La violencia machista, heredada del sistema patriarcal, NO forma parte de la cultura ancestral del pueblo mapuche, y de ningún pueblo indígena de nuestro país.

C A R T A P U B L I C A

Durante los días del 19 al 21 de marzo, ANAMURI en la ciudad de Padre Las Casas, mediante la Comisión Nacional Indígena y  con la participación de   las  representantes de las organizaciones de mujeres de  los pueblos Aymara, Collas, Diaguitas y del Pueblo Mapuche, se llevo a cabo  el “Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas  Identidad, Cultura y Derechos”

En este contexto, hemos tomado conocimiento por la prensa – Diario Austral, del 11 de marzo de 2013- que en numerosos casos de violencia contra las mujeres mapuche, se ha invocado la supuesta costumbre mapuche, en el marco del Convenio 169, que ha finalizado con las disculpas públicas de los agresores y nada más.

Frente a esa situación, queremos ser claras y tajantes:

La violencia machista, heredada del sistema patriarcal, NO forma parte de la cultura ancestral del pueblo mapuche, y de ningún pueblo indígena de nuestro país.

Rechazamos terminantemente que se esté utilizando un valioso instrumento internacional como lo es el Convenio 169 de la OIT para evadir el cumplimiento de penas por haber cometido un delito, atentar contra los derechos de las mujeres.

Por tanto, hemos estimado necesario hacer presente a nuestras organizaciones y a la opinión pública nuestro desconcierto   e indignación ante las noticias aparecidas en el diario El Austral que más de doce casos de violencia ejercida en las mujeres Mapuches, cómo  fueron mediante la Defensoría Publica, el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelación que trasgrediendo lo dispuesto en las sanciones penales para los agresores han utilizado o distorsionada lo establecido en el convenio 169 de la OIT  en el articulo 9 y 10 que señala: ”Que debe respetarse las formas en que las culturas resuelven sus conflictos” para absolver a los agresores señalando que este flagelo que sufren las mujeres obedece a su cultura y se resuelve con una simple disculpa pública y el compromiso de concurrir a terapia.

Nos parece inaceptable esta distorsionada interpretación que pone al pueblo mapuche como insensible ante la violencia que sufren las mujeres, de ahí que  nos asiste la duda que sus valores culturales y espirituales sean también pisoteados por sus autoridades proporcionando cartas de aval o buenas conductas a los agresores ante tan indigna conducta.

 Nos parece de una extrema gravedad esta situación, por la cual mediante la Comisión Nacional Indígena, de ANAMURI, exigimos a las autoridades chilenas tomen la justicia en su justa dimensión en que no signifique una nueva forma de violencia a las mujeres mapuches y hacia todas las formas de discriminación  contra la mujer.

Comisión Nacional Indígena, ANAMURI. Chile.

por Paula Correa, Martes, 26 de Marzo

El comunero mapuche Ramón Llanquileo fue detenido este lunes después de 14 días en condición de prófugo por quebrantar la salida de fin de semana, al no retornar el pasado 10 de marzo al penal de Lebu donde cumplía su condena.

Abogados defensores se refirieron a las condiciones en que se realizaría su reingreso y recordaron una serie de irregularidades con las que habrían contado las distintas etapas de su reclusión.

“Somos un pueblo ocupado y por lo tanto tenemos el derecho a rebelarnos”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció el comunero mapuche, Ramón Llanquileo, después de haber realizado la constatación de lesiones en el Hospital de Cañete este lunes.

El comunero – quien permanecía prófugo desde el 10 de marzo-  fue recapturado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones en la casa de una prima, ubicada en el sector de Miquihue cerca del Lago Lleu Lleu.

Según relató la PDI, al percatarse de la presencia policial, Llanquileo intentó huir en una camioneta junto a otras tres personas, pero el operativo, conformado por cerca de 40 agentes, logró alcanzarlos y detenerlos. La pareja de Llanquileo, Cecilia Huenupi y su cuñado, Camilo Hunupi quedaron en libertad. No fue el caso Bastían Llaitul, de 19 años, sobrino de Héctor Llaitul, quien sería formalizado por maltrato de obra a un funcionario de la PDI.

En tanto, Ramón Llanquileo pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Cañete.

El abogado de turno de la Defensoría Penal Pública, Patricio Robles, explicó a Radio Universidad de Chile que “lo único que quedó claro es que será trasladado a Concepción. Gendarmería sugirió el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío conocido como El Manzano II, pero Llanquileo estima que su reingreso debiera ser en Concepción en el módulo especial que tienen para comuneros mapuche”.

El líder del Coordinadora Arauco Malleco (CAM) arriesga perder la salida de fin de semana más el derecho a otras medidas intra-penitenciarias. Esto cuando la entrega de beneficios también ha sido irregular. Así lo han indicado los familiares y cercanos del comunero, quienes recordaron que hace unos meses se le entregó el beneficio y se le negó sin explicación alguna el mismo día de la salida, para luego serle repuesto por solicitud de la defensa.

Llanquileo había cumplido ya la mitad de su pena por el llamado “ataque al fiscal Mario Elgueta” el 2008. Una causa que fue sumamente cuestionada y que llegó incluso a la Corte Suprema, la que rebajó la condena a la que el tribunal de Cañete había sometido a los involucrados.

Victoria Fariña, una de las abogadas del juicio de Cañete, sostuvo que, desde el inicio se han registrado irregularidades.

“Esto viene desde antes. Nosotros como abogados denunciamos situaciones arbitrarias durante la investigación y durante el juicio y todavía sostenemos que no se les pudo probar participación en ninguno de los delitos por los que fueron condenados”, afirmó la jurista.

La abogada afirmó que nunca se pudo probar que se realizara una emboscada y que el grueso de la pena que cumple Ramón es por un supuesto robo con intimidación al agricultor Santos Jorquera. Además, recordó que juicio de Cañete fue denunciado por “violar el debido proceso”, limitar la participación de la defensa por utilizar testigos sin rostro, y porque en él se registraron incluso acusaciones de tortura a los imputados.

En ese contexto es que, según indicaron los cercanos a Ramón y diversos comuneros mapuche, su fuga puso en duda al sistema judicial, desde la forma en la que se están entregando los beneficios carcelarios, hasta el cómo se desarrollan los juicios contra quienes encabezan procesos de reivindicación territorial.