Once comuneros de de la localidad de Caimanes, en el Valle de Quilimarí, están en huelga de hambre desde hace 60 días con el objetivo que el gobierno atienda sus demandas de detener la contaminación minera en su región.

Los comuneros permanecen en huelga desde el pasado 27 de septiembre en la sede del Colegio de Profesores de la Provincia del Choapa, y exigen su derecho a vivir en un medio ambiente seguro y libre de contaminación.

Los comuneros piden al Estado chileno y a la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, la cancelación del estanque El Muro debido al inminente rebalse que en cualquier momento puede ocurrir.

Los huelguistas explicaron que el dique es una represa artificial que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias y tiene diferentes fallas en su infraestructura.

El fondo de la represa no ha sido sellado y los restos tóxicos se filtran a las aguas subterráneas por tanto la población actualmente ya no cuenta con agua potable.

El vocero del Comité de Defensa del Pueblo Caimanes, Cristián Flores, explicó que la población de Caimanes tiene miedo a que el desborde la represa, ubicada a 10 kilómetros, los sepulte.

Debido a los oídos sordos de las autoridades locales y del gobierno central, el pasado jueves 18 de noviembre al mediodía los pobladores de Caimanes junto a organizaciones de medio ambiente protestaron en el bandejón central de la Alameda frente a la Moneda.

El Mauro es el nombre de un fundo, su nombre significa “brote de agua”, en él se encontraban las mayores reservas de agua dulce de la región hasta que llegó la minería. Debido a la falta de agua, el poblado El Mauro desapareció.

Actualmente, El Mauro es una represa artificial de agua donde se procesa las partículas minerales químicas que pertenece a la minera Los Pelambres, que es un megaproyecto de la compañía Antofagasta Minerals.

La represa se ubica en el Valle de Quilimarí al interior de Guanguali a 10 kilómetros de la localidad de caimanes.

Pelambres llegó a la zona a fines de 2001, y pese a la serie de observaciones y denuncias de irregularidades en el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía, tres años después se dio luz verde para el inicio de las obras.

Según los ingenieros la zona era propicia para construir un enorme relave, el más grande de Chile y el tercero de América Latina y así asegurar una vida productiva de 40 a 50 años a la mina.

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Los pueblos originarios-distribución equitativa, equilibrio y espiritualidad integradas a la naturaleza

La misogenia es un neologismo cuya raíz griega proviene del sustantivo griego MISOS, que significa odio, aversión y GENNA, que es el que indica origen, nacimiento, motivo o causa. Éste vocablo determina la aversión del individuo a sus orígenes, fue promovido su discusión en varios eventos por psiquiatras, sociólogos, psicólogos por el investigador Francisco Sancho en México. El misógino se puede ubicar en diferentes niveles, así lo determinó el psiquiatra Sergio Javier Villaseñor Bayardo director del centro de investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Desde la infancia el ser humano va delineando su personalidad, su forma de confrontar la realidad de acuerdo a la lógica que va desarrollando, asimismo las ideas que desarrolla va describiendo la realidad tal como la ve en ese momento. Es en esa etapa que el ser humano va desarrollando ciertas aversiones negativas, principalmente con las referidas al poder, asimismo con el desarrollo personal, lo cual, no es negativo, si engrandece sus orígenes y los valora. La misogenia es un problema universal. Así tenemos que una mayoría de europeos que estuvieron detrás de la cortina de hierro, en el ala soviética pretenden ser norteamericanos, o los mismos norteamericanos de otro origen no caucásico, quisieran dejar de serlo. Un caso palpable el de extinto cantante de música POP Michael Jackson, utilizo la cirugía estética para cambiar sus rasgos afroamericanos para parecerse blanco. A todo esto contribuyen los medios de comunicación, como la televisión y el cine que adoptan patrones internacionales sin importar lo particular de cada cultura de cada país. O en algunas ocasiones lo denigran y ridiculizan, tratando de imponer patrones sociales y culturales que no corresponden a cada realidad local o regional.

En los países andinos, tras la invasión y genocidio europeo, que trajo como elementos principales de su ingreso la xenofobia y la diglosia que generaron la misogenia en éstos. La raíz es que trajeron su cultura occidental, heredera de la grecorromana y la implementaron a sangre y fuego contra nuestra cultura y valores porque determinaron que era inferior. Entendamos que la cultura occidental es monista (una sola filosofía, una sola cultura, una sola religión) por lo que desprecia a las demás culturas y a las demás formas de Estado que tuvieron origen y desarrollo en nuestros territorios, por lo que era xenofóbica y monoteísta. Por ser su génesis monista, desprecia a la mujer y destierra a la humanidad del buen vivir. Sus lenguas solo sirven para conceptualizar su pensamiento disociador y excluyente. Por ello han implementado la escuela al estilo occidental que es el principal instrumento de dominación ideológica y política. 

      Por ejemplo la escuela peruana es una escuela cárcel, con sus principales torturadores, los maestros, que son quienes implementan las políticas de estado y del imperio. Los contenidos se da en forma de diglosia, donde los grupos dominantes hablan la lengua de prestigio de su supuesta civilización occidental, como aquello que debemos alcanzar y emular. Lo que privilegia el monolingüismo en desmedro de las culturas y lenguas originarias.

      La misogenia enfrenta al individuo contra el mismo, lo confronta y resquebraja por dentro destruyendo su integridad humana en los mas profundos sentimientos de sus valores que generaron su cultura, su amor por la naturaleza, por los seres que lo rodean en ella. Pues la característica del pensamiento occidental es la separación del hombre de la naturaleza, como si el hombre tendría el privilegio de ser un espectador con respecto del resto de la naturaleza, como un ser estático, observador de una realidad dinámica muy diferente a la visión andinas de todo, que no es un todo dividido sino relacionable, tal como lo describe Fernando Huanacuni:

Los pueblos indígena-originarios, aunque son muy diversos, han compartido un paradigma y valores diferentes al pensamiento occidental, por ejemplo, compartir los bienes comunes, la relación comunitaria de la tierra, filosofías de reciprocidad, intercambio, distribución equitativa, equilibrio y espiritualidad integradas a la naturaleza y la toma de decisiones por consenso. Este paradigma emerge de la relación profunda con el cosmos, con la Madre Tierra y con la vida. De esta relación se genera la “conciencia comunitaria” y de ella surge la estructura social del ayllu . Esta unidad social esta en harmonía con la estructura o unidad de vida y, por lo tanto la administración, la rotación de autoridades, la economía, la concepción jurídica y todas las expresiones culturales emergen de las leyes de la naturaleza.
Y sigue Fernando Huanacuni describiendo lo esencial de la cosmovisión andina en los siguientes términos:
Desde la cosmovisión originaria, somos hijos de la Madre Tierra ; por lo tanto es necesario diferenciar términos, conceptos y/o categorías; porque nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a ella; por lo tanto, mas que reclamar un derecho de propiedad, lo que se pide es el “derecho de relación” con la Madre Tierra. La gente pertenece a la tierra y no viceversa , “la tierra, el agua, el aire y todas las demás formas de vida aportaron partes para formar y ser nuestra carne. Somos nuestra tierra” .

¿Cómo determinamos, entonces la misoginia en dos personajes importantes de nuestra política Local? Primero veamos al ex presidente Alejandro Toledo. Su primer indicio de misoginia es su desprecio a su hija tenida con una ciudadana piurana de rasgos tallanes, la cual lo negó en todos los términos, hasta que tuvo que aceptarla después de un proceso judicial. Lo mismo la adopción de poses y formas conductuales occidentales negando en el actuar su origen originario. A lo que hay que agregar su matrimonio con una mujer de origen europeo, que es secundario, pero que es importante sus relaciones para la obtención del poder en el país.

El de Cesar Acuña Peralta cuyo origen es Yunga Muchic es paradójico. En su afán por obtener el poder, se desliga de su esposa de origen del mismo que la de él. Segundo, en su primer intento por obtener el poder, se alía a un blanquito de ojos claros, de origen Caucásico y apellido Europeo ( Natale Amprimo), con lo cual pierde desastrosamente las elecciones, lo mismo le ha pasado en las elecciones municipales en la ciudad de Lima y en la ciudad de Trujillo el sostén de su campaña es de seguir manteniendo las guarderías infantiles que llevan el nombre de su Madre, las cuales se encuentran instaladas en todos los barrios pobres de la ciudad de Trujillo. Aparte su colchón cautivo que tiene con las universidades. Y sigue en su error con su posible alianza con Yehude Simons Munaro. Lo cual denota a la larga su desprecio por sus orígenes. Hasta el slogan que identifica a su agrupación Política que denota el empate con el programa que instalo un presidente norteamericano para detener el influjo del comunismo y las guerrillas en latinoamerica. La famosa Alianza Para el Progreso. Deberíamos recomendarle que lea al Maestro Rodrigo Montoya, que acertó en sus análisis que los originarios, que son el mas del 95 % de la población del país en tomar el poder.
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1.Jorge Miranda P.H.D, Ponencia Primer foro de intelectuales e investigadores indígenas- CAN- 2007.
2.Ayllu en aymara, tenta en guaraní y kallpulli en maya significa comunidad.
3.Winona la Duke. “Aspectos del conocimiento y visión del mundo tradicionales”. (foro internacional sobre la globalización comité sobre los pueblos indígenas) 
4.Jeanntte Armstrong. “Comunidad, compartir una piel” (Foro internacional sobre la globalización comité sobre los pueblos indígenas).
5.Pachamaman wawapantanwa, en aymara significa “somos hijos de la madre tierra”. 

Túpac Isaac II
Juan Esteban Yupanqui Villalobos
http://juanestebanyupanqui.blogspot.com

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Ya fue la revolución armada, ahora debemos armar la revolución política, expresa el representante ñañú del estado de México, Antonio Mejía. Y pone el dedo en la llaga al inicio de la reunión convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la tribu yaqui de Vícam:  Que el CNI deje la fase de quejas y denuncias. Ya hay que hacer algo. Qué bueno que hoy es una fecha histórica. Recuerda que el movimiento de 1910 dio nacimiento al artículo 27 constitucional, y todo  para que lo destruyeran las contrarreformas de Salinas y Fox.

El primer Foro Nacional en Defensa del Agua no sólo reúne a más de medio centenar de delegados de pueblos de Jalisco, Sonora, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal y Michoacán. También marca la inusual conjunción de una resistencia indígena (la de los yaquis) con un frente ciudadano (del valle del Yaqui). Es notable: productores agropecuarios y medianos empresarios que coinciden, incluso en los términos, con un movimiento indígena.

Adalberto Rosas, del frente en defensa del agua, confía en la  convergencia de fuerzas que vamos a generar aquí contra el gobierno que quiere satisfacer su gana, saboreándose el agua de 7 municipios que quiere sacar del sur de Sonora. Indígenas y productores se oponen a la sangría del generoso río Yaqui.

Juan Chávez, purépecha de Michoacán, en nombre del CNI, asentaba en la inauguración:El agua es para nosotros la vida, mientras que para el capitalismo es una mercancía más que se puede negociar. También  es la palabra colectiva la que nos representa y nos permite llegar al nuevo amanecer. Y sostuvo: “Somos los guardianes del agua y la tierra de nuestros territorios.

Antes como antes, y ahora como ahora, parafrasea a sus mayores Tomás Rojo Valencia, y a nombre de los gobernadores yaquis de Vícam y Pótam  da permiso  para iniciar el foro bajo una gran manta donde se lee:  La lucha por la autonomía y autodeterminación son principios irrenunciables de la tribu yaqui, mientras él la describe:

Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente.

Siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. Es la cifra que se desprende del primer relevamiento sobre la actividad extractiva y que confirma la negativa que genera la minería a gran escala en el país. Realizado por la consultora Aresco, el estudio abarca seis provincias cordilleranas y señala que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. Con el marco de la aprobación de la ley de protección de glaciares y la movilización sostenida de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –un centenar de organizaciones en todo el país–, la investigación afirma que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, revela que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicita un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad. Argentina planifica la instalación de quince proyectos en el corto plazo y publicita la existencia de 400 proyectos en exploración.

El 23 de marzo de 2003 se produjo un quiebre en el avance de las empresas mineras y también en el accionar de las comunidades para decidir su forma de desarrollo. En la ciudad chubutense de Esquel se realizó un plebiscito donde el 81 por ciento votó por el “no a la mina”, que frenó la instalación de un emprendimiento de oro y plata. Ningún otro gobierno provincial permitió votaciones sobre la actividad minera. Y ninguna empresa aceptó someter su posible instalación a la opinión de la población. Nunca se conocieron datos estadísticos sobre el rechazo, o aceptación, de la actividad minera a gran escala.

“Estudio sobre minería a cielo abierto en provincias mineras”, es el nombre del relevamiento realizado en septiembre último por la consultora Aresco, bajo la dirección del sociólogo Julio Aurelio. Con una muestra de 802 casos abarcó las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. El trabajo de Aresco destaca que se cubrió todo el territorio de las provincias y no sólo las áreas directamente vinculadas con la explotación minera.

Consultados sobre el posible “acuerdo con la producción minera a cielo abierto a nivel nacional”, el 76,6 por ciento afirmó estar “poco/nada de acuerdo” y sólo el 17,4 por ciento se mostró a favor. Cuando la consulta se realiza sobre la actividad a nivel provincial, el 31,3 por ciento optó por el “nada de acuerdo” y el 30,1 por ciento “poco de acuerdo”. El rechazo provincial llega así al 61,5 por ciento. El 12,9 por ciento se mostró “muy de acuerdo” y el 14,8 “bastante de acuerdo”.

“Gran parte de la población de las seis provincias, dado el impacto sobre el ambiente, no muestra acuerdo con el desarrollo de la minería a cielo abierto y con los beneficios impositivos que se otorguen a las empresas”, es una de las conclusiones del trabajo. El 33,2 por ciento afirmó estar “nada de acuerdo” con las ventajas impositivas de la minería, y el 33,8 por ciento optó por el “poco de acuerdo”. De esta forma, siete de cada diez personas cuestionaron la actual legislación que impulsa la actividad.

Desde la década del ’90 en el país rige un paquete de leyes sobre la minería a gran escala, entre ellas las leyes 24.196 (de Inversiones Mineras) y 24.228 (Acuerdo Federal Minero). La legislación nacional prohíbe al propio Estado (nacional, provincial y municipal) explotar por sí solo cualquier yacimiento. En contraposición, las grandes empresas internacionales gozan de estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años, tiene un tope de sólo tres por ciento a las regalías en las provincias (se calcula en base al valor de boca de mina, bajo una simple declaración jurada de la propia empresa y sin control estatal), cuentan con exención del arancel de importación para equipos y maquinarias, devolución de IVA a la exploración y exención de impuestos a las ganancias.

Desde 2007 la actividad minera tiene retenciones a las exportaciones. Cinco por ciento para minerales procesados y diez por ciento para los concentrados. “Las compañías mineras suelen publicitar las enormes cifras sobre exportaciones, pero en verdad esas cifras significan poco para la macroeconomía de Argentina porque las empresas no tienen obligación de liquidar divisas en el país”, resumió Horacio Machado Aráoz, investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).

La encuesta de Aresco plantea un apartado sobre minería y ambiente: el 52,7 por ciento afirmó que la actividad de las empresas “provoca un impacto importante en el medio ambiente”, mientras que el 13,3 sostiene que “no provoca ningún impacto”. La consultora introdujo una disyuntiva entre puestos de trabajo y ambiente y pregunta qué debe tener prevalencia. El 72,5 por ciento afirmó que debe tener prioridad el cuidado del ambiente.

Datos oficiales de la Secretaría de Minería de Nación señalan que el número de proyectos mineros creció un 900 por ciento entre 2003 y 2010. En ese período se pusieron en marcha ocho grandes proyectos y comenzó la instalación del megaemprendimiento Pascua Lama, operada por la empresa Barrick Gold. La Secretaría afirma que en los próximos años se construirán otros quince “proyectos mineros de envergadura internacional”.

En la última Feria de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), el mayor encuentro de negocios de la minería mundial, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, anunció que Argentina “será uno de los principales productores mineros del mundo” y precisó que el país pasó de tener doce proyectos mineros “a más de 400” en exploración.

“Venimos por noveno año consecutivo a comentarle a la comunidad inversora del mundo que Argentina es la nueva frontera minera que tiene el mundo para poder expandirse y para poder desarrollarse. Estamos felices de poder llevarlo adelante”, afirmó Mayoral ante un auditorio de empresarios extranjeros y auguró que, para el 2020, el país pretende ser “el gran jugador minero del mundo” en materia de cobre, oro, plata y litio entre otros minerales.

Consultado por la ausencia de encuestas sobre aceptación o rechazo respecto de la minería, Federico Aurelio, director de consultora Aresco, aportó hipótesis: “Es muy extraño que, dada la polémica que genera la minería y la importancia económica del sector, no se realicen estudios periódicos sobre la opinión de la población, incluso debieran ser obligatorios. Estimo que también es posible que existan esos estudios, pero contengan información que no convenga ser divulgada”.

Aurelio explicó que su consultora realizó el estudio por una solicitud del programa televisivo Bajada de línea (de Víctor Hugo Morales), destacó que un relevamiento posterior debiera ampliar la muestra en cada provincia para poder hacer lecturas detalladas de cada ciudad y afirmó que el estudio “es indicativo de un piso en cuanto al rechazo que genera la minería”.

Las compañías mineras usan, a nivel internacional y local, dos palabras como sinónimos de buenas prácticas empresarias: “licencia social”. Así llaman las mineras al apoyo que las comunidades otorgan a las compañías en su etapa de exploración de minerales. En ese período es cuando comunican sus promesas hacia la comunidad y practican estrategias de seducción hacia las poblaciones aledañas, muchas veces mediante donaciones a escuelas y hospitales.

Es regla del sector minero internacional y local prometer que avanzarán en construcción y extracción si obtienen la licencia social de la comunidad. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Manuel Benítez, participó en abril último de Expomin 2010, la feria del sector que se realiza en Chile y a la que concurren todas las grandes compañías. En su discurso celebró el impulso de la minería en Argentina, el avance de empresas en busca de litio y uranio y recordó que la licencia social es “imprescindible para el desarrollo minero”.

Las Asambleas Ciudadanas (UAC) rechazan la megaminería por las consecuencias sociales, económicas y ambientales. Entre las mayores críticas sobresale el enorme consumo de agua, siempre en zonas semidesérticas, que se contamina y se vuelve irrecuperable. Las UAC coinciden, en forma unánime, en no otorgar la licencia social a las empresas mineras. El relevamiento de la consultora Aresco cuestiona también la supuesta licencia social de las compañías mineras y, por primera vez, aporta elementos cuantitativos a una de las consignas históricas de las Asambleas: “El agua vale más que el oro. No a la mina”.

Imagen: Internet. Tala rasa provocado por las forestales

Por Alfredo Seguel

Mapuexpress, 22 de noviembre, 2010.- Recientemente sectores políticos aliancistas y concertacionistas, aprobaron en la camara baja con contundente mayoría, solo 7 abstenciones y ningún voto en contra, la prórroga del DL Ley 701, instrumento de origen de facto que apunta en el presente a incentivar la expansión forestal en sectores de pequeños y medianos propietarios en zonas rurales, lo que ha sido muy celebrado por estos sectores políticos y grupos empresariales.

Dicha iniciativa es parte de una violenta ofensiva de expansión de la industria forestal, que beneficia a los grandes capitales y que se impone de manera viciada atentando gravemente a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente.

Con 77 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó a fines de Octubre de este año, en primer trámite, la prórroga por dos años de la entrega de bonificaciones correspondientes al Decreto Ley 701 y que apunta a incentivar la actividad forestal en el país. Cumplido con éxito este paso, según el oficialismo, la iniciativa pasará ahora al Senado y, de no haber discrepancias entre ambas ramas del Legislativo, quedará en condiciones de ser promulgada y entrar en vigencia el 1 de enero de 2011.

El Decreto Ley considera ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo del 90% para los pequeños propietarios, en las primeras 15 hectáreas, un 75% para los medianos propietarios y un 50% para los grandes propietarios, según comunicó CONAF.

Esta prórroga ha sido celebrada por diversos sectores políticos de la Alianza por Chile y de la Concertación y se ha considerado como un importante beneficio y oportunidad que, según comentarios de varios legisladores, beneficiará principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales.

Cabe mencionar que dicho Decreto (701) se instaló en 1974 durante la Dictadura Militar tendiente a otorgar beneficios con arcas fiscales a los principales grupos económicos del País (Matte y Angelini) para imponer bajo subsidios un oligopolio en la industria Forestal.

La fuerte expansión y presión de las empresas forestales, principalmente entre la VII a X Regiones, ha incrementó la pérdida de Bosques nativos, pérdida de los recursos hídricos, acorralamiento de comunidades, daños ambientales. Del mismo modo, el incremento en el empobrecimiento mapuche y de vastos sectores campesinos coincide con la concentración de plantaciones forestales.

La consecuencia de esta política económica agudiza aún más el arrinconamiento de las comunidades mapuche y campesinas en los retazos menos aptos para la agricultura y, en definitiva, se rompe con los mínimos necesarios para la subsistencia, la cultura y el medio ambiente.

Por otro lado, considerando que el patrimonio forestal de las grandes compañías está prácticamente agotado en las regiones VII y X Regiones para adquirir grandes paños, la expansión va apuntada a incorporar paralelamente a sectores campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores y la prórroga actual del Decreto Ley 701 va en ese sentido como política de estado, bajo la complicidad y sometimiento de los sectores políticos gobernantes.

Este hecho que se vive no es reciente, es parte de un proceso de saqueo. En el año 1998 se modificó el D.L. 701, esta vez, no para beneficiar exclusivamente a las grandes compañías, sino dirigida al mundo campesino. Posteriormente se crea en el Indap el crédito de enlace forestal y durante el invierno del año 2002 se implementa por la Conaf y el Infor el Programa de Transferencia Tecnológica Forestal que provee de asistencia técnica, extensión forestal y capacitación a los pequeños propietarios que se incorporan a la actividad forestal.

Según CONAF y fuentes de gobierno de la época, a través de su programa de forestación a campesinos y comunidades, en Chile existen cerca de 2.000.000 de hectáreas de aptitud forestal que disponen los pequeños propietarios, y que según ellos, al ser forestadas contribuirían de manera importante al desarrollo de este sector.

Esta nueva estrategia, beneficia a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos, como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones. Para este fin, el Programa de Forestación Campesina ha contado con miles de millimes de pesos para este fin en los últimos años involucrando a miles y campesinos y comuneros.

La misma Corma (Corporación de la Madera) ente articulador del sector mega forestal chileno, ha reconocido que sus inversiones dependen de tasas de forestación. Jorge Seroni de ExpoCorma señalaba en el 2005 que el fuerte aumento en el valor de la tierra en los últimos 20 años hace muy poco rentable para las empresas forestales la compra de predios para comenzar proyectos de forestación como los que se iniciaron hace más de dos décadas. Asimismo agregó sobre la proyección en las plantas de celulosa, las que se construyen, indicó, cada 150 mil hectáreas de “bosques”.

Esta versión empresarial señaló que “ahora corresponde al Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un horizonte de 15 a 25 años. Agregó que existen unos 4 millones de hectáreas en la Séptima, el norte de la Octava y la Novena Región de terrenos aptos para ser forestados”, mensaje siniestro y alarmante.

Por otra parte, pero en el mismo contexto, desde hace años sectores privados como CORMA o la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, vienen promoviendo y exigiendo al sector público de planes que permita a los mapuche y campesinos explotar sus tierras con miras a la actividad forestal, según ellos, como una forma eficiente de superar la situación de pobreza de las comunidades indígenas, para se transforme a las comunidades en pequeños forestales mediante apoyo técnico, educación y capacitación de sus miembros, todo esto tendiente a la integración de las comunidades, y frenar lo que ellos han denominado “la vía social violenta”.

Otra forma de introducción de especies exóticas en comunidades y sectores campesinos, que obviamente va en beneficio de las empresas, es suscribir convenios de forestación asociativa en el cual el pequeño propietario se compromete a aportar la superficie a forestar, mientras las compañías se encarga de financiar la mantención de ésta, para luego adquirir las cosechas en un periodo aproximado de 15 a 20 años.

En definitiva, esta es una violenta ofensiva, las empresas y servicios públicos están abocados de lleno a promocionar descaradamente las plantaciones exóticas entre comunidades Mapuche y campesinos para obtener la complicidad y neutralidad de los más desposeídos en estos territorios. Su objetivo es propiciar la integración de los pequeños propietarios campesinos al sector forestal, en especial a los contemplados en el Decreto Ley 701, operando bajo diversas modalidades que aseguren el cumplimiento del objetivo central, su expansión, estando el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones a favor de las grandes empresas madereras.

Como efecto de esta nueva política, se segurita intensificando la presión al bosque nativo y la flora y fauna, como también, la pérdida de los recursos hídricos será extrema y se postrará la degradación e infertilización de las tierras, lo que generará progresivamente la emigración de gran parte de la población rural a la vida urbana, generando mayor empobrecimiento, cesantía, hacinamiento y serios trastornos sociales.

Uno de los destinatarios en la prórroga del Decreto Ley 701 son Comunidades Mapuche y para este fin el estado chileno tiene la obligación de consultar y establecer un proceso que asegure el derecho de participación de manera libre, previa e informada, donde se actúe de buena fe, de conformidad al Convenio 169 de la OIT, tratando internacional de Derechos Humanos vinculante al estado chileno y que además debe interpretarse con la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al respecto la institucionalidad pública señala que si cumplió con el proceso de consulta, el que se ciñó estrictamente al Decreto Supremo 124 del 25 de septiembre del año 2009, el cual reglamenta el artículo 34 de la ley 19.253, a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas. Además, se ha señalado que en este proceso CONAF fue asistido y acompañado por la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Como parte de los procesos de consulta indican, se señaló sin consultar, que “el Consejo Nacional de la CONADI era una instancia representativa para llevar a efecto la consulta sobre la materia específica que podría afectar o beneficiar a los pueblos indígenas”, cuya mayoría son funcionarios dependendientes de instancias políticas del estado chileno.

Cabe mencionar que desde la misma OIT con respecto a su alcance del Convenio 169 y, se ha señalado que El Convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

• La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;

• Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

• Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

La OIT señala:

“La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden”.

Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ha señalado la OIT.

El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos indígenas.

Por tales razones, la violenta imposición del Decreto Ley 701 es contrario a esto. Se está excluyendo posibilidades reales de bienestar social y desarrollo verdadero para el mundo rural. Se niega la posibilidad de desarrollar suelos para una agricultura de variedad que asegure la soberanía alimentaria. Suelos para la recuperación de bosques de verdad que permitan la recuperación de las tierras erosionadas o desertificadas a causa de malas producciones. Bosques para la recuperación de las aguas, la medicina natural, los paisajes y la alimentación. Suelos para la crianza de ganado.

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