicionales.

El Juez estableció que en el período de tiempo que el Gobierno y los mayas estén trabajando para resolver el sistema de identificación y protección de los derechos a la tierra, el Gobierno deberá cesar y abstenerse de todo acto que pueda conducir agentes del Gobierno o terceros para ofender a la existencia, valor, uso y disfrute de las tierras ocupadas y utilizadas por Maya en sus pueblos, sin su consentimiento informado.

"Es de interés de todos los beliceños que el proceso de reconciliación comience", concluye el Juez Conteh, Presidente del Tribunal Supremo. 

Inmediatamente después de la decisión del Tribunal Supremo los representantes de las comunidades desplegaron sus celebraciones. “Hoy celebramos lo que los mayas hemos sabido desde siempre: las tierras son nuestras”, afirma el comunicado las organizaciones indígenas Maya Leaders Alliance y Toledo Alcaldes Association, e instan al gobierno a reconsiderar su postura contradictoria hacia los derechos de la tierra maya, y a sentarse junto a los mayas para desarrollar un proceso claro y eficiente por el cual la propiedad tradicional de la tierra en el sur de Belice puede ser demarcadas.

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Con esta actitud, el gobierno daña gravemente al movimiento indígena, pero, a la postre, se daña más a sí mismo y al proceso revolucionario al que se debe. Alejandro Almaraz | Bolpress

En el propósito de deslegitimar la marcha indígena de CIDOB, los personeros de gobierno han afirmado que sus demandas serían contrarias a la CPE. Siendo esto muy dudoso y discutible, es en cambio claro e incontrovertible que es el propio gobierno quién está incurriendo en la flagrante violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esto se revela, por lo menos, en los dos casos siguientes.

El parágrafo VII del art. 146 de la CPE dispone que se establecerán circunscrpciones especiales indígenas “ …en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional.”. Esta es exactamente la situación del pueblo guaraní en el departamento de Chuquisaca, con la particularidad de ser el más damnificado por la dominación colonial que le impuso, hasta hace muy poco, la esclavitud y el cautiverio, lo que hace especialmente necesario su reconocimiento y respaldo por el Estado Plurinacional.

Sin embargo, la Ley del Régimen Electoral proyectada por el gobierno y aprobada precipitadamente por la Asamblea Legislativa no ha establecido la respectiva circunscripción
indígena constitucionalmente necesaria, limitándose a mantener solamente las circunscripciones indígenas ya existentes en número de 7, insuficiente y mezquino para canalizar la representación política directa de una treintena de pueblos en la condición de minoría étnica constitucionalmente aludida.

Asimismo, el art.. 292 de la CPE dispone que “Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la constitución y la Ley, y no existe otra disposición constitucional, en relación a esta forma de autonomía, que permita dar a la aprobación de estos estatutos, un procedimiento distinto al previsto para su elaboración.

Sin embargo, en la propuesta de Ley Marco de Autonomías del gobierno, se pretende que los Estatutos de las Autonomías Indígenas se aprueben por referendo, siendo este una práctica ajena y extraña a esas “normas y procedimientos propios” que la CPE reconoce como único medio para elaborar tales Estatutos. El argumento de velar por la participación de los pocos no indígenas radicados en estas autonomías, se basa en el prejuicioso equívoco de creer que en los actos de la democracia comunitaria no tienen cabida los no indígenas.

Para peor, ante la obvia y razonable reacción movilizada de los afectados, los voceros gubernamentales responden con la calumnia descalificadora de acusar a las organizaciones indígenas de estar digitadas y financiadas por USAID. Como si el movimiento indígena hoy movilizado no fuera el mismo que, a lo largo de 20 años y con el mismo método de movilización pacífica hoy empleado, logró conquistas de fundamental importancia precursora para la constitución del Estado Plurinacional y la apertura del actual proceso de transformaciones, sin injerencia ni financiamiento alguno del comunismo internacional, como era por entonces la calumnia de los gobiernos neoliberales.

Y como si la violación de los derechos constitucionales indígenas en las propias leyes del Estado Plurinacional, entre otros problemas que involucran al gobierno, no fuera una agresión suficientemente grave como para motivar su legítima y razonable movilización sin que gobierno extranjero alguno tenga que promoverla ni financiarla.

Peor aún, a la agresión y a la calumnia se añade el ridículo vergonzoso de presentar solemnemente ante la opinión pública, como prueba concluyente de la digitación ejercida por USAID sobre la marcha indígena, un libro editado con financiamiento de esa entidad. Probablemente pueda hacerse una pequeña biblioteca con los libros que ha publicado el gobierno con el mismo financiamiento y eso no lo convierte en un gobierno títere de los EEUU.

Con esta actitud, el gobierno daña gravemente al movimiento indígena, pero, a la postre, se daña más a sí mismo y al proceso revolucionario al que se debe. Alineada a otros actos con el mismo desafortunado sentido de prepotencia y exclusión, como el encaramiento represivo del conflicto en Caranavi o la ruptura unilateral con el MSM, esta actitud pareciera dar cuenta de una extraña y autodestructiva estrategia de desagregación social y política. En mi estupor todavía incrédulo me pregunto por qué.

* Ex viceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales.

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LA CULTURA DE IMPUNIDAD:

En 1492 comenzó la agonía de esté Continente. El Genocidio más grande de la humanidad tiene 517 años y sigue todavía. Se calcula que la cantidad de indígenas en todo el continente que murieron a causa de la conquista y colonización europea en América es igual a la de 8 holocaustos judíos. También comenzó el mayor saqueo de la historia. Se calcula que se podría construir un puente de América a Europa con la cantidad de oro y plata que robaron. A pesar de todo esto Europa no ha hecho ninguna reparación económica ni moral a nuestro Continente. Los charrúas no quedaron a salvo de está situación. En muchas crónicas se los considera como perros salvajes o seres casi humanos. Durante 300 años charrúas, guenoa-minuanes, bohanes y yaros se enfrascaron en guerras sangrientas en defensa de su territorio. Es obvio que tanto españoles como portugueses no les importaba matar indígenas pero la práctica de la impunidad de nuestra propia sociedad comienza con Salsipuedes. Uno de los hechos que agravia más Salsipuedes es que no lo cometieron los europeos sino los criollos. Sus propios compatriotas cometieron una de las peores atrocidades. Salsipuedes no tuvo justicia. Muy pocas personas levantaron la bandera humanitaria en defensa de los charrúas. Los opositores de Rivera (los lavallejistas) preferían acusarlo de corrupción y otras irregularidades que por los crímenes cometidos en el Salsipuedes. Esté echo le dio total impunidad a Rivera y genero toda una psicología. Está psicología les decía a los militares que podían cometer atrocidades que no iban a ser condenados. Es el primer hecho de Despotismo Militar en nuestro país. Otra cosa no menor que paso en 1831 y que se volvería a repetir en la historia es la sincronización e unión de tropas militares de Uruguay, Argentina y Brasil para reprimir a un pueblo. En Salsipuedes no solo participaron las fuerzas de Rivera sino también los hombres del Caudillo Unitario de Argentina Lavalle y bandeirantes de Brasil. Salsipuedes quedo en total impunidad. Algunos dicen que las mujeres sobrevivientes de la matanza maldijeron a todo los jefes militares de dicha operación ya que todos murieron de forma sangrienta y cruenta. Pero el hecho es que desde la justicia civil no se hizo nada. Esta psicología de impunidad y despotismo provoco que en 1838 cuando  los intereses de Rivera fueron afectados esté dio el Primer Golpe de Estado en la historia del País. El presidente derrocado fue Manuel Oribe y está echo provoco el comienzo de la Guerra Grande. Esté fue el conflicto bélico más largo, cruento y sangriento de la historia de nuestro país. Tanto colorados como blancos cometieron las peores atrocidades jamás cometidas. Las masacres eran cosa común por esos tiempos. En 1851 se firmo la paz y se dijo la frase “Ni Vencidos Ni Vencedores”. Pero la realidad es que los colorados con ayuda de Brasil, Inglaterra y Francia vencieron a los blancos. Está guerra también quedo impune. Nadie fue enjuiciado por los crímenes de guerra que cometió. Y después de esté conflicto se instalo un odio profundo entre los orientales. La violación a los derechos humanos se vuelve a repetir en la Masacre de Quinteros. Allí se fusilan a más de 200 hombres desarmados que se habían rendido. Esté hecho queda impune como los anteriores. En 1864 el General Venancio Flores se alza en armas y con ayuda del ejército de Brasil y algunas tropas argentinas tratan de derrocar al presidente Berro. Como sabemos en esté conflicto sucedió la Heroica Defensa de Paysandú. 1200 hombres a cargo del Caudillo Leandro Gómez resisten en la ciudad de Paysandú a un ejército combinado de 15000 hombres. Cuando termino la batalla todos habían muerto y los pocos sobrevivientes de la ciudad fueron fusilados. Debemos recordar que Venancio Flores participo en la matanza de Salsipuedes. Después de esto se derroca al Presidente Berro y comienza la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza. Los ejércitos combinados de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay. Se vuelven a repetir las matanzas de indígenas solo que en ves de charrúas eran guaraníes. Se llevo a la Nación Guaranícasi hasta su exterminio. Murieron más de 1000000 de paraguayos. Esté país hermano fue devastado y al final solo quedaban las mujeres, algunos niños y los viejos. Hasta esté momento no había en Uruguay un ejército profesionalizado, lo que había antes eran las divisas. Eran personas civiles que peleaban por uno u otro bando. Pero en el Paraguay se profesionaliza el ejército. El único país hoy en día que le ha pedido perdón al Paraguay fue Uruguay además de ser el único que devolvió los Trofeos de Guerra. Ni Brasil ni Argentina han pedido perdón por haber devastado a dicho país. Poco tiempo después de que finalizara la guerra un Coronel que había echo su carrera matando guaraníes dio un Golpe de Estado. En 1876 Latorre se impone como Presidente de Facto e inicia su política de “Traerle Paz a la Campaña”. Durante el Militarismo es cuando más se combate al gaucho. La Guerrade 1904 más que nada fue el último grito de la libertad gaucha. El caudillo podía ser Aparicio Saravia como cualquier otro. Los gauchos veían que su mundo estaba desapareciendo y que progresivamente iban perdiendo la libertad. Como buenos gauchos y herederos de la cultura indígena murieron con la tacuará y el fusil en la mano. El Militar que socavo la Revolución de 1904 fue Pablo Galarza. Pablo Galarza también apoyo al Presidente Terra en 1933 a dar un Golpe de Estado. Vemos que los mismos que cometieron crímenes en el pasado los vuelven a cometer años después. Nadie le da mucha importancia a la Dictadura de Terra pero él provoco la muerte de Baltasar Brum, encarcelo a cientos de opositores y desapareció a 3 anarquistas. Hasta hoy en día los anarquistas siguen desaparecidos. Y la misma práctica de sincronización y unión de los ejércitos argentinos, uruguayo y brasilero, la matanza indiscriminada de personas, la persecución de los sobrevivientes, la tortura de prisioneros y la desaparición de los cuerpos lo hizo la última Dictadura. Como vemos las mimas practicas cometidas en Salsipuedes se cometieron a lo largo de la historia hasta la ultima dictadura. Incluso hoy en día se comete la impunidad. Cuando la policía mata a un habitante de los cantegriles o a un indigente y a nadie le importa se está cometiendo la impunidad. En lo que va de democracia se han cometido varios casos de gatillo fácil. Salsipuedes nos dice que hagamos justicia y nosotros hacemos oído sordo. Tal ves nos cueste otros 179 años solucionar la impunidad de esté país pero al final llegara. Solo debemos pensar en los ancestros para lograr la justicia en nuestros corazones y proyectarla a la sociedad. El perdón es bueno pero sin justicia no sirve de nada. OYENDAÚ (memoria en lengua chaná).

Martin Gabriel Delgado Cultelli

 Justicia Histórica      

Pasajes de la verdadera historia uruguaya, desnudando la falsa e hipócrita historia oficial. Si leemos la historia uruguaya, nos encontramos con una tradición “democrática”, que muchos actores políticos, de todos los pelos, con orgullo hacen referencia en cada elección.

Lo real esta muy legos de estar orgullosos, “democrática” sin justica, con gobiernos asesinos. Si, el primer gobierno  de Uruguay de Rivera, cometió crímenes de lesa humanidad, tratando de exterminar a los Charrúas, en  Salsipuedes. Estamos totalmente convencidos, que Rivera y todos los involucrados deben ser juzgados, no solo por que los crímenes de lesa humanidad no caducan. Por que hasta el día de hoy se les considera héroes nacionales. Y como “homenaje” a las atrocidades que cometieron, una avenida lleva su nombre y un parque, entre otros. En el Parque Rivera, en la ultima dictadura militar, se construyo el Estadio Charrúa, un acto de extremada ignorancia e hipocresía. En Uruguay como en los países de Latinoamérica, existen muchos grupos y movimientos de los pueblos originarios. Que están luchando por muchas injusticias, son asesinados, les quitan sus tierras, los gobiernos pro imperialistas y pro multinacionales, tanto de derecha como de izquierda que ellos dicen que son, envenenan sus aguas, su aire, que es el de todos. Si lográramos, rescatar los orígenes de esta tierra, de los Charrúas, Guenoa-Minuanes, Bohanes y Yaros. Y de todos los pueblos originarios, que viven en armonía con la Pachamama. Otra seria la realidad de la humanidad. Marquemos un Norte, reclama un juicio histórico a Rivera, retirar todos los homenajes a este asesino. Reparar a los descendientes de las victimas. Y como homenaje además de ponerle al ex parque Rivera, en nombre de Nación Charrúa o Tacuabé. Que dicho Parque sea dado a concesión a los grupos y movimientos de los verdaderos dueños de estas tierras. Que sea un lugar cultural de nuestras verdaderas raíces. Que se construya un centro cultural, histórico y artístico. Que nos ofrendan sabiduría y conciencia a cambio de hacer Justicia Histórica.

Ser indio es más de color de la piel, origen étnico, tipo de sangre: es un estado de conciencia de vivir en profunda comunión con la Pachamama.

Ricardo Silva (Caio)

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Durante la colonia, cuando los conquistadores se preguntaban si los indígenas eran seres humanos, una buena parte de ellos fueron explotados literalmente hasta la muerte.

Quienes son los pueblos originarios

Los llamados pueblos originarios son los descendientes de civilizaciones que existían en América Latina antes de la llegada de los españoles. Durante la colonia, cuando los conquistadores se preguntaban si los indígenas eran seres humanos, una buena parte de ellos fueron explotados literalmente hasta la muerte en las minas de oro y plata, y otra parte en las explotaciones agrícolas, donde toda la familia tenía la obligación de trabajar para el patrón, gratuitamente, hasta sus últimos días. Este sistema, llamado “encomienda”, importado de la Europa medieval, vino a representar, por un lado, una de las armas principales del genocidio, y por otro lado, la primera usurpación masiva de tierras indígenas.

Pero no todos los indígenas sufrieron la explotación económica y la represión cultural bajo la colonia. Sus principales victimas fueron los que habitaban en regiones de montaña, o en las tierras bajas aptas para la agricultura. Los que habitaban en regiones selváticas, de difícil acceso y sin ningún interés económico preciso, fueron dejados en paz hasta épocas más recientes. La primera agresión que éstos van a sufrir de parte de poblaciones no indígenas, va a ser a fines del Siglo XIX y comienzos del XX, cuando se desató la locura colectiva de la explotación del caucho. Poco tiempo después, a partir de los años 50 del siglo pasado van a comenzar las actividades de prospección y explotación petroleras y con ellas la represión generalizada de todo intento de oposición indígena.

Por lo demás, cuando se habla de poblaciones originarias no se hace referencia a un conjunto humano homogéneo. Por un lado, se trata de una multitud de etnias con lenguas, creencias y costumbres muy diferentes que han conseguido permanecer en sus territorios ancestrales. Por otro lado, de una minoría considerable que ha sido expulsada de esos territorios y que pueblan hoy las “favelas”, las “barriadas”, etc. etc., es decir, los grandes cinturones de miseria de las más importantes ciudades del sub-continente. Todas estas poblaciones de origen indígena fueron y siguen siendo las principales protagonistas del “éxodo rural” y, a pesar de los esfuerzos por conservar su identidad cultural, han sufrido y sufren en el destierro urbano intensos procesos de aculturación.

¿Qué los ha proyectado al escenario político?

Después de haber vivido excluidos, desde siempre, tanto política como económicamente, los pueblos indígenas han hecho en las ultimas décadas, una súbita irrupción en la vida política de varios países. Esta irrupción es una de las consecuencia del desarrollo del neoliberalismo que ha llevado a muchos gobiernos a privilegiar, para mayor beneficio de las multinacionales, la explotación a ultranza de los recursos naturales, con destino al mercado mundial de materia primas, en particular del petroleo, del gas, y de algunos minerales. También, para asegurarles, con vistas la crisis que nos prepara el cambio climático, el control de otros recursos vitales, como las fuentes potenciales de hidroelectricidad y de las grandes reservas de agua dulce.

Como una buena parte de estas riquezas naturales se encuentran precisamente en los territorios ancestrales de los pueblos originarios, el conflicto de estas poblaciones con el Estado era inevitable. El Estado, en efecto, propietario formal de todas las riquezas del subsuelo, se creyó en capacidad de poder disponer de esos territorios, sin tener en cuenta la presencia de estas poblaciones y sin respetar el Derecho a la consulta que le impone el Convenio 169 de la OIT (Organización internacional del trabajo). Para los gobernantes, sirvientes solícitos de las multinacionales, como para el resto de la población, la resistencia de los pueblos indígenas fue una verdadera sorpresa.

Ocurre que esta agresión capitalista es extremadamente grave, pues no sólo tiene que ver con la usurpación de los territorios ancestrales, sino también con los modos de explotación de esos recursos, altamente nocivos para la naturaleza y para las condiciones de vida de esos pueblos. En algunos casos se trata de la deforestación, con todo lo que implica en perdidas de biodiversidad, para implantar cultivos intensivos, a veces de productos genéticamente modificados, y que van a ser regularmente fumigados con agrotóxicos, dañinos para la salud humana y animal, y contaminantes de las napas freáticas. En otros casos, de perforaciones petroleras, o de la apertura de minas, algunas a cielo abierto, que tienen la particularidad de consumir enormes cantidades de agua, y de contaminar así los ríos y lagunas y de impedir toda producción agrícola para la alimentación humana o animal.

Conscientes del peligro vital que afrontan, muchos pueblos indígenas se han levantado en masa contra esas implantaciones y, en la coyuntura actual, marcada por la crisis del capitalismo, han logrado suscitar la adhesión activa de grandes sectores populares. Es esta base social multitudinaria, y por supuesto multiétnica, la que ha hecho de las luchas de los pueblos originarios la principal resistencia que haya encontrado hasta ahora el neoliberalismo, y la que ha abierto nuevas perspectivas electorales, como ha ocurrido en Bolivia, a candidatos que forman parte de esas poblaciones, o que defienden sus principales reivindicaciones.

La importancia y la complejidad de sus reivindicaciones

La lucha indígena tiene la particularidad de cuestionar integralmente la arquitectura del sistema que los países latinoamericanos, en el momento de la independencia, han copiado de modelos europeos. En efecto, para satisfacer sus reivindicaciones, lo primero que hay que hacer, inevitablemente, es refundar esos países, es decir, reformular las cartas constitucionales, a fin de reconocer que son multinacionales, multiétnicos y multilingues. Inmediatamente después de este reconocimiento, también inevitablemente, hay que restituir a esos pueblos la propiedad de sus territorios ancestrales y acordarles la capacidad jurídica de administrarlos conforme a sus intereses.

La refundación de un país, para reconocer que no es sólo de algunos sectores, sino de todos los que lo habitan; para reconocer que algunos de esos sectores son propietarios legítimos de los territorios en los cuales han vivido desde el alba de la humanidad, y que en ellos gozan del derecho de administrarlos como mejor les parezca, constituyen -¿qué duda puede caber?- conquistas revolucionarias. Conquistas que solo pueden obtenerse en el contexto de un proceso de cambio, con una relación de fuerzas largamente favorable a los intereses populares.

Sin embargo, no se puede ni se debe ocultar que esas reivindicaciones entrañan riesgos mayores, debido a las contradicciones sociales y políticas que pueden generar, y que abren la posibilidad a la manipulación o instrumentalización de esas contradicciones por aquellos -los mismos de siempre-que no aceptan esa súbita y radical reorganización del país. En este aspecto vale recordar las relaciones sulforosas que tuvieron los indígenas Misquitos con la Revolucion Sandinista, precisamente cuando se estaba implementando la autonomía de los territorios indigenas.

Entre estos riesgos potenciales, tal vez el primero, tenga que ver con la tentación secesionista de algunas regiones ricas a las que les pesa compartir el beneficio de sus negocios con las regiones pobres del país. Un proceso de cambio orientado a satisfacer las reivindicaciones de las poblaciones originarias, implicando la remodelación del sistema, es siempre una excelente ocasión para tratar de obtener la partición del territorio nacional. Esta tentativa de secesión ya se ha visto en Bolivia, felizmente desarticulada por el gobierno central.

Cuando se trata de reconocer y revalorizar las particularidades culturales de las poblaciones, el carácter étnico cada una de ellas puede también revelarse un factor de graves contradicciones internas, como se ha visto en otras regiones del mundo (en el Este europeo, en Africa, etc.) llegando incluso a masacres y enfrentamientos fratricidas. En este aspecto, por sólo citar un ejemplo, no debe subestimarse la utopía de ciertos grupos indígenas de “reconstruir” el Tahuantinsuyo (el Imperio Inca), lo que implicaría por lo menos la tentativa de reformular las fronteras nacionales actuales.

Otro problema potencial tiene que ver con la capacidad de las poblaciones indígenas, una vez que hayan obtenido la autonomía, de asumirse como parte integrante y solidaria de un conjunto nacional. Los países pobres, en el mundo capitalista y globalizado del presente, sin capitales y tecnologías, no tienen la menor posibilidad de privarse de la explotación de los recursos naturales que existen en el subsuelo de los territorios indígenas. ¿Sabrán encontrar estas poblaciones, y el Estado, los modos de explotación de estos recursos de manera que no entrañen perjuicios irreversibles en la naturaleza, que beneficien a todos y que ayuden al desarrollo socio-económico del país? Algunas experiencias recientes, en países como Ecuador, parecen indicar que este tema puede ser también objeto de conflictos.

La cosmovisión indígena, ¿un nuevo paradigma post-capitalista?

La cosmovisión indígena, panteista y animista, que les impone a las poblaciones un respeto sagrado a la naturaleza (a la Pachamama), parece corresponder a la principal exigencia del momento actual frente a los desafíos que se derivan del cambio climático. En efecto, el extraordinario desarrollo de la producción de riquezas, de las últimas décadas, concentrada en un escaso número de compañías multinacionales, se ha hecho en detrimento de la salud del planeta, al extremo de poner en peligro inminente la vida de ciertas especies, entre ellas, la de los seres humanos.

Combatir las causas del cambio climático y tratar de salvar todo lo que puede aún ser salvado en los ecosistemas impone, a la humanidad entera, un comportamiento frente a la naturaleza semejante al de las poblaciones originarias. Este comportamiento, de asociar indisolublemente su propia vida, a la vida de la Pachamama, es una de las manifestaciones del instinto de conservación que el hombre moderno ha olvidado. A tal punto llega la enajenación que nos ha provocado la sociedad capitalista.

Sin embargo, un cambio súbito de mentalidad a nivel mundial, es imposible, por mucho que millones de personas internalicen muy rápidamente el respeto por la naturaleza.

El verdadero cambio en la relación del hombre con la naturaleza sólo podrá ser la consecuencia de una modificación radical de las formas de producción de bienes y servicios, y esa modificación sólo podrá ser la consecuencia, también, de un cambio de sistema social, regido por otros valores que los de la sociedad capitalista.

Desde ese punto de vista, la cosmovisión de las poblaciones originarias, esta lejos de representar una alternativa, o un nuevo paradigma post-capitalista, como lo pretenden algunos intelectuales y dirigentes indígenas, pues toda alternativa pasa necesariamente por la definición de las características principales de la sociedad que se quiere construir, y de los medios para alcanzarla. Eso no impide, evidentemente, que los valores que los pueblos indígenas han sabido preservar -el respeto de la naturaleza, la solidaridad, la cooperación, el sentido de pertenencia a la comunidad, la armonía social, entre otros-, formen parte de los preceptos éticos de la nueva sociedad.

José Bustos

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Convocamos a las compañeras, compañeros, organizaciones y frentes sociales a la Coordinación de la Manifestación que se realizara el próximo Miércoles 23 de Junio en el Consulado de Chile en Buenos Aires, Argentina.

Exigiremos aquí, la libertad del compañero mapuche Pascual Pichún Collonao, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, militante por los derechos de los pueblos originarios, y ahora, desde el 26 de febrero, preso político mapuche del estado chileno. De este tiempo a esta parte se han llevado a cabo una serie de actividades en diferentes espacios sociales en La Plata tratando de difundir la situación de nuestro compañero.  

El caso de Pascual es parte del contexto actual, de criminalización de las demandas, al cual es sometido el pueblo Mapuche en Chile. Estas disposiciones se han hecho visibles en los; asesinatos a integrantes de sus comunidades; encarcelamiento efectivo de mas de 50 dirigentes e integrantes de sus comunidades y el procesamiento de cientos de comuneros mapuches.

Entendiendo que en este conflicto el estado, y sus aparatos de represión, solo han sido la herramienta para defender los intereses de quienes explotan, concentran y se enriquecen de la tierra y sus recursos naturales. Se continua la lógica y se reproduce el conflicto que alguna vez tuvo el pueblo mapuche con el Imperio español y los nuevos estados nacionales. Actualmente los actores han cambiado y presentan su nueva forma en compañías multinacionales y nacionales y grandes terratenientes. Por estas razones solicitamos su adhesión, apoyo y solidaridad a la causa que vive Pascual, los presos politicos y el Pueblo mapuche.

PARA LA COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES EN CAPITAL FEDERAL (Buenos Aires, Argentina) PRÓXIMA REUNIÓN VIERNES 18 JUNIO EN ASAMBLEA SAN TELMO

EN ESQUINA PIEDRAS Y SAN JUAN (SAN TELMO) A LAS 19 Hrs.

Contactos:0221 15 4769096 - 011 15 39362639

Adhesiones:pascuallibrearg@gmail.com

vpblaescalera@gmail.com

Blogspot:pascuallibre.blogspot.com

Facebook:“pascual estamos con vos”

Libertad a Pascual Pichún Collonao

Preso político mapuche

Libertad a todos l@s pres@s polític@s mapuches

No a la Ley Antiterrorista

Manifestación al Consulado chileno

Diagonal Norte 547, Capital

Miércoles 23/610 hs

Pascual Pichún Collonao es un joven mapuche de 27 años, estudiante y promotor de los derechos de los pueblos originarios en Argentina.

Pascual fue injustamente acusado de incendiar un camión forestal en Traiguén (Chile) en el año 2002 en plena lucha de reivindicación de derechos políticos y recuperación de tierras ancestrales usurpadas por el estado chileno y empresarios forestales. Fue condenado a 5 años de prisión y al pago de 12 mil dólares.

Es así que pidió refugio político en Argentina y vivió en el país durante los últimos años. En ese tiempo cursó hasta el 4to año de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y participó en diferentes medios de comunicación.

El 26 de febrero 2010, al regresar a su tierra, fue detenido por el personal de inteligencia de Carabineros en Temuco (Chile), engrosando la larga lista de presos políticos mapuche.

Chile tiene en vigencia la Ley Antiterrorista que impuso Pinochet, lamentablemente esta ley hoy se aplica en los conflictos políticos y es considerada por los organismos de Derechos Humanos como una herramienta de persecución y represión. Esta ley viola la garantía al Debido Proceso, y permite que sean los Tribunales militares quienes juzguen a civiles, testigos "sin rostro", lo cual viola abiertamente la independencia e imparcialidad, requeridas por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. A la vez que desconoce otros instrumentos jurídicos que amparan los derechos de los Pueblos Originarios en el ámbito internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la o nU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.