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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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4 marzo 2011 5 04 /03 /marzo /2011 16:09

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http://servindi.org/img//2011/03/AI_1-1_2010.jpgServindi, 4 de marzo, 2011.- La última edición de la revista Asuntos Indígenas de casi 100 páginas está dedicada al tema: Desarrollo y Derecho Consuetudinario, con aportes de especialistas de África, Asia, América Latina.

 

 

Se trata de una edición doble con aportes de sumo interés y valía que reafirma la calidad de esta publicación que el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) se edita en español e inglés. La novedad es que la edición puede ser descargada de manera total o por artículo en formato pdf.

IWGIA es una organización internacional constituida por miembros, políticamente independiente y sin fines de lucro que colabora con pueblos indígenas de diversas partes del mundo.

Desde su sede en Copenhague, Dinamarca, apoya la lucha de los pueblos originarios por los derechos humanos y la autodeterminación, el derecho al control de la tierra y los recursos, la integridad cultural y el derecho al desarrollo.

Las actividades de IWGIA incluyen publicaciones, trabajo por los derechos humanos, red de contactos, conferencias, campañas y proyectos. Las publicaciones de IWGIA se pueden encargar al correo electrónico: iwgia@iwgia.org.

Una de las publicaciones destacadas de IWGIA es el anuario El Mundo Indígena que se edita desde más de veinte años ofreciendo un panorama del acontecer indígena a nivel mundial incluyendo los procesos internacionales referidos a los pueblos.

El anuario se presenta en el mes de mayo en el marco del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que se celebra cada año en la sede de las Naciones Unidas en New York, Estados Unidos.

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Hombre aymara de Bolivia. Foto: Tony Suarez

Revista Asuntos Indigenas 1-2/2010

Editores: Geneviève Rose y Jens Dahl

Este ejemplar conjunto de Asuntos Indígenas ofrece una discusión general sobre posibles modelos de desarrollo que respetan los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y presta atención específica al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y como este puede afianzarse paralelamente a la búsqueda de los pueblos indígenas encaminada al desarrollo libremente determinado, autogobierno, control y gestión de sus territorios, e incluso ayudarles a abordar sus propios retos internos, tales como resolución de conflictos y los derechos de las mujeres.

Contenido

África:

Asia:

América Latina:

Ártico:

 

 

 

 

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4 marzo 2011 5 04 /03 /marzo /2011 15:59

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http://www.kaosenlared.net/img2/169/169846_autopista_sclc_palenque_2.jpgLas familias campesinas e indígenas, algunas de ellas conminadas a vender o entregar sus tierras, entrarán de golpe en una economía plenamente capitalista

Miguel Pickard | Radio Zapatista

Los grandes proyectos del gobierno federal de México y del estatal de Chiapas, impulsados en el marco delProyecto Mesoamérica  (nuevo nombre del anterior PPP o Plan Puebla Panamá), siguen avanzando —velozmente cuando no existe oposición organizada y sigilosamente cuando la hay. Las dos megaobras de mayor relevancia en la actualidad en Chiapas son, por un lado, el llamado Programa de  Ciudades Rurales Sustentables  (CRS) y, por otro, la construcción de grandes proyectos de infraestructura previstos para hacer de Chiapas el “segundo Cancún” para el turismo y, además, hacer del estado un participante importante en el lucrativo mercado de “bonos de carbono”.

 

En cuanto a las CRS, en breve se inaugurará la segunda Ciudad Rural en Chiapas, en el municipio de Santiago el Pinar, con la presencia del presidente Calderón, el gobernador Sabines y sus respectivos séquitos. La megaobra multimillonaria de Ciudades Rurales Sustentables puede caracterizarse como una “guerra fría” del gobernador Sabines contra la vida milenaria del campesinado y de los pueblos indígenas, un proyecto genocida por el interés que encierra de despejar el campo de campesinos e indígenas, y destruir su forma de vida y de producción arraigada en la tierra que habitan.

 

Concentradas en Ciudades Rurales, las familias campesinas e indígenas, algunas de ellas conminadas a vender o entregar sus tierras, entrarán de golpe en una economía plenamente capitalista, donde todas las necesidades, en especial sus alimentos básicos, ahora tendrán que ser adquiridas. Por tanto serán rehenes del magro salario que algunas —pocas— personas recibirán por su trabajo en los proyectos productivos y/o en las maquiladoras que se instalarán en tierras adyacentes a las Ciudades Rurales. La pérdida de la autonomía de los pueblos indígenas habrá comenzado y con el tiempo será total. (Escucha el reportaje de Radio Zapatista.)

 

Otro proyecto de primera importancia en Chiapas es la autopista de cuota de 175 km que enlazaría los “polos” turísticos de San Cristóbal de Las Casas y Palenque,  ya de por sí imanes para visitantes nacionales e internacionales. Esta autopista es la espina dorsal de un proyecto turístico integral (disfrazado de turismo ecológico), que pretende convertir a Chiapas, en palabras del gobierno de Sabines, “en el segundo Cancún”.

 

Al firmar el  Acuerdo Nacional de Turismo  con empresarios del ramo turístico el 28 de febrero pasado, Calderón se comprometió a hacer de México el quinto destino turístico a nivel mundial para 2018. El Acuerdo, según Calderón, busca “aumentar la conectividad” del país por mar, tierra y aire, así como facilitar el turismo al agilizar “la llegada, el tránsito y la salida” del turista por las rutas principales. Todo ello implica “acelerar el paso… (de la) construcción de… puertos y carreteras”. El año 2011 quedó declarado el “Año del Turismo”.

 

En 2009, la construcción de la  autopista entre San Cristóbal y Palenque  se detuvo por la oposición de varios grupos de ejidatarios indígenas en resistencia contra el despojo y la destrucción de sus tierras que el proyecto implicaba. La resistencia de los ejidatarios, participantes de La Otra Campaña, se ha centrado en la comunidad de Mitzitón, a 15 km de San Cristóbal, y en el ejido de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, a 70 km de Palenque.

 

Estos lugares tienen una importancia especial para la construcción de la autopista. Mitzitón sería el “Kilómetro Cero”, el punto de partida de la autopista, mientras que el ejido de San Sebastián Bachajón es vecino de los sitios turísticos de Agua Azul y Bolom Ajaw. El gobierno federal difundió en 2009 un trazado de la carretera que indica que la autopista pasará por las tierras ejidales de Bachajón y las tierras recuperadas de Bolom Ajaw.

 

Por la oposición organizada que se movilizó contra esta carretera de cuota, los gobiernos federal y estatal optaron a partir de 2009 por avanzar en distintos frentes. Por el lado federal, el mejoramiento de la carretera de acceso a la autopista (es decir, el tramo de 15 km de San Cristóbal a Mitzitón) avanza a paso acelerado con el ensanchamiento de carriles y la edificación de grandes puentes que permitirán un flujo vehicular en constante aumento. Las obras han cuidado en especial a unos vecinos importantes de ese tramo, pues la amplia cinta asfáltica y los vistosos pasos a desnivel facilitarán la entrada y salida de tropas y tanquetas de la base militar de Rancho Nuevo.

 

Mientras el gobierno federal aplana carreteras, el gobierno estatal ha asumido la tarea de  “aplanar” a la oposición  ante el próximo avance de la autopista. El hostigamiento a Mitzitón y Bachajón ha sido una constante desde hace varios años pero los conflictos han arreciado en las últimas semanas. En Mitzitón, los problemas subieron de tono ante la presencia de jóvenes evangélicos armados, el llamado  Ejército de Dios, cuerpo de choque de la iglesia evangélica Alas de Águila, en estrecha vinculación con el gobierno estatal. Estos paramilitares han realizado ataques contra el grupo mayoritario de católicos, participantes en La Otra Campaña, que se opone al paso de la autopista por sus tierras y a la consiguiente destrucción de bosques, mantos acuíferos y tierras de sembradío.

 

Asimismo, en Bachajón, el gobierno estatal ha recurrido a la táctica que tanto ha sufrido este ejido de encarcelar arbitrariamente a un número importante de habitantes, obligando a la comunidad a ocupar tiempo y recursos en movilizaciones para su liberación.  El 3 de febrero pasado, 117 ejidatarios, participantes de La Otra Campaña, fueron detenidos, acusados de la muerte de un priísta por arma de fuego, sucedido en una refriega el día anterior. Sin embargo, sólo los atacantes priístas portaban armas de fuego en el enfrentamiento. De los 117 detenidos, 10 permanecen en el reclusorio de Playas de Catazajá. El enfrentamiento ocurrió cuando un grupo priísta se apoderó violentamente de la caseta de cobro y de acceso a Agua Azul, en manos de ejidatarios participantes de La Otra Campaña, pues éstos habían cometido un acto intolerable: empezar a construir una palapa-comedor y un centro ecoturístico que, a diferencia de las megaobras planeadas por el gobierno, estarían en manos de los habitantes locales. En el enfrentamiento quedó destruida la caseta de cobro y los priístas robaron los materiales de construcción, incluyendo carretillas, toneladas de cemento y herramientas.

 

Como dijo un ejidatario de Bachajón (escucha la entrevista completa):

 

El gobierno lo que está haciendo ahorita es encarcelar a los que dirigen el movimiento. Como organización somos el peor enemigo del gobierno, […] porque no le conviene que estemos defendiendo lo que realmente nos pertenece […] estamos convencidos de que el gobierno está buscando una estrategia muy violenta [para] apoderarse de nuestro centro ecoturístico.

 

Una suerte similar de represión y encarcelamiento han sufrido personas en otras partes de Chiapas que se han manifestado en solidaridad con Bachajón y Mitzitón. Es el caso de la represión sufrida el 17 de febrero por personas en una jornada de desobediencia civil pacífica mediante el bloqueo intermitente de la carretera costera a la altura de Pijijiapan. Después de levantado el bloqueo, la policía estatal detuvo a 19 personas del Consejo Regional Autónomo de la Costa, librando horas después a 16, pero consignando a los abogados del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, acusados de “motín” y de ser los instigadores de la jornada de protesta. Los abogados habían acudido al bloqueo como observadores para registrar eventuales violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades.

 

Cuando en el pasado reciente entre analistas se ha tratado de construir una “lógica” detrás de la violencia estatal, se antojaba pensar que el punto de inflexión para desatar la represión tenía que ver con actos de desobediencia civil. Para el gobierno son intolerables actos cometidos por ciudadanos de a pie que infrinjan leyes establecidas, aun en legítima defensa de sus derechos colectivos, civiles o humanos. Sin invalidar lo anterior, hoy es evidente que existe para el gobierno estatal otro punto de inflexión, pues tiene como tarea someter a grupos contrarios cuando su oposición “entorpece” el avance de los proyectos de inversión privada o mixta. Usando la zanahoria o bien el garrote, el objetivo es el desgaste, la claudicación y la rendición de grupos opositores. Cuando fallan las mesas de diálogo o las mesas de negociación,  está la represión mediante el encarcelamiento, el hostigamiento, el amedrentamiento por la fuerza policíaca militarizada o grupos de tipo paramilitar como el Ejército de Dios.

 

Esta es la “lógica” o la estrategia detrás del notorio auge de la represión contra grupos de La Otra Campaña en las últimas semanas en Chiapas. Se trata de desgastar a grupos contrarios a las megaobras del Proyecto Mesoamérica, a grupos que no sólo están en resistencia contra la consigna neoliberal de privatizar o mercantilizar todo, sino que proponen alternativas y, concretamente en el caso de las comunidades zapatistas, o de las personas participantes en La Otra Campaña de Mitzitón y Bachajón, ponen en marcha y hacen realidad esas alternativas.

 

Calderón y Sabines tienen ahora menos de dos años para lograr avances significativos en las megaobras que han propuesto para Chiapas. Lo que estamos viendo con el auge de la represión es el inicio de una campaña que se intensificará en este “Año del Turismo” para poder allanar el camino para el avance de las obras que convertirían a Chiapas en un atractivo “Cancún verde”. Detrás de los planes se mueven grandes caudales de dinero, grandes intereses e incluso grandes convenios, como el recientemente  firmado entre Chiapas y el estado de California  para establecer en Chiapas extensas zonas verdes para el mercado de bonos de carbono. De ello poco o nada sabe la población de Chiapas. 

 

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3 marzo 2011 4 03 /03 /marzo /2011 15:31

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http://4.bp.blogspot.com/_YeN1Qf3MFgM/SwaCMHlbFkI/AAAAAAAAAEM/YYwG8p90NXA/s1600/ninos_jugando.jpgEl gobierno argentino está en una peculiar situación: condena a quienes están llevando, colectiva y anónimamente, un etnocidio en nombre del progreso, pero a la vez defiende "el progreso". 

Luis E. Sabini Fernández *

Los números a veces acumulan y calientan. Y eso de las "frías estadísticas" es a menudo puro cuento. Ante  ocho infantes muertos en dos semanas en Salta en las familias de pueblos originarios, se han disparado las interpretaciones, las explicaciones y las excusas.

Mencionemos únicamente al pasar la política de culpar a la víctima, provecta estrategia del poder, con la cual el gobernador salteño hizo su incursión "antropológica" denominándolos "desnutridos culturales". La bajeza de esta calificación se mide únicamente por lo que esconde: qué condiciones de vida, sobrevida y muerte tienen los arrinconados pueblos originarios.

      Pero si escuchar la voz del amo es penoso en esta cuestión, no quedamos mucho mejor librados con algunas voces "críticas".

En particular con voces provenientes de la corriente mediática K que tiene que hacer enormes esfuerzos y cabriolas intelectuales para seguir denunciando los verdaderos motivos de estas muertes sin dejar de defender al gobierno.

En el programa oficialista de la radio oficial de la mañana (Norberto Corominas, Horacio Del Prado, Fernando Clavero entre otros, 15/2/2011) comentan la atroz situación de las poblaciones originarias en Salta y describen, correctamente, los mecanismos de desterritorialización que sufren, desde hace mucho, los habitantes originarios. Explican, y sus voces se superponen indignadas, agregando razones y causales, que las compañías petrolíferas, que los sojeros, que elementos del mundo judicial con escrituras las más de las veces truchas, se "adueñan" -con el "debido" respaldo policial, habría que agregar-, de tierras, vertientes, lagunas, caminos, bloqueando e impidiendo que los habitantes originarios puedan acceder a sus tradicionales medios de vida: recolección, pesca, cría, caza.

Estos periodistas, con alta conciencia crítica, la emprenden así con el capital operando y saqueando. Con la actividad normal del capital(ismo), bah. Libérrimo, sin frenos ni cortapisas.

Pero estos mismos periodistas, en un operativo ideológico que los califica como auténticos periodistas K (por si hacía falta otro dato que el hecho de revistar en los planteles de la radio pública, porque en este país lo público se confunde, deliberadamente, con lo gubernamental) nos han contado que las grandes empresas transnacionales seguirán ganando a manos llenas pero ya no mandan en el país. Y nos han puesto el ejemplo de un multón contra una petrolera de primer nivel. Y todo esto en el mismo programa en que abordaran la tragedia de los niños que han muerto legalmente por desnutrición.

¿Por qué, si las empresas ya no pueden hacer lo que quieren bajo el gobierno K hacen lo que hacen en Salta, deforestadoras, petroleras y/o sojeras?

Porque la denuncia de estos periodistas, tan furibundos anticapitalistas, se formulan con un presupuesto: los empresarios hacen lo que quieren porque no existe estado. Porque no hay gobierno. Porque no hay, en suma política. Solo la gestión... empresaria, el sueño de Macri. O, a lo sumo, alguna presencia de lo público corrompido hasta los tuétanos como en el ejemplo de la presencia (bastante habitual) de escrituras truchas.

Esto último es, por cierto, totalmente creíble. Pero la llamativa ausencia sigue en pie: ¿son jueces o fiscales cómplices lo único público que existe en Salta, amén de un gobernador que ensaya explicaciones "antro"? Si eso es así, eso es lo que tiene que denunciar el periodismo. Se podrá discutir si el gobierno nacional puede incursionar en el ámbito provincial, intervención mediante. O abdicar de hacerlo. Pero de lo que no puede abdicar el periodismo es de buscar las causas y los responsables de un hecho, sobre todo cuando se trata de lo que algunos consideramos, un asesinato, que así cumplido, en forma genérica, se incluye en lo que se llama un etnocidio. Porque criticando sólo a las empresas nos salteamos lindamente la instancia reguladora, societaria, política. Y la crítica al no crecer desde lo concreto (con-creto es crecido-con) deviene precisamente en su opuesto: abstracta. Inasible, Inservible.

Es curioso. Los etnocidios, generalmente acompañados de genocidio en menor o mayor escala, se realizan a menudo alegando causas políticas, religiosas, históricas. El caso más patente que tenemos en nuestro conflictuado presente es la política israelí sobre el pueblo palestino.

Pero en Argentina, una situación que implica el arrasamiento de formaciones socio-étnicas ajenas a la argentinidad, se cumplen como al descuido. Como sin darse cuenta. Bajo el puro impulso económico. O de la rentabilidad. Sin actores políticos (o casi). Los que deberían estar presentes, siquiera a causa de su presencia formal; los políticos, son cómplices que ensayan respuestas que le quiten toda responsabilidad a pasos económicos concretos; tomas de tierras, cierres de caminos, prohibición de caza, desmonte descontrolado de tierras "baldías" o "públicas" o sin títulos debidamente acreditados por las notarías del estado argen-tino, lo cual significa el achique permanente de las formas de vida económica vinculada al monte y a la naturaleza, más o menos tradicionales, más o menos artesanales. En una palabra, estamos ante distraídos que condenan moralmente al capital pero sin que semejante condena moral, afecte materialmente. Ni a los empresarios que van reconfigurando el país, bajo el motto de la modernización, para mejor hacer negocios, ni tampoco a los políticos que aceptan ideológicamente la modernización y consiguen así también su participación en los rindes.

Esta postración política está tan extendida que abarca incluso a los estamentos más altos del poder judicial,   que se suponen más alejados de la corrupción o la connivencia: ante una seguidilla pesadillesca de muertes similares, de adultos originarios en 2008, la jueza de la SCJ, Carmen Argibay, no tuvo mejor medida que disponer se proveyera de bolsas de comida a la población afectada con tales muertes. Seres humanos a los que la industrializaciòn del agro, el desmonte, la contrarreforma agraria galopante que vive el país, la sojizaciòn, la modernizaciòn, en suma, les había arrebatado sus medios de vida. En ningún momento hubo siquiera un intento de reconocer el derecho de esos argentinos al hábitat. Un derecho humano. Ni siquiera se mencionó. La caridad entonces sí, la justicia ni en sueños.

Debe haber muchos más "actores sociales" alrededor de estas atroces, y repetidas, muertes. Pero el panorama político no se ilumina demasiado. Desde el costado profesional médico, por ejemplo, algunos profesionales de la salud   (Alicia Torres y Tomás Torres Aliaga, p. ej.) presentan sus currículos y acusan al gobernador de falta de atenciòn hospitalaria como gotitas de vitaminas, con las cuales compensar algunas deficiencias y evitar la desnutriciòn galopante. Pero su crítica no excede su ámbito profesional, cuando lo que necesitamos en esta cuestión es precisamente aprender a ver por encima de nuestras quintitas profesionales o estamentales. Porque los Grobocopatel cuidan sus quintitas y los intendentes las suyas, y los médicos por el estilo... pero hay un quintita que es la destrozada. Ya sabe el lector   -espero- cuál.

La misma etnia que sufre estas muertes fue atacada con motivo de un bloqueo de ruta a fines de 2010, en Formosa, con una represión que significó un nativo y un policía muertos y dos nativos gravemente heridos. Enfrentaban el desmonte de tierras que reclaman suyas.

Una pesadilla sin fin. Miembros de la comunidad qom, en Río Bermejito, tomó el 14 de febrero de comisaría. ¿Qué había pasado?  Los qom cortan el puente La Sirena del mencionado río en protesta contra... ¿contra qué?: la tala de árboles. La policía, esta vez chaqueña, reprimió el corte hiriendo a un hombre qom. Esto fue lo que provocó la toma de la comisaría.

Las empresas no se dan por enteradas. Es su lógica. Los gobiernos tampoco. Pero postulan otra lógica. Pienso que al menos los periodistas debieran atender esto. Pero no lo parece, al menos entre los de los circuitos mediáticos principales. Ya Marx había reparado hace siglo y medio que "cada progreso económico es al mismo tiempo una calamidad social"; hoy la modernización galopante nos está llevando al borde de un precipicio planetario, pero no se discute; al contrario, ¡seguimos festejando los aumentos de PBI!

*  Miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, periodista, editor de futuros del planeta, la sociedad y cada uno.

www.revistafuturos.com.ar .

 

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3 marzo 2011 4 03 /03 /marzo /2011 15:04

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http://www.eltiempo.com/justicia/IMAGEN/IMAGEN-8946635-2.jpgFoto: El Tiempo

Servindi, 2 de marzo, 2011.- El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Manizales condenó a 26 años y ocho meses de prisión a Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Pablo Guerrero’ por el asesinato de cuatro indígenas. El sentenciado es un ex líder paramilitar del bloque “Cacique Pipintá” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según las investigaciones, el 8 de junio del 2003, entre los municipios de Riosucio y Supía, en el departamento de Caldas, un grupo paramilitar comandado por ‘Pablo Guerrero’ interceptó y asesinó a Gabriel Ángel Cartagena, ex gobernador indígena del Resguardo Cañamomo y Loma Prieta, quien también fue candidato a la alcaldía de Riosucio.

Tras ello, el grupo armado ultimó a Fabio Hernán Tapasco Largo, encargado de los asuntos de vivienda del resguardo; y a sus acompañantes Hugo Tapasco Guerrero y Diego Efraín Suárez León.

En el ataque también fueron heridos los indígenas Norely Calvo, Gersaín de Jesús Díaz y Pedro Alejandrino Campeón, quienes hacían parte de esa comitiva.

Sierra García aceptó los delitos de homicidio múltiple en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, recibió una rebaja de la tercera parte del total de la pena.

Anteriormente, por el mismo homicidio, fue condenada a 40 años de prisión María Bianet Castaño Patiño, alias ‘La Mona’, patrullera del bloque citado y escolta de ‘Pablo Guerrero’.

 

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3 marzo 2011 4 03 /03 /marzo /2011 15:01

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http://www.elchubut.com.ar/noticias/N1_152827-1.jpgServindi, 2 de marzo, 2011.- Ayer, en la ciudad de Esquel, asumió funciones Delia Susana Pérez, la primera abogada adjunta especializada en Derecho Indígena dentro de la Defensa Pública de la Argentina.

 

Con este acontecimiento, el Estado avanza en garantizar el acceso a la justicia de los indígenas, y contribuye a visibilizar el tema en el Poder Judicial.

El acto tuvo lugar en la Oficina Judicial Penal de los Tribunales, en la provincia de Chubut. Ahí, el defensor general de la ciudad, Arnaldo Hugo Barone puso en funciones al Defensor Jefe de la Circunscripción Judicial de Esquel, Gerardo A. Tambussi, quien a su vez, luego tomó juramento a la letrada.

El acontecimiento se enmarca en un proceso impulsado por la Defensa Pública desde hace algunos años, que busca defender los derechos de los integrantes del Pueblo Mapuche-Tehuelche del Chubut.

Para lograr este propósito, se difunde y capacita a operadores judiciales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, los Defensores Públicos especializados en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) abordan la problemática, asesorando y patrocinando a personas o comunidades indígenas.

La asunción representa un gesto importante, sobre todo si se considera que recientemente retomó sus funciones el juez Oscar Colabelli, quien fue separado de su cargo acusado de ordenar una brutal represión contra la comunidad “Vuelta del Río”.

Reconocimiento de la propiedad de las tierras

Algunos de los derechos más vulnerados de las comunidades nativas de la zona son: la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y la participación en la gestión de los recursos naturales de los territorios donde habitan, que se indican en el artículo 34 de la Constitución del Chubut.

Por esa razón, la Defensa Pública reafirma la necesidad reconocer las tierras que actualmente ocupan, y las que debieron abandonar, en ocasiones obligados por maniobras ilegales e ilegítimas.

El defensor general de Chubut, Arnaldo Hugo Barone, explicó que los casos más graves de títulos de tierras otorgados, omitiendo la existencia de comunidades, se produjeron después de 1958.

 

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3 marzo 2011 4 03 /03 /marzo /2011 14:56


http://ciudadania-express.com/wp-content/uploads/2011/03/foroindigena.jpgFoto: Ciudadanía Express

Servindi, 2 de marzo, 2011.- Los pueblos indígenas, reunidos en la ciudad de San Pablo Guelatao en el Foro Estatal de Pueblos Indígenas, demandaron el pleno reconocimiento a la autonomía comunitaria y el fortalecimiento de legislaciones a favor de los pueblos.

El foro se realizó el pasado lunes 28, organizado por la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), como parte de las actividades para recibir propuestas para la elaboración del Plan de Desarrollo 2011-2016 de Oaxaca.

A continuación, el pronunciamiento de los pueblos indígenas:

Pronunciamiento

Las autoridades municipales y comunales, representantes de organizaciones comunitarias y regionales, instituciones educativas y culturales, ciudadanos y ciudadanas procedentes de los diversos pueblos indígenas y de la sociedad civil de Oaxaca, reunidos en el municipio de San Pablo Guelatao de Juárez, Oaxaca, el día 28 de febrero del año en curso, en el marco del Foro Estatal de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, con la finalidad de participar en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y tomando en consideración:

Que los pueblos indígenas seguimos viviendo en un contexto de marginación, exclusión, opresión, pobreza e injusticia históricas y estructurales, como consecuencia de una política de Estado integracionista y etnocida, implementadas por los malos gobiernos que han querido adueñarse de nuestras vidas y destinos.

Que esta situación se ha agravado profundamente en Oaxaca en virtud de que hemos estado sometidos a la voluntad y capricho de un régimen político y económico autoritario, caciquil y dictatorial, que pese a que fue derrotado en el proceso político electoral del 4 de julio del 2010, se resiste a los cambios que Oaxaca necesita.

Que los pueblos indígenas estamos convencidos que no basta con que se haya dado la alternancia en Oaxaca, sino que es necesario cambiar las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que han mantenido a nuestros pueblos en la exclusión y en el abandono.

Que en dicho marco, es fundamental que exijamos una revisión de las actuales estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado de Oaxaca, que como es ampliamente sabido, no sólo excluye a los pueblos indígenas, sino a la sociedad en su conjunto, quedando la decisión y representación públicas en manos de una cúpula política y económica que no responde a los intereses colectivos de la ciudadanía.

Que para lograr estos cambios es necesaria la organización de nuestros pueblos y de la ciudadanía en general, para que a través del diálogo podamos construir las propuestas y los acuerdos que posibiliten de manera real y efectiva la transformación que todos los Oaxaqueños deseamos.

Que por esta razón tenemos que cambiar la política y la forma de hacer política, para hacer un nuevo pacto social y la renovación de las normas jurídicas y sociales que permitan la autonomía, el desarrollo y la reconstitución de nuestros pueblos.

Que fundamentados en nuestro derecho a la libre determinación, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado y a ser consultados en la formulación de los planes y proyectos de desarrollo, así como en la adopción de medidas legislativas y administrativas relacionadas con nuestros derechos y aspiraciones de vida, mismos que están reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional y estatal en la materia, hacemos las siguientes

Propuestas y pronunciamientos

Primero: El reconocimiento pleno de la autonomía comunitaria, municipal y regional de los pueblos indígenas y su irrestricto respeto en la ley y en los hechos. En este renglón es importante destacar que los pueblos indígenas debemos fortalecer nuestros procesos organizativos a escala regional y desde ahí construir nuestras instancias de autogobierno y nuestros espacios de organización y planeación para el desarrollo y crecimiento. Lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 113, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que reconoce el derecho de la asociación regional de las comunidades y municipios indígenas. Todo ello en consonancia con lo establecido en el artículo 3 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural.

Segundo: Exigimos que la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca deje de ser una ley supletoria, y que se convierta en una ley fundamental con valor igual a todas las demás leyes reglamentarias.

Tercero: El respeto y ejercicio de la personalidad jurídica de las comunidades y pueblos indígenas como personas morales de derecho público, y que se implementen los criterios, mecanismos y procedimientos jurídicos, institucionales y financieros que viabilicen este derecho subjetivo de nuestras comunidades y pueblos indígenas.

Cuarto: El respeto irrestricto por parte de las diversas instancias de gobierno, los órganos electorales y los partidos políticos al régimen político electoral propio (usos y costumbres) de los municipios indígenas. A este respecto es importante manifestar que no permitiremos más agresiones y tampoco permaneceremos callados frentes a las tentativas de algunas instituciones y personas de querer socavar los importantes avances que desde el año de 1995 hemos logrado para el reconocimiento de los derechos políticos electorales de nuestros pueblos indígenas. Nosotros lucharemos por su respeto y vigencia, ya que contribuyen a la democratización, la gobernabilidad y la paz social en Oaxaca.

Quinto: El reconocimiento y establecimiento de los principios y los procedimientos para la participación y representación de los pueblos indígenas en el Congreso Local y en el Poder Ejecutivo y Judicial, a partir de nuestros propios mecanismos democráticos, particularmente basados en nuestras asambleas municipales y comunales. En esta lógica es importante expresar que las supuestas instancias de representación en las que hoy nos tienen sumergidos la clase política partidaria deben ser revisadas y cambiadas. Por cierto esta supuesta representación esta hoy usurpada por los partidos políticos y un puñado de hombres y mujeres que se han adueñado de los puestos populares, en una actitud caciquil, autoritaria, patrimonialista y totalmente antidemocrática, en el que la participación ciudadana y de los pueblos indígenas no cabe y es vista como un estorbo.

Esta estructura antidemocrática es lo que hay que cambiar, para dar lugar a uno nuevo en donde se garantice una auténtica participación de la ciudadanía y de los pueblos indígenas, sin la necesaria mediación de los partidos políticos. Para el caso concreto de los pueblos indígenas, habrá que construir dichas estructuras y mecanismos de participación en las instancias de debate y decisión estatal, como es el caso de la Cámara de Diputados, basados en la sabiduría y experiencia de democracia directa de las comunidades y municipios indígenas, misma que es practicada en numerosos pueblos indígenas a través de las asambleas comunitarias, los consejos de ancianos, entre otros. Es decir, lo que hoy es una realidad en 418 municipios indígenas de Oaxaca, en donde se eligen las autoridades municipales a través de las asambleas, habrá que tomarlo como un referente para la construcción de la representación indígena en el ámbito legislativo Oaxaqueño.

Sexto: El reconocimiento de la capacidad jurisdiccional de las diversas instancias de autogobierno indígena y de los criterios, mecanismos y procedimientos concretos para la resolución de los conflictos de diverso tipo, acordes a los sistemas normativos internos y en el marco del pluralismo jurídico. Además deben sentarse las bases para que los conflictos agrarios, políticos, administrativos, entre otros, existentes en las regiones indígenas se resuelvan mediante el diálogo y la conciliación.

Séptimo: La creación de condiciones para hacer efectivo la participación de las mujeres indígenas en las instancias de decisión comunitarias, municipales, regionales y estatales, a fin de que sus demandas, derechos e intereses sean debidamente considerados y resueltos.

Octavo: El reconocimiento pleno de la propiedad, control, administración, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, así como el establecimiento de políticas y programas que conserven nuestras semillas nativas y cultivos tradicionales. En este sentido pedimos que se ponga un alto a la introducción de semillas transgénicas en nuestras comunidades y regiones. Todo lo anterior como la mejor fuente para emprender nuestros procesos de crecimiento y desarrollo integral y sostenible, a través de programas y proyectos específicos diseñados e implementados por los propios pueblos desde cada una de las regiones indígenas del Estado.

Noveno: Consecuentes con lo establecido en la legislación internacional, particularmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, debe consultarse y obtenerse el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas interesadas antes de emprenderse los proyectos hídricos, mineros, eléctricos, y de otro tipo, por parte del Estado.

Décimo: La participación activa y decisiva de la ciudadanía y de todas nuestras autoridades comunitarias y municipales en el proceso de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programa de desarrollo, tanto a nivel municipal, regional y estatal, a efecto de que respondan de manera real y efectiva a las demandas y aspiraciones de la sociedad y no al capricho de algunos grupos o personas. En este marco se debe prestar atención a las políticas públicas dirigidos a las comunidades indígenas y rurales fortaleciendo la agricultura sostenible y creando los canales de comercialización e industrialización necesarios para el fortalecimiento de la economía campesina e indígena.

Decimo primero: El apoyo financiero y técnico para la implementación y fortalecimiento de la infraestructura caminera, hidráulica, eléctrica y sanitaria en las regiones indígenas que permita la plena articulación, reconstitución y desarrollo de los pueblos indígenas, y que sea bajo estándares de calidad, seguridad y eficiencia. Todo ello con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, tanto en el proceso de planeación como en la ejecución, supervisión y evaluación de los mismos.

A este respecto proponemos al nuevo Gobierno del Estado que se otorguen las facultades necesarias para que la Secretaría de Asuntos Indígenas en coordinación con las Asociaciones Regionales de Comunidades y Pueblos Indígenas en cada una de las regiones indígenas del Estado, asuman la responsabilidad de administrar los recursos provenientes de la Federación en materia de infraestructura básica, en especial el Programa de Infraestructura Básica de Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI).

Décimo segundo: La creación e implementación de tres nuevos ramos de apoyo financiero a las comunidades y pueblos indígenas:

a) El fondo para apoyar la labor de protección y promoción de las tierras y recursos naturales desarrollada por las autoridades comunales y ejidales.

b) El fondo para el desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas de Oaxaca.

c) El fondo para el fortalecimiento y desarrollo de las culturas, lenguas y expresiones musicales de los pueblos indígenas.

Décimo tercero: La convocatoria y el establecimiento de nuevas bases, principios, mecanismos e instituciones para hacer una revolución educativa en Oaxaca, que responda a nuestra realidad multiétnica y pluricultural, así como los estándares de calidad, y que sea un proceso democrático e incluyente. En especial se debe mejorar la calidad del servicio en las escuelas del nivel básico debiendo hacer realidad la educación indígena intercultural; el establecimiento de escuelas secundarias indígenas interculturales; el apoyo a los bachilleratos integrales comunitarios y la creación y apoyo de instituciones de educación superior en las regiones indígenas que sean acordes a sus realidades, culturas y lenguas.

Décimo cuarto: El reconocimiento y apoyo a la medicina tradicional indígena, así como el establecimiento de hospitales regionales interculturales que deben prestar los servicios de salud con los más altos estándares de calidad. También es importante el apoyo a las actuales Clínicas y Unidades de Salud en los municipios y comunidades indígenas a efecto de que cuenten con medicamentos, personal suficiente y capacitado, así como la infraestructura necesaria para dar un servicio de calidad.

Décimo quinto: El reconocimiento a los medios de comunicación indígenas, en particular de las radiodifusoras comunitarias a fin de que presten sus servicios a favor de la promoción del desarrollo integral de nuestros pueblos. De igual modo, demandamos la transferencia de las radiodifusoras indigenistas para que sean administradas por los propios pueblos indígenas a través de las instancias pertinentes, en particular, las Asociaciones de Comunidades y Pueblos Indígenas. Instamos a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión a efecto de que garantice la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en dicha instancia y posibilite la difusión de los procesos de autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas, así como la promoción de sus culturas y tradiciones.

Décimo sexto: El reconocimiento de los pueblos afro descendientes como parte de la composición pluricultural y multiétnica de Oaxaca, sus culturas e identidades específicas, así como la promoción de sus valores y formas de organización para el crecimiento y desarrollo integral.

Décimo séptimo: La revisión y el fortalecimiento del entramado institucional que tiene una relación directa con los asuntos indígenas. Es el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Procuraduría para la Defensa del Indígena, la Dirección General de Educación Indígena, el Instituto de Atención al Migrante, la Junta de Conciliación Agraria, entre otros, que solo han respondido a las políticas integracionistas, clientelares y corporativistas del viejo régimen. Como está ampliamente documentado, estas viejas instituciones, en lugar de apoyar a los pueblos indígenas, hoy día constituyen el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los mismos. Por eso habrá que pensar una nueva institucionalidad estatal que abra un renovado horizonte de relación respetuosa y horizontal entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto.

En este sentido se propone el fortalecimiento integral de la SAI como la instancia normativa, rectora y ejecutora que implemente el efectivo cumplimiento de los derechos indígenas y fortalezca los procesos de autonomía, reconstitución y desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas. La SAI debe coordinar y verificar la transversalización del tema indígena en todos los ámbitos y niveles del gobierno estatal. A su vez esta institución debe descentralizarse hacia las diversas regiones indígenas de Oaxaca.

Décimo octavo: El reconocimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las asambleas comunitarias, entre otras, que hagan posible la participación decisiva de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales de las diversas instancias de gobierno.

Décimo noveno: El reconocimiento y establecimiento de mecanismos e instancias efectivas tales como las asambleas comunitarias y las comisiones revisoras de cuentas, para combatir la corrupción imperante en los diversos ámbitos de gobierno y con el objeto de transitar a un régimen de austeridad y honestidad. Para ello debemos encaminarnos hacia la construcción de presupuestos participativos, transparentar el uso de los recursos públicos, el establecimiento de auditorías públicas y ciudadanas, la rendición de cuentas, evitando con ello el avance de la corrupción a lo largo y ancho del territorio estatal.

Vigésimo: Se propone la creación de un Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, con la participación y representación de todos los pueblos indígenas de Oaxaca y las comunidades Afrodescendientes, a efecto de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en este Foro y que sea el mecanismo de vinculación y enlace con la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del Gobierno del Estado.

Por la libre determinación y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas.

 

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3 marzo 2011 4 03 /03 /marzo /2011 14:47

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http://servindi.lamula.pe/wp-content/blogs.dir/2286/files/2011/03/MDPM_choza.jpgFotos: Municipalidad distrital de Padre Márquez

Servindi, 02 de marzo, 2011.- Un llamado de auxilio lanzó Juan Maldonado Urquía, alcalde de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, ante las inundaciones que ocasiona el desborde del río Ucayali y que dañan las viviendas y cultivos de las comunidades del pueblo shipibo-conibo.

El alcalde pidió el apoyo solidario de las autoridades y cooperación internacional para auxiliar a las familias comuneras que requieren con urgencia alimentos, medicinas, abrigo, plásticos, carpas y otros enseres.

Además de la afectación de sus viviendas las comunidades se han visto afectadas en sus sembríos de cacao orgánico, plátano, maíz, yuca, maní y arroz. También por la pérdida de animales como ganado vacuno, porcino y otros animales menores.

El alcalde de la etnia shipiba arribó esta semana a Lima con un reporte de evaluación de daños elaborado luego de inspeccionar veinte comunidades del distrito de Padre Márquez, ubicado en la provincia de Ucayali, región Loreto.

Juan Maldonado proporcionó imágenes de las inundaciones tomadas hace más de una semana. Pero indicó, que según reportes del distrito, el nivel de las aguas se ha incrementado mucho más y la situación es peor de lo que muestran las imágenes.

El alcalde proporcionó la cuenta de la Municipalidad en moneda nacional Nº 00-512-027164 del Banco de la Nación para quienes puedan efectuar algún depósito que auxilie a los dannificados.

En dialogo con Servindi el alcalde informó que el viernes se realizará una reunión entre diversos sectores públicos para ver la forma de atender la emergencia. La reunión ha sido convocada por José Carlos Vilcapoma, Viceministro de Interculturalidad.

Juan Maldonado expresó su preocupación por que las comunidades ven agravada su situación por la escasez de alimentos. Detalló que entre los dannificados se hallan 407 agricultores de cacao orgánico que han visto afectados más de 400 hectareas de este producto.

Ellos pertenecen a las comunidades de Cunshamay, Nuevo Galilea, Nuevo Nazareth, Santa Ana, Roaboya Mestiza, Roaboya Nativa, Paoyhan, Paococha, Puerto Islandia, Nuevo San Martín, Alfonso Ugarte, San Francisco, Nuevo Loreto, Mariscal Castilla y Tiruntan.

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http://servindi.lamula.pe/wp-content/blogs.dir/2286/files/2011/03/MDPM_canoa.jpg

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3 marzo 2011 4 03 /03 /marzo /2011 14:46

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http://www.kaosenlared.net/img2/169/169722_3_3_2011_4_6_50.jpgEl Juez Omar Magallanes fijó un plazo de 10 días para que la comunidad desaloje el predio, en disputa con el grupo italiano Benetton. Los Mapuche recuperaron el territorio hace 4 años.

Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe

Esquel.- Martín Iturburu Moneff, abogado patrocinador de la firma Benetton, en diálogo con FM del Lago, confirmó con beneplácito que el juez Magallanes resolvió a su favor el interdicto presentado para recuperar la posesión. Por su parte Edgardo Manosalva patrocinante de los Mapuche enfatizó, en declaraciones a radio Kaleuche, que “el derecho indígena brilló por su ausencia y se aboca exclusivamente a aplicar el derecho civil”.

 

Manosalva sostuvo que siente un “profundo estupor por el fallo”, lo calificó de defectuoso en cuanto su contenido y aseguró que en breve se presentará la apelación.

 

A fines del año pasado la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque presentó en los Tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad con el objetivo de que la justicia se pronuncie por la suspensión del juicio que se sigue por las más de 500 hectáreas. En tanto Iturburu Moneff, indicó que a su entender, si bien la medida puede ser apelada a instancias superiores, "debe ser cumplida" a favor de la multinacional demandante.

 

La comunidad está ubicada 80 kilómetros al norte de Esquel, a la vera de la ruta 40.

 

El antecedente privado

 

A principios de febrero los estancieros de Chubut iniciaron una campaña donde descalificaron a las comunidades Mapuche-Tehuelche por recuperar tierras, a la vez "solicitaban" a la justicia tener en cuenta el sagrado derecho civil: la propiedad privada. Los terratenientes ven como un problema lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana".

 

En declaraciones al diario El Patagónico, Ernesto Siguero, presidente de la Federación de Sociedades Rural del Chubut consideró que “pseudo comunidades aborígenes” se han instalado en campos de algunos de los asociados de esa entidad ruralista. Según su denuncia, se trata de “gente que dice ser de pueblos originarios”, pero no lo sería.

 

El dirigente ruralista confesó públicamente que habían mantenido reuniones con el Gobierno de Das Neves. Además manifestó su intención de “tener alguna reunión con gente de la Justicia para poder analizar este tema y ver que todo sea dentro del marco de la ley”. Siguero señaló que el problema se registra en lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana del sur de la provincia.

 

Días después y en la misma sintonía, la presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Digna de Blanco, reforzó las "indicaciones" afirmando –en declaraciones al diario Jornada- que existe preocupación respecto a un derecho consagrado en la Constitución que es el de la propiedad privada y que no implica ninguna discusión sobre derechos de otros”. De esta manera los estancieros de Chubut dejaban en claro que hay que "aplicar la ley" desconociendo toda la legislación vigente que reconoce los derechos a los Pueblos Originarios.

 

Estos derechos están consagrados y establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 34 de la Constitución de Chubut.

 

Una percepción

 

A mediados de febrero, antes de conocer el fallo, Rosa Rua Nahuelquir señaló a el diario El Chubut que "más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el Pueblo Mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra: la justicia no existe, existe la injusticia”.

 

Cabe recordar que también a finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron el relevamiento territorial en la comunidad de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160, normativa que frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

 

 

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:54

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http://www.fmbolivia.tv/imagenes/2011/02/Laura-Villca-300x165.jpgServindi, 1 marzo, 2011.- Los compañeros de Laura Villca que cambiaron la foto de la tarjeta de  invitación de la graduación que mostraba su vestimenta y sus trenzas, por una toga y otro peinado  fueron denunciados por discriminación.

 

La joven originaria natural de ayllu Jatun Kayana, del norte de Potosí, acusó además a sus compañeros de discriminación constante durante los cinco años de estudio en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (UMSS)

Por su parte, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen García, pidió sanciones “drásticas” para las personas que incurrieron este acto.

“Pedimos a todas las instancias del Ministerio Público de Cochabamba, quienes realizan la investigación del caso, que se proceda a una sanción drástica contra aquellas personas que han incurrido en este tipo de discriminación”, manifestó la senadora.

García dijo también que “exhortará” a la directora de la carrera de Derecho de la UMSS, Irma Ivánovic, “para que tome cartas en el asunto”, con los alumnos que habrían participado en esa acción; actitud que va en contra de la Ley del Racismo y Toda Forma de Discriminación.

“Por ello es que convocamos a todas las instancias educativas de nivel superior a que regulen sus normas internas para que se corte de raíz y ya no exista este tipo de actos discriminatorios”, argumentó.

La Senadora del MAS recordó que, según las leyes vigentes y la Constitución Política del Estado, se “prohíbe y sanciona toda forma de discriminación referida a la cultura, identidad y otras formas de vestir”.

“De igual forma en la Ley Contra el Racismo se hace énfasis en que las personas que arbitrariamente cometan ilegalmente todo tipo de discriminación individual y colectiva serán sancionados”, manifestó.

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:52

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http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/theme/images/random/slide20.jpgServindi, 2 de marzo, 2011.- Ya se abrió el proceso en línea para el registro de participantes en el Décimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas que se realizará del 16 al 27 de mayo de 2011 en Nueva York, Estados Unidos.

 

El décimo período de sesiones no tiene un tema especial de discusión debido a que el Foro Permanente tiene una metodología de trabajo bi-anual, siendo un año de políticas y otra de revisión. El 2011 será de revisión.

El Foro Permanente es un organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.

Expondrán imágenes de fotógrafos indígenas

La Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas invita a los fotógrafos indígenas de todo el mundo a enviar sus fotografías relacionadas con el tema “Derecho al Agua”.

Las fotografías seleccionadas se expondrán en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante el Décimo Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en mayo de 2011.

El período para presentar las fotografías acaba el 11 de marzo de 2011. Cada fotógrafo podrá presentar tres fotografías que no debe ser menor de 200 píxeles o superior a 800 píxeles. Deberan ser enviadas al correo electrónico: masaquiza@un.org

Cada imagen debe incluir una breve explicación (no más de 500 palabras) en Inglés o Español. Asimismo, cada presentación debe incluir una breve biografía del artista (no más de 500 palabras) en la que se indique el pueblo indígena al que pertenece el artista.

La selección de fotografías se basará en la conexión entre la imagen, el tema general, la creatividad y el impacto visual.

Programa provisional del décimo período de sesiones del Foro Permanente

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente:

a) Desarrollo económico y social;

b) Medio ambiente;

c) Consentimiento libre, previo e informado.

4. Derechos humanos:

a) Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

b) Diálogo con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

5. Debate de medio día de duración sobre América Central y del Sur y el Caribe.

6. Diálogo amplio con organismos y fondos de las Naciones Unidas.

7. Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones.

8. Proyecto del programa del 11° período de sesiones del Foro Permanente.

9. Aprobación del informe del Foro Permanente sobre la labor realizada en su décimo período de sesiones.

Para mayor información ingresar al siguiente enlace:

 

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