63889ee2319e189cdeebb8c1e34a6158.mp3 Mayo 2009 Redes-AT-Uruguay
Declaración de la Vía Campesina y Amigos de la Tierra
17ª Sesión de la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, resaltó el 4 de mayo el papel singular que la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (CSD, por su sigla en inglés) tiene en la actual discusión sobre el futuro del desarrollo agrícola. La afirmación la realizó en una presentación en la 17ª sesión de la Comisión que está centrada en Agricultura, Desarrollo Rural, Tierra, Sequía, Desertificación y África.
De Schutter planteó que para que el desarrollo agrícola sea sustentable debe tener como componente esencial un enfoque de derechos humanos y para ello es necesario transitar el camino hacia un modelo en el cual el derecho a alimentos adecuados sea un derecho humano. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo explicita también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La propuesta de De Schutter promueve un modelo que priorice las necesidades de los más vulnerables; que defina sus puntos de referencia no sólo por los niveles de producción alcanzados, sino también por los impactos sobre las diversas maneras de producir alimentos; y en el cual la toma de decisiones se base en mecanismos de participación.
“El aumento de las inversiones en la agricultura, en particular en África, es necesario, pero debe ser pensado seriamente. La experiencia adquirida de la crisis puso de manifiesto que la cuestión clave no es simplemente aumentar los presupuestos asignados a la agricultura, sino más bien, elegir entre diferentes modelos de desarrollo agrícola que pueden tener diversos efectos y beneficiar a distintos grupos de forma diferente”, manifestó el Relator ante la CSD.
Ese nuevo modelo debe proteger, promover y garantizar el acceso a la tierra de pequeños agricultores y campesinos. Para ello debe promover la reforma agraria, garantizar el acceso a los recursos productivos y proteger a los pueblos de las adquisiciones transnacionales de tierra a gran escala.
Ese modelo debe poner en práctica alternativas productivas que no contribuyan al cambio climático. “El aumento de la producción agrícola debe ir de la mano con el aumento de los ingresos de los más pobres, especialmente de los pequeños agricultores, y el cambio hacia modos de producción que no contribuyan al cambio climático”, señaló De Schutter.
En definitiva, se trata de un modelo que promueva y garantice de manera sustentable el derecho a la alimentación como un derecho de las comunidades a producir alimentos y a definir qué alimentos precisan para consumir. Un modelo abocado a “cómo ayudar al mundo a alimentarse” y no a “cómo alimentar al mundo”, agregó.
La hora de las recomendaciones
En sus recomendaciones a la CSD, De Schutter reafirma “la necesidad no sólo de aumentar la producción de alimentos, sino de reorientar los sistemas agro-alimentarios y las normas que influyen en ellos a nivel nacional e internacional, hacia la sustentabilidad y hacia la realización progresiva del derecho a la alimentación”.
También recomienda un cambio de paradigma en las ciencias, políticas e instituciones agrarias y la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático en la agricultura, fomentando la diversidad de sistemas agrícolas capaces de hacer frente a las perturbaciones del clima, incluidos los sistemas agroecológicos.
A su vez, De Schutter convocó a una Cumbre Mundial sobre la Alimentación con un amplio programa que aliente a la comunidad internacional a abordar las causas estructurales de la crisis alimentaria y los vacíos dejados por la fragmentación de la actual gobernanza global. El programa debería incluir, según el Relator, los aspectos relativos a las insuficientes o inadecuadas inversiones en la agricultura, la desregulación de mercados que no garantizan ni la estabilidad ni los precios, la especulación financiera en los mercados de futuros commodities agrícolas, la débil protección de los trabajadores del sector y la búsqueda de una regulación adecuada de la cadena agroalimentaria.
Además, exhortó a la CSD a promover la adopción de estrategias nacionales hacia el derecho a la alimentación, comprehensivas y destinadas a la creación de sistemas agro-alimentarios sustentables, incluyendo las fases de producción, transformación y consumo.
Finalmente, De Schutter hizo hincapié en que la CSD debe contribuir a mejorar el reconocimiento de la comunidad internacional al derecho de acceso a la tierra de los pequeños agricultores. Para ello es imprescindible resaltar el papel esencial de la reforma agraria y adoptar directrices internacionales sobre la compra transnacional a gran escala de tierras, agregó.
Nuestro camino: la soberanía alimentaria
Son muchos los puntos de acuerdo que La Vía Campesina y Amigos de la Tierra Internacional tienen con la presentación de De Schuter.
Coincidimos en defender el derecho de los pueblos a alimentos adecuados, resaltando que ello implica reconocer que estos deben ser suficientes, nutritivos, saludables, producidos en forma ecológica y culturalmente apropiada. Esto además implica el derecho de los campesinos y pequeños agricultores a producir sus alimentos y el de sus comunidades. Campesinos, pequeños agricultores y pescadores artesanales deben desempeñar un papel central en cualquier estrategia dirigida a resolver el problema del hambre y la pobreza.
También acordamos sobe la necesidad de garantizar el derecho de los pueblos al acceso a la tierra y que para ello es central detener el acaparamiento transnacional de predios a gran escala. Nosotros entendemos que las adquisiciones o secuestros de tierras de forma masiva, destinadas a la producción de agrocombustibles, raciones para animales, plantaciones para pulpa de celulosa y papel, así como para proyectos extractivos madereros y mineros, privan a campesinos, pueblos indígenas, pescadores y pequeños agricultores de la posibilidad de acceder a ese recurso productivo. Además, generan peligrosos efectos en el medio ambiente y en la capacidad de las comunidades para garantizarse estilos de vida sustentables. En definitiva, afectan su soberanía alimentaria.
Pero además debe garantizarse el derecho de acceso al agua y reconocerse que los pueblos deben controlar sus territorios. Ésto implica bastante más que la búsqueda de mecanismos que fomenten su participación en la toma de decisiones, significa el control sobre esos procesos.
Asimismo, hacemos acuerdo en promover soluciones que ayuden al mundo a alimentarse a sí mismo, permitiendo a las comunidades producir sus propios alimentos, en lugar de aquellas soluciones que buscan alimentarlo. Y ello es porque defendemos el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos, locales, nacionales, ecológicos, justos y soberanos. De hecho, eso es soberanía alimentaria: la capacidad de los pueblos de decidir qué producir, cómo y de qué forma comercializarlo.
Esto incluye la necesidad de regulaciones que desmantelen la influencia de las corporaciones cuyo objetivo es “alimentar al mundo” a través de su destructivo modelo de producción industrial.
Igualmente, apoyamos a De Schutter cuando prioriza a los más vulnerables, porque quienes producen y consumen los alimentos deben estar en el centro de las políticas estatales sobre alimentación, y deben tener primacía sobre el comercio y los intereses empresariales, enfatizando a su vez las economías locales y nacionales. De lo que se trata es de privilegiar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación por sobre los acuerdos de comercio y otros instrumentos políticos y económicos internacionales.
De la misma forma, coincidimos con el Relator en la necesidad de promover modos de producción que no contribuyan al cambio climático. Ello significa entre otras cosas, promover sistemas agroalimentarios menos dependientes de combustibles fósiles, por ende de agroquímicos, maquinarias y por lo tanto libres de organismos genéticamente modificados. Pero además, los alimentos no deben recorrer grandes distancias desde donde son producidos hasta donde son consumidos, por las grandes emisiones contaminantes que esto implica.
Además, queremos resaltar la importancia de las recomendaciones del Informe de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, por su sigla en inglés).
En ese sentido, enfatizamos la necesidad de promover sistemas agro-alimentarios sustentables, tanto en su fase de producción, como en las de transformación y consumo. Nosotros creemos que dicha sustentabilidad radica en la producción agroecológica local y diversificada de los alimentos y en la urgencia de reconvertir positivamente la tierra, pasando de la agricultura industrial intensiva, a gran escala, a sistemas locales/regionales, ecológicamente adecuados y diversos. En el contexto urbano, dicha sustentabilidad significa la posibilidad de comprar ese tipo de alimentos a una red de almacenes y mercados minoristas diversos, que serían puentes entre la gente y sus alimentos que hay que construir, los lazos entre aquellos/as que los producen y quienes los consumen.
A su vez, la sustentabilidad es absolutamente inviable si no se reconoce el derecho de los pueblos a recuperar, defender, reproducir, intercambiar, mejorar y criar sus semillas. Las semillas deben ser patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Los actores que se interponen
Claramente hay actores centrales que militan contra la construcción de la soberanía alimentaria, como el modelo de producción liderado por las grandes corporaciones transnacionales y orientado a la exportación.
También son actores centrales de la militancia contra la soberanía alimentaria las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Bancos regionales de Desarrollo, además de las organizaciones multilaterales que promueven el libre comercio, como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea.
Sumado a esto, hay una serie de iniciativas que caracterizamos como “falsas soluciones”, que también atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos. Entre ellas podemos mencionar los esquemas de certificación que pretenden viabilizar modos de producción intrínsecamente insustentables; los mecanismos que pretenden mercantilizar la naturaleza como los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto sobre cambio climático, el comercio de carbono, la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada (REDD, por su sigla en inglés); los mismísimos agrocombustibles y la nueva Revolución Verde que el proyecto Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por su sigla en inglés) impulsa en ese continente.
Los pasos a seguir
Es tiempo de defender un modelo de producción y consumo sustentable e igualitario, deteniendo y haciendo retroceder al modelo de producción dirigido por las grandes corporaciones y fomentado y financiado por el BM, el FMI y la OMC, entre otros actores.
Debemos desmantelar el control que las corporaciones tienen sobre nuestros sistemas agroalimentarios.
Es necesario desenmascarar y resistir a las falsas soluciones, por la gran amenaza que representan para la consecución de la soberanía alimentaria de los pueblos.
Tenemos que desenmascarar también y resistir a los falsos promotores del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, como el BM, el FMI y la OMC. Han sido sus políticas las que nos han conducido a las crisis actuales, por lo cual estos actores no deben ser parte de la “comunidad internacional” que busque soluciones.
Hacemos un llamado a una defensa colectiva del derecho de los pueblos de acceso a la tierra, las semillas y al agua, así como a impulsar la reforma agraria.
Apoyemos a Bernardino García, Abuelo Charrúa, cuenta ABITAB 17508 Mas información AQUÍ
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Muchos de los mismos ciéntíficos y medios de comunicación que durante toda la década de los años 70 y parte de la de los 80 defendían la apocalíptica teoría del enfriamiento global (global cooling), actualmente defienden otra teoría completamente opuesta, la del calentamiento global, pero con los mismos fines: alarmar a la población mundial con el objetivo de obtener el consenso suficiente, para que las potencias occidentales se puedan arrogar el privilegio de controlar y gestionar a su antojo todos los recursos energéticos del planeta. 
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