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Organismos de derechos humanos chilenos protestaron por el arresto domiciliario que el Gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, le otorgó al general Odlanier Mena, responsable de múltiples asesinatos durante la dictadura en ese país suramericano (1973-1990).
La medida, que favorece desde febrero Mena, quien se desempeñó como jefe de la policía secreta del régimen, sin embargo fue defendida por parlamentarios oficialistas que ejercieron cargos dentro de la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.
"Es una señal para ir trabajando en los indultos porque el permitir la salida de una persona que está condenada por tres crímenes, no nos parece que sea una política de respeto a los familiares de víctimas de violadores a los derechos humanos", apuntó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
El ex funcionario de la dictadura cumple desde enero del 2009 una pena de seis años de cárcel por el asesinato en 1973 de tres militantes socialistas cuando era comandante del Regimiento Rancagua del ejército de Pinochet.
"Si este gobierno está aplicando las leyes con igualdad de condiciones para todos los chilenos me parece excelente", dijo el diputado Alberto Cardemil, ex viceministro del Interior de Pinochet.
"Ha habido una ley no escrita que está animada, más que por deseos de justicia, por deseos de venganza, por la cual ningún ex uniformado debiera salir de la cárcel", se lamentó el diputado de Renovacion Nacional, el partido de Piñera.
Los dichos de Cardemil fueron de inmediato rechazados por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
"Que hable Cardemil es como que hable el mismo Pinochet, hable el mismo Manuel Contreras, hable el mismo Odlanier Mena. No hay diferencias entre Cardemil y ellos", fustigó Pizarro.
El presidente chileno Sebastián Piñera, que durante su época de candidato mantuvo una reunión con cientos de ex militares procesados por violaciones de los derechos humanos, defendió varias veces la idea de dar beneficios a los represores.
"Vamos a explorar y conversar en el Congreso la posibilidad de que (...) mayores de 80 años y personas con enfermedades terminales (...) puedan pasar sus últimos meses no en una cárcel, sino que recluidos en sus domicilios", dijo en una gira en España.
Sólo 65 de los cientos de violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet cumplen reclusión, aunque otros 700 están procesados en diversos juicios.
teleSUR-Latercera-Télam-pl/MFD
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