Por Juan Eduardo Gil Mora*

En la zona andina nuestros ancestros los Incas, dominaron técnicas y estrategias de la adaptación, resistencia y mejoramiento de las especies vegetales y tuvieron en Moray el Centro andino más importante para introducir especies nuevas, mejoras genéticas y aquellas adaptadas a nuevos ambientes. 

Un Organismo Modificado Genéticamente, (OMG) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN (el material genético) de un ser vivo (virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano) para introducirlos en el material hereditario de otro. La planta transgénica contiene uno o más genes que han sido insertados en forma artificial en lugar de que la planta los adquiera mediante la polinización. La secuencia génica insertada (llamada transgén) puede provenir de otra planta no emparentada o de una especie diferente por completo. La diferencia fundamental con las técnicas tradicionales de mejora genética es que permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza.

Diversas instituciones de carácter científico y organismos internacionales han observado los peligros de estos cultivos para el ambiente, para el sistema agrario, la agricultura, la salud, repercusiones en lo social y económico que deben ser adecuada y oportunamente analizados y dados a conocer a todos los niveles de la sociedad. Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente y su alcance sigue siendo desconocido.

Del mismo modo, ha sido altamente sostenida la contaminación y erosión genética que ponen en peligro variedades y especies cultivadas tradicionalmente.

El Perú posee una vasta biodiversidad, enorme riqueza natural que pertenece a todos los peruanos; las plantas nativas que posee no sólo constituyen un potencial para la alimentación y la salud; son decenas de miles de especies cuyas propiedades son escasamente conocidas y difundidas, sólo por citar las que tienen mayor información, se tiene más de 3,000 variedades de papas, cientos de ecotipos de maíz y frijoles, miles de variedades de quinua y kiwicha. Estas especies nativas poseen una riqueza en micronutrientes, minerales, vitaminas y otras propiedades que aun son necesarias investigar.

En el Perú la riqueza biológica de los cultivos tradicionales es una herencia que debe ser valorada. Organismos internacionales como la FAO alertan sobre el peligro de los transgénicos, especialmente en aquellos países centros de origen de cultivos alimenticios, como el Perú que es el centro de origen de la papa, de los pseudosecereales andinos, del cacao, del llacón, la chirimoya, el camucamu, el aguaymantu, y tubérculos andinos, sólo por citar algunos ejemplos que han curado y alimentado a numerosas personas del mundo y han impulsado el desarrollo de la industria. El Perú posee 87 de las 108 Zonas de Vida Natural identificadas para el mundo, sólo en Cusco se hallan 34 de estas Zonas de Vida Natural, por lo tanto, la diversidad de ecosistemas, hábitats, climas y pisos altitudinales posibilitan tener una diversidad biológica exuberante donde se puede cultivar de todo. En ello radica nuestra riqueza y el potencial económico.

La solución al hambre y la desnutrición por la que atraviesan millones de compatriotas, no es sustento para la liberación de estos organismos vivos modificados; por el contrario, la solución pasa por el desarrollo de tecnologías sostenibles y justas y por el empleo de herramientas que utilicen insumos naturales y que no generen erosión genética. Todo ello acompañado de políticas en los más altos niveles de gobierno y que brinden el apoyo más decidido considerando la geografía, la alta biodiversidad, los frágiles ecosistemas y teniendo en cuenta que el país es centro de origen de muchas especies.

En la zona andina y desde miles de años se practica una agricultura mixta y la riqueza de la biodiversidad siempre ha sido un patrimonio de los pueblos, la diversidad constituye una estrategia para tener éxito sobre las inclemencias del clima, del ataque de plagas y enfermedades y es una estrategia para tener éxito en la producción de alimentos y constituye un insumo clave de la soberanía alimentaria.

El Perú es suscriptor de acuerdos en materia de cuidado ambiental y bioseguridad, por lo tanto, debería aplicar mecanismos para su cumplimiento, de lo contrario se verían amenazados los derechos de las comunidades andinas y amazónicas y no se estarían protegiendo el exuberante material genético que posee nuestro país.

El Perú es signatario del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y del Convenio sobre la Diversidad Biológica, estos documentos de carácter internacional se han convertido en el marco normativo para la biotecnología moderna en el que se concilian los intereses del comercio internacional y la necesidad de proteger la salud humana y el ambiente.

Como podemos apreciar, los transgénicos constituyen organismos que, sin la adecuada prueba y ensayo sobre nuestra diversidad, pueden afectar seriamente a nuestros ecosistemas y lo que es más importante a nuestra salud; por lo tanto, es necesario conocer adecuadamente los mecanismos y los componentes de estos cultivos y alimentos que ya pretenden invadir los campos de cultivo y acaso la mesa de los consumidores.

El consumidor debe estar informado de estos posibles riesgos y conocer si es que los alimentos que consume son o no transgénicos. Este es el Derecho a la información reconocido por las Directivas de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, pero que en el caso de los OGM no se está cumpliendo.

Son varios los gobiernos regionales en el país que han declarado sus territorios como regiones libres de transgénicos; es el caso de Ayacucho, San Martín, Huánuco, Cusco y Lambayeque. Sus actuales autoridades deberán pronunciarse sobre el DS 003-2011-MINAG y su aplicabilidad en sus territorios. Lo cierto es que toda la zona andina por su importante orografía es poseedora de diversos climas y pisos altitudinales que constituyen ecosistemas y hábitats específicos para una diversidad de flora y fauna empleados en alimentación, salud y aspectos sociales y religiosos que podrían correr alto riesgo de introducirse estos organismos genéticamente modificados. Lo propio ocurre en la amazonía donde la biodiversidad es mayor y apenas conocemos un escaso número respecto de sus propiedades alimenticias, medicinales, farmacopeas, industriales, etc.

Permitir que ingresen los transgénicos a un país rico en Biodiversidad, o posibilitar mediante Reglamento la manipulación genética para crear organismos vivos modificados en el Perú, constituye un atentado lesa patrimonio natural en perjuicio de la evolución que ha tardado millones de años para heredarnos la riqueza en biodiversidad que tenemos los peruanos.

El Reglamento Interno sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de actividades con Organismos Vivos modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados, aprobado mediante DS 003-2011 AG. Crea el Grupo Técnico Sectorial -GTS– como órgano de apoyo al INIA, encargado de la evaluación y gestión de riesgos de toda actividad o uso de OVM con fines agropecuarios o forestales. Y está integrado por un representante del ministerio del Ambiente y dos expertos designados por las universidades; éstas instituciones no han sido partícipes de la elaboración del Reglamento, no han sido consultados y seguramente algunos están sorprendidos del contenido del Reglamento.

La evaluación de riesgos, según el Reglamento, consiste en Identificar cualquier característica genotípica y fenotípica nueva relacionada con el Organismo Vivo Modificado agropecuario o forestal y/o sus productos derivados para usos agropecuarios o forestales que pueda tener efectos adversos en la diversidad biológica, teniendo en cuenta también, los riesgos para la salud humana. Igualmente, evaluar la posibilidad de que esos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable ambiente receptor y, evaluar las consecuencias si esos efectos adversos ocurriesen realmente. Lo señalado en el Reglamento, implica que el INIA ha de tener un ente afín especializado. Todos conocemos de la debilidad institucional en el país, la poca presencia del Estado en el ámbito territorial, la lentitud con que se actúa desde el aparato gubernamental y la falta de implementación con laboratorios, equipos e insumos e incluso de personal calificado, que sin duda serán necesarios para este órgano adscrito al INIA; este sólo hecho garantiza escasa vigilancia, monitoreo respecto de la bioseguridad y los altos riesgos que representan los ensayos con los organismos vivos modificados y los diversos ensayos en campos experimentales, laboratorios y gabinetes donde se tendrán que efectuar los ensayos con la mayor rigurosidad científica antes de su lanzamiento al mercado de un producto u organismo modificado genéticamente.

En razón a lo anteriormente sustentado, opinamos que los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil debe optar por la exigencia de que el Gobierno vele por la seguridad alimentaria empleando nuestra exuberante diversidad biológica y exigir la derogatoria del D.S. 003-2011-MINAG y considerar lo siguiente:

1. Optar por decisiones políticas y tecnológicas a fin de preservar la integridad genética y la biodiversidad de los cultivos andinos amazónicos y en general de plantas nativas peruanas cuyos cultivos garantizan protección contra el hambre en el país.

2. Todos somos consumidores y como tales, tenemos derechos fundamentales reconocidos a nivel universal como el Derecho a la Información, el Derecho a la Salud y Seguridad, y el Derecho a la Protección de un Ambiente Saludable. Por lo tanto, exigimos una legislación apropiada a efecto de estar adecuada y oportunamente informados, la obligación del etiquetado se encuentra inserta dentro de los principios del “derecho a saber” del consumidor y esto regula al etiquetado de los alimentos que hayan utilizado ingredientes o aditivos genéticamente modificados; consecuentemente, los alimentos procedentes de cosechas transgénicas tienen que tener en la etiqueta la mención “modificado genéticamente”. El etiquetado obligatorio es la mejor solución para garantizar que los consumidores estén informados y puedan elegir los alimentos que desean.

3. Siendo el Perú un país suscriptor del Protocolo de Bioseguridad debe de tomar decisiones para garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la Diversidad Biológica teniendo en cuenta también los riesgos para la salud humana. Por ello demandamos a las diversas instancias del Gobierno no aceptar OMG sin analizar a través del conocimiento científico, los conceptos de seguridad, su aplicación práctica, sus limitaciones, las estrategias alternativas para evaluar los riesgos.

4. Impulsar la investigación sobre los OMG con la rigurosidad científica y sometida a un profundo análisis, con estudios minuciosos, no solo a nivel del corto plazo sino también con estudios de sus efectos a largo plazo. Esto implica la asignación de presupuestos significativos a los Institutos de investigación de las universidades a efecto de que los resultados de sus investigaciones sean los que sirvan para la toma de decisiones en los niveles técnico y político.

5. Promover una agricultura ecológica u orgánica impulsando mecanismos de producción engarzada a los mercados internacionales, esto sin duda pasa por la organización adecuada, la asociatividad de los productores, las cadenas productivas, capacitación, facilidades de crédito, proporción de semillas mejoradas y el apoyo del gobierno.

*Juan Eduardo Gil Mora es biólogo, consultor en temas de gestión ambiental.

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Eduardo Galeano

El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate.

Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza.

La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.

Un objeto que quiere ser sujeto

Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos.
En los hechos, no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el derecho de tenerlos; y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para consuelo de sus siervos.

¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad, y nunca como sujeto de derecho.

Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica, y eso siempre después de que el daño se ha hecho, pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire.

Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos… Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de 120 años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención.

Gritos y susurros

Nada tiene de raro, ni de anormal, el proyecto que quiere incorporar los derechos de la naturaleza a la nueva Constitución de Ecuador.

Este país ha sufrido numerosas devastaciones a lo largo de su historia. Por citar un solo ejemplo, durante más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa petrolera Texaco vomitó impunemente 18 mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y gentes. Una vez cumplida esta obra de beneficencia en la Amazonia ecuatoriana, la empresa nacida en Texas celebró matrimonio con la Standard Oil. Para entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado a llamarse Chevron y estaba dirigida por Condoleezza Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza hasta la Casa Blanca, mientras la familia Chevron-Texaco continuaba contaminando el mundo.

Pero las heridas abiertas en el cuerpo de Ecuador por la Texaco y otras empresas no son la única fuente de inspiración de esta gran novedad jurídica que se intenta llevar adelante. Además, y no es lo de menos, la reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las más antiguas tradiciones de Ecuador y de América toda. Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por casualidad que la Asamblea Constituyente ha empezado por identificar sus objetivos de renacimiento nacional con el ideal de vida del sumak kausai. Eso significa, en lengua quichua, vida armoniosa: armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos abriga y que tiene vida propia, y valores propios, más allá de nosotros.

Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro aposible.

Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio.

E. Galeano es escritor uruguayo. Publicado en Brecha (Uruguay), 18 abril 2008.  El presente artículo apareció en plena discusión sobre los derechos de la Naturaleza en el seno de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

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Gustavo Duch Guillot

En la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrada en Cochabamba (Bolivia), se habló ampliamente de una comunidad muy agredida y maltrecha, y se mostraron hacia ella constantes referencias de solidaridad y mensajes de apoyo. Hablaban, claro, del planeta Tierra, la madre naturaleza o la Pachamama, sinónimos todos de la más grande comunidad de vida conocida.

Lo sabemos pero lo ignoramos. La Tierra es un ser vivo, ahora malherido. Sufre una fiebre constante que, si continúa progresando, puede generarle algunas patologías irreversibles. El aire que respira es cada vez más pobre en oxígeno y así, mal alimentada, envejece precozmente. Sus arterias –los ríos, el mar– están contaminadas e infestadas, lo que le resta energías. Las células que la conforman –especies vegetales y animales– corren el riesgo de desaparecer. Y el ritmo que le exige una de estas especies, la humana, es tan acelerado que –dicen los expertos– en menos de 20 años necesitaría una hermana gemela, un segundo planeta, para ser capaz de seguir ofreciendo y regalando todo lo que hoy le exigimos a golpe de perforadora, arrastrando redes sobre su lecho marino y envenenando su fina capa de piel –la tierra fértil– con químicos muy agresivos.

Conscientes de esta realidad, las más de 35.000 personas reunidas en Cochabamba (mayoritariamente campesinas, indígenas, pescadoras, miembros de organizaciones ambientalistas, de mujeres, de movimientos sociales, etc.) supieron ponerse de acuerdo y sentar las bases de una estrategia común frente al cambio climático, a diferencia de lo ocurrido en Copenhague hace unos pocos meses. Y así ha quedado recogido en el llamado Acuerdo de los Pueblos (www.cmpcc.org ).

Entre las propuestas sobresale la iniciativa de consensuar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Fíjense. Si somos capaces de deconstruir nuestra concepción antropocéntrica, podremos entender y abrazar un planteamiento biocéntrico (según la terminología que define Eduardo Gudynas), donde añadimos a los derechos individuales y colectivos de los seres humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales– los derechos propios de ese otro ser, la naturaleza. Pero, decía, nuestras sociedades occidentales, fundamentalmente, han de hacer un esfuerzo para que se produzca este cambio de registro, pues llevamos muchos siglos considerando la naturaleza como un espacio salvaje que hemos de dominar para, bajo nuestro control, convertirla en una despensa supuestamente inagotable para el disfrute del ser humano. Aquí radica, desde mi punto de vista, una de las virtudes de la declaración: corregir un pensamiento que está en la base de la crisis global actual.

El proyecto de una Declaración de los derechos de la naturaleza ya tiene antecedentes. Para la nueva Constitución de Ecuador, la Pachamama es “donde se reproduce y realiza la vida” y “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 72). A partir de esas premisas, la naturaleza pasa a ser ella misma objeto de derechos, tiene valor por sí misma, independientemente de la utilidad o usos que le quiera dar el ser humano y “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. Y de aquí nace otra de las iniciativas surgidas en Cochabamba: el Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, que podría marcar justiciabilidad en aquellas acciones u omisiones que vulneraran los derechos de la naturaleza.

Como dice Alberto Acosta, una constitución (o, en este caso, una declaración) no hace a una sociedad, sino que es un proyecto político de vida en común que debe ser puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad. La elaboración y supuesta aprobación de esta Declaración se erigiría, y esta sería su segunda gran virtud, como eje orientador –como una nueva ética– para propiciar los cambios estructurales e impulsar las transformaciones que necesita nuestra sociedad global. Sin capacidad para exponerlos todos, resalta la revisión que forzaría al abandono de las políticas extractivistas en las que andan ahogadas muchas economías de los países del Sur como suministradores de los países ricos, incluido también el caso de Ecuador que, a pesar de todo, sigue promoviendo la explotación de petróleo en la región amazónica, la minería sin sentido o una agricultura dependiente de los agroquímicos. Aunque los seres humanos tenemos derecho a beneficiarnos del ambiente y las riquezas naturales que nos permitan un buen vivir (concepto también indigenista que excluye lujos innecesarios), este derecho debe ser compatible con los conjuntos de vida. No son aceptables extracciones de petróleo si atentan contra comunidades originarias, igual que no son aceptables técnicas agrícolas que acaban con ecosistemas de cualquier orden.

Desde los países andinos surgen propuestas de una capacidad transformadora inmensa, que seguro generarán muchas contradicciones y tensiones frente a la ideología del progreso imperante que asocia desarrollo sólo con crecimiento económico. Incluso puede que parezcan absurdas, como absurdas les parecía a los grupos dominantes la emancipación de los esclavos o la extensión de derechos civiles a los afromericanos, a las mujeres y a los niños y niñas.

Gustavo Duch Guillot fue Director de Veterinarios Sin Fronteras y Colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire (ver…). Publicado originalmente en ALAI, América Latina en Movimiento

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Nicola Bullard

Quizás sin entender plenamente el significado ni las implicaciones, los movimientos progresistas han gravitado en torno a la consigna de la "deuda climática" como un camino hacia el complejo mundo de las negociaciones sobre el clima.

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Bartolomé Clavero

En el discurso sobre los derechos de la Madre Tierra está produciéndose una confluencia de verdadero alcance entre culturas característicamente indígenas de simbiosis con la naturaleza de una parte y, de otra, el lenguaje de los derechos que ha sido ciertamente propio del colonialismo, pero que está en trance de descolonizarse tras la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es sintomático que sea en esta fase de descolonización del lenguaje de los derechos cuando cobra pujanza el discurso de los derechos de la Madre Tierra. Puede ser para bien, potenciando derechos, y puede ser para mal, desactivándolos. Hay quienes están descalificando el discurso de los derechos humanos, en sí y en todo, como intrínsecamente colonial precisamente ahora que comienza a descolonizarse. Contraponen los derechos humanos a unos derechos de la Madre Tierra que supondrían deberes y sólo deberes para una humanidad por fin así, con la privación de derechos, descolonizada.

Recordemos Bandung, la conferencia de Estados asiáticos y africanos que en 1955 estableciera los fundamentos del Movimiento de Países no Alineados, movimiento empeñadamente descolonizador de un Tercer Mundo respecto a uno Primero, el occidental, y a otro Segundo, el soviético, según se hacían las cuentas en la época con notorio olvido del que entonces sería un Cuarto Mundo, el de los pueblos indígenas, que era realmente, en sus respectivos territorios, el primero. El asunto más polémico durante la conferencia fue el de los derechos humanos que se habían recientemente proclamado por la Declaración Universal de Naciones Unidas. Resultó extremamente polémico porque la China continental se empecinó en que se denunciaran por la conferencia como un último recurso del colonialismo para mantenerse con argumentos de liberación de las personas mediante la dominación de pueblos, una dominación que así se disfrazaba.

Ha de reconocerse que China tenía razón. Por entonces, en aquellos mediados del siglo pasado, los derechos humanos eran de hecho eso. Basta con releer el parágrafo segundo del artículo segundo de la Declaración Universal con sus eufemismos malamente encubridores de la continuidad del colonialismo: “Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. Fue Gran Bretaña la que propuso esta fórmula con el propósito claro de sostener su imperio colonial mediante el argumento de la participación de derechos que venía utilizando desde tiempos anteriores. China tenía en efecto razón, pero no toda la razón.

Afortunadamente, otros Estados de entre los reunidos en Bandung supieron apreciar que los derechos humanos, porque se estuvieran intentando utilizar para el mantenimiento del colonialismo, no se agotaban ni mucho menos en esta forzada función. Muy al contrario, los derechos humanos también y sobre todo ofrecían un arma pacífica para la más efectiva descolonización, aquella que mirase al mismo tiempo a la libertad de las personas y a la emancipación de los pueblos, considerándose lo segundo como necesario para lo primero. Este vínculo estrecho se postuló fuertemente en la conferencia de Bandung, aunque no se recogió de forma tan categórica por sus acuerdos. Éstos, en todo caso, se basaron en un firme respaldo a los derechos humanos comprendiéndose entre los mismos el derecho de libre determinación de los pueblos, lo que Naciones Unidas sólo aceptaría cinco años más tarde, en 1960. La misma China se vio obligada en aquella conferencia, la de Bandung, a abandonar su oposición abierta.

Los derechos humanos deben tanto o más a Bandung que a París, la ciudad donde se adoptó la Declaración Universal por unas Naciones Unidas que distaban de representar a la humanidad toda o ni siquiera a alguna mayoría. En Bandung se sembró el germen de unos derechos humanos descolonizados, de los derechos humanos actuales, de la actualidad presidida por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es algo que no quieren ver quienes se han malformado en la ilusión de que la libertad de las personas puede reconocerse y garantizarse en situaciones de opresión o sujeción de los respectivos pueblos. Han sido tantos años de predicación de derechos humanos bajo tales presupuestos de fondo persistentemente colonialista que se hace difícil hacer valer fuera de sus medios la transcendencia de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para los derechos humanos efectivamente por fin, gracias a ella, universales. Es algo que conviene no perderse de vista por parte alguna.

Los derechos de la Madre Tierra se plantean desde pueblos indígenas que por fin van abriéndose un lugar propio en el maremágnum de la comunidad internacional, lo que especialmente ocurre cuando pueden acceder a posiciones de autogobierno e incluso de gobierno con voz propia en los respectivos Estados, buena base desde luego para la acción exterior. No es casualidad que Bolivia sea ahora la principal rampa de lanzamiento de algo que quizás llegue un tanto tarde, pero que todavía resulta oportuno. La reciente Cumbre de Tiquipaya, Cochabamba, sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada entre el 19 y el 22 de abril, presenta ante todo la significación de destacar la relación entre estos derechos de un sujeto simbiótico con la humanidad y la alteración climática que está amenazando su futuro, el futuro de las condiciones de vida de la humanidad misma.

El colonialismo impulsó y extendió una relación entre la humanidad y la naturaleza de signo depredador. La humanidad se enfrenta ahora con la necesidad de un pronunciado giro que ponga término a la depredación y cree condiciones para la regeneración. Frente a fórmulas probadamente insuficientes como la del desarrollo sostenible o el desarrollo humano, el reconocimiento de derechos a la naturaleza que, como tales, puedan ser defendidos ante instancias ya no sólo políticas, sino sobre todo de justicia tanto de pueblos como de Estados y también internacionales, pues no deben ser exclusivas de ninguna parte, tiene visos de resultar mucho más eficaz. Y responde a una posición bastante más humana de constancia de la simbiosis entre humanidad y naturaleza. Con todo ello, los derechos de la Madre Tierra pueden ser el motivo y la pieza que faltan para la fundamentación definitiva de los derechos verdaderamente humanos. Todo el lastre de matriz colonial podría así superarse.

¿A qué viene entonces, antes, durante y después de Cochabamba, un discurso que contrapone derechos de la Madre Tierra y derechos humanos? Ahora precisamente que la descolonización definitiva está arrancando, se resucita el argumento de la condición intrínsecamente colonial de los derechos humanos. Ahora se predica que ya ha pasado el tiempo de los deberes humanos por haber de sustituírseles por los derechos de la naturaleza. ¿Dónde queda la concepción indígena de la simbiosis entre la humanidad y su Madre Tierra? ¿Qué maternidad es ésta que exige obligaciones sin compartir derechos? ¿Tienen realmente sentido el discurso de los derechos de la naturaleza sobre el vacío de los derechos de la humanidad?

Puede haber motivos locales para la pretensión de que la época de los derechos humanos ya periclitó sin que ello conlleve la intención de atropellarlos, sino más bien de posibilitarlos. Por ejemplo, en Bolivia unas veinte familias acaparan las mejores tierras, con algunas poseyendo hasta doscientas mil hectáreas. Y son tierras generalmente arrebatadas en tiempos no lejanos a comunidades indígenas. El referéndum constitucional resolvió poner un límite de cinco mil hectáreas a la propiedad rural, pero la presión de organismos internacionales y de cooperación, los organismos que dicen defender derechos humanos, había llevado a declarar dicho tope irretroactivo, esto es no aplicable a las propiedades existentes.

No es casualidad que el actual Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, sea el principal vocero boliviano tanto frente a las dificultades de recuperación de tierras para la dotación de comunidades y emancipación de personas como a favor de los derechos de la Madre Tierra. Hay explicación, aunque no justificación, para la contraposición.

- Bartolomé Clavero es Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

http://www.alainet.org/active/38216%3C=es

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