La protesta indígena contra el TLC fue seguida por varios sectores y gremios sociales.

Servindi, 6 de junio, 2011.- Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), condenó las gestiones del gobierno ecuatoriano para negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea.  

La Conaie, indicó, mantiene la misma posición que tuvo en el 2006 frente al TLC con Estados Unidos, en cuya ocasión fue bloqueado con éxito por el movimiento indígena.

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La pretensión de los viejos sectores oligárquicos y empresariales de firmar Tratados de Libre Comercio bilaterales o multilaterales constituía uno de los pilares de la política internacional que formaba parte de la larga noche neoliberal de los gobiernos traidores de la soberanía y la patria. En el contexto actual creíamos haber superado, sobre todo a partir de la derrota del TLC Ecuador-EE.UU., gracias a la movilización indígena-popular del 2006. Ahora en plena contradicción a la posición del pueblo ecuatoriano. El gobierno de Rafael Correa vuelve a las negociaciones de libre comercio con la Unión Europea

Esta posición del gobierno a favor de los grandes grupos de poder económico, solamente beneficia especialmente a los Noboa (Banano). Esta pretendida firma de tratado comercial con Europa sería sumamente grave para el Ecuador. Nuestra posición no parte de presunciones y prejuicios, sino de datos y experiencias reales: varios países de Centroamérica (como Nicaragua y El Salvador) ya han firmado, Perú y Colombia también lo hicieron; en estos casos tanto los términos de los tratados como las primeras experiencias son totalmente negativas para los pueblos.

Los temas de mayor preocupación para la economía de los pueblos, sobre todo para la economía indígena y rural son los referidos a la propiedad intelectual, biodiversidad y explotación de los recursos naturales. El gobierno quiere entregar a poderosas empresas transnacionales para que recolonicen a nuestros pueblos y territorios, sobre todo ahora en un contexto de crisis económica que le pone a Europa al borde de una bancarrota.

Esto es más evidente cuando por boca de los mismos funcionarios de la Unión Europea han manifestado que cualquier firma de acuerdos comerciales no será en otros términos, ni tampoco algo que esté por debajo de los ya firmados.

Por lo tanto, la posición del movimiento indígena es la misma que frente al TLC con EE.UU.

1. No al TLC, no al libre mercado, no a la minería a gran escala.

2. Sí a la revolución agraria, sí a la soberanía alimentaria. Sí al comercio justo y equitativo.

Estos son los objetivos que seguimos manteniendo y por los que lucharemos con todas nuestras fuerzas. Finalmente llamamos a los sectores sociales organizados a que estemos vigilantes y alertas sobre estas negociaciones, y a la defensa de la Vida y el Buen Vivir.

Por el Consejo de Gobierno

Humberto Cholango

PRESIDENTE DE LA Conaie

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Otra Mirada, 7 de junio, 2011.- El domingo pasado, día de la segunda vuelta, también se conmemoró un año más de los sangrientos sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua el 5 de junio de 2009. Esta fecha no debiera pasar desapercibida ahora que está por iniciarse un nuevo gobierno, el cual se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT.

¿Cuáles son los puntos de agenda pendientes para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y el Estado Peruano?

En primer lugar, es necesario conocer de forma oficial por qué y cómo se desencadenó el llamado “Baguazo”. Actualmente, se tiene varios informes que explican estos hechos: el informe final de la Comisión investigadora de los sucesos ocurridos en Bagua, que no cuenta con el respaldo de la mayoría de sus miembros; el informe en minoría suscrito por el líder indígena Jesús Manacés y la religiosa Carmen Gómez; y el informe en minoría de la comisión que encabezó el congresista Guido Lombardi. Que no exista un consenso sobre lo ocurrido en el “Baguazo” es realmente preocupante.

En segundo lugar, es necesario que el Congreso apruebe, de una vez, la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas. Hace casi un año el Poder Ejecutivo observó esta norma, pero su debate sigue durmiendo el sueño de los justos. Peor aún, a falta de esta ley, se siguen promulgando decretos sectoriales que desvirtúan la finalidad de la consulta previa e impiden una adecuada resolución de los conflictos sociales.

En tercer lugar, se necesita conocer a los responsables políticos del “Baguazo”. En marzo, el Tribunal Supremo Militar Policial dictó sentencia contra los oficiales procesados por los hechos de sangre del 5 de junio de 2009 en Bagua. Así, se condenaron al General PNP (r) Luis Muguruza Delgado y al General PNP (r) Javier Uribe, por el delito de omisión de cumplimiento de deber en función operativa. En este caso, la pita se rompió por el lado más débil, los ejecutores del operativo, pero, ¿quiénes dieron las órdenes? ¿Acaso estos generales se mandaron solos?

¿Qué fue del movimiento indígena que cobró vida durante las protestas amazónicas del 2008 y 2009?

El movimiento indígena amazónico se debilitó, entre otros aspectos, porque un sector de la derecha insistió en desvirtuar su agenda, porque los medios de prensa tacharon a los líderes indígenas como violentistas, por la falta de unidad de este movimiento y la ausencia de una alianza con otros movimientos sociales en el país.

En ese sentido, si bien la elección del congresista indígena Eduardo Nayap Kinin por Gana Perú es un signo de avance en cuanto a representación política, no es suficiente para que los pueblos indígenas de la Amazonía logren legitimar sus demandas ante la sociedad peruana. Esta es una tarea pendiente que los pueblos amazónicos tendrán que afrontar a través de sus propios liderazgos y con el apoyo del Estado.

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Contaminación masiva de la altura de Chernóbil

Los demandantes que representa Fajardo (ya son un colectivo de 30.000 campesinos e indígenas) presentan el caso de contaminación masiva a la altura del de Chernóbil, el vertido del barco Exxon Valdez en Alaska o el reciente de BP en el Golfo de México. "La diferencia es que aquellos fueron accidentes. Pero en Ecuador, Texaco diseñó el sistema para contaminar. El objetivo era extraer petróleo con la menor inversión posible". Según uno de los peritos, en los 26 años que Chevron operó en Sucumbía se ahorró 8.500 millones de dólares incumpliendo las normas más elementales de seguridad y gestión de desechos.

Por la parte de Chevron, Fajardo ha escuchado en estos años todo tipo de argumentos. Entre otras cosas, dijeron que "el petróleo no contaminaba". También, "que la Amazonia era un terreno petrolero y que ahí no tenía por qué vivir nadie". En otro momento comentaron que "el cáncer se producía por la falta de higiene de los indígenas". También llegaron a decir "que el petróleo es biodegradable y a las pocas semanas no se notan sus efectos".

Lo último fue a partir de 2009. "Vieron que el juicio era una amenaza real". Presentaron 14 demandas distintas por todo Estados Unidos contra la plataforma de afectados y cualquiera que trabaje con ellos para exigir información. Y lo consiguieron. "Tienen todos nuestros correos electrónicos".

El 1 de febrero de 2010, Chevron planteó un caso de tipo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), la ley federal especial de Estados Unidos para el crimen organizado. La nueva tesis de Chevron es que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio es extorsionar a la compañía. Mientras, un empleado de Chevron intentó, cuenta Fajardo, sobornar al juez y grabarlo con cámara oculta, para demostrar que es supuestamente corrupto.

El 14 de febrero se emitió la histórica sentencia en el tribunal de Lago Agrio que condenaba a Chevron-Texaco a pagar 8.560 millones de dólares. Pero la empresa no tiene bienes en Ecuador, por lo que hay que embargar en el extranjero. Sin embargo, un juez llamado Lewis Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, decretó que la sentencia era inejecutable en EE UU mientras él no decida de nuevo sobre la competencia de los tribunales. "Este juez no conoce el problema. Ha emitido fallos para mí antijurídicos y con una convicción económica y no jurídica", dice Fajardo. Ambas sentencias, en Lago Agrio y en Nueva York, están recurridas por ambas partes. Un bufete de Washington llamado Patton Boggs se ha hecho cargo del caso por la parte ecuatoriana.

"Chevron ha dicho que no va a pagar. Pero tiene inversiones en 50 países, y la sentencia de Ecuador dice que la indemnización se puede cobrar en cualquier parte, no tiene por qué ser en Estados Unidos. Tendremos que obligarle a pagar", dice Fajardo. Es decir, tendrán que presentar nuevas demandas allí donde Chevron tenga bienes para embargárselos en cumplimiento de la sentencia de Ecuador. El juez Kaplan ha dejado claro que, por ahora, en Estados Unidos no va a ser. "Este juez actúa desde la ignorancia del caso y guiado por las mentiras de Chevron", dice Fajardo.

La historia continúa

La historia no ha terminado. Durante estos años, entre 20 y 30 millones de dólares han sido invertidos en la demanda por parte sobre todo de abogados estadounidenses que se han ido relevando en el caso y de las donaciones de todo el mundo que reciben los demandantes. Fajardo asegura que han podido saber de "fuentes de los accionistas", que Chevron gastó 300 millones de dólares en abogados solo en 2010, y el total en este litigio ya ha superado los 1.000 millones.

El hijo de dos campesinos analfabetos de Ecuador tendrá que volver a sentarse muchas veces con su maletín delante de las decenas de abogados que Chevron quiera poner en el caso. Y seguirá escuchando que el petróleo no contamina, que el problema de los indígenas es que no se lavan, que él preside una organización criminal. Durante 18 años, y los que queden, Chevron ha utilizado todas las estrategias de defensa imaginables. Todas menos una. Nunca ha podido negar que la tierra, el agua y el aire de Sucumbíos están llenos de petróleo. Sigue allí.

Cronología del 'caso Chevron' en Ecuador

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La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.

Página 12, 6 de junio, 2011.- “El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía.

Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.

“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.

En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).

El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.

“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.

Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.

“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.

Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.

“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”

Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”

En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.

Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.

Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.

“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.

Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”

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*Darío Aranda es periodista. Investigador graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet. También es colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion””Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras.

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Fuente: diario Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-169555-2011-06-06.html

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Servindi, 3 de junio, 2011.- Un estudio científico realizado por el Hospital Universitario Sherbrook en Quebec, Canadá, confirmó la presencia de toxinas producidas por cultivos transgénicos en la sangre de mujeres embarazadas y fetos.

Aunque, los científicos no han especulado sobre los efectos que esto podría tener para la salud, al no ser el objetivo de su estudio, la investigación indica que la fuente más probable de esta presencia es el consumo de alimentos transgénicos.

David Sánchez, responsable de Agricultura y Alimentación de la organización Amigos de la Tierra, destacó que estos resultados demuestran que las proteínas Bt procedentes de los cultivos transgénicos sobreviven en el sistema digestivo y pasan a la sangre, algo que las autoridades españolas afirmaron que no ocurriría.

Los resultados cuestionan la validez del proceso de evaluación de estos alimentos y son un ejemplo más de los efectos inesperados y preocupantes que generan los alimentos modificados genéticamente, sostuvo Sánchez.

En tal sentido remarcó que es necesario aplicar el principio de precaución y prohibir tanto el cultivo como la importación de alimentos transgénicos.

Los resultados del estudio realizado en el Hospital Universitario de Quebec muestra que la proteína tóxica insecticida Bt Cry1Ab estaba presente en el 93% de las mujeres embarazadas, el 80% de los cordones umbilicales y el 67% de las mujeres no embarazadas.

Los resultados fueron expuestos en la revista científica Reproductive Toxicology, e indica que se analizaron muestras de sangre de mujeres embarazadas, de cordones umbilicales y de mujeres no embarazadas.

Por otro lado, científicos portugueses y españoles alertanron  en sendas publicaciones del grave conflicto de intereses en la investigación sobre riesgos de los transgénicos para la salud.

El estudio efectuado por investigadores de la Universidad de Oporto revela la preocupante relación entre la financiación y los resultados en los estudios sobre riesgos para la salud de los transgénicos.

El informe publicado en Food Policy, una reconocida revista científica en el campo de la economía y política agraria, confirma la estrecha relación entre quién financia o para quién trabajan los científicos y los resultados favorables para la seguridad de los transgénicos.

En la misma dirección un artículo publicado por el Catedrático de Toxicología de la Universidad Rovira i Virgil, José L. Domingo confirma que los estudios que sostienen la seguridad de los alimentos transgénicos son patrocinados en su mayoría por el sector industrial.

España es el único país de la Unión Europea (UE) que cultiva transgénicos a gran escala. En 2010 se cultivaron aproximadamente 67.000 hectáreas del maíz transgénico MON810, modificado para producir la toxina insecticida Bt, la misma que se destaca en el estudio canadiense.

A diferencia del país peninsular Austria, Francia, Alemania, Hungría, Italia o Luxemburgo prohíben su cultivo por sus incertidumbres para la salud, sus impactos ambientales y la imposibilidad de evitar la contaminación genética de los cultivos convencionales y ecológicos.

Dacian Ciolos, Comisario de Agricultura de la UE, afirmó recientemente que la agricultura europea no debería estar basada en la producción de alimentos baratos a cualquier coste y que los transgénicos no cumplen con la calidad que exigen las personas consumidoras.

La organización Amigos de la Tierra exigió al gobierno español que promueva estudios independientes para evaluar la presencia de esta toxina en la población española y los posibles efectos para la salud.

“La complicidad del Ministerio de Medio Ambiente con la industria de los transgénicos nos expone a un riesgo inaceptable, no hay motivos que justifiquen la presencia de transgénicos en nuestra agricultura y en nuestra alimentación”, concluyó su representante David Sánchez.

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