Una indígena de la tribu Caiapo encabeza una manifestación contra la construcción de la gigante represa Belo Monte en la Amazonía, que acaba de recibir la licencia para comenzar las obras, en Brasilia, el 8 de febrero de 2011.

En Latino, 2 de marzo, 2011.- Los indígenas y líderes ambientales que hace unos días protestaban contra la construcción de una mega represa en plena selva amazónica lo lograron.

La justicia federal suspendió en el estado brasileño de Pará la licencia provisoria que permitía el inicio de obras para la construcción de la gigantesca represa de Belo Monte, en la región amazónica.

“Con esta decisión, todas las obras que eventualmente hayan comenzado en el lugar deberán ser paralizadas a partir del momento en que la empresa constructora sea informada”, determinó el fin de semana pasado el juez Ronaldo Desterro, del noveno tribunal de la justicia federal en Pará.

Entre los requisitos estaban recuperación de áreas degradadas, preparación de infraestructura en los centros urbanos, programas de apoyo a poblaciones indígenas y estudios para garantizar la navegabilidad.

“No queremos Belo Monte, esa gran construcción traerá mal a nuestros pueblos y nuestros bosques en el rio Xingú“, había dicho a la AFP el líder indígena Raoni.

Con 11,000 MW de potencia y un costo estimado en $11,000 millones de dólares, la gigantesca represa sería la tercera mayor del mundo, después de Tres Gargantas, en China; e Itaipú, en Brasil.

El proyecto ha tenido detractores internacionales famosos, como el cantante británico Sting y el director de Avatar, James Cameron.

Tres líderes indígenas de la región amazónica de Brasil y Perú advirtieron este 1 de marzo en Londres de los peligros sociales y medioambientales que conllevan para sus comunidades la planeada construcción de tres grandes represas.

Oslo, Ginebra, París y Londres han sido los destinos de la gira de diez días para buscar apoyo internacional para evitar la construcción de centrales hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas: en Pakitzapango (Perú), Complejo Madeira y Belo Monte (Brasil).

El Gobierno brasileño planea la construcción de más de 60 represas en la región amazónica de Brasil y ha firmado un acuerdo de seis proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas en la amazonía peruana, como la de Paquitzapango en el río Ene.

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Fuente: Portal informativo En Latino.com:  http://www.enlatino.com/actualidad/indigenas-de-america-latina/prohiben-la-construccion-de-la-megarepresa-en-el-amazonas-343

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Pedro Arrojo Agudo

La desregulación financiera ha venido acompañada de una desregulación ambiental y social que no ha hecho sino desproteger más aún a los más débiles

Es en un marco de  falsa racionalidad económica en el que hay

que situar las presiones desreguladoras promovidas por el Banco

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La desregulación

financiera ha venido acompañada de una desregulación ambiental

y social que no ha hecho sino desproteger más aún a los más débiles, bajo el argumento de dar libertad al mercado, a fin de promover un desarrollo que, se supone, acabaría beneficiándolos en última instancia. Desde este enfoque, se han despreciado valores

sociales, como la salud pública; valores ambientales, como la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, e incluso principios éticos, perdiendo la perspectiva del interés general y de derechos

básicos que deben ser de acceso universal, como los derechos

humanos. Estos valores, en muchos casos, además de vertebrar la

cohesión social y moral de la sociedad, proyectan impactos económicos de enorme trascendencia, tanto para la sociedad actual

como para las generaciones futuras. Por ello, el autor afirma que

esa pretendida racionalidad económica es falaz, más allá de inmoral

E l   v a l o r   e c o n ómi c o   d e   l a

s o s t e n i b i l i d a d   e n  ma t e r i a

d e   a g u a s

Para quienes no han reflexionado suficientemente, puede resultar sorprendente que en el año

2000, después de largos debates,

el Parlamento Europeo acabara

aprobando, con un amplio nivel de

consenso, un marco legal para

toda la UE, denominado Directiva

Marco de Aguas, cuyo objetivo

central era y es recuperar para

2015 el Buen Estado Ecológico de

ríos, lagos y humedales. Podría

pensarse que el Parlamento

Europeo está dominado por tendencias ecologistas radicales. Sin

embargo, apenas si hay una treintena de diputados y diputadas verdes, en una cámara con más de

quinientos miembros. En realidad,

la explicación de esta aparente

radicalidad ecologista no es otra

que el predominio del “pragmatismo economicista” anglosajón. En

Europa, como en otros países

desarrollados, se empieza a

entender que cortar un bosque a

mata-rasa en nombre del desarrollo no sólo es una barbaridad ecológica sino un desastre económico. Sin duda será un buen negocio para la empresa que se lleve

la madera, pero significará un

desastre económico para el país

que lo permita o lo promueva.

Pues bien, Europa empieza a

entender que sobreexplotar o contaminar un acuífero o un río, en

nombre del desarrollo económico,

acaba siendo un desastroso

“negocio” para el país. Un desastroso negocio que, eso sí, acaban

pagando especialmente caro los

más débiles y vulnerables.

En el fondo, podríamos concluir

que Europa ha optado por valorar

el medio ambiente, en este caso

en materia de aguas, por  “egoísmo inteligente”. Sencillamente, se

ha acabado entendiendo que nos

sale caro contaminar y destruir

nuestras fuentes naturales de

agua. 

Por otro lado, la Directiva Marco

de Aguas entiende que los ríos no

pueden seguir siendo administrados como simples  “canales de

H2O”, de la misma forma que los

bosques no pueden ser gestionados como simples “almacenes de

madera”. Ríos y bosques son ecosistemas vivos que generan valores y servicios de altísimo valor,

más allá de ofrecernos recursos

madereros e hídricos. Por ello,

uno de los retos fundamentales

planteados por la citada Directiva

radica en la necesidad de transitar

desde los tradicionales modelos

de  “gestión de recurso” a nuevas

estrategias de  “gestión ecosisté-

mica”.

Este nuevo enfoque, que está

suponiendo invertir ingentes capitales, no se puede entender si no

se comprende el enorme valor

económico que acaba suponiendo

para un país disponer de ríos,

lagos y humedales vivos, así

como de acuíferos en buen estado. Sirva como referencia al respecto una simple reflexión: ¿cómo

se entiende que estemos dispuestos a pagar 1000 € por metro cúbico cuando compramos agua

embotellada? La respuesta es

sencilla: simplemente porque

entendemos que es agua saludable y de calidad… Sin embargo,

no debemos olvidar que tal calidad no es otra que la que nos

brinda gratuitamente la naturaleza

en cantidades ingentes cada día.

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Por Movimiento por los Bosques Tropicales*

27 de febrero, 2011.- Hace muchos años que el Movimiento por los Bosques Tropicales (WRM, por su sigla en inglés) denuncia que es inaceptable certificar plantaciones industriales de monocultivos de árboles en gran escala. El blanco principal ha sido el  Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal o FSC por su sigla en inglés), por presentarse al mundo como el sello más confiable y respetado para productos madereros, incluso porque cuenta entre sus miembros con varias organizaciones no gubernamentales.

El FSC ya certificó millones de hectáreas de monocultivos de árboles y continúa con dicha práctica. Un ejemplo es la certificación prevista para febrero/marzo de este año de Chikweti Forests of Niassa, una empresa que ha causado muchos problemas a las comunidades campesinas en la provincia de Niassa, en el norte de Mozambique (verhttp://www.wrm.org.uy/boletin/161/opinion.html)

Generalmente, las comunidades directamente afectadas son unánimes en afirmar que es imposible certificar los monocultivos de árboles en gran escala. Hace mucho tiempo que experimentan los perjuicios y la destrucción que causan estas plantaciones. Algunas de estas comunidades pudieron hablar de ello en una película reciente de dos periodistas belgas y que trata de la certificación FSC de Veracel Celulose (lea más en el artículo sobre Veracel y el FSC en este boletín). Otras comunidades impactadas, como las comunidades Mapuche de Chile, dicen en esta edición que el problema fundamental es que las empresas certificadas no quieren cambiar su ‘modelo’ de producción, basado ‘en la gran escala, el monocultivo expansivo y excluyente’. Por ello, son incertificables.

Sin embargo, la cuestión de la certificación de monocultivos de árboles continúa dividiendo a activistas, ONG y consumidores en los países industrializados, donde está la mayor parte del consumo de productos de papel. Muchos dicen que reconocen que hay problemas, pero que el FSC todavía es la mejor opción. ¿Pero será que ese es realmente el camino a recorrer?

Es bueno recordar cómo surgió la idea de la certificación. Para ello, precisamos retornar a los años ’80 en Europa, cuando la cuestión ambiental surgió como un tema político relevante. En aquella década, ONG europeas organizaron grandes acciones de boicot a la madera tropical, con el fin de evitar su consumo, ya que habían analizado que el consumo de esta madera estaba provocando la destrucción de los bosques en el mundo. Fue una época en la que quedó claro también que la explotación de los recursos naturales en los países del Sur para abastecer al Norte y su patrón de producción y consumo estaban causando daños irreversibles, como el calentamiento global, un fenómeno que afectará a todas y todos, pero principalmente a los más pobres.

Un resultado de la preocupación global con respecto al medio ambiente fue la Conferencia sobre este tema en Rio de Janeiro en 1992, que buscó discutir cómo llevar el mundo a una producción ‘sustentable’. A partir de allí, las empresas, en vez de asumir su responsabilidad y transformar su modo de producción radicalmente, comenzaron a proponer un ‘desarrollo sustentable’ a su modo. Los problemas detectados fueron, casi milagrosamente, transformados en ‘oportunidades’ para un nuevo ciclo de crecimiento, esta vez ‘sustentable’. Para las empresas que promueven las plantaciones en gran escala, la certificación era una solución perfecta porque podría definir sus prácticas como ‘sustentables’, valorizar sus productos y calmar a los consumidores preocupados con la cuestión ambiental en el planeta, sin afectar sus planes de expansión y, principalmente, sus ganancias.

Los gobiernos y parte de las ONG dieron sustento a ese ‘mensaje positivo’ de que era posible ‘modernizar ecológicamente’ el modo de producción. Surgieron certificaciones para productos de madera (FSC) y también, a lo largo de los años, para productos provenientes de otros monocultivos, como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable (Round Table for Sustainable Oil Palm Production) y la Soja Responsable. Al adquirir fuerza la certificación, también se fortaleció la idea, en el imaginario de los consumidores de que ahora se podría consumir, pero siempre que fuera ¡‘sustentable’, ‘certificada’! La época de los boicots había quedado en el pasado.

Pero a medida que cada vez más plantaciones de monocultivos eran certificadas, aumentaban también las críticas. Es interesante recordar que esas críticas no provienen solamente del Sur, sino que también vienen del Norte. Varias ONG ya dejaron al FSC, como Robin Wood de Alemania. Incluso un estudio reciente publicado por la Comisión Europea (http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/226na6.pdf) argumentó que el FSC no necesariamente reduce la presión sobre la deforestación, un argumento muy usado por los defensores del certificado. Y recientemente, un proyecto para jóvenes de organizaciones belgas y finlandesas, llamado ‘Movimiento Justo’ (Fair Move), escogió la cuestión de los sellos y las certificaciones como tema de debate y reflexión. Querían saber si los sellos que están en el mercado, como el FSC, son realmente confiables. Qué bueno que justamente los jóvenes cuestionan un sello que, (¡)hace más de 10 años(!) garantiza ‘sustentabilidad’.

Otros sellos, por ejemplo, para soja ‘sustentable’, también sufrieron críticas. Un ejemplo es una carta publicada recientemente en un diario belga por un grupo de activistas de organizaciones belgas, dirigida a ONGs holandesas que participan de la Mesa Redonda de Soja Responsable(RTRS). El grupo dice en la carta que “un sello RTRS para la soja industrial no aporta nada importante al ser humano ni al medio ambiente. Engaña al consumidor que compra productos con el sello del RTRS, también en Bélgica. Y maquilla de verde a empresas como Monsanto, Cargill y Unilever.”

Las críticas realizadas a los sellos como FSC apuntan nuevamente al debate que quedó en segundo plano con la práctica de la certificación: el patrón de consumo excesivo. Hay necesidad urgente de reducir el consumo de papel e incentivar el reciclaje y producción regional en escalas menores con mayor diversidad de árboles y beneficios para comunidades locales.

El FSC no cuestiona si los innumerables productos descartables que resultan de una plantación certificada son realmente necesarios para el bienestar de las personas, y mucho menos lo hace la empresa certificada que está, sobre todo, preocupada por aumentar sus ventas y ganancias. Más de la mitad del papel consumido en el mundo es descartable, o sea, poco sustentable y cuestionable en términos de aumentar la ‘calidad de vida’. Además, la universalización del patrón de consumo occidental es imposible, aunque pase por la certificación.Sin embargo, las empresas continúan estimulando el consumo, incluso de nuevos productos, llamados ahora ‘sustentables’, como si el consumo desenfrenado no hubiese ya causado innumerables problemas al mundo como el calentamiento global. Y como si todo eso no bastase, el FSC también ha certificado plantaciones de monocultivos para almacenar carbono, siendo connivente con las falsas soluciones para enfrentar el calentamiento global, como comenta el artículo sobre la empresa Plantar en este boletín.

Para finalizar, nuestra primera tarea -y esto nos lleva de vuelta al motivo de dedicar nuevamente algunos artículos de este boletín al tema de la certificación- es alertar al lector y motivar a las ONG y consumidores en general a posicionarse sobre el tema. Es necesario evaluar críticamente qué trajo de hecho la certificación a lo largo de los años: un debilitamiento de las luchas de las comunidades locales por sus derechos y recursos naturales y un fortalecimiento de empresas que estimulan exactamente el consumo excesivo, con vistas a obtener ganancias. Es necesario recorrer otros caminos que no sean el de la certificación.

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Fuente: Editorial del Boletín Número 163, correspondiente a febrero de 2011 del Movimiento por los Bosques Triopicales (World Rainforest Movement o WRM), editado por Ricardo Carrere. Dirección:  Maldonado 1858 – 11200 Montevideo – Uruguay. Tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985. Correo: wrm@wrm.org.uy – Sitio web:http://www.wrm.org.uy

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Programa con dirigentes del FAD, este lunes 28 de febrero por Hosanna Visión Canal 37, Cable Onda Canal 56. 8:30 a.m.

Frenadeso

FRENADESO Noticias 25 de febrero 2011.

Pueblo Naso exige Justicia para niño asesinado y dice NO a la Minería a Cielo abierto

En el presente reportaje tenemos piqueteo realizado por el SUNTRACS en apoyo a la lucha de los hermanos ngäbe buglés contra la Minedría a Cielo Abierto.

En Changuinola el pueblo Naso se expresó en las calles exigiendo Justicia para el niño Esteban Carrizo, niño Ngäbe que apareció muerto en unazanja de la Finca 65 de Ganadera Bocas, S.A. de Mario Guardia.

Este lunes 28 de febrero de 2011 Programa con dirigentes del FAD, por Hosanna Visión Canal 37, Cable Onda Canal 56.

http://www.frenadesonoticias.org

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La historia de Jorge Mérola y su esposa, intoxicados tras ser fumigados con agrotóxicos

Radio Mundo Real

En el departamento de Durazno, en el corazón de Uruguay, familias rurales sufren agudas afecciones de salud tras ser fumigados por agrotóxicos empleados en el cultivo de soja transgénica, mientras desde el Estado no hay respuesta.

El campo uruguayo sufre este verano una seria sequía que hace escasear el agua para cultivos, rodeos ganaderos y hasta consumo humano, empujando al alza el precio de algunos alimentos básicos que -ya se sabe-, también escasearán en el correr de 2011.

No por anunciada, esta falta de lluvias motivó medidas preventivas, en tanto que el país pierde aceleradamente productores familiares al ahondar su inserción en un modelo productivo donde el cultivo de transgénicos, la forestación y la ganadería en base al latifundio siguen siendo insignias nacionales.

Sin embargo, aunque el agua hace falta, en el departamento de Durazno, 200 kilómetros al norte de Montevideo, donde abundan los cultivos de soja transgénica motorizados por inversión extranjera, la lluvia se ha tornado sinónimo de muerte más que de vida.

Hace exactamente un año atrás, en enero de 2010, Jorge Mérola y su esposa, Laura, realizaban las tareas de campo propias de la producción ganadera en su predio ubicado en el paraje Mariscala, sobre la ruta 14 en las cercanías de Villa del Carmen. Días antes, avionetas fumigadoras trabajaron aplicando agrotóxicos sobre los cultivos de soja transgénica que desde hace algunos años, en época estival, rodean el predio de los Mérola.

Llovía y Laura se refrescó la cara con el desagüe del techo. La reacción fue casi inmediata: a la mañana siguiente Laura amaneció con manchas violáceas en su rostro que se le extendieron rápidamente por el resto del cuerpo, desorientando a los médicos que demoraron en obtener un diagnóstico, comentó a Radio Mundo Real Jorge.

Las lluvias, que “lavan” los pesticidas aplicados en los cultivos, hacen que por una cuestión de costos -la fumigación aérea es sumamente costosa-, los agrotóxicos se apliquen en concentraciones más elevadas de lo común y de lo autorizado. Y un año atrás, las lluvias se sucedían día tras día.

A la semana de la intoxicación de Laura, Jorge recibió un aguacero que sin embargo no lo intimidó y siguió recorriendo campo. Al llegar a “las casas”, comenzó a sufrir una picazón “insoportable” en el cuerpo que, al día siguiente, su médico vinculó sin dudar con los agrotóxicos que los sojeros vecinos venían aplicando en esa época del año.

El uso de agrotóxicos en concentraciones elevadas generaría la condensación de las mismas en las nubes y su caída con las lluvias. “En épocas de lluvias aplican sus productos más concentrados, porque acá no hay quien controle nada y se ahorran así pasadas de avioneta”, comentó Jorge vía telefónica.

La empresa que maneja los campos sojeros en la región es Calyx Agro, de origen argentino, creada en 2007 para la “identificación, adquisición, desarrollo, conversión y venta de tierras en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay”; realizar “aparcería con operadores agrícolas y grandes operadores agrícolas o propietarios de tierras” y “administración y producción” de “commodities” agrícolas, según su sitio digital.

A un año de los hechos, la salud de Laura no ha logrado recuperarse: se le diagnosticó dermatomiositis, ha perdido un 20% de su capacidad muscular y afronta aplicaciones de quimioterapia. Ha debido trasladarse hacia Villa del Carmen, evitando volver al campo para no repetir la intoxicación. Jorge, en cambio, ha evolucionado favorablemente y a diario viaja a trabajar desde el poblado a su predio.

Además, en el mismo período han aparecido animales muertos, con las mandíbulas y músculos rígidos, por lo que Jorge lo adjudica a idéntica causa.

Vecinos de la zona comentaron asimismo que las avionetas aterrizan en los caminos vecinales, sin previo aviso y que el caso de Laura y Jorge “no es el único”, lo cual fue confirmado por éste último señalando que otros vecinos han sufrido síntomas similares, aunque sin hacerlo público.

“Esto genera mucho dinero, pero las empresas han encontrado ese negocio y contra el dinero es muy difícil, no se puede”, dice Jorge. “El Ministerio no tiene los controles que debería y las empresas emplean productos que están prohibidos en otros países”.

Jorge no obstante no encuentra sentido a denunciar el problema ante instancias estatales. Y explica el motivo: durante esos días lluviosos se denuncia gran mortandad de peces en el río Yí, que fuera “explicada” por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería como resultado de la falta de oxígeno en el agua producto de las precipitaciones copiosas. “Ante ese tipo de actitudes, decidí no denunciar nada”, se resigna.

La superficie cultivada con soja transgénica en Uruguay ha aumentado exponencialmente en el último lustro alcanzando en la zafra en curso unas 900 mil hectáreas. El país ocupa el sexto lugar de los exportadores netos de soja del mundo y octavo en la lista de los mayores productores.

Las principales empresas en este rubro son sociedades de inversiones, fondos de inversión y/o fideicomisos de inversión, con fuerte componente transnacional, atraídas desde Argentina por la ausencia de detracciones a las exportaciones y el menor precio relativo de la tierra.

http://www.radiomundoreal.fm/lluvia-malvenida

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