Silvia Ribeiro | La Jornada 

Un reporte de Jeremy Scahill publicado en  The Nation(Blackwater’s Black Ops,15/9/2010) reveló que el ejército mercenario más grande del mundo, Blackwater (ahora llamado Xe Services) le vendió servicios clandestinos de espionaje a la trasnacional Monsanto. Blackwater cambió de nombre en 2009, luego de hacerse famosa en el mundo por las denuncias sobre sus abusos en Irak, incluidas masacres de civiles. Sigue siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estado de Estados Unidos en  servicios de seguridad, es decir para practicar el terrorismo de Estado dándole al gobierno la posibilidad de negarlo.

Muchos militares y ex oficiales de la CIA trabajan para Blackwater o alguna de las empresas vinculadas que creó para desviar la atención de su mala fama y generar más lucros vendiendo sus nefastos servicios –que van desde información y espionaje hasta infiltración, cabildeo político y entrenamiento paramilitar– a otros gobiernos, bancos y empresas trasnacionales. Según Scahill los negocios con trasnacionales –como Monsanto, Chevron, y gigantes financieros como Barclays y Deutsche Bank– se canalizan a través de dos empresas que son propiedad de Erik Prince, dueño de Blackwater:  Total Intelligence Solutions  y Terrorism Research Center. Éstas comparten oficiales y directivos de Blackwater.

Uno de ellos, Cofer Black, conocido por su brutalidad siendo uno de los directores de la CIA, fue quien hizo contacto con Monsanto en 2008 como directivo de  Total Intelligence, concertando el contrato con la compañía, para espiar e infiltrar a organizaciones de activistas por los derechos de los animales, contra los transgénicos y otras sucias actividades del gigante biotecnológico.

Contactado por Scahill, el ejecutivo Kevin Wilson de Monsanto se negó a hablar, pero posteriormente confirmó aThe Nation  que habían contratado aTotal Intelligence  en 2008 y 2009, según Monsanto solamente para hacer seguimiento de  información pública  de sus opositores. Dijo además, que  Total Intelligence  era una  entidad totalmente separada de Blackwater.

Sin embargo, Scahill cuenta con copias de los correos electrónicos de Cofer Black posteriores a la reunión con Wilson de Monsanto, donde les explica a otros ex agentes de la CIA, usando sus direcciones electrónicas de Blackwater, que la discusión con Wilson fue queTotal Intelligence  se convertiría en elbrazo de inteligencia de Monsanto, espiando activistas y otras acciones, incluido  que nuestra gente se integre legalmente a esos grupos. Monsanto pagó a  Total Intelligence  127 mil dólares en 2008 y 105 mil dólares en 2009.

No asombra que una empresa deciencias de la muerte  como Monsanto, que se ha dedicado desde sus orígenes a producir tóxicos y desparramar venenos, desde el Agente Naranja hasta los PCB (policlorobifenilos), agrotóxicos, hormonas y semillas transgénicas, se asocie con otra empresa de matones.

Casi al mismo tiempo que la publicación de este artículo en  The Nation, la Vía Campesina denunció la compra de 500 mil acciones de Monsanto, por más de 23 millones de dólares por la Fundación Bill y Melinda Gates, que con esto se terminó de sacar su careta de  filantrópica. Otra asociación que no sorprende.

Se trata de un casamiento entre los dos monopolios más brutales de la historia del industrialismo: Bill Gates controla más de 90 por ciento del mercado de programas patentados de computación y Monsanto cerca de 90 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas y la mayoría del mercado global de semillas comerciales. No existen en ningún otro rubro industrial monopolios tan vastos, cuya propia existencia es una negación del cacareado principio de  competencia de mercadodel capitalismo. Tanto Gates como Monsanto son muy agresivos en la defensa de sus mal habidos monopolios.

Aunque Bill Gates intente decir que la Fundación no está ligada a sus actividades comerciales, todo lo que ésta hace demuestra lo contrario: gran parte de sus donaciones terminan favoreciendo las inversiones comerciales del magnate, además de que en realidad no  donanada, sino que en lugar de pagar impuestos a las arcas públicas, invierte sus ganancias donde le favorezca económicamente, incluida como propaganda de sus supuestas buenas intenciones. Por el contrario, susdonaciones  financian proyectos tan destructivos como la geoingeniería o la sustitución de medicinas naturales y comunitarias por medicamentos patentados de alta tecnología en las zonas más pobres del mundo. Qué coincidencia, el ex secretario de Salud Julio Frenk y Ernesto Zedillo son consejeros de la Fundación.

Al igual que Monsanto, Gates se dedica también a tratar de destruir la agricultura campesina en todo el planeta, principalmente a través de la llamadaAlianza para una Revolución Verde en África  (AGRA). Ésta funciona como caballo de Troya para despojar a los campesinos africanos pobres de sus semillas tradicionales, sustituyéndolas por semillas de las empresas primero, y finalmente por transgénicos. Para ello, la Fundación contrató en 2006, justamente a Robert Horsch, un director de Monsanto. Ahora Gates, venteando mayores ganancias, se fue directo a la fuente.

Blackwater, Monsanto y Gates son tres caras de la misma figura: la máquina de guerra contra el planeta y la mayoría de la gente que lo habita, sean campesinos y campesinas, indígenas, comunidades locales, gente que quiere compartir información y conocimientos o cualquier otro que no quiera estar en la égida de lucro y destrucción del capitalismo.

Profesemos la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Sembrando conciencia para cosechar libertad.

por chasquinoticias

(Radio Universidad de Chile) En nuestro país se constituyó el Primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera de Latinoamérica, como una forma de alertar acerca de los abusos cometidos por los estados y las grandes empresas mineras, que llegan a la región, obligan a las comunidades indígenas a abandonar sus tierras y causan impacto negativo en el medioambiente. 

Hasta hoy durarán las actividades, que se desarrollan en nuestro país con la presencia de organismos de defensa de los derechos humanos y el medioambiente.

La idea es dar a conocer una serie de sucesos ocurridos en las fronteras latinoamericanas de Perú y Ecuador, Bolivia y Brasil, Costa Rica y Nicaragua, Guatemala y El Salvador, Argentina y Chile, además de otras donde se ha instalado la gran industria minera, generando un importante impacto negativo en el medioambiente, la sociedad, pero especialmente en las comunidades indígenas.

Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile, uno de los organizadores del evento, “lo que se está liberando de la frontera es a favor de las empresas transnacionales y las restricciones para la integración entre los pueblos se mantienen.

Esos temas los queremos debatir con un panel de personalidades para que nos ayuden, desde una mirada y un paradigma distinto a lo que rige hoy, a construir un pronunciamiento, un llamado a la sociedad latinoamericana a preocuparse más de estos temas”.

Por su parte, César Padilla, director del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, otro de los organizadores, explicó que en otros países la situación es bastante disímil a lo que ocurre en Chile, donde la extensa frontera está casi despoblada.

En Centroamérica y nuestros países vecinos es al revés, lo que ha motivado a los gobiernos a desconocer las legislaciones que prohíben la extracción de recursos naturales cerca de las fronteras, generando decretos y militarizando zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas que son obligados a trasladarse, perdiendo el abastecimiento de agua y otros sustentos básicos.

“La pérdida de derechos de las comunidades cercanas a la frontera para instalar empresas mineras es un riesgo mucho mayor que en otros lados, proque las fronteras son lugares geopolíticos que incluso pueden quedar -como ha sido el caso del Perú o el Ecuador- militarizados.

Eventualmente, pueden ser las mismas Fuerzas Armadas las encargadas de allanar el camino para la instalación de empresas mineras. Eso es lo que queremos dar a conocer ampliamente en la región”, comentó.

En la oportunidad, se conocieron casos y testimonios extranjeros, como el de Luis Macas, director del instituto Científico de Culturas Indígenas de Ecuador, quien sostuvo que la mayor parte de los recursos naturales está en territorio indígena en América Latina, por lo que intereses privados buscan el aprovechamiento sin medir consecuencias.

“Desde los pueblos indígenas no estamos de acuerdo con este tipo de desarrollo. Creo que hay otras formas en que el ser humano puede vivir. Cómo es posible que, por ejemplo, el 80% de la energía que se produce en el mundo, particularmente en estos países, apenas sirve para el 18% o 20% de la población mundial.

Queremos que ese desequilibrio sea redistribuido de mejor manera en los distintos países, por ejemplo, en vías de desarrollo”, afirmó.

Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, indicó que en nuestro país la situación es más grave de lo que se piensa, porque la ley permite que los terrenos se entreguen sin obstáculos y sin cobrar impuestos a las grandes transnacionales.

“Son cientos de miles de hectáreas entregadas sin ningún control a las transnacionales mineras, porque es la ley la que permite que cualquier empresa extranjera, a través de un tribunal, obtenga la concesión de exploración y explotación y de ahí se le otorgue indefinidamente. La situación de Chile es sin parangón en América Latina, estamos en peores condiciones por la ley que tenemos”, aseguró.

Según los organizadores del Tribunal Ético de la Minería de Frontera, la idea es que las conclusiones de este debate sean difundidas entre la ciudadanía y posteriormente sirvan para generar iniciativas legales, que permitan preservar el medioambiente y los derechos de los pueblos originarios asentados justo en medio de la riqueza que las grandes industrias quieren explotar.

Por Efraín Jaramillo Jaramillo*

“¿Por qué estos territorios, siendo los más ricos, están condenados a ser los más pobres?” Líder afrocolombiano de Nariño Video: El Pacífico Colombiano

Entre la vida, el desarraigo y la resistencia

Ahora que la cotización del oro alcanzó un máximo histórico (1.315 dólares por onza) y las empresas extractoras se precipitan con avidez sobre ríos y montañas tras este mineral, considerado la única y más segura moneda global, vuelven a ser asediados los territorios de campesinos, indígenas y negros, avivando nuevamente el debate sobre la paradójica desventaja de tener territorios abundantes en minerales, hidrocarburos, maderas, suelos, biodiversidad y otros recursos naturales, de importancia estratégica para el insaciable crecimiento económico de los países desarrollados. Pero también trayendo otra vez al presente el tema sobre el subdesarrollo de las naciones, cuyas economías se basan en la extracción de recursos naturales, y para el caso del Pacífico colombiano y el Amazonas peruano (sólo para mencionar dos de los muchos ejemplos en Latinoamérica y el mundo), la violencia a los pueblos indígenas y afrocolombianos, relacionada con la explotación de los recursos naturales de sus territorios.

Esta problemática no es nueva. Ya en los años 60 del siglo pasado, cuando estaban en boga las teorías de la dependencia, el economista hindú Jagdish Bhagwati mostraba como las actividades extractivistas funcionaban a modo de ‘enclaves’ que succionan recursos de una región, generando en ella la dependencia económica y el subdesarrollo, al establecer una cadena de transferencias de recursos, cuyos beneficiarios finales son las economías externas de los países industrializados, ya que allí estos recursos son parte substancial de su economía.

Los recursos más visibles son los hidrocarburos y minerales, pero aquí están comprendidos también otros productos de los bosques tropicales y los que provienen del uso del suelo, como la caña de azúcar, la palma aceitera, la soja, etc. (y lo que posteriormente, con la revolución de la biología y la genética adquirió gran importancia: la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas). Mientras que para las regiones exportadoras, estos recursos primarios son productos acabados, para las economías centrales que los importan son insumos de producción.

En síntesis, la extracción de productos primarios no sólo es inducida y depende de la demanda de la economía mayor importadora, sino que no aporta al desarrollo propio y autónomo de la economía de la región exportadora de recursos primarios. Estas economías de ‘enclave’ hacen parte y son regidas por las necesidades de crecimiento de las economías externas, que son sus ‘centros motrices’.

Así ha sido siempre. Desde la Conquista hasta hoy. Hasta hace poco, nuestros países, antes que ser repúblicas, eran mercados: del oro, del azúcar, de las pieles, del banano, de la carne, del estaño, del cobre, del carbón, del hierro, del café, últimamente de la coca. Aún siendo repúblicas, la característica no era tener una Constitución política. El término de ‘repúblicas bananeras’ para referirse a nuestros países, expresa (no exento de sarcasmo) esta condición.

En ninguna región pobre del mundo se han presentado despegues económicos con base en la explotación de sus recursos naturales. Peor aún las poblaciones se han empobrecido más (¿se acuerdan de los indígenas de Arauca?) “El petróleo empobrece”. Las esmeraldas, el oro, el carbón también. Aquellas regiones con abundantes recursos naturales, con muy pocas excepciones, son hoy subdesarrolladas.

Para Moisés Naím “esto ocurre no a pesar de sus riquezas naturales, sino debido a ellas”. En muchas regiones del país, caracterizadas por su baja gobernabilidad, sin instituciones estables y ausencia de democracia y transparencia en las gestiones de gobierno, los beneficios que genera la explotación de recursos naturales, se concentran en pocas manos, en una élite que excluye a los demás pobladores del desarrollo social, ejerciendo un dominio asfixiante sobre indígenas, negros y campesinos y promoviendo de forma legal o ilegal su desplazamiento. Este es el caldo de cultivo para todo tipo de violencias, que suelen aflorar allí, donde se produce riqueza sin generar capital social y desarrollo económico.

En cuanto al tipo de economía, el Pacífico colombiano no parece haber cambiado en los últimos 50 años, en lo que respecta a la relación entre productos primarios y productos manufacturados de la región. Intentos por desarrollar una agroindustria con base en sus potencialidades naturales, siempre han sido socavados por bonanzas de materias primas: el oro y otros minerales, maderas finas, aceite de palma, en un futuro cercano coltán y sabrá el cielo cuantas más habrán en el futuro. Estas demandas obedecen al desarrollo industrial que experimentan países que como China, Corea del Sur y otros países del Sureste asiático, se han convertido en exportadores de productos manufacturados, desarrollando una descomunal capacidad de consumo de productos sin valor agregado, induciendo la reprimarización de las economías de aquellos países pobres con abundantes recursos naturales, inhibiendo su diversificación y subordinando su desarrollo económico a los requerimientos del capital de las nuevas ‘metrópolis’.

Las regiones afectadas por la maldición de los recursos naturales están condenadas a depender cada vez más de la producción de sus principales materias primas. Esto fortalece a aquellos grupos económicos que se benefician de la explotación de estos recursos, lo que conduce a su empoderamiento político y a un control cada vez más excluyente de los gobiernos locales. Debido a que no dependen exclusivamente de transferencias e impuestos (que también controlan) para retener su poder político, se dan el lujo de desconocer las demandas de sus ciudadanos, que a su vez son cooptados mediante un sistema clientelista que reparte dádivas y auxilios, que desestimulan el control ciudadano sobre la gestión pública. Se crea así un círculo vicioso de mutuas dependencias, cuyo resultado final es la corrupción en todas las áreas de la vida social y política, que alcanza también a las organizaciones sociales.

Para el caso de los países latinoamericanos, el porvenir no es halagador, pues según Riordan Roett, director de la universidad John Hopkins y analista en temas políticos y económicos latinoamericanos, “mientras los precios de las materias primas se mantengan altos (y todo augura que continuarán así, a no ser que hayan dificultades en Asia), la dependencia de la exportación de productos primarios parece ser, para bien o para mal, el futuro de la región”. Brasil continuará dependiendo de la exportación de hierro, soja y petróleo; Chile del cobre, Ecuador y Venezuela del petróleo, Bolivia del petróleo y el gas, etc. Colombia y Perú aspiran a engancharse lo más pronto posible a ese crecimiento de la demanda por materias primas, para convertir a los hidrocarburos y a la minería en actividades estratégicas, (las “locomotoras”) para el crecimiento de sus economías.

En lo que respecta a Colombia, el Banco de la República señala que para el año de 2010 (a septiembre) la inversión extranjera directa, había ascendido a 6.714,2 millones de dólares, de los cuales el 83% (5.598,7 millones) fueron a la minería y a la exploración de hidrocarburos. En 2009, los sectores de la minería y los hidrocarburos habían sido fortalecidos con 6.818,8 millones de dólares. Esta abundante presencia de capitales en el sector de la minería y en la actividad petrolera es una evidencia de los avances de la ‘seguridad democrática’, eje central del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para crear la necesaria ‘confianza inversionista’ que ofrezca garantías a la inversión extranjera, atraída también por beneficios tributarios. Con la misma lógica, el gobierno de Juan Manuel Santos promete continuar con la promoción de la minería como el motor del desarrollo económico para la “prosperidad democrática”, con la cual se cosechan los logros de la seguridad democrática.

Hay una gran contradicción en la presentación de la minería como la locomotora del desarrollo económico para la prosperidad democrática. Una contradicción que el gobierno ha sido diligente en tapar con un llamativo plan de resarcimiento de derechos a las víctimas de la violencia, con una ley agraria que además de devolver tierras, cambia el uso de suelos a favor de la agricultura, lo que permitiría acabar con grandes e improductivos latifundios ganaderos y recomponer la economía campesina al reintegrar no solo a los campesinos desplazados por la violencia, sino a los desplazados por la pobreza y desatención que ha tenido el campo. A esta política agraria que ha despertado otra vez optimismo en los colombianos, se contrapone una política minera diseñada para beneficiar de manera exclusiva a los intereses de las grandes compañías extranjeras. Una política minera que está causando estragos en comunidades negras, indígenas y campesinas, por los impactos ambientales, económicos y sociales que genera y que auguran ser similares a los causados por la violencia paramilitar para apropiarse de las tierras.

La diferencia es que esta vez serían ‘desplazados ambientales’, porque sus tierras, dadas en concesión para la explotación minería se convertirán en paisajes lunares, con aguas contaminadas, suelos devastados y vida silvestre arrasada (¿les dice algo el Bajo Cauca, Suarez, Timba, Zaragoza en Colombia y Madre de Dios en la Amazonia peruana?). Es una contradicción que a las organizaciones sociales de indígenas, negros y campesinos, aliados con sectores ambientalistas les incumbe resolver. Pero ya sabemos hasta donde los gobiernos pueden llegar para quebrar la oposición de los indígenas a la explotación petrolera en sus territorios ¿Alguien se acuerda de los u’wa en Colombia y los aguaruna en Bagua?.

A pesar de que los territorios de estos pueblos tienen abundantes recursos, no por eso tienen que sucumbir a la ‘maldición de los recursos naturales’ y permanecer condenados a ser pobres. Pues es posible desarrollar economías eficientes (incluyendo la explotación de recursos naturales) que sean propias y compartidas por todos los pobladores (economías interculturales las llamaríamos): Economías que impliquen un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de los pobladores del campo y la viabilidad ecológica, cultural y económica de los medios empleados para sufragarlas.

A las organizaciones que encuentren el camino y se ingenien los mecanismos para hacer realidad estas economías, habría que darles, como lo propone Moisés Naím, “el premio Nobel. No el de Economía. El de la Paz”.

Cartagena de Indias, octubre 2 de 2010.

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* Efraín Jaramillo Jaramillo es antropólogo colombiano, director del Colectivo de Trabajo Jenzerá, un grupo interdisciplinario e interétnico que se creó a finales del siglo pasado para luchar por los derechos de los embera katío, vulnerados por la empresa Urra S.A. El nombre Jenzerá, que en lengua embera significa hormiga fue dado a este colectivo por el desaparecido Kimy Pernía.

Profesemos la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Sembrando conciencia para cosechar libertad.

Adital - Se realiza mañana (30), en Santiago de Chile, el ‘I Tribunal Ético sobre Minería de Frontera en América Latina’ para discutir el desarrollo minero en zonas fronterizas o con repercusión bilateral. En la ocasión, organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos que trabajan con la temática de los conflictos mineros con alcance de frontera, presentarán al Tribunal casos ocurridos en sus países.