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Comunicadores Charrúas

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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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23 mayo 2011 1 23 /05 /mayo /2011 23:18

http://www.kaosenlared.net/img2/183/183253_2fundacion_la_caixa.jpgUsted se reafirma con la débil argumentación de Repsol que asegura que al Bloque 39, de 886.820 hectáreas de bosque primario amazónico impenetrable, no existen personas porque no las han visto.

Barcelona , 23 de mayo de 2011.


Sr. Jaume Giró
Director Ejecutivo
Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona- Bancaixa



Distinguido Sr. Giró,

Agradezco cordialmente la puntual respuesta, con fecha de de 16 de mayo, que he recibido de la Dirección ejecutiva de La Caixa a mi carta donde cuestionaba la participación de Repsol-YPF - en la que La Caixa es de las principales accionistas- al controvertido Bloque 39 en la Amazonía peruana, donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Valoro su voluntad comunicativa deseando que también se practique ante las numerosas familias desahuciadas por la asfíxia de las hipotecas que ustedes engordan o las multitudinarias manifestaciones que llenan estos días las plazas de ciudades y pueblos del país, exigiendo que los bancos devuelvan las millonarias ayudas que han recibido con dinero público para  rescatar sus millonarios beneficios.

Sobre su respuesta dónde usted defiende la entrada de Repsol al bloque 39, permitame que puntualice:

Usted se refiere a la Política de Relaciones con Comunidades Indígenas que le ha citado la Dirección de Responsabilidad Corporativa de Repsol y debe saber que:

Repsol presume de muchas políticas de Responsabilidad que sobre el terreno no cumple, entre ellas el Compromiso contra el Cambio climático, o la citada política de respeto a las decisiones de los pueblos indígenas. Numerosos comunicados unánimes de pueblos indígenas de América Latina que han manifestado el rechazo de operaciones de Repsol en sus territorios han sido despreciadas, ignorando a las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas. 

Vulnerando incluso el Convenio 169 de la OIT, que obliga a una Consulta Previa vinculante antes d´operar en cualquier territorio.

Al respeto, aclare por ejemplo qué posición adopta Repsol-YPF ante la determinada negativa del pueblo Ava-guaraní de Tentayape, al Bloque Caipipendi de Bolivia, a dejar entrar a la compañía de la cual usted es accionista.

Usted se reafirma con la débil argumentación de Repsol que asegura que al Bloque 39, de 886.820 hectáreas de bosque primario amazónico impenetrable, no existen personas porque no las han visto. Le recuerdo que:

Repsol ya reconoció la existencia de pueblos aislados en el año 2003, como consta en el acta de una reunión de la empresa  en el pueblo de Santa Clotilde. En 2008, personal contratado por Repsol durante la fase d´exploración sísmica, reconoció dos avistamientos de pueblos no contactados en la zona donde operaban.  Instituciones públicas del Perú han reconocido l´existencia de pueblos no contactados en el Bloque 39, como el Instituto Gubernamental para Pueblos Indígenas, el Ministerio de Sanidad y el antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales(INRENA). También en Ecuador, se ha presupuestado una partida para tratar el tema de los pueblos aislados que transitan por la frontera entre Ecuador y Perú en la región del Bloque 39.

Por otra parte, en el año 2010, Repsol ya justificó la inexistencia de pueblos aislados en base a disposición de 10 trampas fotográficas que sólo llegaron a "cazar" algún primate. Por inverossímil que parezca, este nefasto argumento, dada de desproporción entre medios y extensión que se quiere abarcar ha sido repetido de nuevo al 2011, a raíz d´una campaña pública dónde la sociedad civil ha escrito centenares de cartas a Repsol-YPF para que se retire de este proyecto.

Le pondré un ejemplo, para convencerlo de que los argumentos de la compañía Repsol no son válidos -  y haría bien usted de no creer todo aquello que venga d´un departamento como el de RSC de Repsol, especializado en manipular contenidos al gusto de los intereses de la compañía:

Si instaláramos 10 trampas fotográficas en puntuales rinconadas los bosques del Monsteny, Collserola y Montserrat y no fotografiamos más que algun mirlo y -con suerte- una ardilla, podríamos llegar a la conclusión de que los catalanes no existimos!!

Valoro también muy negativamente que la respuesta de Repsol, con beneficios anuales de 4.693 millones d´euros, sea un vulgar "copy-paste" de la misma carta del año anterior, cambiando la fecha.


Para no alargarme, le silicito a usted que me responda con transparencia en una de las siguientes opciones:

a. Aportando argumentos convincentes sobre la inocuidad a los pueblos indígenas aislados de las operaciones de Repsol al Bloque 39, más allá de intentar demostrar que no existen.

b. Convenciendo a Repsol-YPF de que se retire del Bloque 39 - como ya lo ha hecho hace unas semanas la hasta el momento socia Conocophilips- aplicando el Principio de Precaución que la compañía declara aplicar a sus actividades operativas.

c. Reconociendo con sinceridad que el alma de La Caixa, entidad que usted dirige no es la obra social como presume,  sino enriquecerse a toda costa: degradando, empobreciendo y enfermando si hace falta, a las últimas regiones impenetrables del planeta. Y a sus pueblos ignorados.


Atentamente,

Marc Gavaldà

 

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22 mayo 2011 7 22 /05 /mayo /2011 19:46

http://www.lacoctelera.com/myfiles/red-latina-sin-fronteras/___JTLO_Pilaga_arg_.jpg?Expires=1308607200&Signature=CS3naeeEyeoGIG6~LFBDVD3jv9QYN69qi3WTYRt4vG2AIOEMIVm2oPq49mx9MKt8l6HM18sQ4EJ6TKQXdKSIrvr5yMVe1W2TsrQrsWvn2rJ7-mmM6E0pm75r49MXyZuinphoLBogH-5BcX2U3vTQLW-lJgf9GuC6iajoDfDUizM_&Key-Pair-Id=APKAJYN3LZI5CG46B7AA&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cDovL2QzZHM0b3k3ZzF3cnFxLmNsb3VkZnJvbnQubmV0L3JlZC1sYXRpbmEtc2luLWZyb250ZXJhcy9teWZpbGVzL19fX0pUTE9fUGlsYWdhX2FyZ18uanBnIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxMzA4NjA3MjAwfX19XX0_

 

Para mediados de 1947, segundo año del primer gobierno de Juan Domingo Perón, hacía ya más de medio siglo que en el Norte de Argentina, se había impuesto el régimen de colonias aborígenes (antes llamadas reducciones). Estas colonias eran fundamentales para el sistema de control de la población originaria sobreviviente del genocidio iniciado cuatrocientos años antes por los conquistadores españoles. Eran una versión renovada de las antiguas reducciones religiosas y estatales, y concentraban a miles de personas de distintos pueblos que el Estado argentino sometía al trabajo esclavo para satisfacer las necesidades de ingenios, algodonales y obrajes.

    El Ministerio del Interior era el organismo de gobierno que velaba por el buen funcionamiento del régimen de colonias. La policía y la Gendarmería Nacional , tenían a cargo el disciplinamiento y la represión. En 1947 los Pilagá que habían sobrevivido a sucesivas campañas de exterminio estaban siendo desplazados a tierras áridas o inundables. Aislados, y con su territorio reducido, no tenían otra salida que buscar trabajo en las industrias.

    En octubre del 1947, en La Bomba , un paraje cercano a Las Lomitas, se cree que unos dos mil Pilagá se habían reunido para recibir de boca del carismático Tonkiet (Luciano) la noticia sobre un Nuevo Dios escrita en un libro hasta entonces desconocido para ellos: La Biblia. Las danzas y los tambores se mezclaron con los himnos bíblicos y resonaron durante muchas noches, y en el regimiento 18 de Gendarmería, distante a sólo un kilómetro del paraje comenzó a gestarse la represión planificada y ordenada por el Estado. La indisciplina tenía que cesar, la gente debía ser encerrada en un espacio controlado para ser enviada a trabajar. Aquella expresión de libertad cultural y religiosa podía ser contagiosa y el escarmiento no tardó en llegar. El día 10 de octubre, al caer la tarde, la Gendarmería Nacional apuntó sus armas contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza se extendió varios días. Después de los fusilamientos del día 10, se iniciaron las persecuciones de testigos a través de los montes, las mujeres sufrieron violaciones y hubo más fusilamientos en las comunidades cercanas. Muchos niños murieron por las heridas de bala. Muchos ancianos y murieron vencidos por el cansancio y la sed, acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Los cadáveres no pudieron ser sepultados y continúan desaparecidos. Los sobrevivientes recuerdan las capturas y el encierro final. ¿Cómo pudieron ocultarse estos hechos durante tanto tiempo?

    Durante más de sesenta años el pueblo Pilagá no tuvo oportunidad de contar lo sucedido, el terror fue sembrado con éxito, y también la mentira. Algunos historiadores, antropólogos y medios de comunicación hicieron su aporte para cubrir estos crímenes con un manto de silencio. Sin embargo la memoria de los sobrevivientes permaneció en espera de ser escuchada.

    En el año 2006 la masacre de La Bomba da lugar a una demanda contra el Estado Nacional de características inéditas en el derecho argentino, fundada en los principios jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juez federal Mario Bruno Quinteros ordena que un forense trabaje en la búsqueda de restos humanos y los sobrevivientes inician junto a él la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Este es el punto de partida para una lucha largamente demorada: la de la búsqueda de la verdad en la que deberán embarcarse las generaciones presentes y futuras.

    Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio revela hechos deliberadamente ocultos, sin ser una película sobre el pasado, sino un vehículo para entender el presente. Está hecha de retazos de memorias personales que dan cuenta de una historia que urge conocer y asumir: la del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina.

 

 

La búsqueda de los parientes desaparecidos continúa.
 
Así como la lucha por la verdad y la justicia.

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22 mayo 2011 7 22 /05 /mayo /2011 18:49

http://www.semana.com/photos/generales/ImgArticulo_T1_62842_2009616_170900.jpgPor Camila Maciel

Adital, 22 de mayo, 2011.- Más de 13.500 indígenas fueron expulsados de sus territorios de origen, a consecuencia del conflicto armado en Colombia, entre los años 2000 y 2010. Es lo que presenta el informe “Territorios en confrontación” de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (Codhes),  el que analiza el impacto del conflicto armado sobre la población civil de la Amazonia y Orinoquia. El documento fue presentado esta viernes (20), en la ciudad de Villavicencio.

La investigación identificó tres infracciones al Derecho Internacional Humanitario que amenazan a las culturas indígenas: desplazamiento forzoso, accidentes con minas terrestres y municiones sin explotar; y reclutamiento de menores de 15 años. Tales violaciones llevaron a los indígenas de esa región, a una grave crisis humanitaria.

Laextensión del conflicto “hacia los territorios selváticos más profundos donde habita la mayor parte de las comunidades indígenas ha tenido como consecuencia una fuerte crisis humanitaria, la cual es además invisible”, señala el informe.

Fueron investigadas la región sur del Meta y los departamentos de Caquetá, Guaviare, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada, Arauca y Casanare. En estos lugares están localizados el 50% de los pueblos indígenas reconocidos de Colombia. En valoración del Codhes, se observa que el conflicto armado se acentuó y expandió a todas esas regiones, con la presencia de paramilitares, guerrilla y Fuerzas Públicas.

La mayoría de las declaraciones de los indígenas explicando el desplazamiento, en Guaviare y Vaupés, atribuye a la salida de población al reclutamiento o las amenazas, tanto a pequeños, como adultos La mayor cantidad de minas terrestres fueron registradas en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá.

El informe describe los llamados “asesinatos selectivos” de líderes indígenas, como una estrategia de intimidación. Además, relata confinamiento y restricciones a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos.

Los indígenas también están expuestos a eventuales venganzas, si fueren acusados de pertenecer o ayudar a un determinando bando, así como a la ocupación de sus casas, escuelas y edificios comunitarios, especialmente por miembros de la Fuerza Pública.

Un caso emblemático, apuntado por el documento, es la historia del pueblo indígena Jiw. En Septiembre de 2008, la muerte de dos niños (pertenecientes al grupo más aislado y tradicional), por la explosión de una mina, provocó el desplazamiento de toda la comunidad, un poco más de dos mil miembros.

Otro hecho destacado fue la instalación de una Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército en la reserva indígena Barracón, en el municipio San José del Guaviare. La escuela de la comunidad quedó dentro del terreno de la Escuela Militar, lo que provoco un accidente que dejó 16 indígenas heridos. La base no fue transferida del lugar y los niños se vieron obligados a continuar corriendo peligro diariamente.

Con informaciones de Codhes y EFE
Las materias sobre Derechos Humanos son producidas con el apoyo de la Prefectura Municipal de Fortaleza.
Traducción: Ricardo Zúniga

 

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22 mayo 2011 7 22 /05 /mayo /2011 18:41

http://www.onu.org.ni/imagenes/logo.pngServindi / OIT, 22 de mayo, 2011.- La primera iniciativa interagencial de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas fue presentada el viernes 20 de mayo con ocasión de la décima sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

 

La iniciativa, llamada Alianza de Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas (UNIPP por su sigla en inglés), es un compromiso hacia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y hace un llamado para su plena realización a través de la movilización de la cooperación financiera y la asistencia técnica.

UNIPP reúne la experiencia y los conocimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, celebró el lanzamiento de la iniciativa y urgió a todos los países a “apoyarla para que pueda alcanzar su potencial de convertir los principios de la Declaración en realidad”.

El Secretario General señaló que “los pueblos indígenas han sufrido siglos de opresión y siguen perdiendo sus tierras, lenguas y recursos a un ritmo alarmante”.

“A pesar de estos obstáculos”, dijo, “los pueblos indígenas contribuyen enormemente a nuestro mundo, inclusive a través de su relación espiritual con la tierra. Ayudándolos a recuperar sus derechos también contribuiremos a proteger el medio ambiente que compartimos para beneficio de todos”.

El objetivo de UNIPP es garantizar los derechos de los pueblos indígenas, fortalecer sus instituciones y capacidad de participar plenamente en la gobernanza y procesos políticos a nivel local y nacional, incluyendo la prevención de conflictos en relación a las tierras ancestrales y el uso de los recursos naturales.

Muchas comunidades indígenas son testigo de la explotación de estas tierras y recursos por parte de la industria de la extracción minera, que en muchos casos no respeta sus derechos.

“Nosotros percibimos esta Alianza como un paso importante en los esfuerzos de los pueblos indígenas de todo el mundo para la realización plena de sus derechos humanos”, dijo Mirna Cunningham, Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

“Estamos ansiosos de continuar nuestro trabajo con la ONU para que aquéllos que no tienen voz sean escuchados y para que podamos dotar de dignidad y respeto a la diversidad de culturas, tradiciones, historias y aspiraciones” expresó Mirna.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (No. 169), adoptado en 1989, han sido ampliamente reconocidos como los instrumentos internacionales fundamentales para la promoción y protección de los derechos de estos pueblos.

La población indígena mundial incluye a más de 370 millones de personas en alrededor de 90 países. Además, representan el 15 por ciento de los pobres del mundo y un tercio de las 900 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema.

Además, la población indígena también suele tener bajos niveles de educación, mayores problemas de salud, y enfrentar más abusos a los derechos humanos y tasas de crimen más altas.

A nivel mundial, es menos probable que los niños indígenas vayan a la escuela y más probable que la abandonen. Las niñas indígenas están expuestas a riesgos aún mayores de ser excluidas de la escuela. Además, los niños indígenas con frecuencia enfrentan discriminación y exclusión durante toda la vida, aumentando sus desventajas y perpetuando el ciclo de la pobreza.

Esta nueva alianza ayudará a abordar estos problemas y otras cuestiones sociales, económicas y políticas al trabajar con gobiernos y asociaciones de pueblos indígenas, a través de diversos medios, incluyendo la formación, la promoción del diálogo, el establecimiento de procesos consultivos, la revisión y reforma de la legislación, así como la prevención de conflictos.

Durante generaciones, los pueblos indígenas han desarrollado conocimientos especializados, estrategias de subsistencia, oficios y culturas, que están muy vinculados a las tierras, territorios y recursos naturales. En el contexto de la crisis actual, la sabiduría indígena es vital para la búsqueda de nuevas soluciones que vinculen el desarrollo humano, los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente.

Las poblaciones indígenas se encuentran en una posición única para contribuir al abordaje de los desafíos ambientales y sociales más apremiantes de nuestros tiempos. Su colaboración es una condición esencial que UNIPP desea promover.

 

 

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22 mayo 2011 7 22 /05 /mayo /2011 18:36

http://www.kaosenlared.net/img2/183/183061_229130_2083054960671_1374.jpgElena Urrutia | Adhesión y solidarida con los presos políticos mapuche-Chile 

VAMOS EL MARTES 24, 09:00 HRS. DEFENSA DE COMUNEROS MAPUCHE ALEGAN EN CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION

POR LA LIBERTAD DE LOS (AS) PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE,

JUICIOS JUSTOS SIN LEY ANTITERRORISTA 

Y NULIDAD DEL JUICIO DE CAÑETE

Los (as) abajo firmantes, queremos acompañar la carta de los familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en el juicio oral de la ciudad de Cañete, nos adherimos y solidarizamos con el legítimo pedido de anulación y la realización de un nuevo juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista.

Sr. Milton Juica

Presidente de la Corte Suprema de Chile

Presente

Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo. 

Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 17 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta. 

En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado “testigo Nº26”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción.

Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración “voluntaria” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo tortura constando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche. 

Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar acreditados los hechos investigados. Actualmente la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por el Tribunal de Cañete. 

Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos “sin rostro” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte.

Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo. 

Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia. 

Queremos presentar además a Ud. algunas de las personas y organizaciones que nos acompañan en esta petición de justicia y se solidarizan con nuestro justo reclamo. 

Atentamente,

Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete

 

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22 mayo 2011 7 22 /05 /mayo /2011 18:33

http://www.kaosenlared.net/img2/182/182990_marchamapu4.jpgSe realizó ayer en Rawson Chubut la marcha de las Comunidades Mapuche_Tehuelche.Publicamos informe de la marcha y documento entregado por las comunidades.

MARCHA EN RAWSON 

(AW) Se realizó ayer en Rawson Chubut la marcha de las  Comunidades Mapuche_Tehuelche. El gobernador Mario Das Neves se encontraba en el país de Chile reunido con el presidente Piñera y otros mandatarios de la región. En su representación no dejó a ningún funcionario para recibir a los hermanos y hermanas que después de un año volvieron al epicentro de las decisiones políticas para reclamar el derecho colectivo de respeto a las culturas ancestrales y en rechazo a los emprendimientos mineros que avanzan sobre los pueblos y parajes de la meseta y cordillera. Publicamos informe de la marcha y documento entregado por las comunidades.

Rawson, 20 de mayo de 2011  

Por Sonia E. Coca

" EL PUEBLO MAPUCHE VIVE
LA LUCHA SIGUE Y SIGUE ..."


Marcha en Rawson, Chubut de las Comunidades Mapuche_Tehuelche, 20 de mayo de 2011

La mañana de Rawson se vió iluminada por los newen que acompañaron cada paso de los integrantes de las distintas comunidades representadas que fortalecidas por el mismo respeto a la mapu repitieron una y otra vez: "volvimos y volveremos".

En el día de la fecha, viernes 20 de mayo, se congregaron en la capital de la provincia del Chubut, Rawson, las comunidades Mapuche-Tehuelche de la meseta central norte con la finalidad de llevar la palabra de los pueblos originarios y productores campesinos a las máximas autoridades del gobierno provincial. El gobernador Mario Das Neves se encontraba en el país de Chile reunido con el presidente Piñera y otros mandatarios de la región. En su representación no dejó a ningún funcionario para recibir a los hermanos y hermanas que después de un año volvieron al epicentro de las decisiones políticas para reclamar el derecho colectivo de respeto a las culturas ancestrales y en rechazo a los emprendimientos mineros que avanzan sobre los pueblos y parajes de la meseta y cordillera basándose no sólo en su cosmovisión como pueblos preexistentes, sino también en las legislaciones nacionales, provinciales e internacionales.

"Volvimos y volveremos" fue la consigna de la marcha a la que se sumaron entre otras organizaciones y vecinos de Trelew, Madryn y Rawson, integrantes de la ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL que ratificaron "NO ES NO" como en el histórico plebiscito del 23 de marzo de 2003, oportunidad en que la comunidad de Esquel y zonas aledañas rechazaron categóricamente cualquier tipo de actividad minera metalífera.

Con un objetivo común, traducido en el respeto a la sagrada tierra y rechazando los proyectos megamineros, las comunidades salieron de Legislatura, se detuvieron en la sede del Poder Judicial, en el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) para culminar la marcha ante las vallas de la Casa de Gobierno. En cada una de estas instituciones, que escriben lo que dicen para luego borrar con el codo, representantes de las mismas, dejaron un documento que expresa la voz que no pudieron callar en siglos: MARICI WEU! MARICI WEU!


(DOCUMENTO ENTREGADO POR LAS COMUNIDADES)

VOLVIMOS .... Y VOLVEREMOS


Las comunidades Mapuche Tehuelche de la Mesesta Central y productores campesinos, volvimos a hacerle presente al Señor Gobernador Mario Das Neves los reclamos de nuestros derechos, luego de transcurrido un año de absoluto silencio, y volveremos una y otra vez a reclamarle al Poder Ejecutivo de turno, como máxima autoridad de la provincia, a nuestros legisladores y al Poder Judicial, que se reconozcan nuestros derechos como pueblo originario de esta tierra que ancestralmente nos pertenece.
Que se nos reconozca y haga efectivo el goce de nuestros derechos como comunidades originarias que están reconocidos en la Constitución Nacional y Provincial y en el Convenio Nº 169 de la OIT y en la ley 3765 para los productores campesinos de la Meseta.
Hoy estamos aquí las comunidades Mapuche Tehuelche de la Meseta Central unidas para hacer escuchar nuestras voces, reclamando el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que ocupamos actualmente y otras aptas y suficientes para nuestro desarrollo como pueblo.
Por nuestro derecho de participación y que se nos consulte de una manera previa, libre e informada, sobre cualquier decisión que nos involucre como pueblo originario.
Por el respeto y reconocimiento de nuestras Autoridades y nuestra forma de organización.
Por el derecho a elegir nuestro propio modelo de desarrollo. Queremos y tenemos derecho a seguir viviendo como lo han hecho nuestros ancestros durante siglos, y como lo seguimos haciendo hasta ahora, de la tierra de la cual somos parte.


RECHAZAMOS:
Rechazamos la afirmación de que la explotación minera sea la única alternativa de desarrollo posible para las comunidades de la Meseta;
Rechazamos la explotación minera a cielo abierto y cualquier otra forma de extracción y saqueo de los recursos naturales de la Meseta Central-Norte, atenta contra nuestra cultura, nuestra cosmovisión de pueblo indígena, la cual se basa en el respeto a la Ñuke Mapu (madre tierra) y a nuestros Newen (fuerza), sobre todo el Ko (agua) tan necesaria para nuestra subsistencia.

DENUNCIAMOS:
Que hoy no se están respetando nuestros derechos establecidos en las Constituciones tanto Nacional como Provincial y el Convenio Nº 169 de la OIT.
Comunidades Presentes:
Comunidad Laguna Fría Chacay Oeste- Comunidad Mallín de los Cual- Comunidad Los Pinos- Comunidad Traquetrén- Comunidad Yala Laubat- Comunidad El Mirador- Comunidad Lefimi- Comunidad El Escorial- Comunidad Cerro Bayo y Gorro Frigio- Paraje Quichaqui y Pirre Mahuida.
Rawson, 20 de mayo de 2011

 

 

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21 mayo 2011 6 21 /05 /mayo /2011 17:35

http://servindi.org/img//2011/05/gloria-ramos.jpgServindi, 20 de mayo, 2011.- Durante el décimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas la congresista Gloria Ramos expuso los principales problemas de las comunidades indígenas en el Perú, que son tan numerosos “como la cantidad de etnias que componen estos pueblos”.

 

“Afrontan problemas de titulación, de reconocimiento, de representatividad, de salud, de educación, de economía, de alimentación, de migración, de desplazamiento, de contaminación ambiental, de institucionalidad, de pobreza extrema, de inclusión social y no gozan de derechos de participación”, denunció Ramos.

Ante el foro de las Naciones Unidas (ONU) la congresista pasqueña sostuvo que el problema transversal es que los gobernantes consideran a los indígenas como “unos pobres más”, sin atender su manera distinta de vivir.

Sostuvo que el último censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2007 reveló que, en comparación con el censo de 1993, hay etnias que se han extinguido, como los resígaro, los ocaina, los kisamberi, y otros.

Agregó que el censo también indica que en el caso de los pueblos indígenas amazónicos o comunidades nativas asentadas, el 30% de las muertes ocurridas (966) son por causas desconocidas.

Educación intercultural

Por otro lado, la parlamentaria informó que la Comisión Multipartidaria del Congreso, en su informe sobre “Políticas Públicas” verificó que entre el 2 y el 6 por ciento de estudiantes desarrollan capacidades lectoras esperadas en su lengua de origen.

Además, aproximadamente el 2 por ciento de los maestros de Escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) no tienen formación en esta especialidad, mientras que el 59.5 por ciento de los docentes de las comunidades indígenas amazónicas son hispanohablantes o no hablan la lengua de la zona.

La congresista denunció como un acto discriminatorio la aprobación del Decreto Supremo 006-2007-ED que fija la nota 14 como calificación mínima aprobatoria para ingresar a los institutos superiores pedagógicos, en donde se forman los docentes en EIB.

Consideró que en el Perú esa valla “no es razonable” debido a la mala educación que el Estado brinda a los pueblos indígenas.

Recordó que ella misma, como presidenta de la Comisión Multipartidaria de Pueblos Indígenas, propuso que no se aplique el dispositivo a los pueblos indígenas, pues “vulneran las obligaciones del Estado ante los tratados internacionales referidos a pueblos indígenas”.

Señaló que el dispositivo también viola la Constitución Política del Perú que establece que el Estado debe garantizar los derechos de todos los peruanos y a prestar atención especial para la educación intercultural bilingüe.

Por otro lado, refiriéndose al derecho de recibir una educación de calidad, recordó que los censos del 2007 del INEI, así como la evaluación censal de 2008 del Ministerio de Educación a escuelas de EIB, “revelan que los pueblos indígenas reciben la peor educación del Perú”.

Otras cifras presentan que casi el 20 por ciento de personas indígenas amazónicas son analfabetas y sólo el 5 por ciento ha llegado a tener educación superior.

En las escuelas awajún y shipibo, sólo entre el 2,2% y el 3.1%, logran desarrollar las capacidades lectoras en castellano.

Por estas razones, Gloria Ramos informó que los congresistas peruanos llaman “la atención al Estado sobre esta grave situación”.

Afirmó que es deber del Estado “garantizar la calidad de la educación de los pueblos indígenas y asegurar que exista el número suficiente de docentes con una sólida formación en educación intercultural bilingüe”.

Finalmente, la legisladora señaló que la exclusión y el desconocimiento de los pueblos indígenas como ciudadanos peruanos, “pasa por implementar los espacios necesarios para el ejercicio del derecho de participación colectiva”.

Esta participación colectiva “permitiría a los pueblos indígenas gozar de la asignación de un presupuesto por parte del Estado, con cargo a rendir su ejecución; permitiría una justa distribución de regalías y cánones por la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios”, puntualizó.

 

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21 mayo 2011 6 21 /05 /mayo /2011 17:32

http://servindi.org/img//2011/05/cndh.pngServindi, 20 de mayo, 2011.- El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el nuevo Reglamento de Consulta del Ministerio de Energía y Minas que restringe la aplicación de este derecho sin respetar los principios, estándares y alcances que establece el Convenio 169 de la OIT.

 

Son varios los cuestionamientos a la apurada norma emitida por el Ejecutivo que se suman a los ya vertidos por las organizaciones indígenas del país.

Comunicado
Reglamento del Minem desnaturaliza derecho de consulta

Las organizaciones que integramos el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entendemos que el gobierno busque dictar normas que amparen los derechos indígenas.

Sin embargo, nos preocupa que éstas no respeten el fondo de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, como es el caso del reglamento “Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas”, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2011-EM y publicado el 12 de mayo de 2011.

Dicha norma fue emitida en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05427-2009-PC/TC, que le obliga a emitir un reglamento especial de consulta a los pueblos indígenas.

Al respecto, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra disconformidad con el reglamento aprobado, porque:

1. Restringe la aplicación del derecho a la consulta a los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT, cuando debería respetar todos los principios, estándares y derechos que este Convenio establece.

2. Excluye a los pueblos indígenas de la decisión de determinar cuáles son las medidas normativas y administrativas que deben ser consultadas por afectarles directamente, atribuyendo esta responsabilidad exclusivamente al Gobierno.

3. Aplica sesgadamente los principios de flexibilidad, transparencia y buena fe que deben guiar los procesos de consulta. Al establecer sólo 20 días hábiles como plazo máximo para que los pueblos indígenas evalúen la medida, el MINEM no considera que existen factores que pueden demandar razonablemente un plazo mucho mayor, tales como la complejidad de la medida, el grado de afectación, la lejanía, la falta de medios de comunicación, la situación social, cultural y económica en la que viven los pueblos indígenas, y la exigencia de una asesoría de una asesoría técnica culturalmente adecuada.

4. No permite a los pueblos indígenas suspender el proceso de consulta si éste carece de garantías para su realización. No establece mecanismos para que los pueblos indígenas puedan exigir el cumplimiento de los acuerdos o impugnar las decisiones a nivel administrativo y/o judicial.

5. El establecer expresamente que el uso de la violencia va en contra del principio de buena fe, no favorece un proceso de diálogo toda vez que presupone que los pueblos indígenas son violentos.

6. Atribuye la responsabilidad de supervisar el proceso de consulta a la misma institución encargada de llevarlo a cabo, lo cual no ofrece garantías de imparcialidad. Conforme a su ley de creación, es al Ministerio de Cultura a quien le corresponde señalar si el proceso de consulta fue adecuado y conforme al Convenio 169 de la OIT.

7. No respeta el derecho a la representación de los pueblos indígenas en tanto dispone que las medidas normativas sólo se consulten a las organizaciones representativas indígenas de nivel nacional, desconociendo a las organizaciones indígenas regionales y locales.

8. Equipara el derecho a la consulta con el derecho a la participación, al señalar que se aplicarán de manera supletoria las normas de participación ciudadana para cada subsector. Corresponde aclarar que se trata de dos derechos diferentes: mientras que el derecho a la consulta es un derecho colectivo exclusivo de los pueblos indígenas, que exige un diálogo de buena fe y busca llegar al consenso, el derecho a la participación es un derecho común a todos los ciudadanos, y tiene por finalidad legitimar el proceso.

9. Exime del proceso de consulta a medidas que pueden tener un gran impacto en los derechos de los pueblos indígenas: el establecimiento de lotes de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos, las autorizaciones administrativas para realizar las actividades extractivas, la aprobación de estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, declaraciones de Impacto ambiental, planes de cierre, proyectos de prefactibilidad y factibilidad, entre otros.

10. En el sector Energía, se exime del proceso de consulta a las concesiones definitivas cuando la misma área haya sido materia de consulta para obtener una concesión temporal.

11. A pesar de que afecta directamente a los pueblos indígenas, el reglamento no les ha sido consultado, contraviniendo así directamente el derecho que pretende regular. Asimismo, no ha habido un adecuado proceso de participación ciudadana que permita a la sociedad civil conocer las observaciones presentadas al proyecto del presente reglamento y la motivación del MINEM para adoptar estas medidas.

Finalmente, cabe resaltar que la ausencia de una norma clara que enmarque el cumplimiento de la consulta es responsable de la actual proliferación de mecanismos de implementación de este derecho, situación lesiva de los derechos de los pueblos indígenas que hubiera podido ser evitada si el Ejecutivo no hubiese observado la ley marco de consulta previa aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo de 2010.

Por las razones expuestas, pedimos al gobierno la derogación del Decreto Supremo Nº 023-2011-EM e invocamos la aprobación de la Ley de Consulta Previa con el texto aprobado el 19 de mayo de 2010, y de un reglamento del MINEM que asegure un verdadero proceso de consulta, estableciendo reglas claramente definidas, procesos transparentes, inclusivos, flexibles, independientes, y apropiados, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, y en concordancia con el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Lima, 21 de mayo, 2011

 

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21 mayo 2011 6 21 /05 /mayo /2011 17:19

 http://www.kaosenlared.net/img2/182/182985_felix.jpgTambién nos da mucha tristeza que un grupo de hermanos manipulados por el gobierno de Formosa sea llevado hasta Buenos Aires para decir que no quieren el territorio.

Con enorme alegría hemos recibido ayer a nuestro líder Félix.

Tras 6 meses de su partida ayer regresó a la comunidad. Si bien la distancia es enorme, sabemos todo lo que hizo en Buenos Aires y lo que sufrió para lograr el diálogo con el gobierno nacional. Pensamos que iba a ser más fácil que nos escucharan.
Hemos seguido paso a paso lo que hizo Félix en Buenos Aires y lo acompañamos. Conocemos perfectamente las conversaciones que se están llevando en Casa de Gobierno. Nos da mucha tristeza que un grupo de hermanos manipulados por el gobierno de Formosa sea llevado hasta Buenos Aires para decir que no quieren el territorio, que se conforman con los planes y viviendas que el gobierno provincial les provee. Nos da tristeza, no nos enojamos porque ellos también son víctimas.
La enorme mayoría de la comunidad está con Félix Diaz, porque él es quien nos ensaña que tenemos derechos, que existe una constitución nacional, una ley sobre el territorio (por más que el gobierno provincial solicite derogarla).
Además nos pide que elijamos, decidamos y eso es lo que queremos hacer ahora.
Ya lo hicimos en el 2008, elegimos por casi 400 votos a Félix Diaz. Como sabíamos que nos iban a hacer trampa trajimos veedores de la provincia y de Nación pero de todas formas nos anularon la elección y la provincia a los días realizó con sus punteros una asamblea no pública y eligió a Cristino Sanabria. Todo está documentado pero no pudimos hacer justicia. El propio INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se pronunció al respecto y dijo que lo que hizo Formosa es inconstitucional, pero no pudimos cambiar nada.
Hemos aprendido mucho en estos años y ahora no permitiremos que nos vuelvan a hacer lo mismo. Contamos con el apoyo de muchas organizaciones de DDHH y con el compromiso de Nación para que las próximas elecciones sean justas.
Ayer el segundo funcionario del Ministerio del Interior sorpresivamente llamó a Félix diciendo que se pospone la próxima reunión de diálogo en Bs As que estaba acordada para el 23 de mayo. Creemos que está mal que se cambie una fecha, no entendemos qué tiene que ver los festejos de mayo. No obstante, vamos a aceptar el sorpresivo cambio.
Pero hoy realizaremos nuestra Asamblea, que fue anunciada en los medios y abierta a toda la comunidad. Hemos invitado al hermano Cristino Sanabria por escrito. Para nosotros sería muy importante que participe.
En la Asamblea decidiremos en comunidad la fecha de la elección de autoridad y la modalidad de elección. Se tendrá que respetar la decisión de la comunidad, tal como dice toda la normativa indígena.

 

 

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20 mayo 2011 5 20 /05 /mayo /2011 22:42

http://servindi.org/img//2011/05/JJJintiach_16May2011ok.jpg

 

 

Juan Carlos Jintiach, vocero de la COICA en el Foro Permanente. Foto: Jorge Agurto / Servindi

Servindi, 20 de mayo, 2011.- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) pidió que los estados de Guyana, Surinam y Francia ratifiquen el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.

En el caso de Francia la ratificación beneficiaría directamente a los pueblos indígenas de la Guyana Francesa, que con Guyana y Surinam forman parte de la cuenca amazónica.

El pedido lo formuló Juan Carlos Jintiach, Coordinador del Área de Cooperación Económica de la COICA en la décima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se celebra del 16 al 27 de mayo en New York, Estados Unidos.

La COICA representa a más de 390 pueblos indígenas de nueve países de la región más estratégica en biodiversidad del planeta: la cuenca amazónica, afirmó Jintiach.

http://www.easyviajar.com/base/imgs/cartes/es/GUYANA.gif
Desafortunadamente, en esta región se concentran los proyectos extractivos más grandes de América Latina, como son los hidrocarburos, hidroeléctricas, mineras, vías e hidrovías y muchas de ellas, hacen parte del gran proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Además de esas actividades se agrega un sinnúmero de acciones de biopiratería y uso indebido de los saberes ancestrales, sin ninguna consulta ni participación de los pueblos indígenas en las decisiones y menos en la distribución equitativa de los beneficios.

El representante de la COICA sostuvo que el principio del consentimiento libre, previo e informado debe permitir a los pueblos indígenas participar efectivamente y de manera fundamental y determinante de las decisiones sobre los programas y políticas que les atañen.

En tal sentido Jintiach pidió que el Foro Permanente inste a los gobiernos y organismos internacionales a elaborar, en consulta y cooperación con los propios pueblos indígenas, normas, mecanismos y procedimientos apropiados para cumplir con la aplicación de dicho principio.

Recalcó, además, que se tome la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como marco de obligatorio cumplimiento, para la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo.

 

 

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