Comunicador charrúa . Movimiento Originario, por la Tierra y los Derechos Humanos.
El pasado miércoles 2 de mayo fuimos recibidos por la comisión de medio ambiente y salud de la cámara alta en la sala Dardo Ortiz ,debemos agradecer a la organización RAPAL ,a Maria Isabel Carcamo que fue quien gestiono esta entrevista .
Versión taquigráfica de la reunión
| COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE |
| Distribuido Nº 1339 |
RESIDUOS DE AGROTÓXICOS Y AGUA POTABLE
RAPAL
(Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas
para América Latina)
AUDIENCIA
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Versión taquigráfica de la sesión del día
2 de mayo de 2012
- Sin corregir por los oradores -
ASISTENCIA
| Preside: | Señor Senador Tabaré Viera, Presidente de la Comisión |
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| Miembros: | Señora Senadora Hyara Rodríguez y señores Senadores Carlos Baráibar y Rubén Martínez Huelmo |
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| Invitados Especiales: | Por la Comisión de Salud Pública señores Senadores Luis J. Gallo y Alfredo Solari |
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| Concurren: | Señora María Isabel Cárcamo y señor Marcelo Fagúndez |
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| Secretaria: | Señora Susana Rodríguez |
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| Prosecretaria: | Señora María José Morador |
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SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora 18 y 8 minutos)
-La Comisión de Medio Ambiente del Senado da la bienvenida a los representantes de Rapal, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. Quiero aclarar que en el día de hoy también nos acompañan los integrantes de la Comisión de Salud Pública del Senado que, al igual que nosotros, tendrán el gusto de escuchar la exposición de nuestros invitados sobre el tema de los residuos de agrotóxicos y agua potable. En esta oportunidad expondrán sobre el tema María Isabel Cárcamo y Marcelo Fagúndez.
SEÑORA CÁRCAMO.- Antes que nada, queremos agradecer la oportunidad de poder expresarnos sobre un tema tan importante como es el de los residuos agrotóxicos en el agua.
Haré en principio una rápida presentación y luego mi compañero continuará con la exposición, a los efectos de que los señores Senadores puedan hacer las preguntas que entiendan del caso.
En primer lugar, voy a referirme al estado actual del modelo de producción respecto al aumento de los agrotóxicos en la agricultura y en la forestación. Este modelo de agricultura industrial, liderada por el cultivo de la soja transgénica, desde su introducción ha generado un crecimiento sustancial en el uso de agrotóxicos. Muchas de estas sustancias se encuentran prohibidas o en vías de prohibición en muchos países del mundo por ser altamente contaminantes y destructivas, tanto para la salud de la gente como para el medioambiente, y muy especialmente para la contaminación del agua. Este modelo de contaminación avanza a pasos agigantados y no se acompasa con las necesidades. Un ejemplo de ello es el cumplimiento en las regulaciones ya existentes, así como también la falta de capacidad técnica para cumplir con lo que ya está establecido. Este es el caso concreto de los análisis periódicos de los residuos de agrotóxicos. Hace dos semanas -quiero hacer hincapié en esto- tuvimos una reunión con el Subdirector de OSE, quien nos dijo que estaban en conocimiento de la posibilidad de que existieran residuos de agrotóxicos en el agua, pero que no contaban con la capacidad técnica para poder hacer análisis periódicos. En febrero de 2008 la Dirección General de Servicios Agrícolas, división dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, resolvió establecer mayor restricción a la aplicación de productos fitosanitarios cuando la misma se realiza en cultivos próximos a corrientes naturales de agua o fuentes de agua superficial. En este marco, se prohíben las fumigaciones aéreas a menos de 30 metros de las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua y las aplicaciones terrestres a 10 metros de la misma. Frente a un vacío legal, nos pareció poco que se estableciera 30 o 10 metros de distancia. Alguien podría pensar cómo podemos controlar un avión fumigando a 30 metros de una fuente de agua cuando, además, Uruguay es un país bastante ventoso. Asimismo, las aplicaciones terrestres a 10 metros son escasas y debemos tener un puente para que cuando llueva, el agua escurra.
Por otro lado, está el tema de las UPA y hay que tener en cuenta que Uruguay cuenta con 98 unidades. Son superficies totalmente abiertas y no existe regulación respecto a las cercanías de ellas. Se puede fumigar arriba de las UPA, son abiertas, se fumigan y todos los residuos caen allí. Repito: no existe regulación aérea ni terrestre respecto a las cercanías de las UPA.
Otro tema que realmente nos preocupa es el de un herbicida que se llama Atrazina. En los últimos años, la contaminación del agua por agrotóxicos ha sido una preocupación manifestada por distintos actores de la sociedad, incluso, en el 2010 se encontraron residuos de este herbicida en Santa Lucía. En ese momento se dijo que la cantidad de residuos estaba por debajo de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, nosotros sabemos que este herbicida en dosis muy pequeñas causa efectos importantísimos en la salud de la gente, específicamente, en el sistema endócrino.
Hablar de un herbicida es bastante complicado porque el paquete de agrotóxicos que se está utilizando es importante, por ese motivo, en este caso hemos tomado solamente la Atrazina, que permanece por largo período en el agua y es terriblemente cara, difícil y complicada de eliminar. Países como Estados Unidos han tenido la experiencia de vivir con sus aguas contaminadas. La otra sustancia que quisiera mencionar en este momento, porque está básicamente relacionada con la situación actual del país, es el Glufosinato de Amonio. Este es otro herbicida que ahora, en esta semana, está siendo evaluado a través de una consulta pública realizada por el Gabinete de Bioseguridad. Los dos eventos de la soja van acompañados por este herbicida. Voy a leer lo que dice la propia empresa fabricante con respecto al Glufosinato de Amonio, al que describe como tóxico para peces y crustáceos y recomienda no contaminar ríos, lagos o estanques con este producto o con envases o empaques vacíos. En otras palabras, la fábrica reconoce este producto como una sustancia tóxica para el agua. Hago hincapié en este herbicida porque en este momento se está llevando adelante la consulta pública con relación a los dos eventos que se estarían autorizando próximamente, de soja transgénica, que van acompañados por este herbicida.
Continuando con mi exposición, quiero mencionar la norma 833/20/08, elaborada por distintos entes del Estado y publicada por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Esta disposición establece un conjunto de requisitos que debe cumplir el agua potable para el consumo humano, cualquiera sea su fuente de captación, tipo de tratamiento, producción y sistema de distribución. En la misma se habla de sustancias varias a controlar y analizar, entre las cuales se encuentran los agrotóxicos. Sin embargo, en este momento no está claro si se están haciendo los análisis, con qué frecuencia se hacen y con qué valores aplicados. Esta investigación la lidera el Ministerio de Salud Pública a efectos de saber en qué condiciones está el agua potable. No obstante, en ella participaron muchos otros Ministerios.
SEÑOR FAGÚNDEZ.- Agradezco a los señores Senadores por habernos recibido y por permitirnos exponer nuestra preocupación. Vivo en Guichón, que es una localidad de 5.000 habitantes, que se abastece de agua por una Unidad Potabilizadora. De alguna manera, estamos siendo afectados por la cercanía de la soja, que llega hasta 70 kilómetros de donde está instalada la Unidad Potabilizadora. También se encuentra cerca del cultivo de soja y del monocultivo de eucaliptus la cuenca del arroyo Guayabos, que es de donde extrae agua la Unidad Potabilizadora. Este arroyo también suministra agua a la potabilizadora de las termas de Almirón, que es un lugar muy bonito. Hace un tiempo -desde 2008- con un grupo de vecinos comenzamos a manifestar nuestra preocupación ante las autoridades por la aparición de los primeros monocultivos de eucaliptus en la cuenca del arroyo Guayabos. Recuerdo que en aquel momento era el ingeniero Berterreche quien estaba al frente de la Dirección Forestal. En esa instancia le hicimos llegar nuestra preocupación y a partir de entonces, hemos estado exigiendo permanentemente a las autoridades que se realicen análisis profundos del agua que estamos consumiendo, tanto del lecho del arroyo como de la planta potabilizadora.
Como comentaba la señora Cárcamo, las Unidades Potabilizadoras son a cielo abierto. Trajimos algunas fotografías de la planta de Guichón con el detalle de las distancias del cultivo y también algunas fotografías satelitales con la distancia del cultivo a la planta que, en este caso, está a setenta metros.
Muchas de las autoridades departamentales que consultamos se enteraban, en el momento en que les estábamos planteando el problema, que no se estaba haciendo el análisis agrotóxico del agua. Ese es nuestro reclamo desde hace muchos años.
Sabemos que este problema se plantea en muchas localidades, no solo en Guichón.
Hoy le comentaba a la señora Cárcamo que hace aproximadamente un año solicitamos a la Comisión de Medio Ambiente de la Intendencia de Paysandú que se hicieran análisis de agroquímicos en el agua. Nos prometieron que iban a hacer un convenio con el LATU y reconocieron que no se estaban haciendo los análisis; hasta hoy no se nos ha hecho llegar nada.
Junto a otro grupo de vecinos hemos tratado de concientizar a la población acerca de lo grave de la situación y de los problemas que estos productos pueden causar a la salud. Y es por esta razón que asociamos muchas enfermedades de nuestra comunidad a las fumigaciones con agrotóxicos hechas sobre la UPA y en el arroyo Guayabo. La gente está más guardiana y siente un rechazo al avión cuando está fumigando, y es por eso que las empresas sojeras optaron por fumigar de noche.
Hemos constatado que algunas noches se ha fumigado a pesar del viento. Además, estamos prácticamente seguros de que las derivas llegan a la pileta de decantación que tiene la UPA que, repito, es a cielo abierto.
Quedamos a las órdenes para contestar las preguntas que los señores Senadores deseen formular.
SEÑOR SOLARI.- Quiero sumarme a la bienvenida que ya se les ha dado y también expresar que este es un tema de preocupación de todos los Legisladores aquí presentes. Personalmente, en la oportunidad en que estuve al frente del Ministerio de Salud Pública, uno de los temas prioritarios era el relativo a la contaminación con productos agrotóxicos, de manera que este es un tema que me es muy caro.
Deseo formularles cuatro preguntas concretas. En primer lugar, aquí en la nota se dice que en febrero de 2008 la Dirección General de Servicios Agrícolas estableció restricciones a la aplicación de productos fitosanitarios: 30 metros cuando es por vía aérea y 10 metros si es por vía terrestre.
Quisiera saber si Rapal está de acuerdo con este criterio. De ser así, el problema no es dictar una nueva reglamentación sino -de la mano de la reglamentación existente- hablar con los representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para determinar qué dificultades hay para su cumplimiento.
Reitero, mi primera pregunta tiene es si ustedes están de acuerdo con que esta restricción sea suficientemente buena para proteger la salud de la gente.
En segundo término, quiero formularles una pregunta relacionada con la Atrazina en el río Santa Lucía. Quiero saber si el hallazgo de enero de 2010 fue casual o si se ha reiterado. Asimismo, voy a hacer una aclaración con respecto a una observación que han hecho. Si no me equivoco, ustedes dijeron que OSE argumenta que los niveles de Atrazina encontrados están por debajo de los máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud, y que ustedes piensan -por lo menos eso fue lo que yo entendí- que prácticamente cualquier nivel es tóxico y provoca daños a la salud. Me gustaría saber en qué se basan para sostener esa afirmación, que es llamativa porque un organismo como la Organización Mundial de la Salud se supone que tiene un respaldo técnico muy importante; no digo que ustedes no lo tengan, pero quiero saber la razón de esa discrepancia.
En tercer lugar, recuerdo que se habló de la Norma 833-2008, que requeriría controles periódicos para ver si se están cumpliendo los máximos establecidos de agrotóxicos en el agua potable. Si no entendí mal, parecería que esos controles periódicos no se están realizando y me gustaría saber cuál es la razón de ello, a cargo de quiénes están y con qué frecuencia se deberían hacer.
Finalmente, se afirmó que tanto la Atrazina como el Glufosinato de Amonio, entre otros herbicidas, están causando enfermedades concretas, particularmente en la zona de Guichón, aunque no descarto que ocurra lo mismo en otras áreas. Concretamente, me gustaría saber si por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de la República -o por alguna otra autoridad- se hicieron estudios epidemiológicos que confirmen esa afirmación.
Estas son las inquietudes que quería plantear.
SEÑORA CÁRCAMO.- Voy a responder las primeras tres preguntas generales y la última se la dejo a mi compañero Fagúndez porque es más específica.
Como dije al principio, el hecho de que no exista regulación con respecto a la cercanía a las fuentes de agua y que sí haya una regulación por parte del Ministerio a 30 y 10 metros, lo único que me hace ver es que hay una preocupación. De todas formas, 30 y 10 metros son totalmente insuficientes. Es más, cuando nos reunimos con el ingeniero agrónomo Bertoni, Director de Servicios Agrícolas, y conversamos sobre este tema específico, nos manifestó que la formulación de esta regulación se hizo pensando más bien en la protección de los suelos y no del agua. No obstante ello, entendía que este asunto debía ser considerado nuevamente por el organismo encargado del suelo para hallar la manera de poderlo ampliar. Insisto: 30 y 10 metros están lejos de ser distancias adecuadas para proteger un poquito el agua.
SEÑOR SOLARI.- Con total respeto por lo que está manifestando -sin duda está convencida de ello- quiero decir que me llama la atención la explicación de que es por protección del suelo y no del agua, porque lo que figura entre comillas en la nota que nos han entregado, es la distancia entre los cultivos a ser fumigados y las corrientes naturales de agua o fuentes de agua superficiales. O sea que parecería que está dirigido a la protección del agua y no tanto a la del suelo.
SEÑORA CÁRCAMO.- La respuesta que di fue la misma que el ingeniero agrónomo me dio cuando planteé el problema.
Quiero hacer referencia a cómo surge en nosotros la duda sobre los niveles máximos de la Atrazina permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina -Rapal- trabaja a nivel internacional con esta Organización. En ese sentido, cuando se establecen los niveles máximos permitidos de los agrotóxicos, se hace en líneas generales.
Muchas veces se dice que la dosis hace al veneno: si tomo un poquito tal vez no me haga mal, pero si tomo una cantidad mayor el efecto negativo aumenta. Estudios recientemente publicados -que dejaremos en poder de la Mesa- demuestran que la Atrazina en pequeñas dosis es una sustancia muy tóxica. Además, estamos hablando del agua que consumimos diariamente. Por lo tanto, si consumo pequeñas cantidades durante todo el día, los impactos negativos van a ser bastante importantes.
La normativa número 833-2008 hace referencia al control y regulación de sustancias varias. Fue así que nos surgió la interrogante de si se encontró Atrazina en el río Santa Lucía de forma casual o fue porque se realizaron estudios periódicos. Esta misma pregunta se la hicimos al señor Subdirector de OSE y respondió que periódicamente se realizaban análisis. Cabe preguntarse, entonces, con qué frecuencia se realizan esos estudios y cuáles son los valores aplicados. Asimismo, se le preguntó al Subdirector de OSE qué ocurre en otras Unidades Potabilizadoras de Agua del resto del país. Nos respondió que existen problemas técnicos, lo cual es cierto, porque quienes trabajamos en el tema de los agrotóxicos en general -y en particular, también- sabemos que para realizar análisis se debe saber, específicamente, qué es lo que se está buscando. No se puede realizar un análisis a nivel general, debe estar dirigido a la sustancia que se desea encontrar. Obviamente, si no busco esa sustancia, no la voy a encontrar.
No sé si he respondido las tres preguntas realizadas por el señor Senador; me gustaría que el señor Fagúndez respondiera la cuarta pregunta.
SEÑOR FAGÚNDEZ.- Con respecto a la cuarta pregunta, aclaro que hice una afirmación como representante de un grupo de vecinos de Guichón, lugar en el que todos nos conocemos. Hay un período en que se fumiga la soja con un agrotóxico muy fuerte -es un veneno- que lo asociamos como causante de enfermedades en la población y que ocasiona problemas respiratorios e intoxicaciones. Es el caso de una señora que hace un par de semanas está internada en el Hospital de Guichón por intoxicación causada por agrotóxicos y de su niña de tres años con problemas respiratorios periódicos, que no padecía hasta el momento en que el avión fumigara sobre su casa, ubicada en una zona suburbana. Ahí no hay un marco regulatorio, pero hacemos esa apreciación como representante de la comunidad de Guichón y no como integrante de Rapal.
SEÑOR SOLARI.- Quiero aclarar que la intención de la pregunta no es dudar de su afirmación, sino saber si ya había o no, detrás de esa comprobación popular, un estudio que permitiera manejar una posible legislación con una información que no fuera solamente subjetiva de la población que lo sufre, sino también objetiva por constataciones.
SEÑOR FAGÚNDEZ.- Eso es lo que hemos percibido en los últimos años con la llegada de la soja a gran escala; antes no teníamos tantos problemas de salud en la población. Tampoco hay estudios hechos, si bien los solicitamos al Director del Hospital en su momento para elaborar una estadística sobre enfermedades puntuales a los efectos de saber si se han incrementado o no. Nos preocupa mucho que no se hagan análisis ya que tenemos al alcance de nuestras manos información sobre la peligrosidad de los productos utilizados. Cuando se fumiga en la zona, nos da un poco de temor abrir las canillas y la verdad es que no todos pueden comprar agua embotellada.
SEÑORA CÁRCAMO.- No recuerdo bien si en 2004 o en 2005, tres Organizaciones No Gubernamentales junto a médicos del país realizaron un estudio en Bella Unión, constatándose que la gente que había estado expuesta a agrotóxicos tenía problemas de salud.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Se refiere a que estaba expuesta a agrotóxicos en el agua?
SEÑORA CÁRCAMO.- No, expuestas en el ambiente, a través de las fumigaciones.
SEÑOR PRESIDENTE.- No es el mismo tema.
SEÑORA CÁRCAMO.- Es el mismo tema porque estamos hablando de fumigaciones.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pero no en el agua.
SEÑORA CÁRCAMO.- Efectivamente.
El problema en nuestro país es que, lamentablemente, muchas veces no hay estudios específicos y tenemos que basarnos en otros.
Reitero que en 2004 o 2005 médicos uruguayos hicieron un trabajo específico en la zona de Bella Unión y constataron que la población de los lugares fumigados repetidas veces con agrotóxicos experimentaba alteraciones en la salud.
SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Quisiera plantear el tema de los marcos legales relativos a la prohibición de la fumigación, a raíz de un comentario que hacía el señor Senador Solari, puesto que entendí que estaban referidos a corrientes naturales o fuentes superficiales. La señora Cárcamo decía que las explicaciones que le habían dado confirmaban que, efectivamente, el marco legal estaba referido a la protección de dichas corrientes. En lo personal, me gustaría saber si existe alguna legislación que proteja a la población civil, más allá de la que ya existe respecto a las corrientes de agua. Como bien se dijo aquí -y todos lo sabemos- estas fumigaciones se hacen a campo traviesa e, incluso, cerca de poblaciones o de escuelas y comisarías. Hago este planteo porque no conozco realmente si esto está regulado y si no hay prohibiciones para fumigar a determinadas distancias de estas poblaciones o localidades puntuales.
SEÑORA CÁRCAMO.- Existe una regulación respecto a la prohibición de fumigar cerca de los centros poblados que, si mal no recuerdo, fue aprobada en el 2003. Esta disposición establece que no se puede fumigar en forma terrestre a menos de 300 metros de una localidad y en forma aérea, a no menos de 500 metros. Además, en marzo del año pasado, se aprobó la misma regulación con respecto a las cercanías de las escuelas rurales. Sin embargo, tal como decía anteriormente, el problema no es que las regulaciones no existan, sino que muchas veces no pueden hacerse cumplir. Esto sucede por distintas razones pero, en general, se debe a que no hay quien controle o a que, en el caso de las escuelas rurales, los cultivos están linderos al patio de la escuela. Como los señores Senadores recordarán, la semana pasada se informó por parte de varios medios de prensa que una maestra, cuando vio que estaban fumigando cerca de su escuela, intentó detener a quienes lo estaban haciendo y resultó fumigada ella misma. Entonces, existe la regulación pero lo cierto es que no hay forma de hacerla cumplir.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Este tema no es novedoso para el Uruguay y, en especial, tampoco para nosotros porque hace muchos años que lo seguimos, a raíz de una conexión que teníamos con el movimiento campesino del Paraguay y la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. En aquel momento, nos llegaban denuncias periódicas sobre verdaderos bombardeos de agrotóxicos a la población civil o campesina de ese país. En la medida en que hay un gran desarrollo agrícola en la región, estos temas también llegaron al Uruguay. Me parece que este asunto da para más y es bueno que quienes nos visitan hayan llegado hasta aquí porque considero que esto no puede quedar solo en denuncias. Es un tema que, dado el tenor del documento que nos remiten, ameritaría otro tipo de consultas por parte de la Comisión. Pienso que este es un buen detonador para comenzar a examinar en profundidad el marco legal y para que la Cámara de Senadores y el Parlamento puedan analizar qué cosas pueden construir. Además, si bien en este momento estamos participando de la Comisión de Medio Ambiente, algunos de sus integrantes son médicos y también forman parte de la Comisión de Salud Pública de este Cuerpo. Me parece, entonces, que hay razones suficientes como para que la Comisión pueda desarrollar una tarea activa en este sentido.
Por otra parte, este tema también está vinculado a la carga de los acuíferos pero tampoco tenemos novedades. Hay protocolos como el que está a estudio en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes sobre la defensa del Acuífero Guaraní; sabemos que la parte uruguaya es toda zona agrícola y está siendo trabajada con estos agrotóxicos.
Mírese por donde se mire, el tratamiento de este tema es oportuno y bienvenido sea que esté en el seno de la Comisión. Obviamente que durante su estudio vamos a solicitar que algunos estamentos del Estado se puedan hacer presentes para deliberar junto a ellos.
SEÑORA CÁRCAMO.- Para orientar a los señores Senadores hicimos un punteo de lo que nosotros, como institución, quisiéramos solicitar. Dichos puntos son: ampliar la regulación en las distancias de las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, en las cercanías de las fuentes de agua; prohibir las fumigaciones aéreas de agrotóxicos a una distancia inferior a 500 metros y terrestre a 300 metros del límite de las UPA, igual regulación que al momento rige para centros poblados y escuelas rurales; controlar el estado del agua por OSE, hacer análisis de residuos de agrotóxicos en forma periódica, tanto para el agua bruta como la potable, así como se hace para otras sustancias; eliminación de sustancias altamente tóxicas para el agua como el herbicida Atrazina, y prohibir las fumigaciones aéreas los días de viento, porque si bien ya sabemos que el Uruguay es un país bastante ventoso, pensamos que algo se puede controlar. El deseo sería prohibir definitivamente las fumigaciones aéreas en todo el territorio; en el departamento de Canelones están prohibidas y lo mismo ocurre en la Unión Europea, dato que agregamos porque habitualmente miramos a Europa, que siempre está más avanzada que nosotros.
Vamos a dejar a disposición de los señores Senadores el planteo de esta solicitud y material sobre las regulaciones y la normativa. También vamos a entregarles dos libros que fueron publicados hace dos años, uno sobre los agrotóxicos y su influencia en la pesca artesanal de agua dulce -si los peces se están muriendo es porque el agua está contaminada- y otro sobre el trabajo de la forestación y los agrotóxicos. Finalmente, para facilitar vuestra labor dejamos algunos folletos que recién fueron publicados y que son de fácil lectura.
SEÑOR PRESIDENTE.- Todo este material será distribuido entre los miembros de la Comisión.
SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Voy a agregar un antecedente para que quede constancia en la versión taquigráfica.
Si la memoria no me traiciona, en la Legislatura del 2000-2005 esta institución y la señora Cárcamo concurrieron a la Comisión de Salud Pública de este Parlamento con el fin de plantear este mismo tema, las mismas inquietudes y las mismas propuestas.
SEÑORA CÁRCAMO.- Así es, señor Senador.
SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Esto fue hace quince años y creo que es imperioso que las Comisiones Parlamentarias que tienen responsabilidad en esta materia encaren este tema -y en eso me adhiero al planteo realizado por el señor Senador Martínez Huelmo-porque tiene un soporte legal. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad empezar a analizarlo, esperando que no pasen otros quince años sin que se encuentre una solución a este tema.
SEÑOR FAGÚNDEZ.- Los guichonenses, como queremos tanto a las termas -son nuestra joyita- las cuidamos y difundimos. De lograrse una zona de exclusión para este problema consideramos que estaríamos protegiendo un centro turístico. Cualquiera de ustedes que concurra a un centro termal y vea un avión fumigador a 200 o 300 metros no va a quedar muy tranquilo. Quiere decir que no solo estaríamos protegiendo y salvaguardando la salud, sino también el turismo. El Estado nos vende agua potable, por lo tanto, nosotros exigimos que el agua que consumimos, no solo en la localidad de Guichón sino en otras del interior del país, tenga controles profundos de agroquímicos y que realmente estemos pagando por agua potable para consumo de nuestros hijos y de nuestra comunidad.
Es cuanto quería manifestar y pido disculpas por alguna expresión inadecuada, es que simplemente soy un activista de Guichón y estos ámbitos son nuevos para mí.
SEÑOR BARÁIBAR.- Deseo sumarme a lo expresado por los colegas y valorar muy especialmente la inquietud y la información bastante documentada de una situación que, sin duda, es preocupación no solo en la zona de Guichón sino en su área de influencia. Si a eso le agregamos lo que ha dicho el señor Senador Gallo Imperiale en cuanto a que el tema data de hace quince años, evidentemente estamos frente a una situación en la que, claramente, ha habido una omisión por parte del Estado en tomar iniciativas. Parecería que no puede demorarse en legislar y ver por qué el Poder Ejecutivo no ha tomado medidas si así debió hacerlo.
Quienes hoy nos visitan son miembros de una organización que tiene como objetivo central la protección del medio ambiente y del agua, y en Guichón estos son temas que deben preocupar a toda la comunidad. ¿Hay allí un movimiento más o menos extendido de las fuerzas vivas -para usar un término corriente- por esta problemática? Esas fuerzas vivas, de alguna manera, ¿están movilizadas para generar una toma de conciencia y medidas que sean de carácter nacional y departamental? Consulto porque habría que ver cuáles pueden ser fruto de legislación y cuáles de normas departamentales. Quisiera saber si existe, por ejemplo, una Comisión que involucre a la gente de las áreas sanitarias y también a los sectores de los fumigadores, a los agrícola-ganaderos y a la sociedad rural de la zona del departamento. ¿Se han entrevistado con ellos? ¿Qué receptividad hay frente a este planteo? ¿Cuál es la respuesta recibida?
SEÑOR FAGÚNDEZ.- Desde el año 2008 el pueblo de Guichón está muy preocupado; hemos logrado instancias de diálogo con el Intendente actual de Paysandú, quien respecto de este tema se comprometió a alcanzar un convenio con el LATU para hacer análisis del agua. Asimismo, mantuvimos reuniones con la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental y con la Comisión de Medio Ambiente de la Intendencia.
Por último, quiero señalar que nos contactamos con el Director de Servicios Agrícolas, ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, en este caso, a título de vecinos de Guichón y no como representantes de Rapal. En este sentido, debo decir que hay vecinos movilizados -tal como preguntó el señor Senador Baráibar- pero la situación es difícil porque hay muchos que trabajan en la soja y cuando se tocan los intereses de algunos se pueden generar rispideces en nuestra localidad. Nuestro objetivo es generar conciencia para poder vivir todos en comunidad y que los que plantan soja tengan un marco regulatorio y no perjudiquen el agua de sus propios hijos. Reitero que hemos tocado las puertas de instituciones y autoridades, y mantenido diversas reuniones. En este sentido, hace dos meses atrás exigimos al Municipio local que elaborara una carta dirigida a Servicios Agrícolas pidiendo una zona de exclusión en la UPA de termas y en la de OSE que suministra agua para Guichón. Finalmente, esta carta ingresó en el Municipio y se envió a Servicios Agrícolas. Si bien obtuvo un voto en contra, los otros cuatro concejales votaron a favor y la carta tuvo el destino correspondiente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos vuestra presencia, todo el material que aportaron así como también su exposición. Esta Comisión comparte vuestra preocupación sobre el tema, lo analizará e invitará a algún organismo del Estado para que nos ilustre sobre la legislación, su aplicación y cumplimiento -que existe- aunque seguramente tendremos que actualizarla y mejorarla.
Muchas gracias.
(Se retiran de Sala los representantes de Rapal, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina)
SEÑOR SOLARI.- Creo que hay dos aspectos a resaltar en este tema, señor Presidente. Cuando escuchamos un reclamo de este tipo no podemos olvidar que, obviamente, estamos oyendo una sola campana de un tema que es muy sensible y difícil. Creo que también tenemos que escuchar la otra campana, en particular la del personal técnico de las distintas reparticiones del Estado que tienen responsabilidad sobre el tema, ya sea porque se la fija alguna norma específica o las funciones que deben cumplir. Concretamente, hay tres Ministerios involucrados en el tema: en primer lugar el de Salud Pública, por los efectos que esto pueda tener sobre la salud; en segundo término, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque es uno de los organismos más importantes que tiene que estar presente es la DINAMA; y, en tercer lugar, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque es quien ha estado estableciendo requisitos y criterios. Independientemente de esos tres Ministerios, hay un organismo que es OSE que, obviamente, tiene que venir a explicar qué está haciendo con respecto al control y cuáles son las razones para que no se hiciera lo que se tenía pensado.
Además, me parece que sería bueno trabajar en forma conjunta con la Comisión de Salud Pública, como en la tarde de hoy, y cuya invitación agradezco.
Por otro lado, quiero decir que el mes que viene se desarrollará el Río+20 y seguramente esta organización latinoamericana va estar presente. Por ese motivo creo que, además del tratamiento técnico sobre el tema, hay que hacer una especie de previsión del tratamiento político en materia de relaciones exteriores, porque me parece importante preservar la imagen de país con un informe serio y fundado que tenga en cuenta las dificultades que pueda haber, así como también explicar las bondades. No tengo dudas de que tomo este vaso de agua y no me enveneno y que también puedo tomarlo en Guichón, en Salto y en Colón. Creo que la Comisión tiene que comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con la delegación que vaya a Río+20 porque este es un tema que puede dañar la imagen de Uruguay a nivel genérico, pero también a nivel turístico y creo que eso es lo que hay que tratar de prevenir.
SEÑOR PRESIDENTE.- Me parecen de recibo las sugerencias del señor Senador Solari. Por lo tanto, pedimos que Secretaría invite a los Ministerios que él ha propuesto y, en particular, al de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la DINAMA y a OSE porque están muy relacionados con este tema de agrotóxicos vinculados al medio ambiente y, en particular, al agua.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Me parece que lo ideal sería que OSE viniera después de todo, porque la función de ese organismo es controlar el agua que potabiliza. Entiendo que lo mejor es escuchar a todas las partes para saber exactamente cuánto, cómo y de qué manera se puede llegar a contaminar el agua por estas fumigaciones. También tendríamos que consultar al Ministerio de Salud Pública. De todos modos, más allá de creer que lo ideal sería un mundo sin agrotóxicos, también es verdad que tenemos un país productivo y que la forma de producción ahora es esa. Entonces, no se trata de saber cuál es el mundo ideal, sino de conocer qué tanto afectan esos productos la salud de la población. Y en caso de resultar perjudicial, tendremos que actuar con fuerza porque tampoco podemos permitir que la producción termine con el ser humano.
SEÑOR PRESIDENTE.- Obviamente, es necesario encontrar un equilibrio. También es cierto que ha aumentado considerablemente el área sembrada, con lo que también ha aumentado el problema.
Se levanta la sesión.
(Así se hace. Es la hora 19 y 5 minutos.)
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