El objetivo general del proyecto es contribuir a la conservación y la producción sustentable de bienes y servicios productivos y ambientales del bosque nativo, en el ámbito de las explotaciones agropecuarias.  

El monte nativo se encuentra presente en unas 750.000 ha del territorio de Uruguay, ocupando áreas parciales en 15.000 explotaciones agrícola-ganaderas, acompañando con diversas modalidades los cursos de agua, serranías, y otros paisajes específicos. Provee en estas explotaciones principalmente leña, madera para alambrados y construcciones rurales, abrigo y sombra para el ganado. Constituye una de las principales fuentes de diversidad de la flora y fauna regional, cumple funciones centrales para la conservación de los cursos de agua, contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero.
Objetivo específico 1. Mejorar el sistema de incentivos económicos para el pequeño productor.
Objetivo específico 2. Difundir en los productores rurales y el conjunto de la sociedad  el conocimiento del ecosistema monte nativo y de los beneficios que presta.
El proyecto se realiza en el marco de un consorcio de instituciones integrado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre el Desarrollo (CIEDUR), que tiene a su cargo la Coordinación General;  la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Programa de Producción Responsable,  el Gobierno local del Departamento de Paysandú, y Central Lanera Uruguaya. 
Cuenta con el apoyo del Programa de Subvenciones para Ecosistemas (EGP en idioma inglés), de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN NL).
Se aplica en cuatro departamentos de Uruguay, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. La ejecución se extenderá hasta fines del año 2010.

Antecedentes del Proyecto

Uruguay, en relación a su población, es un país rico en recursos naturales y, a consecuencia de la importancia de la ganadería extensiva durante los dos últimos siglos, éstos se encuentran en un grado de relativa baja transformación por la acción humana. El bosque nativo  -ecosistema muy biodiverso, que se presenta asociado al bioma pampa- se encuentra presente en el 4% de la superficie del país. Abarca 750.000 hectáreas,ocupando áreas parciales en 15.000 explotaciones agrícola-ganaderas, acompañando con diversas modalidades los cursos de agua, serranías, y otros paisajes específicos. El bosque se extiende –localizadamente- en el territorio de Uruguay, y con variantes en regiones vecinas de Argentina (Provincias de Entre Ríos y Corrientes), y sur de Brasil (Estado de Río Grande del Sur).

América del Sur en general, y el MERCOSUR  en particular, constituyen un territorio con un alto potencial para la producción de productos básicos. Las diversas fronteras agrícolas amenazan ecosistemas de altos valores de conservación al igual que a comunidades locales asentadas desde tiempo inmemoriales. En ese contexto, y coincidiendo con funciones significativas que cumple el bosque nativo en términos productivos, sociales y ambientales, existen en curso fuertes amenazas para su degradación y destrucción, tanto en Uruguay, como en la región. Así, las plantaciones forestales industriales monoespecíficas, y la expansión continua de la agricultura extensiva, liderada por el cultivo de soja, son la base de masivas inversiones directas; en la próxima década que se está iniciando, las obras para la acumulación y distribución de aguas para riego se sumarán como otro factor de gran amenaza para el monte nativo.

Las dificultades generales para generar empleo y asegurar condiciones de vida aceptables para amplios sectores de la población en el sector urbano, indican la conveniencia de extremar esfuerzos para que los pequeños productores y sus familias continúen ligados a sus explotaciones agropecuarias, y realicen una gestión sustentable de sus recursos.

Se propone una intervención en cuatro departamentos de Uruguay: Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Allí se encuentra el  21% de la superficie de monte nativo del país, 8629 explotaciones  agropecuarias, y residen 32.367 pobladores rurales y 27 738 trabajadores (Censo Agropecuario 2000). La mitad de las explotaciones tienen superficies menores a 100 hectáreas, correspondiendo a pequeños productores familiares. El uso de la tierra predominante en estas pequeñas explotaciones es la ganadería de vacunos y lanares; en algunas regiones las explotaciones son agrícola-ganaderas, combinando cultivos cerealeros y ganadería. En general el trabajo es aportado por el productor y miembros de su familia. 

El bosque nativo es una fuente tradicional de productos y servicios de valor económico para las explotaciones que lo contienen; provee en estas explotaciones principalmente leña, madera para alambrados y construcciones rurales, abrigo y sombra para el ganado;  también de formas de vida de subsistencia,  de recreación y turismo interno para los sectores populares del campo y la ciudad, que los definimos como “usuarios” corrientes del ecosistema: son productores de miel que no poseen tierra, explotadores (montaraces) de leña, carbón, y maderas que trabajan contratados por los propietarios;  pescadores y cazadores, recolectores de plantas medicinales, turistas populares, etc.
Un conjunto de ONGs se interesan tanto por la conservación del  bosque nativo, como por componentes determinados del ecosistema (flora, aves, mamíferos).
 
El monte nativo constituye una de las principales fuentes de diversidad de la flora y fauna regional, cumple funciones centrales para la conservación de los cursos de agua, contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero (servicios ambientales).

En la identificación de la acción propuesta, coinciden tanto la perspectiva de los beneficiarios directos y finales, como los valores intrínsecos del ecosistema que están en juego. La acción se inscribe en esa problemática y es coherente con las políticas en curso, y las preocupaciones de los pequeños productores rurales,  la sociedad civil,  y el Estado. Asimismo, tanto el ecosistema como los problemas planteados, con matices,  son representativos de lo que ocurre en la región de la Mesopotamia Argentina, en especial,en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Fuente: GRUPO DE VIVERISTAS DE ESPECIES INDIGENAS DE URUGUAY

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La canciller mexicana, Patricia Espinosa, presidenta de la COP 16, tiene la delicada misión de lograr acuerdos que satisfagan a las partes y la sociedad civil. Foto: JA / Servindi

Por SENA-Fobomade*

6 de diciembre, 2010.- En la primera semana de debates de la Cumbre de Cancún no se avanzó prácticamente nada en lo referente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema principal de la conferencia. “Lo que tenemos aquí es una incertidumbre total sobre la continuidad del segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto”, evaluó el viernes el embajador boliviano Pablo Solón. El sábado, los países ricos divulgaron una propuesta que prácticamente liquida al Protocolo.

Reconociéndose como principales responsables del calentamiento global, los países desarrollados signatarios del Protocolo de Kyoto se comprometieron a reducir sus emisiones en un 5 por ciento en un primer periodo que va de 2008 a 2012. El objetivo fundamental de la Cumbre de Cancún era acordar cuánto recortarán de 2013 en adelante, en un segundo periodo de compromisos del Protocolo.

La representante de la Unión Europea Marie Anne Conninsx propuso modificar el Protocolo de Kyoto de tal forma que tomen parte todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluidos China y Estados Unidos.

Pero apenas iniciadas las reuniones en cada uno de los grupos específicos de negociación (financiamiento, transferencia de tecnología, alternativas para reducir las emisiones y protocolo de Kioto) quedó claro que los países desarrollados no quieren avanzar hacia un segundo periodo de compromisos del Protocolo.

En los discursos inaugurales del grupo de trabajo específico, Japón y otros países que suscribieron el protocolo de Kyoto declararon abiertamente que nunca aceptarán un segundo periodo de compromisos.

El viernes 3 de noviembre, representantes del ALBA, respaldados por países árabes, africanos y el G77+China, confirmaron la intención de un grupo de países desarrollados de no firmar un segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto.

“Hay países que de una manera sincera y transparente nos han dicho que no habrá un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto, pero hay otros que nos han planteado que para que haya un segundo periodo de compromiso primero se tienen que abrir las puertas a otro protocolo del cual podamos ser parte en el futuro”, reveló el embajador Pablo Solón.

“Esto es como decirle a una persona que, para seguir casada contigo, primero quiero que me dejes abierta la puerta para tener una segunda esposa”, ironizó Solón.

La comisaria europea responsable de Acción para el Clima Connie Hedegaard descartó que un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que sustituya al protocolo de Kyoto, y propuso avanzar en temas secundarios para evitar que el proceso se paralice. (EUROPA PRESS)

“Esto es inadmisible, nosotros veníamos aquí a discutir cuál iba a ser el monto de la reducción de emisiones para este segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto, y no simplemente a discutir temas colaterales”, respondió Solón.

“Hemos estado tratando de acercarnos cuando del otro lado uno encuentra al representante de un país que dice que quiere ir a la playa, porque aquí no hay nada que hacer en la semana. Entonces uno entiende que estar aquí, políticamente, es una pérdida de tiempo y además se estaría garantizando que ocurran escenarios mil veces peores que lo que nosotros hemos visto”, denunció la representante de Venezuela Claudia Salerno.

“Nos sentimos extremadamente frustrados y nos queremos adelantar a lo que puede ser un 10 de diciembre fatídico. Necesitamos que hoy, antes de que se produzca el texto de mañana que van a elaborar los chefs de los grupos de trabajo, utilicen las horas que queden del día para avanzar y tratar de cambiar la posición de estos países”, declaró Salerno.

El bloque ALBA dejó en claro que no firmaría un acuerdo que no contenga disposiciones para un segundo período de compromisos del Protocolo. La delegada venezolana enfatizó que “las posiciones de nuestros países no se venden, no hay dinero en el planeta que compre una decisión por parte de los países del ALBA que pueda significar la muerte de ningún ser humano sobre este planeta”.

En el segundo día de debates, el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón propuso crear un Grupo Informal (GI) para recoger las principales posiciones y presentar un primer borrador de discusión. Desde entonces, los verdaderos debates de la COP se dan al interior de este selecto grupo de países, alertó la secretaria de la Alianza Social Continental (ASC), que articula a las principales organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica.

Ante la imposibilidad de avanzar en las cuestiones más importantes, el GI se propone generar un “Acuerdo de Copenhague Plus” que contemple puntos muy básicos referidos a financiamiento y transferencia de tecnología, y también nuevos instrumentos del denominado mercado de carbono.

El documento del GI divulgado el sábado 4 de diciembre propone alcanzar acuerdos en temas secundarios como las normas de transparencia sobre las emisiones y la expansión del mercado del CO2. No incluye nuevos compromisos de reducción de emisiones, elimina toda referencia a mantener el calentamiento por debajo de 1 a 1,5 grados, y no rescata ni una sola propuesta del documento de la Cumbre de Cochabamba. En los hechos, su objetivo es dar fin al Protocolo de Kyoto.

En el texto se habla de movilizar recursos en un máximo de 1,5% del PNB de los países del Anexo 1, pero se mantienen los criterios del Acuerdo de Copenhague acerca del origen de los mismos. Estados Unidos propone un fondo similar al Fondo para el SIDA con destino a los países más vulnerables, pero no estipula escalas ni mucho menos compromisos.

El GI da potestad fiduciaria al Banco Mundial para que supervise el nuevo fondo mundial para el clima, pese a que los países en desarrollo solicitaron de forma unánime un nuevo fondo controlado por la CMNUCC.

El documento de marras incluye los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y la iniciativa para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), que es parte de las medidas de mitigación, pese a que varios científicos e investigadores de todo el mundo advirtieron que el mercado de carbono es incongruente con el requerimiento de la ciencia porque permite a los países más contaminantes eludir completamente sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El presidente Felipe Calderón dijo que la incorporación de temas forestales reviste gran importancia puesto que muchos países iberoamericanos tienen serios problemas por la pérdida de la capa forestal. Si se logra dotar al mundo de un mecanismo REDD para detener la deforestación para el año 2020, se tendría un gran avance en la cumbre de Cancún, se pronunció Greenpeace.

Si en Cancún se logran aprobar ambiciosas estrategias contra la deforestación, concretamente los mecanismos REDD, tendremos nuevas fórmulas de financiamiento para recuperar y preservar bosques y selvas tropicales, destacaron Calderón, Marie Anne Conninsx y el eurodiputado sueco Dan Jorgensen.

La India ha sido uno de los principales beneficiarios del MDL y quisiéramos que esa herramienta del Protocolo de Kyoto continúe y se fortalezca, comentó el ministro de Medioambiente de ese país Jairam Ramesh.

Según el director del Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil Luiz Alberto Figueiredo, la COP16 tendrá un carácter menos legislativo que la COP15 de Copenhague, y vaticinó que la reglamentación del mecanismo REDD puede ser el único acuerdo de la negociación.

El Estado de Bolivia cumple un rol protagónico en las negociaciones internacionales sobre cambio climático desde la COP 15 del año pasado, cuando los países del ALBA bloquearon el denominado “Entendimiento de Copenhague”. En la actualidad, es tal vez el único país decidido a frustrar el fraudulento mercado de carbono en la COP16 de Cancún.

Según las normas de Naciones Unidas, todos los acuerdos de la Convención deben ser adoptados por consenso y aprobados de forma unánime por los Estados que participan en la Cumbre. En la COP15 de Copenhague, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua rechazaron el documento propuesto por Estados Unidos, China, India y Sudáfrica, y al plenario no le quedó otra opción que cerrar la XV Conferencia sin aprobarlo por falta de consenso.

Tras el fracaso de Copenhague, el representante de la Casa Blanca Michael Froman y la comisaria de la UE Connie Hedegaard se reunieron el 27 de enero para buscar salidas y evitar que “países poco constructivos” como Venezuela y Bolivia frustren nuevos acuerdos. Froman propuso “neutralizarlos, captarlos o marginarlos”, según cables filtrados por WikiLeaks y difundidos por el diario El País de España.

Apenas comenzaron las negociaciones en Cancún, el director de Política de Clima Internacional, del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC en inglés) Jake Schmidt alertó que algunos países tratan de obstaculizar el progreso en las negociaciones, sin considerar que “el fracaso en Cancún no les resultará en un beneficio propio”.

Algunos países como Papúa Nueva Guinea sugirieron que si no había posibilidades de alcanzar un acuerdo por consenso, éste debería adoptarse por votación. Luego la presidenta de la COP desmereció las posiciones de Bolivia y del ALBA, tildándolas de posturas más ideológicas y políticas que ambientales. (http://www.jornada.unam.mx/2010/12/03/index.php?section=sociedad&article=048n1soc )

Bolivia y sus aliados del ALBA replicaron que sólo defienden lo estipulado en la Convención Marco y en el Protocolo de Kyoto, reivindicaron una vez más el principio del multilateralismo en las negociaciones de ONU, y reiteraron que no aceptarán jamás la propuesta de los países desarrollados porque no responde en lo más mínimo a las necesidades globales en cuanto a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, y pasa la carga de la mitigación a los países en desarrollo.

En estos momentos los delegados bolivianos son presionados por varios gobiernos y también por instituciones financieras como el Banco Mundial, que amenazó con retirar créditos al país. Todo indica que las presiones recrudecerán en la segunda semana de negociaciones que comienza este lunes.

La estrategia de los países desarrollados y de sus agencias consistirá en mostrar a Bolivia y a sus socios del ALBA como los principales responsables de un nuevo fracaso en la COP16 de Cancún.

La ASC dijo que es preocupante que otros países que podrían jugar papeles activos en la denuncia de este proceso antidemocrático todavía no han salido fuertemente a establecer sus posiciones, “dejando bastante aislados a los países del ALBA”.

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* Reporte especial del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.

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Fuente: Bolpress: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010120601

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