/fdata%2F3202302%2Favatar-blog-1114260364-tmpphpoezcQX.jpeg){kind=avatar}
/fdata%2F3202302%2F%2Favatar-user-2511588-tmpphpRWbmbg.jpeg){kind=avatar}
Los reos comenzaron el ayuno el pasado 12 de diciembre, como protesta por la tragedia de los 81 reclusos que murieron quemados en la cárcel de San Miguel. Los presos también protestan por las condiciones infrahumanas en las que viven día a día su presidio.
El diputado Gutiérrez informó que este viernes de 104 heridos, entre ellos reos y policías, que se produjeron en un motín en la ex Penitenciaría de Santiago. La revuelta se produjo luego de un exhaustivo registro de las fuerzas de seguridad en varias celdas en el que se incautaron armas blancas y bebidas alcohólicas.
Gutiérrez afirmó este viernes que “la situación de los presos es inhumana, pues viven prácticamente como animales (...) esto es un polvorín que siempre está punto de ser encendido (...) no es posible que un penal que fue construído para 800 personas, que posteriormente se amplió para mil 200, hoy albergue a más de 7 mil. Eso es inhumano", reclamó.
El representante de la Cámara de diputados chilena encabeza una comisión que en 120 días deberá establecer un informe acerca del estado de las prisiones chilenas para que, con base en ello, se profundize el Código Penal y en las políticas de reinserción social.
Ante la negativa de los presidiarios de recibir visitas y prolongar el ayuno, el diputado expresó que "Es una huelga de hambre que sin duda tiene motivos razonables, y que espero que esta comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados actúe con rapidez”, indicó Gutiérrez.
La población penitenciaria de Chile es de unos 108 mil internos, pero la mayoría viven hacinados en edificaciones que están en condiciones precarias.
El presidente Sebastián Piñera ha reconocido que el sistema carcelario en ese país "no solamente es inhumano" sino que además "es un atentado a la calidad de vida y a la dignidad de todo el país".
Actualmente, familiares de varios de los reclusos muertos durante el incendio del pasado 8 de diciembre en la cárcel de San Miguel, adelantan demandas judiciales en contra del Estado chileno por negligencia y violación de Derechos Humanos de los fallecidos.
