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El Gobierno colombiano exigió “absoluta y total discreción” en la facilitación que desarrollará Córdoba para la entrega de los cinco retenidos anunciada por las FARC.
El Gobierno colombiano dijo este jueves que ofrece las garantías necesarias para que la liberación de cinco retenidos anunciada por la guerrilla de las FARC se produzca “a la mayor brevedad posible” y que autoriza a la politica Piedad Córdoba a facilitar ese proceso.
En un comunicado leído por una portavoz del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el Gobierno exige además a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la “inmediata liberación” de todos los retenidos que la guerrilla tiene en su poder.
Ésta ha sido la respuesta del Gobierno al anuncio que hicieron este miércoles las FARC de que liberarán sin condiciones a cinco secuestrados (un policía, dos militares y dos políticos) como “gesto de humanidad” hacia Córdoba, destituida recientemente de su cargo de senadora por supuestos nexos con esa guerrilla.
El Gobierno “está dispuesto a garantizar todas las condiciones de seguridad requeridas para la mencionada liberación a la mayor brevedad posible”, dice el comunicado oficial.
Agrega que se autoriza a Córdoba “para adelantar las labores de facilitación que conduzcan a dicha liberación, siempre y cuando las mismas se hagan con absoluta y total discreción”.
Después adelanta que, “en los próximos días, la Alta Consejería para la Reintegración anunciará la designación de la persona que servirá como interlocutora del Gobierno en dicha labor de facilitación”.
Y el comunicado concluye diciendo que el Gobierno “exige la inmediata liberación de todos los secuestrados que las FARC mantienen en su poder”.
En una carta dirigida a Córdoba y divulgada ayer, las FARC afirman que, “como un gesto de humanidad y desagravio” a la ex senadora, liberarán al mayor de la Policía Guillermo Solórzano, retenido en 2007, al cabo del Ejército Salín Sanmiguel (2008), y al infante de marina Henry López Martínez (2010).
También a Marcos Vaquero, presidente del concejo municipal de San José del Guaviare, y a Armando Acuña, quien tenía el mismo cargo en la localidad de Garzón (Huila), ambos secuestrados en 2009.
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