/fdata%2F3202302%2Favatar-blog-1114260364-tmpphpoezcQX.jpeg){kind=avatar}
/fdata%2F3202302%2F%2Favatar-user-2511588-tmpphpRWbmbg.jpeg){kind=avatar}
En especial situación de riesgo se encuentran los líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes del continente americano debido a que son víctimas constantes de agresiones, ataques y hostigamientos según registró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su Segundo informe sobre la situación de las defensores y los defensores de los derechos humanos en las Américas, la CIDH señala que muchos de los ataques contra la vida e integridad personal de los líderes indígenas tienen la intención de reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales.
A esto se suma que cuando los familiares u otras personas de un líder indígena asesinado tratan de que investigue el crimen son víctimas de amenazas y seguimientos. Estas son formas de amedrentamiento en contra de las comunidades, ya que será difícil que se retome la protesta que defendía el líder.
Asimismo, en procesos de desalojo de comunidades indígenas las fuerza pública emplea la violencia y, en muchas ocasiones, los manifestantes son detenidos ilegalmente, indica el informe de la CIDH.
Por ejemplo, en el caso de cerca de 70 personas del pueblo Rapa Nui que ocupaba pacíficamente en la plaza Riro Kainga en el centro de Hanga Roa, Chile, para la reivindicación de sus derechos ancestrales territoriales, fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados.
Por este motivo es que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Pueblo Rapa Nui en febrero del 2011, y solicitó a Chile al Estado de Chile que haga cesar inmediatamente el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judiciales contra miembros del pueblo Rapa Nui.
El informe también da cuenta de que el desplazamiento forzado en Colombia ha afectado profundamente a los líderes y lideresas afrodescendientes.
Otro de los hostigamientos comunes contra líderes indígenas es iniciación y acumulación de acciones penales sin fundamento en contra de ellos.
Otra parte del informe de la CIDH se dedica a informar sobre la situación de los líderes defensores del medio ambiente, y señala que las agresiones contra ellos se han visibilizado más en relación con el informe de la CIDH del 2006.
Por otro lado, el documento señala que como parte de la obligación general de adoptar medidas para proteger los derechos humanos, las autoridades tienen el deber de implementar los estándares de protección medioambiental nacionales e internacionales que el Estado ha promulgado o aceptado.
Ello porque “los ataques, agresiones y hostigamientos a defensoras y defensores ambientales visibilizan la problemática sobre el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección medioambiental del Estado”.
“De acuerdo a la información recibida por la Comisión, gran parte de los proyectos desarrollados por industrias extractivas se ha dado como consecuencia de la conclusión de tratados de libre comercio y los compromisos de aumento de la inversión extranjera en algunos Estados”, señala el informe.
