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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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15 agosto 2011 1 15 /08 /agosto /2011 03:07

http://armand953.files.wordpress.com/2010/03/mineria.jpg?w=300

Producción Censat-Agua Viva y Amigos de la Tierra Colombia
Videoclip que muestra los graves efectos que la minería provoca en el medio ambiente, en la agricultura, en la imposibilidad de vida de las poblaciones campesinas. Una vez iniciado el proceso minero los daños son irreparables, como lo demuestran las muchas explotaciones mineras que surcan el continente latinoamericano


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15 agosto 2011 1 15 /08 /agosto /2011 03:02

http://cac08.files.wordpress.com/2010/07/10_indigenas_goldcorp_ceiba.jpg

Aura Lolita Chavez del Consejo del Consejo de Pueblos K’iches y Francisco Rocael Mateo Morales de la Asamblea de Huehuetenango, denuncian el saqueo económico y medioambiental que supone la explotación de la mina de oro Marlin, en detrimento de la población indígena y poniendo en peligro la cosmovisión maya.
Fuente: Confederación Sindical Internacional


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9 agosto 2011 2 09 /08 /agosto /2011 20:53

http://www.defensaterritorios.org/images/stories/puertoaguas%20profundas.JPGInversores internacionales se disputan un megapuerto en la costa oceánica del Uruguay que concentraría la salida de materias primas desde varios países; el proyecto se inscribe en un modelo de desarrollo que, sin consultar a las poblaciones locales, cuestiona sus formas de vida y el patrimonio natural y cultural de la región. Comunidades costeras uruguayas han comenzado a movilizarse para hacer valer su derecho a decidir sobre su futuro.

 

 

La idea de construir un puerto de aguas profundas en la costa oceánica sureste de Uruguay es tan antigua que algunos se la adjudican al prócer José Artigas. Defendido como el súmmum de la estrategia nacional, sin embargo, el proyecto tiene cada vez menos de uruguayo y de soberano. Mientras siguen existiendo gobernantes encandilados con la idea, fuertes grupos anacionales pugnan por lo que es otro gran negocio extraterritorial, un puerto franco para acaparar el tránsito de materias primas de una vasta región del Cono Sur.

IIRSA y sus émulos locales

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) fue un programa de construcción de megacarreteras, represas, gasoductos e hidrovías propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros bancos de la región, aprobado por la unanimidad de los presidentes de nuestros países en Brasilia en el año 2000.

Cuando era presidente del BID, el economista uruguayo Enrique Iglesias definió a IIRSA como "una agenda común de acciones y proyectos para la integración física de América del Sur, articulando los grandes espacios interiores y brindando una oportunidad única para el desarrollo descentralizado de nuestros países". IIRSA identificó 12 ejes o corredores de desarrollo en la región, supuestamente dirigidos a promover el desarrollo local.

Al Eje Mercosur-Chile los acuerdos de IIRSA le asignan la función estratégica de "alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globales". De hecho, las megaobras de IIRSA se han caracterizado por facilitar la "integración hacia afuera", con graves impactos ambientales y conflictos con las comunidades locales, que son ignoradas sistemáticamente.

En los mapas de IIRSA no figuran grandes vías y un puerto en la costa oceánica uruguaya, pero empresarios con visión del negocio, estrategas y políticos con aspiraciones de grandeza han visualizado que un puerto de gran calado en este lugar podría concentrar el flujo principal del comercio de materias primas y productos de la región, desplazando definitivamente a los dos mayores puertos cercanos, el de Río Grande y el de Buenos Aires.

Diversos gobiernos intentaron concretar esta idea ampliando el puerto de La Paloma, pero la resistencia local parece haberlo descartado definitivamente, aunque se insiste con un terminal maderero de menor escala. Los proyectos de puerto de aguas profundas se trasladan hoy a la playa de La Angostura, entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, donde los impactos ambientales y sociales serían mayores que en el caso anterior.

Un puerto de aguas profundas

La Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODI), grupo inversor español, asociado con portugueses, rusos, griegos y franceses, presentó al gobierno uruguayo a fines del año pasado un proyecto de inversión de 3.500 millones de dólares para construir un puerto de aguas profundas en La Angostura. Según el representante de CODI, José Luis Vila, es un proyecto con 18 años de historia, que transitó por varias administraciones.

A 4 Km de Punta del Diablo y 9 Km de La Esmeralda, este puerto tendría dos muelles mar adentro de 4 Km de longitud, separados 2,5 Km uno del otro, un área portuaria y una zona industrial sobre un predio particular de unas 400 hectáreas que va desde la playa oceánica hasta orillas de la Laguna Negra, a unos 5 Km de la costa, donde se emplazaría una central térmica alimentada con gas natural para abastecer de energía al proyecto.

La viabilidad económica del puerto estaría dada por el emplazamiento en un lugar adecuado y el volumen de cargas a gestionar, estrechamente vinculado a lo anterior. Vila explica que los grandes buques podrán llevar minerales y materias primas de Argentina, Brasil y Paraguay, llegando hasta Bolivia, y traer petróleo, carbón, gas y productos industrializados del exterior, que se trasbordarían a barcos menores para proseguir viaje por la red fluvial.

La central termoeléctrica de 400 megavatios de potencia no abastecería sólo a la actividad del puerto y de la zona industrial -que contendría plantas de generación de biodiesel y fábricas de ropa femenina, entre otras, además de un sector financiero, todo en régimen de zona franca- sino también un ferrocarril que uniría el puerto con la ciudad de Salto donde, atravesando el puente hacia Argentina, podría unirse a otras líneas férreas de la región.

Este proyecto promete generar 5.000 empleos y construir un pueblo de 3.500 viviendas sobre la Laguna Negra. Además, está asociado con un aeropuerto en La Paloma para pasajeros y cargas perecederas, como peces de la zona muy cotizados en Europa. Mientras el gobierno estudia esta y las otras propuestas en una comisión interministerial creada a tales efectos, la expectativa del grupo español es poder empezar la construcción en 2012.

 

Aratirí, atracadero y después

El proyecto de explotación de una gran mina de hierro a cielo abierto en el centro del país impulsado por la empresa Aratirí, filial del grupo internacional Zamin Ferrous, incluye una terminal portuaria en la costa oceánica, cuya construcción es evaluada en unos mil millones de dólares, que consistiría en un muelle de 2,5 kilómetros con capacidad para un vehículo y una cinta transportadora del hierro hacia unos buques de gran calado.

"La terminal portuaria estará dedicada exclusivamente a la carga del concentrado de hierro", dice Aratirí en su proyecto y, realmente, esta terminal está lejos de responder a los múltiples propósitos de un puerto de aguas profundas. Algunos analistas lo definen como un simple atracadero, pero puede ser una base para llegar a aquel. Hay razones para considerar que el proyecto minero apunta hacia objetivos todavía más ambiciosos.

“El puerto de Aratirí se convertirá en el primer puerto de aguas profundas del Uruguay”, afirmó Fernando Puntigliano, en diciembre último, en una exposición ante la Cámara de Industrias del Uruguay. El ex director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y gerente nacional de Zamin Ferrous, es un conocido defensor de la idea de llevar al país a operar como polo logístico regional o “puerta de entrada a Sudamérica”.

Las declaraciones de Aratirí sobre el hierro que habría en la zona de Valentines son un secreto comercial y multiplican por más de diez las reservas estimadas por los técnicos de Naciones Unidas en los años 70, las últimas cifras conocidas por el estado uruguayo. Fuentes políticas desconfían de que las cifras de la minera estén infladas para justificar el puerto propio en la costa oceánica, porque una producción menor podría salir por Montevideo.

En medios empresariales se sostiene que Puntigliano ha visitado países vecinos gestionando acuerdos para un puerto de aguas profundas en Uruguay. La terminal propuesta por Aratirí no tiene esa capacidad, pero la concesión por el estado de un terreno, una zona franca y un puerto en esa zona es un avance en esa dirección. Esas mismas fuentes consideran que el puerto de aguas profundas es un negocio mayor aún que el del hierro de Valentines.

Rivalidades y viabilidades

Los proyectos de CODI y Aratirí se sitúan a escasos metros uno del otro en La Angostura. Si se observan superpuestos en el mapa de la zona, parece evidente que, en el caso de aprobarse algún puerto ahí, debería ser uno o el otro, pero nunca ambos. Esta disyuntiva se manifiesta en una rivalidad sorda entre ambas empresas, donde la primera dice que Aratirí es una firma "vende-proyectos" y la segunda que el proyecto de CODI es "inviable".

Pero la construcción y operación en esa zona de una instalación portuaria de esas dimensiones y propósitos exigiría, antes que nada, la consideración de sus impactos ambientales y sociales. Hasta el presente, no se conocen estudios con modelos físicos -los informáticos no alcanzan- de los movimientos de arena con las corrientes, sobre todo durante los temporales, que hacen y deshacen las barras de arena, los bancos, etc., en esa playa oceánica abierta.

Aún con las insuficiencias de su Estudio de Impacto Ambiental, que fuera rechazado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Aratirí reconoció que su terminal provocaría una erosión de la actual línea costera hasta una profundidad de unos 100 metros al norte del puente, afectando las propiedades costeras. Este mismo informe califica de permanentes e irreversibles los impactos que, por los resultados de una modelación que no identifica, se extenderían dos kilómetros al sur y 5 kilómetros al norte del muelle.

Si sólo el "atracadero" de Aratirí podría generar alteraciones de ese orden, es lógico pensar que el puerto de aguas profundas desarrollado a posteriori o en lugar del proyectado por la minera tendría consecuencias mucho mayores. Consideraciones similares pueden hacerse para los impactos sociales, o sea, la alteración de las actividades tradicionales de turismo y pesca artesanal, acrecentados por la implantación de un polígono industrial.

En este aspecto, las carencias de la evaluación adquieren otra gravedad, porque las instancias gubernamentales, tanto departamentales como nacionales, a pesar de las disposiciones legales y constitucionales que hablan de la participación social, no se muestran dispuestas a brindar información a las comunidades posiblemente afectadas por aquellos proyectos, para que conozcan las propuestas y, mucho menos, para que decidan sobre su ejecución.

"¡Comunidad somos nosotros!"

El pasado 16 de julio se celebró en La Paloma el Primer Encuentro de Comunidades Costeras con la participación de más de 80 personas en representación de las asociaciones de vecinos de los balnearios de Punta del Diablo, La Esmeralda, Valizas, Aguas Dulces, La Pedrera, Punta Rubia y La Paloma. También se sumaron a la reunión personas provenientes de otras poblaciones cercanas como Chuy, Rocha, San Carlos, Piriápolis y Guazubirá.

El encuentro surgió como respuesta a varios proyectos en curso o en proceso de decisión que han excluido la participación de las poblaciones locales y para reivindicar el derecho de las comunidades a elaborar y participar directamente en los planes y proyectos que involucren su forma de vida y entorno. Las agrupaciones analizaron las diversas situaciones que atraviesan, emitieron una proclama y decidieron crear una coordinación permanente.

La proclama expresó la oposición a los proyectos de puente sobre Laguna Garzón, de puerto maderero en La Paloma, de privatización de tierras fiscales de la costa, de puerto de aguas profundas y de megaminería, por considerarlos "parte de un modelo de desarrollo que no nos incluye, que no representa los intereses de nuestras comunidades porque vienen impuestos y porque ponen en riesgo nuestra forma de vida y nuestro patrimonio natural y cultural".

"Decimos SI -agrega más adelante la declaración aprobada- a los proyectos generados desde las propias comunidades que respeten las identidades locales y valoricen el patrimonio costero, con un desarrollo de base local con participación real y representativa, con mecanismos que puedan garantizar la legitimidad de dicha representación".

Estuvieron representadas la Unión de Vecinos de La Paloma, la Comisión de Vecinos de Punta Rubia y La Pedrera, la Comisión Legal de Amigos y Vecinos de Punta del Diablo, la Comisión de Fomento y Turismo de la Esmeralda, la Mesa de trabajo de Barra de Valizas y Vecinos de Aguas Dulces y la Fundación Amigos de las Lagunas Costeras de Rocha. www.ecoportal.net

Víctor L. Bacchetta

Nota:

Foto apaisada - Primer Encuentro de Comunidades Costeras


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8 agosto 2011 1 08 /08 /agosto /2011 21:15

 

53268771

Abierto intento de extorsión del Sr PUNTIGLIANO, afirmando que la empresa bajaba la prioridad del proyecto en Uruguay y enlentecía el ritmo de la inversión, o lo congelaba hasta tanto no estuvieran gestionadas y obtenidas las autorizaciones, siguió la reacción oficial.

Anticipábamos, antes de conocer aquella una cosa tipo “vieron, tanto tiraron de la piola que ahora se van”…o algo así.

Y no le erramos. Yendo de las afirmaciones que rayan con lo lacayuno del Secretario de la Presidencia Alberto Breccia, hasta las más moderadas de otros jerarcas, todas han ido en el sentido de mostrar el temor de que “los inversores” se vayan.

Nadie, que sepamos al menos, tuvo la reacción lógica de un gobierno digno que hubiera sido, en nuestra opinión: “pues si quieren irse, que lo hagan, no los necesitamos”. Porque, como hemos demostrado en los trabajos anteriores, así es.

El país puede perfectamente desarrollar el conocimiento para extraer mineral de hierro del subsuelo, como lo ha hecho para tantas otras cosas. Y cuando digo “el país”, estoy pensando específicamente en el Estado Nacional. Y por supuesto, dispone de la capacidad financiera para hacerlo

Están las reservas del BCU, mal invertidas en dólares bajo la forma, presumimos, de deuda pública de los EEUU, un activo cuyo “destino manifiesto” es perder valor cada vez más, debido a la situación extremadamente precaria de la posición fiscal de aquel país, así como de la debilidad de su economía

Y están, por supuesto los 20.000 (aproximadamente) millones de USD depositados en los bancos, y está, siempre vigente la posibilidad de conseguir crédito para un proyecto tan rentable y de interés nacional como sería éste

Al fin y al cabo, la empresa Zamin Ferrous que presume tener mil millones de dólares también tendrá que pedir prestado para llevar adelante el proyecto.

Falta la voluntad política.

No cabe al respecto la menor duda. ¿Razones? Ideológicas, seguro.

 Todo el espectro político representado en el Parlamento funciona según el libreto neoliberal. Estado juez, gendarme, y amortiguador de las tensiones sociales; y punto. Pero, por supuesto, no seamos tontos (como dice el Presidente), también está jugando en este partido la plata de Zamin Ferrous

Más abajo reproducimos un trabajo aparecido en el New York Times hace unos días donde se habla de la corrupción que originan varias empresas que extraen mineral de hierro en la India

El modus operandi, que allá ha sido totalmente esclarecido por el trabajo investigativo de un ombudsman estatal se parece mucho a lo que se conoce aquí del que ha llevado adelante ZF: los jerarcas de la empresa (en el caso de la India los dueños, acá los representantes en el país, obviamente, en India, son todos de esa nacionalidad) pertenecen al partido que gobierna el estado.

En Uruguay, según se conoce públicamente 3 autoridades de la empresa pertenecen al partido de gobierno, pero además, han sido parte del gobierno mismo muy poco tiempo antes de haber sido captados por la empresa: SOTUYO, PUNTIGLIANO y ahora, TORRES.

El reclutamiento de ésta última, justo cuando el mis mismísimo Presidente (antes de su última vuelta carnero) había responsabilizado a la DINAMA por las autorizaciones que le faltaban al proyecto,  no constituye (hasta donde yo se), delito.

Pero…….que querés que te diga, que feo aspecto que tiene

Porque sabemos que todo jerarca, especialmente cuando los gobiernos sucesivos pertenecen al mismo partido, deja “sembrada” en el organismo que acaba de abandonar a “su gente”. Obviamente, se trata de una operación habitual en el juego del poder.

La empresa lleva adelante, además, toda una serie de operaciones mediáticas de impacto social y político, no siendo de las menores, su intención de financiar a la selección nacional de fútbol.

Y, por supuesto, utiliza abiertamente la palanca que representa, en medio de un movimiento sindical allanado totalmente a la política del partido de gobierno, el dar empleo a algunas decenas de trabajadores que reciben un pago muy superior al medio en el país y al que recibían antes en la zona de Cerro Chato-Valentines.

Pero: ¿se limitan a éstas, públicamente conocidas, las donaciones de la empresa? ¿Hay otros funcionarios, estos si, formando parte aún del gobierno, en la planilla de trabajo de ZF?

Yo no tengo una respuesta demostrable. Cada uno se podrá formar su propia opinión.

Enumerábamos más arriba las razones por las que el gobierno se ha negado a considerar como una posibilidad remota, siquiera, la posibilidad de una explotación estatal directa del recurso

Y nos faltó una: Hasta ahora el actual gobierno ha demostrado una inoperancia sorprendente

El plan JUNTOS, “buque insignia” de Mujica es un entrevero que “junta” abundantes funcionari@s en la torre ejecutiva. Asesor@s,  plata, vehículos, etc. Viviendas, en concreto hasta ahora, prácticamente CERO.

La ley de fomento a la construcción de vivienda popular sigue dando vueltas en el parlamento…..nadie sabe esperando que

Tienen mayoría parlamentaria y desconozco que exista mayor debate al respecto

No la he estudiado, no se si sirve o no, pero lo cierto es que, tal vez permitiría construir más viviendas.

El tema de AFE sigue, a pesar de que el presidente habla del tema casi todos los días y exalta su importancia, dando vueltas. El país, ya lo demostramos hasta el hartazgo dispone ampliamente de fondos para encarar una puesta a punto del sistema ferroviario. Particularmente, porque por lo menos una parte del mismo tiene clientela asegurada en forma casi monopólica en sectores como el forestal y el agrícola

Sin necesidad de investigar, de memoria, elegimos estos ejemplos. Seguramente, si investigamos surgirán otros muchos

Es un gobierno inoperante. Porque, ojo, si bien Mujica asumió el 1 de marzo de 2010, ya a partir de que fuera designado candidato oficial del FA  a mediados de 2009 (y desde ello han pasado dos años)  sabía positivamente que iba a ser presidente.

Tuvo amplio tiempo para formar equipos, planear y empezar a trabajar. Pero, por las razones que sean este poder ejecutivo solo sabe dejar actuar a las trasnacionales privadas. Entonces, ¿Cómo se va a plantear incursionar en un tema nuevo?

Pero esta inoperancia, que resalta todavía más frente a la verborrea presidencial no es razón suficiente para no encarar el tema de la minería del hierro, y de la industria siderúrgica de acuerdo a los mejores intereses del país.

Una última aclaración, antes de dejar a nuestros lectores en compañía de nuestra traducción  del artículo del NYT citado más arriba:

Por favor, señores gobernantes, (especialmente el director de DINAMIGE) en el país si hay industria siderúrgica, por lo menos en lo que a laminación se refiere.

The New York Times, 1 de agosto de 2011.

VIKAS BAJAJ

“El creciente escándalo alrededor del mineral de hierro en la India afecta a las acciones.

Mumbai, India: la ola de escándalos de corrupción afecta a otra industria más, la minería de hierro, implicando a una serie de compañías que incluyen el barco insignia de uno de los hombres más ricos del país.

Como resultado de un reporte emitido la semana pasada, varias acciones han perdido valor, incluyendo las de “Adani Enterprises”, la parte mayor de un conglomerado que incluye puertos, minas y plantas generadoras de energía eléctrica, que fuera construido por el millardario Gautam S. Adani, la  sexta persona más rica de la India.” Y sigue:

“El reporte de 466 páginas, por un ex miembro de la Suprema Corte de la India, que ahora es ombudsman público afirma que funcionarios públicos y compañías le robaron al gobierno del Estado de  Karnataka millardos de dólares en canon, impuestos y otros pagos a partir de un negocio lucrativo tanto doméstico como exportador en mineral de hierro”.

“Enormes coimas fueron pagadas” dice el informe, escrito por Santosh Hegde, el ex juez. “operaciones de tipo mafioso eran prácticas rutinarias”

“Analistas dicen que los hallazgos de Mr. Hegde evidencian la corrupción imperante en partes importantes de la economía India, incluyendo la tierra y los recursos naturales, que están aún muy controlados por los políticos y ejecutivos corporativos, aunque otros sectores, incluyendo bienes de consumo, banca y tecnologías de la información de han vuelto más competitivos y abiertos.”

“La Suprema Corte de la India suspendió temporariamente toda la minería de hierro en Bellary, la región donde se centró la investigación. La corte ha liderado el procesamiento de oficiales acusados de corrupción, y los partidarios de la anticorrupción esperan que hará lo mismo en este caso”

El escándalo ha obligado al ministro más importante del estado de Karnataka a renunciar el domingo, a pesar de que él ha negado haber actuado mal”…..

“El escándalo minero en Karnataka, que alberga también el centro tecnológico de Bangalore, ha ido madurando por varios años. En 2008, Mr Hegde, que es el “lkayukta” u ombudsman, escribió un informe sobre problemas de extracción ilegal de minerales en la región de Bellary en el estado.

En su último informe, Mr Hegde dijo que la situación ha empeorado desde entonces. Las compañías han tratado de evitar pagar el canon estatal y las detracciones al gobierno federal, además de que aquellas han extraído mineral en bosques que se suponían protegidos bajo las leyes conservacionistas

Pero el gobierno del Estado de Karnataka, controlado por el Partido Bharatiya Janata hizo poco para controlar la minería, gran parte de la cual estaba en las manos de tres hermanos empresarios, los Reddys, que son poderosos miembros del partido”…..

 

“En 2009 el ministro principal, B. S. Yeddyurappa, dio marcha atrás con la imposición de una tasa de USD 21 por cada carga de camión de mineral de hierro, después que los Reddys amenazaron con retirar su apoyo a su gobierno.

Aún hoy, a pesar de que los líderes del partido Bharatiya Janata han obligado a renunciar al Sr. Yeddyurappa el partido no ha expulsado a Janardhana Reddy, un magnate minero y ministro de turismo del Estado y a sus dos hermanos, Somashekhar y Karunakar. El informe de Mr. Hegde los acusa de muchas violaciones, incluyendo usar compañías de papel para evadir impuestos y cánones y de amenazar a sus investigadores.

Los Reddys afirman que no han hecho nada malo”….

….”En el caso de “Adani Enterprises”, el informe de Mr. Hegde dice que la compañía ayudó a empresas mineras a exportar mineral de hierro obtenido en forma ilícita a China y otros países desde el puerto, mientras se involucraba en una campaña sistemática de coimas que abarcó prácticamente todos los niveles de gobierno. Recomendó que la compañía “fuera impedida de participar en cualquier contrato futuro, concesión o arrendamiento con el gobierno”.

“En un documento escrito, Adani Enterprises Ltd. Refutó duramente las acusaciones y manifestó que solo había participado en la manipulación de los cargamento de mineral de hierro sin haber nunca extraído o sido propietaria del producto en sí”

Y termina el artículo: “JSW Steel” uno de los mayores productores de mineral de hierro en India fue acusado de realizar una donación por 2,3 millones de dólares a un fondo educativo administrado por los hijos del Sr. Yeddyurappa.

La compañía y su subsidiaria, de acuerdo al informe también gastó 200 millones de rupias para comprar media hectárea (un acre) de terreno industrial en las afueras de Bangalore a la familia Yeddyurappa. Mr. Hegde afirma que terrenos similares se han vendido en la zona por tan poco como 12,4 millones de rupias el acre.

 

WILLIAM YOHAI

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8 agosto 2011 1 08 /08 /agosto /2011 20:53

http://www.aulauruguay.com.ar/15/images/stories/1ab.jpg

 

LOS QUE NI POR UN MILLÓN SE VAN A IR

Una productora rechazó oferta y le hizo juicio a Aratirí A Claudia Perugorría, propietaria de 47 hectáreas en la zona de Valentines donde la minera Aratirí está haciendo exploraciones, le dicen "La Bin Laden" de los productores rurales. Su actitud tenaz en contra del proyecto la llevó a iniciar un juicio por los daños ocasionados por la minera en su campo.

Hace diez años compró su campo para poder irse a vivir algún día y en donde actualmente cría "algunas vacas". Cuando la empresa llegó a la zona, acordó, sin pedir nada a cambio, asegura, el ingreso a su predio para las primeras exploraciones y perforaciones.

Pero con el correr de los meses vio que lo que se había acordado jamás se cumplió. "Me entraron y me destrozaron el predio. Cuando quise ver, ya no era una camioneta, eran 20, que entraban y salían todo el día".

Dijo que hubo un momento en que ya no podía ingresar a su propio terreno y empecé a colgar carteles alrededor para denunciar la situación.

En ese momento la empresa quiso comprar esas 47 hectáreas por el triple de su valor. Le ofrecieron US$ 103.000, pero se negó. "Sentí que ya me habían estafado", señaló. Ahora dice que no vende el campo ni que le ofrezcan un millón de dólares y además le inició un juicio a la empresa por los daños que le hicieron en el terreno. El viernes fue la última audiencia y el peritaje técnico fue favorable al reclamo de la productora.

La demanda fue por US$ 22.000.

Recursos. Hay otros 250 productores que ya presentaron recursos en contra del ingreso a la minera.

Julio Gómez, escribano de Cerro Chato, ha llevado algunos de esos casos y expuso las razones por las cuales hay gente en contra del emprendimiento.

"El volumen del proyecto en un país como Uruguay es desmesurado. Se pidieron 120.000 hectáreas, lo dicen ellos mismos.
En estas tierras hay 2.400 familias de productores instaladas, con sus peones, su entretejido social.
En algún determinado momento van a tener que trasladarse, salir, esa responsabilidad la tiene que asumir alguien", explicó.

Dijo que hoy la economía de la zona está funcionando sobre un recurso, como la ganadería, que se ha demostrado sustentable desde hace 400 años. Y que ahora se va a cambiar a un recurso finito como el hierro.

"Cuando se complete ese período de extracción, ¿qué me va a quedar de las 120.000 hectáreas? Un agujero", reflexionó.
"En este tema se ha hablado del capital económico, no se ha hablado ni del capital social, ni del capital natural. Los países en serio están abandonando la minería a cielo abierto.
Nosotros lo aceptamos de brazos abiertos", concluyó el escribano.

 

El País Digital 7/8/11

 

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31 julio 2011 7 31 /07 /julio /2011 19:22

http://www.kaosenlared.net/img2/192/192867_urubamba.jpgEste artículo tiene por objetivo la consideración del transporte fluvial de las petroleras como uno de estos impactos ignorados o, como máximo, arrinconado en el apartado de impactos indirectos.

La valoración de los impactos de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía puede concluir en resultados tan dispares como lo son las  posiciones de sus emisores. Desde las compañías petroleras – las autoras de los impactos- así como su entramado de consultoras e instituciones clientelares, se tenderá  a relativizar la afectación de sus actividades, minimizando- ignorando si pueden- o externalizando los impactos.

Frente a ese discurso absolucionista, las comunidades amazónicas – las receptoras de los impactos- responden con débiles quejas que frecuentemente se traducen en demandas de compensación.

Este artículo tiene por objetivo la consideración del transporte fluvial de las compañías petroleras como uno de estos impactos generalmente ignorados o, como máximo, arrinconado en el apartado de impactos indirectos.

Camisea y los pueblos del Urubamba

Para las comunidades ashánikas, yine yamis, machiguengas, kakintes, nahuas y nantis, que habitan las orillas del río Urubamba o en sus afluentes, el permanente tráfico fluvial de las compañías petroleras ha deteriorado sustantivamente el sustento alimentario que proporcionaba el río.

El río Urubamba, nace a pocos kilómetros del homenajeado Machu Pichu y desciende por el  legendario Pongo de Mainique , un enclave sagrado para los  machiguengas  regando una extensa región amazónica conocida como el Bajo Urubamba, con un área en torno los 25.000 Km2. La cuenca abarca 10 microcuencas y se encuentra delimitada geográficamente por importantes áreas etnogeográficas, como son el Santuario Megantoni por el Sur, la Cordillera de Vilcabamba por el Este, la Reserva Nahua-Kugapakori por el Oeste y la formación del Río Ucayali por el Norte.

Desde 2003, el proyecto Camisea genera una sobria actividad fluvial que afecta todo el Bajo Urubamba y se siente por el río Ucayali hasta Pucalpa. Los 8 grupos étnicos que habitan esta cuenca experimentan una acelerada  erosión cultural por los patrones de convivencia forzada con las compañías petroleras.

Hoy día, al controvertido bloque 88 – con sus 6.85 trillones de pies cúbicos de gas y con el compromiso presidencial para destinar todo el gas a consumo interno- se le añaden los bloques vecinos 56(Pluspetrol), 57(Repsol YPF) y 58 (Petrobras) (1).  Cada una de estas empresas usa las agus del río Urubamba para transportar todos los insumos para la apertura de líneas sísmicas, construcción de campamentos, perforación de pozos o tendido de gasoductos entre otros.  También el cielo amazónico es usado como servidumbre de paso para un intenso tráfico de helicópteros de una y dos hélices.  Auque la ley exige no sobrevolar las comunidades a menos de 1 km de distancia, el equipo de Alerta Amazónica comprobó como el cielo de las comunidades de Camisea, Kirigueti i Shivankoreni eran continuamente violado por el transporte de piezas de gasoducto desde la estación Malvinas al pozo Mayapi, en el lote 56.

Atalaya, puerto petrolero

El río Ucayali se forma en la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. En este punto se encuentra la ciudad emergente de Atalaya, que con sus 35.000 habitantes, ha duplicado su población en la última década. En su puerto, cada tarde desembarcan lanchas de las compañías petroleras que exploran y perforan los hidrocarburos del bajo Urubamba. Centenares de trabajadores con diferentes uniformes agotan todas las plazas hoteleras. Son los trabajadores de las subcontratas de Repsol, Pluspetrol y Petrobras, que regresan de los transportes fluviales y de las campañas sísmicas, selva adentro.

Francisco Sousa Mendoza, alcalde de Atalaya  se enorgullece del crecimiento del municipio. “ La ciudad se prepara para seguir creciendo. Estamos trabajando duro para acondicionar una  carretera que permita conectar este punto geoestratégico”.(2). A Orillas del Ucayali, existe un parqueadero de barcos de gran tonelaje. Son las "chatas" que surcan el Urubamba sólo en época de lluvias. En la mitad del año se encuentran aparcadas a pocos meandros del pueblo. Actumualmente, se está construyendo un erto logístico para estos barcos en una comuniad Ashanika, a escasos kilómetros de Atalaya, por lo cual se deforestaron dos kilómetros de orilla ribereña.

Inseguridad Fluvial

Cuando baja el caudal, todo el transporte se hace fraccionando la carga en múltiples botes que trajinan a toda hora por el río, con su particular ruido de motor y oleaje.

Para los habitantes del río, la velocidad de las lanchas supone un riesgo para su seguridad. Con sus canoas propulsadas a remo o motor "Peque" se sienten amenazados por los efectos de una súbita ola. En la comunidad machiguenga de Kirigueti se reportó la muerte de un niña por voltear su canoa por culpa del oleaje  producido por las embarcaciones de Pluspetrol (3). Recientemente, se presentó una denuncia en el Juzgado de Atalaya por la responsabilidad de Petrobras en el hundimiento de una lancha  cuatro pasajeros y toda su carga, el pasado 22 de mayo de 2011.(4)

Derrames de gas

En todas las comunidades ashanikas y machiguengas del Bajo Urubamba, se recuerda el derrame de 2004. Una rajadura en la parte inferior del ducto de transporte de líquidos de gas natural generó un derrame de aproximadamente 1151 barriles. La empresa Transportadora del Gas de Perú (TGP), dueña del gasoducto y responsable del accidente, demoró varios días en informar a las comunidades más cercanas sobre los peligros de ingerir agua y pescados contaminados. Las comunidades río abajo, detectaron recién el peligro "cuando los pescados bajaban flotando panza arriba"- advierte comunario de la Comunidad Nativa de Shinkiato, a varias horas de navegación del lugar del derrame. En ese momento  las organizaciones indígenas se movilizaron contra las empresas, las cuales reconocieron convenios de compensación más allá de las pocas comunidades "directamente afectadas".(5)

Varios testimonios advierten del comportamiento autoritario y poco dialogante que tuvo la empresa TGP en la gestión de esta crisis y los siguientes accidentes que lamentablemente se han ido sucediendo por todo el recorrido.(6)

Inseguridad alimentaria

A los derrames accidentales de los gasoductos que salen del proyecto Camisea y los posibles accidentes en los futuros ductos proyectados en las cuchillas de los cerros para conectar los lotes 56,57 y 88, hay que valorar los impactos de baja intensidad provocados por el continuo tráfico de las lanchas petroleras. Monitora fluvial entrevistada en la Comunidad Nativa de Camisea, verificó el paso de una media de 100 botes diarios por su comunidad. Los ruidos, los pequeños vertidos de gasolina y el oleaje disminuyen tanto la población ictícola como la actividad de pesca propiamente dicha. Múltiples voces del Bajo Urubamba alertan que en esta época de "Mijana" (subida estacional de los peces a las cabeceras) la pesca ha disminuido a límites históricos.

Con la pesca y la caza limitada por los botes y helicópteros de las compañías petroleras, las comunidades indígenas del Bajo Urubamba mendigan resignadas compensaciones económicas para solventar necesidades momentáneas. Mientrastanto, el río Urubamba, convertido en Hidrovía Petrolera, desplaza más insumos petroleros para desarrollar nuevos campos gasíferos que multiplicarán las posibilidades de derrame. El futuro está echado para los pescadores del Urubamba.

Notas

(1) Ministerio Energía y Minas, Plan Referencial 2007/Consorcio Camisea, citado en Diario La República.

(2) Alerta Amazónica, Entrevista a Francisco Sousa de Mendoza, alcalde de Atalaya (04/07/2011), 
(3) Santiago Echevarr{ia, "Tímpia: Gases y Gasoducto", Revista Estudios Amazónicos N.4, enero-junio 2006
(4) Acta Denuncia sobre incidente fluvial. Atalaya (24/05/2011)
(5) Alerta Amazónica, entrevista a Daisy Zapata, vicepresidenta de Aidesep. Atalaya (02/07/2011)
(6) Incidentes de ruptura del Ducto Camisea: (22/12/2004) Derrame de 1151 barriles en quebrada Kemariato. (29/08/2005) Derrame de 15 barriles en estación de bombeo de Pacobamba.(16/09/05) Derrame de 4.000 barriles en Tocate. (24/11/2005) Derrame de 4361 barriles en Vilcabamba. (04/03/2006) Derrame de 4600 barriles en Kepashiato. (02/04/2007)Nuevo derrame en Kepashiato. Fuente: Osinerg en Colectivo El Muro, Las Verdades del proyecto Camisea, folleto, Cusco, julio 2010.

 

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24 julio 2011 7 24 /07 /julio /2011 17:30

http://www.pagina12.com.ar/fotos/20110722/notas/na19fo01.jpg

 

El corte de ruta fue entre las ciudades de Susques y Purmamarca.

Por Darío Aranda*

- Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas. 

Página 12, 22 de julio, 2011.- “El oro del futuro”, lo llaman las empresas mineras. “Un recurso estratégico”, definen los funcionarios. “Nuestra vida”, resumen las 86 comunidades indígenas, que ayer cortaron la Ruta Nacional 52 en rechazo a la minería de litio, que avanza sobre territorio ancestral a pesar de la vigencia de leyes nacionales e internacionales que explicitan el derecho al territorio de los pueblos originarios.

El litio es un mineral codiciado, utilizado en baterías de celulares y computadoras, y requerido por la industria automotriz, que experimenta el gradual reemplazo de los hidrocarburos por vehículos eléctricos. “Expresamos nuestro rechazo a los proyectos de minería de litio y exigimos la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que nos pertenecen”, explicaron las comunidades. El avance minero llegó en noviembre pasado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, la semana pasada, a la Organización de Naciones Unidas.

Las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc abarcan superficies de Salta y Jujuy. Son planicies blancas que suelen ser visitadas por turistas y, también, es el lugar de trabajo, vida, cultura e historia de los pueblos originarios kolla y atacama de la Puna. Junto a la sal, se encuentra el litio. Y los gobiernos provinciales ya otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi. En marzo pasado, por decreto, el gobierno de Jujuy calificó el litio como “recurso estratégico provincial”.

El corte de ruta, entre Susques y Purmamarca, comenzó a las 10.30 y finalizó a las 16. “Informamos a los automovilistas, muchos de ellos turistas, y liberamos el paso en varios momentos. Recibimos mucha solidaridad, saben que no estamos jugando, que está en juego nuestra vida”, afirmó Clemente Flores, de la comunidad aborigen El Angosto.

La minería del litio requiere de enormes volúmenes de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. El agua fue uno de los ejes del amparo que en noviembre pasado presentó ante la Corte Suprema la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por 33 comunidades.

Otro cuestionamiento presente en la demanda es la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes “constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Solicitan la suspensión inmediata de actividades en ejecución y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte.

También pide aplicar la Ley 25.675 (General del Ambiente), que dispone aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El corte de ruta ayer también fue protagonizada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación indígena del Pueblo Kolla Región Puna y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. “Como en muchos otros territorios de Latinoamérica, las salinas y nuestra forma de vida están amenazadas por la ambición y el intento de saqueo de la minería, en manos de empresas multinacionales y en complicidad con gobiernos”, denunciaron.

La semana pasada el caso llegó hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya, máxima autoridad de la ONU en la materia. Anaya solicitó copia del expediente judicial y el detalle de los derechos que se vulneraron. Se comprometió a visitar la Argentina en noviembre próximo.

Además de Salta y Jujuy, los conflictos por la megaminería se repiten en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan. La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) denunció que existe una directa relación entre conflictos y el aumento del “900 por ciento” en exploración minera, en la última década, por parte de empresas trasnacionales.

*Darío Aranda es periodista. Investigador graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet. También es colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion””Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras.
—-
Fuente: Diario Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-172781-2011-07-22.html

 

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24 julio 2011 7 24 /07 /julio /2011 17:28

http://cesaraching.files.wordpress.com/2011/04/protestas_islay_la_republica.jpg?w=300

 

La Red Muqui propuso hoy una agenda mínima, que aborde los aspectos sociales, ambientales y económicos pendientes que están detrás de las numerosas protestas ciudadanas que se han registrado en los últimos meses. 

La Red Muqui, que está constituida por una amplia articulación de asociaciones civiles, sostiene que el adecuado tratamiento de dicha agenda permitiría modificar el escenario actual y “construir un nuevo contrato social y ambiental” sobre las actividades extractivas.

En el nuevo escenario la minería asumiría un “nuevo rol”, en el marco de un “desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras”.

Entre los lineamientos de políticas públicas propuestos está recuperar capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.

Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.

También se propone una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado y abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala.

Finalmente, se plantea invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

La Red Muqui le propone al país…
Una agenda mínima para encarar los conflictos mineros

En los últimos meses, los conflictos en torno a la minería no han cesado de aumentar, ejemplos de ello son: Tía María en la provincia arequipeña de Islay; Chugur en Cajamarca y los enfrentamientos en la Cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador; la paralización en Apurímac en el entorno del proyecto Las Bambas y el paro en Puno contra el proyecto Santa Ana y la política de concesiones mineras.Frente a este contexto es urgente que el país defina una agenda mínima, que aborde los aspectos sociales, ambientales y económicos pendientes que están detrás de las numerosas protestas ciudadanas que se han registrado. La Red Muqui propone los siguientes lineamientos de políticas públicas para superar esta situación de conflictividad y afectación de derechos de poblaciones enteras:

  • El país necesita recuperar capacidad de regulación pública. El Estado peruano debe  asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
  • En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice e que interactúe con las autoridades regionales y locales.
  • Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
  • Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
  • Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
  • Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado.  Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las  regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
  • Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
  • Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

Esta agenda mínima permitiría modificar el escenario actual y apuntar a Construir un nuevo contrato social y ambiental en torno a las actividades extractivas, que otorgue un nuevo rol a la minería dentro de un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.

Lima, 01 de junio de 2011

Red Muqui

Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) – La Libertad; Asociación Proyecto Amigo – La Libertad; Centro Andino de Educación y Promoción J. María Arguedas (CADEP) – Cusco; Centro Labor – Pasco; Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); CooperAcción; Fe y Derechos Humanos (FEDERH) – Puno; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) – Cajamarca; Grupo Propuesta Ciudadana; Grupo para la Promoción del Desarrollo de  los Andes (ANDES) – Pasco; Instituto Natura – Chimbote; Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria (I.S.A.I.A.S.) – Puno; Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno; Pastoral Social de la Dignidad Humana (Pasdih) – Junín; Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén; Red Regional Agua y Desarrollo de Piura – Piura; Red Uniendo Manos Perú; Vicaría de la Solidaridad de Sicuani – Cusco; Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco

 

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23 julio 2011 6 23 /07 /julio /2011 22:14

Contrato. Gobierno prometió aumentar área forestable en zona de planta

Alertan-desalojo-de-lecheros-por-acuerdo-con-Montes-del-Pla.jpgPILAR BESADA

La oposición advirtió que un contrato de inversión entre el gobierno y Montes del Plata puede derivar en la expulsión de la población que se dedica a la lechería en los departamentos de la zona. El acuerdo fue confidencial hasta junio.

Según un contrato de inversión firmado en enero entre el Poder Ejecutivo (representado por el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia) y la empresa Montes del Plata, "las partes harán los mejores esfuerzos" para "lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira", en Colonia. El contrato tenía una cláusula de confidencialidad que luego fue eliminada cuando el acuerdo fue rectificado por las partes en junio.

Según el senador nacionalista Juan Chiruchi, el radio de 200 kilómetros "abarca tierras en Colonia, San José, parte de Canelones y de Soriano".

El acuerdo establece que "la Dirección General de Recursos Naturales Renovables está iniciando un estudio" y que "las partes estiman que en dicho estudio debería surgir una cantidad de suelos recategorizados suficiente para las necesidades del proyecto".

Otra parte del contrato menciona que "la localización de la planta (...) hace que la distancia media a las plantaciones sea significativamente superior a las prácticas internacionales, lo cual (representa) una desventaja competitiva tanto para el proyecto como para el país ya que genera sobrecostos logísticos".

Los suelos que podrían ser "recategorizados" como "suelos de prioridad forestal", son según el documento, los 5.02b, de basamento cristalino y con productividad baja (de 88 en una escala de 263).

Esos suelos no son los más productivos de la zona, pero según Chiruchi, "toda la lechería está asentada sobre esos suelos" y "en ellos se está produciendo la mayor cantidad de litros de leche del país".

A su vez, señaló que en Colonia y San José se produce el 82% de los quesos artesanales del país.

Según Chiruchi, esta situación "es muy preocupante", porque "promueve el desalojo y la expulsión de los productores lecheros", dado que "más de la mitad realizan la explotación en predios arrendados".

Agregó que esta política "va en contra de la producción láctea, que incluso el gobierno tiene como meta duplicar en este período".

Según Chiruchi, en estos departamentos "donde la producción es intensiva y los predios son chicos y medianos", el Estado "ha realizado una inversión muy grande en las personas que viven en el campo. Se les ha llevado caminería, puentes, educación rural y electricidad para que se queden en el campo y no sean expulsados hacia las ciudades y los pueblos". El senador agregó que "en el norte, el monte está expulsando a la gente del campo", dado que se precisa poca mano de obra para predios muy extensos.

El acuerdo también señala que "en el área forestal, se prevé profundizar el Programa de Integración Productiva que viene desarrollando la empresa, que incluye el desarrollo conjunto y la complementariedad con otras actividades agropecuarias, contribuyendo a la diversificación productiva y de ingreso de los productores".

Para Chiruchi, este planteo no se sostiene, dado que "el productor nunca podrá complementar y mejorar sus rendimientos e ingresos plantando árboles" porque "el sector lechero manifiesta desde hace muchos años la necesidad de incorporar más tierras a las unidades productivas, para poder mantener la rentabilidad y competitividad".

Esta preocupación por el acuerdo con Montes del Plata fue manifestada ayer en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara Alta, por los senadores blancos Chiruchi y Jorge Larrañaga, y por el senador colorado Pedro Bordaberry. Según Chiruchi, "probablemente el próximo paso sea citar al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, a la comisión parlamentaria".

Compensarán si suben impuestos

El contrato firmado entre el gobierno y Montes del Plata también establece, que, si hubiera "cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto", las partes "revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar" los daños.

El senador blanco Juan Chiruchi señaló que la empresa Montes del Plata posee "un número muy importante de hectáreas", y que cuando se apruebe la nueva norma del impuesto a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, "el gobierno ya se comprometió a compensar a la empresa".

Actualmente, el gobierno elabora la propuesta de impuesto a la tierra, que aún no ha sido elevada al Parlamento.

En cifras

El emprendimiento Montes del Plata representa una inversión de más de US$ 2.000 millones.

Implica la construcción de una planta de pasta de celulosa, una terminal portuaria, una central generadora de electricidad y una zona franca en la localidad de Punta Pereira, en Colonia.

Una vez que comience a funcionar, provocará un aumento de US$ 800 millones en las exportaciones, y redundará en un incremento del 2% del PIB.

Montes del Plata es un emprendimiento conjunto de la empresa chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso.

Durante su construcción, la planta empleará a un promedio de 3.200 empleados, y llegará a un máximo de 6.000 trabajadores contratados.

Hoy la empresa explota unas 216.000 hectáreas, de las cuales 126.000 son de forestación y 90.000 de otros usos (conservación, viveros, pastoreos, etc.).

 

El País Digital

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22 julio 2011 5 22 /07 /julio /2011 18:51

http://www.kaosenlared.net/img2/191/191634_cartel_poum.JPGEl objetivo es el intercambio de experiencias de organización del monte y de la ciudad y es organizada por las comunidades Qom y Wichí y organizaciones de Buenos Aires, Formosa y Chaco.

22  al 24  de JULIO,  en CASTELLI, CHACO

La actividad tiene como objetivo el intercambio de experiencias de organización del monte y de la ciudad y es organizada por las comunidades Qom y Wichí de los parajes del Salado, Pampa Argentina, Raíz Chaqueña, Quinta 66, y los hermanos de Castelli junto a Organizaciones de Buenos Aires, Formosa y Chaco. 
Sus organizadores afirmaron: "Nos une una mirada de un Estado excluyente y desalojador, 200 años de explotación y genocidio; nos une una idea de construcción política ligada a la lucha por territorio y autodeterminación, con la fuerza de nuestro trabajo y compromiso". A continuación compartimos el comunicado.

22, 23, 24 de julio. Chacra 51. Barrio OPO. Castelli. Impenetrable Chaqueño.
Durante esos días las comunidades Qom y Wichí de los parajes del Salado, Pampa Argentina, Raíz Chaqueña, Quinta 66, y los hermanos de Castelli junto a Organizaciones de Buenos Aires, Formosa y Chaco, nuevamente pensaremos caminos de articulación política, social y de lucha. Nos une una mirada de un Estado excluyente y desalojador, 200 años de explotación y genocidio; nos une una idea de construcción política ligada a la lucha por territorio y autodeterminación, con la fuerza de nuestro trabajo y compromiso, sin partidos políticos ni mentiras electorales, sin Ong´ s cómplices, ni organizaciones sociales cooptadas por el gobierno; nuevamente queremos unir las luchas del monte y la ciudad, compartir experiencias, interculturalidad, reflexiones y organización desde abajo. De ahí nace la idea de este Tercer Encuentro.

Nos estamos autoconvocando para conocer nuevos hermanos y hermanas de monte adentro; repensar la continuidad del trabajo en el Chaco, con las dificultades que esto significa; este nuevo encuentro es una excusa que nos damos para ver cómo seguimos, los que seguiremos yendo, ya que como decía el che en la Sierra Maestra "los importantes no son los que se van, sino los que quedan, y los que vendrán" , por eso, respetamos las decisiones de aquellos que piensan que no vale la pena semejante esfuerzo y viaje, pero bienvenidxs lxs que se suman a sembrar semillas de autogestión y poder popular indígena en el Impenetrable .

JacintoDíaz, referente de OPO, Organización de Pueblos Originarios, confirma la presencia de compañerxs de las zonas más alejadas, más los niños y niñas:" la mayoría de los adultos analfabetos o semianalfabetos , con poca formación política, y manejo sólo de la lengua materna"; proponen el armado de talleres ligados a la lucha por la tierra, sus "derechos", la defensa del agua y el monte; la producción de alimentos por agricultura familiar y autosustentable; conocer cómo es la pelea en la ciudad, en fin, compartir experiencias de lucha y organización.

Con este espíritu sostenemos que las comunidades indígenas no son sólo un actor más que lucha contra la explotación capitalista, sino que en Nuestra América, ABYA-YALA, son los primeros y más antiguos insurgentes contra el imperialismo, dejándonos un legado de resistencia del que nos sentimos continuadores.

Los ejes del Encuentro serán:
-Recuperación y lucha por los Territorios.
-Defensa del Monte, el agua, la salud y la vida.
-Producción de alimentos para autoconsumo comunitario.
-Derechos indígenas y autodeterminación.

Organizan y participan:
Organización de Pueblos Originarios , Frente Popular Darío Santillán, Biblioteca Popular Túpac Amaru, Centro de estudiantes Secundarios del Manuel Dorrego de Morón, Cátedra Americanista de la UBA , MTD-Darío Santillán de Resistencia, Radio Pacha Purhajei, ORCOPO.

500 AÑOS DE LUCHA POR TIERRA, JUSTICIA Y LIBERTAD!!!

Contactos: catedraamericanista@gmail.com   
tfno 15-63242212

fuente:
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/07/18/p6583

 

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