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Comunicadores Charrúas

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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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Marquemos un Norte.

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6 junio 2011 1 06 /06 /junio /2011 23:12

http://www.trabalhoindigenista.org.br/Imagens/isolados/boletim/boletim_isolados_topo.jpg

 

El Centro de Trabajo Indigenista (CTI), comparte su boletín sobre pueblos en aislamiento que se encuentran entre la frontera de Brasil y Perú. La edición de mayo 2011 contiene artículos de reflexión en español y portugués. 

Maio de 2011

Data: 01 de junho de 2011

La supervivencia del pueblo indígena aislado cuyas imágenes causaron sensación en todo el mundo el pasado mes de febrero está en peligro, tras descubrirse los planes del Gobierno peruano para abolir una reserva que protege a los indígenas aislados en su territorio.

Fonte: Survival

Data: 27 de maio de 2011

El Gobierno Regional de Madre de Dios emitió una ordenanza que declara como patrimonio cultural la reserva del Estado para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en dicha región. La norma, publicada en El Peruano el 22 de mayo, encarga a las gerencias y direcciones regionales que contemplen en sus programas, planes, presupuestos y actividades propias a sus funciones, la aplicación especial a favor de los mencionados pueblos.

Fonte: Servindi

Data: 26 de maio de 2011

A jornada “Jueves de Cine Amazónico” presentará hoy “Corumbiara” a las 7:00 p.m. en el auditorio de la Biblioteca Municipal “José Ignacio Aguirrezabal situado en la Av. San Martin 446”, en Ucayali. La entrada es libre. Este evento es celebrado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la oficina de Educación Cultura y Deporte; el Instituto del Bien Común (IBC) y la Dirección Regional del Cultura Ucayali.

Fonte: Servindi

Data: 26 de maio de 2011

La Federación Nativa del rio Madre de Dios y afluentes – FENAMAD anunció que mediante ordenanza 032-2010-GRMDD-CR, se dispone que “por encontrarse en un alto riesgo de vulnerabilidad”, el gobierno regional reconoció de interés público la Protección y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en Madre de Dios.

Fonte: AIDESEP

Data: 25 de maio de 2011

Mediante ordenanza 032-2010-GRMDD-CR, se dispone que “por encontrarse en un alto riesgo de vulnerabilidad”, el gobierno regional reconoce de interés público la Protección y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en Madre de Dios.

Fonte: FENAMAD

Data: 24 de maio de 2011

Foram três dias para o jovem matsés chegar à Atalaia do Norte, município de referência dos cerca de 4 mil índios que vivem na segunda maior terra indígena do Brasil, com 8,5 milhões de hectares. Nesta floresta vivem povos Kanamari, Kulina, Marubo, Matís e Matsés (Mayoruna), e a maior concentração de grupos indígenas isolados na Amazônia. A área é endêmica para hepatites virais (A,B, C e Delta), surtos de malárias são constantes, além da alta incidência de casos de desnutrição infantil. O lugar é um caso emblemático da inoperância do governo brasileiro em garantir um atendimento adequado à saúde indígena.

Fonte: O Eco Amazonia

Data: 22 de maio de 2011

El gobierno regional de Madre de Dios declaró de interés público regional la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario por encontrarse en alto riesgo de vulnerabilidad.

Fonte: LA Republica

Data: 20 de maio de 2011

La Federación Nativa de Madre de Dios- FENAMAD denunció que en la cuenca del río Piñi Piñi, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, Madre de Dios, viven indígenas machiguengas de las zonas de Boca Maestrón y Mameria y sus tierras han sido invadidas que no solo habrían ocupado el área de uso tradicional que utilizan para cazar o pescar, sino que además están consumiendo sus plantaciones de plátano y yuca.

Fonte: AIDESEP

Data: 17 de maio de 2011

No garantiza la vida de los pueblos autónomos (o en “aislamiento voluntario”) al no recortar las concesiones forestales por donde ellos suelen transitar y se limita a papeles de “protocolos de avistamiento” que no son fiscalizados (50º).

Fonte: FENAMAD

Data: 13 de maio de 2011

Segundo o documento, cerca de 90 povos indígenas, de um total de mais de 250 existentes no País, permanecem em situação de isolamento voluntário. “Vivem no meio da floresta, mas têm suas vidas ameaçadas pelos grandes projetos governamentais, muitos deles parte do PAC.”

Fonte: Estadão

Data: 13 de maio de 2011

El gigante petrolero estadounidense ConocoPhillips ha anunciado que se retirará del polémico Lote 39 en el norte de la Amazonia peruana.

Fonte: Survival

Data: 10 de maio de 2011

Un pueblo indígena no contactado del sureste de la Amazonia peruana lanzó una seria advertencia a foráneos la semana pasada, cuando desmantelaron un campamento de pescadores y dispararon flechas a otras personas que se acercaron a su territorio.

Fonte: Survival

Data: 09 de maio de 2011

Los Lotes 190 y 191 están en el límite oriental en línea recta con la frontera de Bolivia; mientras que en la frontera con la Reserva Territorial para Aislados de Madre de Dios se encuentra el Lote 187, en el extremo norte casi con el límite de Brasil.

Fonte: FENAMAD

Data: 06 de maio de 2011

Organizaciones indígenas denunciaron la demarcación de tres nuevos lotes de hidrocarburos en la región Madre de Dios que afectarían zonas de gran diversidad biológica donde habitan pueblos en situación de aislamiento. Se trata de los lotes 187, 190 y 191 ubicados en las provincias de Tahuamanu y Tambopata que se estarían superponiendo a otras actividades sostenibles de los agricultores que abastecen el consumo de alimentos al mercado local y regional.

Fonte: Servindi

Data: 06 de maio de 2011

Un nuevo incidente con indígenas en aislamiento voluntario se reportó en el río Tahuamanu, al norte de la región de Madre de Dios. El hecho ocurrió el martes 3 de mayo en el sector conocido como “Isla Pequeña”, próxima a la Quebrada Canales, a unas tres horas de viaje en bote desde el límite este de la Reserva Territorial, informaron Lener Pilco Pereyra y Erigardo López Cuchitineay, pescadores de la zona.

Fonte: FENAMAD

Data: maio de 2011

La frontera entre Brasil y Perú está habitada por la segunda mayor concentración de pueblos indígenas aislados del mundo, grupos sociales con alto grado de autonomía que evitan el contacto permanente con las sociedades de su entorno. A partir del año 2000 la región comenzó a ser centro de políticas orientadas a favorecer el acceso de sus recursos naturales (madera, petróleo y potencial hidroeléctrico) al mercado mundial y a construir obras de infraestructura que son parte del proyecto de integración regional Iirsa.

Fonte: Universidad Nacional da Colombia – Una
 Responsável: Helena Ladeira, comunicadora del CTI

 

DEFENDEMOS:
CULTURA, AUTODETERMINACIÓN, TERRITORIO E IDENTIDAD

 

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5 junio 2011 7 05 /06 /junio /2011 03:53

cono de piedra

 

La verdadera historia uruguaya, desnudando la falsa e hipócrita historia oficial. Si leemos la historia uruguaya, nos encontramos con una tradición “democrática”, que muchos actores políticos, de todos los pelos, con orgullo hacen referencia en cada elección.


Lo real esta muy legos de estar orgullosos, “democrática” sin justica, con gobiernos asesinos. Si, el primer gobierno  de Uruguay de Rivera, cometió crímenes de lesa humanidad, tratando de exterminar a los Charrúas, en Salsipuedes. Estamos totalmente convencidos, que Rivera y todos los involucrados deben ser juzgados, no solo por que los crímenes de lesa humanidad no caducan. Por que hasta el día de hoy se les considera héroes nacionales. Y como “homenaje” a las atrocidades que cometieron, una avenida lleva su nombre y un parque, entre otros. En el Parque Rivera, en la ultima dictadura militar, se construyo el Estadio Charrúa, un acto de extremada ignorancia e hipocresía. En Uruguay como en los países de Latinoamérica, existen muchos grupos y movimientos de los pueblos originarios. Que están luchando por muchas injusticias, son asesinados, les quitan sus tierras, los gobiernos pro imperialistas y pro multinacionales, tanto de derecha como de izquierda que ellos dicen que son, envenenan sus aguas, su aire, que es el de todos. Si lográramos, rescatar los orígenes de esta tierra, de los Charrúas, Guenoa-Minuanes, Bohanes y Yaros. Y de todos los pueblos originarios, que viven en armonía con la Pachamama. Otra seria la realidad de la humanidad. Marquemos un Norte, reclama un juicio histórico a Rivera, retirar todos los homenajes a este asesino. Reparar a los descendientes de las victimas. Y como homenaje además de ponerle al ex parque Rivera, en nombre de Nación Charrúa. Que dicho Parque sea dado a concesión a los grupos y movimientos de los verdaderos dueños de estas tierras. Que sea un lugar cultural de nuestras verdaderas raíces. Que se construya un centro cultural, histórico y artístico. Y hacer lo mismo en todos los departamentos. 



Ser indio es más que el color de la piel, origen étnico, tipo de sangre: es un estado de conciencia de vivir en profunda comunión con la Pachamama de la cual nos consideramos parte.

 

Ricardo Silva, para Marquemos un Norte

 

 

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4 junio 2011 6 04 /06 /junio /2011 21:07

http://www.noticiasaliadas.org/objetos/online/6393_oposicion_240px.jpgFoto: Andrea Cuji. Fuente: Noticias Aliadas

Por Luis Ángel Saavedra

Noticias Aliadas, 3 de junio, 2011.- Pese al triunfo de la propuesta gubernamental en la consulta llevada a cabo el pasado 7 de mayo, el movimiento indígena ecuatoriano, que promovió el No a la consulta, consolidó su fuerza electoral al vencer en 11 provincias donde tiene mayor presencia de sus nacionalidades, demostrando así que aún es la principal fuerza social del país. 

Si bien la aprobación de las 10 preguntas planteadas en el referendo y consulta popular, que en definitiva se convirtieron en una forma de aprobación o rechazo a la gestión presidencial, dieron el triunfo al gobierno nacional, obteniendo un 47.2% de los votos frente a un 41% de rechazo, este triunfo deja varias lecciones al gobierno, pues no esperaba una derrota en la mitad de las provincias ecuatorianas, en la Sierra y la Amazonia, y, como en el caso de las provincias amazónicas, que fuese con un margen de hasta 30 puntos porcentuales.

Los más de 11 millones de electores debieron pronunciarse sobre cinco preguntas referentes a enmiendas constitucionales y cinco consultas solicitadas por el presidente Rafael Correa, incluyendo reforma de la función judicial y alcances de la prisión preventiva, regulación de los medios de comunicación, prohibición de los juegos de azar y de sacrificar animales en espectáculos públicos, penalización de la no afiliación de trabajadores a la seguridad social y tipificación del enriquecimiento privado no justificado como delito.

De la euforia, provocada por una mala aplicación de una encuesta a boca de urna, Correa pasó a una angustiosa espera de resultados antes de proclamarse triunfador, más aún cuando las provincias pequeñas terminaban el conteo de los votos y daban el triunfo al No.

Finalmente, las dos provincias más grandes de la Costa, Guayas y Manabí, le dieron un holgado triunfo, en tanto que en las dos provincias más grandes de la Sierra, Pichincha y Azuay, el margen del triunfo se mostraba muy por debajo de las aspiraciones gubernamentales, pero que alcanzaron para darle el triunfo nacional al Sí.

El movimiento indígena, representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), reivindicó el triunfo en las provincias con población indígena como una victoria de sus bases, pese a la intención gubernamental de fraccionar el movimiento captando a las comunidades con la implementación de programas agrícolas y obsequios de ganado.

Decisión soberana

César Umajinga, prefecto del Gobierno Provincial de Cotopaxi, donde el No triunfó con un margen de 17 puntos porcentuales, instó al gobierno a respetar la decisión y abstenerse de implementar los cambios en la justicia y el control de los medios de comunicación en la provincia bajo su dirección.

Correa reaccionó al afirmar que el triunfo es nacional y las reformas planteadas se aplicarán en todo el país. Umajinga, por su parte, manifestó que su provincia haría uso del derecho a la resistencia, considerando el amplio margen con el que se derrotó a la propuesta presidencial.

Aunque en las provincias de la Sierra —con excepción de Pichincha, Imbabura y Azuay— el No ganó con mucha comodidad, lo que constituyó un gran revés para Correa, en la Amazonia el triunfo del No es aún más significativo. En cinco de las seis provincias amazónicas el No ganó con porcentajes que van del 56% al 62%, en especial de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, amenazadas ahora con la implementación de programas de minería a gran escala.

Salvador Quishpe, prefecto del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, reivindicó el triunfo del No en su provincia como un rechazo a los programas mineros.

“Aquí la gente ha dicho no a la minería y vamos a hacer respetar esa decisión”, dijo en un comunicado desde la Prefectura a su cargo.

El triunfo del No en las provincias amazónicas constituye un respaldo a las autoridades locales, hostigadas frecuentemente por el gobierno, el cual las tilda de enemigas de la llamada “Revolución Ciudadana” de Correa, por oponerse a la explotación de recursos naturales en desmedro de los derechos de la naturaleza.

“Este triunfo es un apoyo a Guadalupe Llori, en Orellana, a quien el gobierno mantuvo presa por casi un año; es un apoyo a Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, enjuiciado ahora por oponerse a la minería, y a todos los alcaldes locales que luchan por mantener el ambiente sano”, afirmó a Noticias Aliadas Mónica Chuji, ex asambleísta constituyente.

Llori, ex gobernadora de la provincia de Orellana, fue detenida tras las protestas sociales en diciembre del 2007 en las que la población demandaba la contratación por parte de las empresas petroleras de un mayor número de trabajadores de la zona. Como resultado, el gobierno decretó estado de urgencia y arrestó a la gobernadora bajo acusaciones de terrorismo, sabotaje y fraude. Llori permaneció encarcelada hasta setiembre del 2008.

Gobierno no entiende el mensaje

Es evidente que el nicho electoral de Correa y su movimiento Alianza País han sufrido un notable deterioro, pues del 81.7% de aprobación que obtuvo al consultar sobre la realización o no de una Asamblea Constituyente en el 2007, pasó al 47.22% en este referendo, un porcentaje que da cuenta de la pérdida de la confianza popular y, sobre todo, de la serie de movimientos sociales que han abandonado el proyecto de la Revolución Ciudadana, que cada vez más parece concentrarse en el electorado populista que caracterizaba a la derecha.

“El resultado de esta votación hay que analizarla desde una perspectiva de clase, pues es evidente que la votación de Correa se ha trasladado hacia el populismo de las grandes ciudades costeras, en especial Guayaquil, en donde existe una base populista ampliada, ubicada en los quintiles más bajos de la población urbano-marginal”, dijo el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, a Noticias Aliadas.

Gutiérrez enfatiza el giro que ha dado la votación de Correa, que en las cinco últimas elecciones le habían sido favorables basándose en el electorado de la Sierra y la Amazonia.

“La votación de la Sierra y la Amazonia históricamente ha sido una votación ideológica anclada en la izquierda, por ello apoyó el proyecto inicial de Correa, pero al debilitarse esta posición ideológica al interior del gobierno y ser reemplazada por posiciones de la derecha económica, la votación de Correa se redujo en la Sierra y la Amazonia, y ha girado hacia los nichos populistas de la derecha, concentrados en la costa”, dice Gutiérrez.

Para Correa y el buró político de Alianza País, es necesario retomar la confianza de las provincias en donde perdieron, y planean hacerlo con mayor inversión social, de acuerdo a la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz.

“Es necesario concentrar mayores recursos en las provincias donde se perdió para que vuelva la confianza hacia el presidente”, aseguró Soliz a la prensa.

Sin embargo, la inversión no ha sido sinónimo de votos, tal como se demostró en la provincia de Cotopaxi, en donde la inversión social del gobierno ha sido muy fuerte, pero a la hora de votar han prevalecido las tesis indígenas.

“Hemos dicho a nuestra gente que si el gobierno trae borregos, que cojan los borregos; que si trae palas, que cojan las palas. Pero a la hora de votar, que no se dejen engañar por los regalos”, afirmó a la prensa la asambleísta indígena Lourdes Tibán, para explicar la votación en su provincia, Cotopaxi.

El gobierno nacional, al no aceptar que su derrota en las provincias indígenas constituye un llamado de atención, está poniendo en riesgo la continuidad de un proyecto político que inició con la participación de los principales movimientos sociales de izquierda y los indígenas.

“Es necesario reelaborar los contenidos de la izquierda al interior del gobierno cómo única posibilidad de dar continuidad a la revolución ciudadana”, afirmó Gutiérrez.

—-
Fuente: Noticias Aliadas: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6393

 

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4 junio 2011 6 04 /06 /junio /2011 20:57

http://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2011/06/005-675x450.jpgSamuel Ruiz, obispo fundador del Frayba con pobladores de Atenco

Entrevista a Gubidcha Mathus (Centro Frayba)

Proyecto Chacana, 4 de junio, 2011.- Gubidcha Mathus Lerma, encargado de comunicación social del Frayba, traza un panorama de la situación de los derechos humanos en Chiapas y México. 

- ¿Cuál es la historia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como El Frayba?

- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nace en 1989 por iniciativa del obispo emérito Don Samuel Ruiz García. Él lo crea desde la estructura de la Diócesis de San Cristóbal. Había y sigue habiendo muchísimas injusticias, y una gran necesidad de asesoría que pedían los pueblos indígenas sobre cuestiones de Derecho. El nombre se debe a que aquí Fray Bartolomé de las Casas es un ícono. Desde la colonia fue el primer defensor de los derechos de los indígenas y esta fue su Diócesis.

Este año el Centro va a cumplir 22 años y en todo su caminar ha cambiado la forma de cómo ha trabajado. En un principio era como un buffet de abogados que ayudaba en cuestiones jurídicas. Pero el concepto ahora es la defensa integral de los DDHH. Es ir acompañando a los pueblos en procesos de defensa de los derechos. Entonces mucho tiene que ver con los modos o las formas que los pueblos tienen para ejercer sus derechos. Todo depende de qué es lo que quiere el pueblo. Nosotros siempre actuamos como centro a petición.

Parte de nuestra misión es caminar al lado del pueblo pobre, excluido y organizado. Apostamos a todos estos procesos colectivos que están trabajando y están tratando de hacer un nuevo modelo. Un nuevo sistema económico, político, etcétera. No quiere decir que no atendamos a todos los demás, pero como Centro nos enfocamos principalmente en los derechos de los pueblos indígenas.

- ¿Cuál es la situación de los indígenas en México y en Chiapas?

- La situación de los pueblos ha sido y es terrible, porque al final es un modelo económico el que está provocando esta violencia. El Estado es un operador de los proyectos económicos y políticos neoliberales que están chocando o con quienes tienen propuestas, o tienen territorios que les interesa a esta economía poderosa. Muchos de esos pueblos no quieren ceder a esos proyectos, y ahí vienen todas estas confrontaciones y violaciones. Son brutalmente golpeados usando al Estado. Al Estado hablando del Estado Federal, y los Estados estatales. Usando grupos de corte paramilitar, grupos de corte parapolicial. El Estado al final es un operador y ni siquiera se va a quedar con la riqueza.

En Chiapas en particular, los avances de estos proyectos han sido muy fuertes y muy violentos. Avanzaron por donde pudieron avanzar, pero ya están llegando a las puertas de las comunidades que tienen que desalojar, que más se están resistiendo. Entonces la escalada se está poniendo peor, porque lo que está haciendo el Estado es provocar conflictos. Es una estrategia muy vieja que se ha usado en muchos lados: provocas un aparente conflicto interno, entonces el Estado resguarda la zona, el lugar, el territorio, para que “no se maten entre ellos”. Se necesita un control del territorio, tanto físico como político. Sólo estos intentos y estas situaciones de control traen un sin número de violaciones de DDHH.

Acá están la mayor parte de los recursos naturales: agua, petróleo, gas, minas, que realmente no han sido explotadas como ellos quisieran. Y sigue habiendo esta resistencia que no les permite explotarlas directamente. Entonces nosotros vemos un escenario de guerra peor para México y esperemos que todos esos grupos y la solidaridad internacional eviten que esto sea peor.

- ¿Cuáles son estos proyectos que necesitan control territorial?

- El proyecto principal que nos afecta en México es el Proyecto Mesoamérica, que antes era el Plan Puebla Panamá. México y Colombia son los dos puntos de este proyecto, y Colombia es un ejemplo de cómo lo quieren hacer aquí. Porque según ellos sí les está funcionando y los países tienen características parecidas: tienen insurgencia, tienen narcotráfico, tienen pueblos indígenas, etcétera. Entonces están colombianizando México, para tener mayor poder de penetración y control. Para allá va esta dizque guerra contra el narcotráfico que está haciendo el Gobierno Federal. Entonces la violación creemos que va a ir para peor, porque para el 2015 el Proyecto Mesoamérica tiene que dar sus primeros resultados.

En las cascadas de San Sebastián Bachajón quieren poner un centro turístico grandísimo. El problema es que hay gente que sí está a favor porque son del gobierno, pero hay bases de apoyo del EZLN y gente de la Otra Campaña que no quieren dar esos terrenos para poner hoteles. Los quieren para seguir sembrando. Y Mitzitón es la autopista que va desde San Cristóbal a Palenque. O sea, como se va a llegar a Bachajón. Y claro, ellos no quieren ceder ese territorio. Pero los tienen que hacer a un lado ya. Porque ya urge poner los hoteles. Porque las empresas transnacionales pierden dinero si no los ponen. Entonces hay que golpearlos, hay que destruirlos.

Por eso nosotros alejamos un poco el lente. Los conflictos se ven en lugares pequeños, comunidades. Pero si te alejas, lo que vas a ver es que atrás de todo está este gran proyecto económico y político. Y este proyecto es el que está causando esos conflictos internos en las comunidades. Los pueblos dicen “nosotros estamos defendiendo, no una caseta de cobro como en Bachajón, estamos defendiendo nuestro territorio y nuestra tierra. No queremos hoteles”. Y ahí está la confrontación. Claro, ya si te acercas, son pueblos pequeños contra este monstruo, apoyado por todo el dinero y todo el recurso y todas las opciones militares de Estados Unidos.

Y en México es lo mismo. Si vas viendo donde están los conflictos más fuertes, pues ahí hay recursos. Lo que están haciendo es quitar a la población. No podían, pero ahora con la supuesta guerra contra el narcotráfico lo están haciendo. Hacen una masacre y pues la gente se va. Ahí no te queda de otra. Y entonces ya tienes control territorial. Y pronto verán que en esos lugares donde había gente, aparecerán empresas mineras. Entonces ahorita en México se está dando una lucha por el territorio.

- ¿De qué manera trabaja el Estado para golpear a los movimientos?

– Con lo que hemos documentado consideramos que ha cambiado un poquito su estrategia. En el ‘94 su estrategia fue muy como en Colombia: crear grupos civiles armados que se podían identificar. Pero hubo un cambio en México. Durante ochenta años siempre gobernó el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pero en el 2000 vino el PAN (Partido Acción Nacional), un partido de ultraderecha que cambió la estrategia. Entonces, en vez de crear grupos paramilitares y confrontarlos, fue por la compra de conciencias y por la derrama económica brutal, en todos los lugares donde había o hay presencia de personas que estén revelándose.

Son programas que le llaman de apoyo a la población. Programas millonarios. Pero lo que tienen en el fondo es un carácter totalmente contrainsurgente, porque van con una derrama muy fuerte de dinero para romper las resistencias y para dividir las comunidades. Y les ha funcionado. Ha confrontado a la gente de las comunidades, porque la resistencia en la pobreza extrema es muy dura. Y con los programas, lo que hacen es ir con una cara dizque amable y bonita, a llevarles muchísimo dinero, luz, agua, coches. Pero no tienen un carácter realmente de desarrollo, es un programa específicamente contrainsurgente, porque no les asegura un futuro.

Es difícil decir que esos programas son contrainsurgentes cuando dicen que la ONU los está avalando. Pero detrás de esto está la acción contrainsurgente, está documentada, pero es difícil sacarlo a la luz. Todos van a decir “No, cómo crees…¿La ONU?”. Pero la ONU en Chiapas no sido nada neutral y de carácter contrainsurgente.

El hecho de avalar programas y situaciones de un Estado que tiene un control férreo de los medios de comunicación tipo dictadura, que ante cualquier expresión en contra de las políticas estatales hay hostigamiento, represión, criminalización y cárcel. Ya ha pegado a campesinos, como siempre, a ejidatarios, pero a periodistas y ahora hay un director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá preso. Entonces eso es totalmente una dictadura.

Criminalizan a defensores de Derechos Humanos que llegan a documentar una situación, diciendo que ellos son los principales delincuentes de una acción y los encarcelan. Los acusan de motín, que es algo que se les acusa a grupos subversivos. Eso es criminalización, y ese es el rostro real de México y del Estado de Chiapas. Eso pasa todos los días, eso sucede con todos, todo el tiempo. El Estado mexicano, tanto federal como estatal, ha venido preparándose para hacer una guerra en contra de su población civil, para lo que ha modificado leyes y le ha dado poder al Ejército.

- ¿Qué otros métodos de contrainsurgencia se están usando hoy en día?

– La otra es que estos grupos que fungían como paramilitares, se insertaron en organizaciones más amplias, de corte social y campesino. Entonces, es mucho más difícil poder acusar o señalar a tal organización como una organización paramilitar, porque no todos son. Son algunos, son grupos, que a partir de esa organización salen, hacen sus acciones contrainsurgentes y se vuelven a cobijar. Ha cambiado un poco la estrategia y hace que se nos dificulte tanto a los centros de DDHH como a los pueblos, tener bien identificadas estas situaciones.

En la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) no todos son paramilitares. Hay gente que es tranquilamente campesina y se dedica a lo suyo. Pero adentro están los que formaron otros grupos paramilitares. Eso es lo difícil. No podemos decir “la OPPDIC es paramilitar”. Podemos decir “dentro de la OPPDIC hay gente que está haciendo un trabajo paramilitar”, pero la OPPDIC como tal, no. Es una estrategia, porque si tú acusas directamente a una organización grande, se te va a venir encima toda la organización. Y realmente no todos lo son. La estrategia cambia, ya pasa un nivel más de todas las estrategias que hicieron en Centroamérica y Sudamérica. Ahora es un paramilitarismo y una contrainsurgencia muy social.

- ¿Qué papel juega la guerra contra el narco en este contexto?

- Toda esta guerra contra el narcotráfico es una justificación para hacer unas leyes que sin este teatro de la guerra no podrían justificar. Como tener al Ejército en las calles todo el tiempo, poder entrar a cualquier comunidad, a cualquier casa, a cualquier lugar y detener quien sea diciendo que pueden ser delincuentes.

Que sea legal el arraigo. Porque al final el arraigo es una detención preventiva. Y eso no puede ser. O te detienen y te acusan formalmente, o no te detienen mientras te investigan. Y aquí no. Aquí te detienen con esa figura del arraigo, que está creada para la delincuencia organizada. En Chiapas, el 90 por ciento de los que han arraigado no son por el crimen organizado. han sido por movimientos campesinos y han sido periodistas. Están utilizando esas reformas para criminalizar y para golpear a las organizaciones, a los movimientos sociales y a los defensores de los DDHH.

También ha habido una constante estrategia mediática de criminalizar a ciertas organizaciones, siempre tratando de vincularlas con la delincuencia organizada, siempre tratando de aparentar que lo que hacen algo tiene que ver con la delincuencia. Contra el Frayba llevamos por lo menos dos años de una campaña permanentemente en medios de comunicación. Aparte de un veto bastante fuerte que ahora se abrió un poquito, pero teníamos un veto total. No había ningún medio de comunicación nacional o local que sacara nuestra palabra.

- ¿Cómo está la situación de los observadores de Derechos Humanos?

En México ser periodista o defensor de Derechos Humanos son los trabajos más peligrosos. Ya estamos como el segundo o tercer lugar a nivel mundial donde más matan a periodistas, y donde más matan a defensores de DDHH. Es el Estado el que lo está haciendo, pero se cubre con esta dizque delincuencia. Al final, la delincuencia organizada y el Estado son lo mismo en México. Entonces eso es lo peligroso que nosotros vemos.

Esa situación no ha llegado tanto al sur. Está más en el centro y norte de México, que es esa guerra en las calles. Pero es una guerra del Estado mexicano contra su propia población. Nosotros creemos que ese escenario lo van a traer al sur, como una forma de deshacerse de todas las organizaciones que tienen proyectos alternativos. Ya llegó a Oaxaca, ya llegó a Guerrero, que junto a Chiapas son los estados tradicionales de movimientos sociales muy fuertes.

A nosotros nos preocupa eso. Traerán esta supuesta guerra contra el narcotráfico y entonces darán parejo. Nos podrán detener o matar y dirán “es que estaban relacionados con el crimen organizado”. Nos inventarán como siempre mil delitos y hasta ahí quedará. Y se van a deshacer de nosotros como centros de DDHH, como organizaciones campesinas o como el EZLN.

- ¿Cómo cambió el panorama el levantamiento zapatista del ‘94?

- El ‘94 puso un escenario diferente, un escenario de guerra que no se había vivido tanto en el Estado. Porque conflictos siempre ha habido. Chiapas es muy complicado, porque hay muchísimas organizaciones. A veces una comunidad es de una organización y dentro de dos años es de otra, y después de otra. O se dividen y después se juntan. Siempre hay un constante flujo de entrada y salida de gente. La situación depende del momento, del tiempo y de la coyuntura que esté sucediendo.

Lo que sí hay, es un Estado que se ha comportado siempre igual. En contra de quien sea. Y que utiliza todo lo que sabemos que han utilizado en Sudamérica y en Centroamérica para control social y político. Las mismas estrategias que hemos visto una y otra vez en todos lados, las usan y las siguen usando. Entonces digamos que la situación de los DDHH siempre es complicada.

El primero de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese día aparecieron los zapatistas y trajeron la construcción de un modelo que choca de frente contra el modelo capitalista. Entonces ya imaginarán lo que puede venir. O sea, no pueden coexistir. Uno de los dos es el que tiene que no existir. Y los dos supongo que harán lo que sea para que su modelo sea el que quede.

Al final, el del ‘94 es uno de los movimientos que más ha resistido. Es la organización que más ha durado luchando en México. Y para México eso es bastante nuevo. Normalmente a las organizaciones de ese corte las han reprimido fuertísimo. Las han deshecho. Las dejan otra vez en núcleos muy chiquitos. Hay otras organizaciones en México, pero el EZLN es la única que tiene una base civil y un ejército que ha estado bastante intacto a pesar de embestidas muy fuertes en sus 17 años de luz pública. Y siguen construyendo, entonces eso es lo nuevo.

- Una ofensiva emblemática fue la de Acteal en el ‘97

- Es parte del mismo proceso. Acteal era un campamento de desplazados de varias comunidades, incluyendo comunidades donde había grupos paramilitares. Y se ubicaron cerca de donde sí hay comunidades de Bases de Apoyo. El EZLN venía creciendo muy rápido hacia esas partes, hacia los Altos y hacia el norte del Estado.

Entonces la masacre de Acteal fue un ejemplo. Una masacre para que la gente no siga metiéndose en las organizaciones. Fue un grupo de paramilitares entrenados por el Estado mexicano, armados, que llegaron a masacrar a las personas que estaban en ese lugar. En un campamento de refugiados. No fueron a la comunidades Bases de Apoyo, fueron a un campamento de refugiados. Claro, los de Acteal dijeron “nosotros no somos zapatistas, nosotros no somos del EZ, porque nos van a hacer daño”.

Don Samuel estuvo cerca desde el primer momento. Es el proceso más antiguo que tiene el Frayba. Ha estado con ellos durante los trece años desde que sucedió la masacre. Se detuvieron a muchas personas. Muchos de ellos fueron señalados por las propias víctimas y por los sobrevivientes como los autores materiales. Ellos los reconocen. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de La Nación de México dijo que hubo un mal procedimiento. Ellos no opinan sobre si son inocentes o culpables. Y con este supuesto alegato quedan libres.

Pero para nosotros ahí están retorciendo las leyes y haciéndolo para beneficiar a estas personas que son señaladas. La Suprema confirma esta estrategia contrainsurgente. Al autor material pues al final lo liberan y entonces este proceso queda en impunidad. La preocupación de los sobrevivientes es que los asesinos están regresando y prometieron venganza. Les dijeron que cuando salieran se iban a vengar de porque los habían metido en la cárcel. De los autores intelectuales ni se diga. Nadie, jamás, no los han ni siquiera requerido. En México lo que más hay es la impunidad. Aquí no hay justicia. Ni siquiera el Estado mexicano reconoce que hay grupos paramilitares.

Nosotros monitoreamos todos esos temas y los documentamos. Y como parte de nuestro monitoreo, hay uno que se llama Conflicto armado interno no resuelto. Porque para nosotros, este conflicto que empezó en el ‘94, todavía no ha terminado. No se puede hablar de reconciliación o de paz, porque el Estado sigue en guerra. A lo mejor no hay una guerra de balas, pero está en una situación de guerra. De posiciones, de toma de territorio, de desgaste, de cárcel, de matar gente. Ahora se matan más de forma selectiva. El Ejército sigue en las mismas posiciones e inclusive han puesto más militares por esta dizque lucha contra el narcotráfico.

Eso es lo que nosotros hemos podido documentar. Tenemos el Plan de Campaña ‘94, que es un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo para confrontar al EZLN y ahí vienen muchas de estas cuestiones que las pueden ver, que siguen y continúan. Entonces a nosotros nos preocupa este escenario, que se ha podido equilibrar con toda la solidaridad internacional, con los observadores internacionales, con los Centros de Derechos Humanos, que lo han hecho visible. Se ha podido hacer que no pasen cosas tan graves. Pero si encima le pones esta dizque lucha contra el narcotráfico, va a ser muy complicado. Para todos.

- ¿Tienen conocimiento sobre la situación de derechos humanos a lo largo del continente?

- Nosotros colaboramos con algunos medios en Sudamérica, Centroamérica y las denuncias son muy parecidas. Al final son contra la minería, contra el despojo de tierras. Es la misma dinámica a nivel americano. No hay que perder de vista que los conflictos y las violaciones a los DDHH no surgen solitas en la comunidades. Es por este Proyecto Mesoamérica, que es operado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para beneficio de las transnacionales.

Al final el proyecto de Estados Unidos, el famoso ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no lo han podido implementar. Cada vez más países se oponen y Estados Unidos lo ve cada vez más complicado. Entonces creo se van a poner más pesados, como sólo ellos saben, y ahí es donde nosotros tenemos la preocupación. Si no les ha llegado, les va a llegar. Si viven en algún lugar donde puede haber una mina, los tratarán de despojar tarde o temprano. Y curiosamente, donde están los recursos que necesitan los EEUU, están los pueblos indígenas. En toda Latinoamérica. Es la misma historia que vamos a escuchar una y otra vez.

Es una constante. Desde que llegaron los españoles en el 1500 no ha parado. Ha habido mejoras, claro. En Chiapas ya no hay tiendas de raya. En las fincas te daban vales para que en las mismas tiendas del patrón pudieras cambiar tus productos. Existieron hasta 1993. Con el ‘94 eso cambió. Ahora los pueblos pueden andar por las banquetas. En San Cristóbal tenían que andar por la calle. Cambiaron cosas y siguen cambiando, pero todavía está bastante fuerte la situación.

Pero también vemos que existe la otra parte de esperanza. Lo positivo es que en toda Latinoamérica, incluyendo México y Chiapas, está la resistencia, que están los pueblos organizándose, a pesar de estas envestidas tan fuertes y brutales. Para nosotros como Centro, ahí está nuestra apuesta. A ese modo. Si decidimos acompañar a un proceso y a un pueblo, pues no podemos ser tan neutrales. Pero es nuestra misión y una visión. Ya falleció nuestro presidente fundador, Don Samuel, pero esa fue la misión que dejó. Acompañar a los pueblos.

- ¿Cómo sintieron la presencia de los poderes políticos en el velorio de Don Samuel?

- Creemos que el enviado del Vaticano y Calderón querían montarse en todo esto, porque realmente nunca estuvieron cerca. Y Don Samuel, hasta en sus últimos días, estuvo firme en lo que creía. Estar al lado del pueblo pobre y organizado. Y todo esto de que viniera el Gobernador, el Presidente, el Vaticano, fue un show mediático que inventó el Estado para apropiarse de su fallecimiento. Porque es un evento internacional, y en vez de permitir que se expresaran realmente los pueblos, pues lo acapararon ellos para que no pudiera salir todo esto de lo pueblos.

Pero su trabajo está vivo. El trabajo de Don Samuel en Chiapas ha sido muy grande, ha dejado un sin número de organizaciones, un sin número de procesos que siguen trabajando y que van a seguir adelante. Es una semilla de esperanzas, todo ese trabajo que está y que el Estado no ha podido ni podrá frenar.

Publicado originalmente con el título: “El Estado mexicano se ha preparado para hacer una guerra contra su población civil”

 

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4 junio 2011 6 04 /06 /junio /2011 20:54

http://www.kaosenlared.net/img2/185/185079_farina.jpgLa abogada indicó que los comuneros ''tienen conciencia de que hay un juicio político (...) por lo tanto, no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro''.

La decisión de la Corte Suprema chilena de rebajar la pena contra los cuatros comuneros mapuche que permanecen en huelga de hambre desde hace 81 días, en lugar de anular el juicio que los condenó a 20 y 25 años de cárcel, abre las puertas para que el Gobierno del país suramericano viole las garantías constitucionales de cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con el sistema político imperante, dijo este viernes a teleSUR la abogada Victoria Fariña.


En una entrevista exclusiva desde Santiago (capital), la abogada del mapuche Jonathan Huillical afirmó que esta determinación de la Corte ''abre una puerta para vulnerar las garantías constitucionales y procesales de cualquier persona que sea un peligro desde el punto de vista político''.

Agregó que el uso de testigos sin rostro y otras pruebas amparadas por la Ley Antiterrorista, creada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973 -1990) ''constituye una herramienta que podría utilizar el Ministerio Público en contra de cualquier organización lo que nos parece una situación de gravedad que atenta contra el estado de derecho''.

Indicó que este proceso ''es un juicio político contra  comuneros mapuche que, haciendo uso de su legítimo derecho a revelarse a la autodeterminación y haciendo uso de un derecho internacional (...) fueron, primero investigados como terroristas y luego condenados por ley común pero sirviéndose de pruebas amparadas por la Ley Antiterrorista''.

La abogada indicó que en estos momentos ''estamos preocupados de las acciones que vamos a ejercer a nivel internacional'' y los comuneros ''tienen conciencia de que hay un juicio político (...) por lo tanto, no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro''.

Por su parte, Millaray Garrido, esposa del comunero José  Huenuche expresó en la misma entrevista para teleSUR que esta nueva sentencia representa un atropello más a los derechos legítimos de los nativos.

''Nosotros como familiares nos tomamos esta sentencia como otro atropello más hacia los derechos mapuche. Tenemos mucha pena, no es una condena sólo para ellos, es una condena a para los mapuche'', expresó.

La cónyuge del comunero Huenuche manifestó también su preocupación por el estado de salud de los presos nativos, que todavía se encuentran en huelga de hambre desde hace 81 días.

''Lo que dicen los médicos del hospital es que ellos están en una etapa crítica (...) ellos pueden perder la vida'', dijo Garrido.

La Corte Suprema de Chile anuló parcialmente el juicio que condena a los cuatro comuneros mapuche y decidió la reducción de las condenas en prisión a quienes fueron penalizados bajo la ley Antiterrorista gestada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), de acuerdo a la corresponsal, Beatriz Mitchel.

"El fallo sobre la nulidad del juicio de los comuneros mapuche condenados en juicio que se hizo en base a la ley Antiterrorista les han reducido sus penas" indicó más temprano tras la lectura de la decisión por la Corte.

Ante esto, varios miembros de la comunidad mapuche realizaron una protesta en los alrededores del Palacio de La Moneda en Santiago, la cual fue duramente reprimida por las fuerzas del orden, que apresaron a 12 de los manifestantes.

 

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3 junio 2011 5 03 /06 /junio /2011 18:58

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2010/11/contacto_inicial_indepa.jpgImagen de la exposición del Indepa sobre pueblos aislados. Fuente: SPDA

Por Jahve Mescco

02 de junio, 2011.- El Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Indepa, impulsa diversas iniciativas para reforzar el marco legal que protege a los pueblos indígenas en aislamiento. Sin embargo, algunas deficiencias en el proceso y la aparente presión de otros sectores del Estado, ponen en duda la efectividad de estos emprendimientos. 

Una de las acciones que genera mayores controversias es la adecuación de la Reservas Territoriales (RT) a Reservas Indígenas (RI). Mientras que la RT alude a la protección territorial, la RI involucra además la salvaguarda a las personas que viven dentro de ella. Para iniciar este proceso, el Indepa efectúa la actualización de los expedientes de creación de las RT.

A saber, en el Perú existen cinco RT: Madre de Dios, Mashco Piro, Murunahua, Isconahua y Kugapakori-Nahua, con una extensión total de 2 millones 812 mil hectáreas. Estas RT deben ser reconocidas como reservas indígenas a través de un decreto supremo refrendado por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

http://servindi.org/img//2011/06/Mapa_RT_Indepa2011_ok.jpg

Mapa de reservas territoriales. Dar clic en la imagen para ampliar (fuente Indepa)

Así lo establece La Ley 28736, para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (2006); y su reglamento, el Decreto Supremo 008-2007-MIMDES (2007).

La misma normativa, indica que para lograr esta recategorización, se debe realizar previamente un análisis ambiental, jurídico y antropológico, así como una propuesta de delimitación territorial de las RT existentes. Asimismo, se requiere la intervención de un comité multisectorial que es integrado por instituciones del Estado, nacionales y regionales.

A la fecha, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) tiene a su cargo la actualización de los expedientes técnicos de las RT: Nahua Kugapakori Nanty (Cusco), Murunahua (Ucayali) e Isconahua (Ucayali). Lo preocupante es que las consultorías no implican necesariamente la visita a esas áreas y solo consideran la revisión y actualización administrativa de los expedientes.

Al respecto, Américo Baca, antropólogo del Indepa, señala que los estudios a detalle se efectuarán posteriormente. “Eso se darán cuando el comité multisectorial solicite un estudio de campo con mayor rigurosidad. Actualmente, lo que se hace es acopiar información existente en las regiones, de las organizaciones indígenas, y organizaciones no gubernamemtales (ONG), para luego sistematizarla”.

Isconahua: ¿recorte o ampliación?

Pese a que no estaba considerado, el equipo del IIAP realizó algunas visitas a las zonas colindantes de las reservas territoriales para recopilar datos. “Hemos recogido información que de algún modo se opone a lo que el gobierno quiere, que es recortar”, indica Virginia Montoya, directora del Programa Sociodiversidad del IIAP.

Agrega que en el caso de la reserva territorial Isconahua, las conclusiones son: la regularización de la propiedad en la parte norte de la reserva, y la incorporación de un sector de Sierra Divisor. “Hay una parte que está conectada y viene a ser una zona como de amortiguamiento para los isconahuas”, refiere.

En el informe se incluyen evidencias y avistamientos de isconahuas aislados en la zona, registrados por organizaciones no gubernamentales como el Instituto del Bien Común (IBC) y ProNaturaleza; y se sugiere la realización de un estudio con mayor profundidad.

Montoya descartó el rumor de que los estudios sugirieran el recorte de la parte norte de la reserva Isconahua a causa de la ausencia de indígenas aislados, y explicó que éste se produjo a partir de un primer estudio, que luego fue totalmente rehecho.

Cabe destacar que el infundio alertó a instituciones vinculadas a la protección de estos pueblos, que consideran que este proceso se está llevando a cabo de forma cerrada. Si bien el Indepa no tiene potestad para realizar el recorte o anulación de un área, si concluye que no existen poblaciones al interior de una RT, el Estado podría repensar la vigencia de estas zonas.

Los temores se acentúan por la presión de otras carteras. “En los últimos meses se fortaleció la presión del sector Energía y Minas para liberar estas áreas. En Isconahua se debe a la presencia de gas; y en Murunahua, en la zona de Yurúa se intenta negociar un lote petrolero con Petrobras”, dice Francisco Estremadoyro, director ejecutivo de la Asociación ProPurús.

Murunahua y casos particulares

Sobre la reserva territorial Murunahua, los estudios de IIAP sugieren la necesidad de elaborar un plan estratégico de conservación productiva que brinde alternativas de diversificación económica a las comunidades de los alrededores, e incluso a aquellas que están superpuestas a la reserva territorial.

“La idea es mantener la RT, con un plan alternativo de desarrollo, generando mayor seguridad y un ordenamiento territorial”, refiere Montoya. Se busca que estas poblaciones no solo dependan de la madera –la tala ilegal es una constante– y puedan convertirse en aliadas en la protección de la RT.

La salvaguarda de esta reserva contribuye además a la conservación del Parque Nacional Alto Purús, que es colindante al área. Pese a que se documentó varias agresiones de madereros ilegales a la RT Murunahua y al área natural protegida, incluso con presencia de funcionarios públicos, la acción gubernamental ha sido nula.

“Han esperado que la situación se ponga grave, para decir bueno como hay tantos madereros, mejor anularemos la reserva porque no hay nada, en lugar de responder y retirar la acción ilegal”, sostiene Estremadoyro.

“[Indepa] simplemente se lava las manos y saca el cuerpo de una responsabilidad que el Estado le ha dado. Preocupa no solo por el tema legal y de protección de diversidad biológica. Se trata de vida, de derechos humanos, de una agresión a poblaciones que no pueden levantar la voz y protestar”, añade.

Sobre la RT Nahua Kugapakori, Montoya afirma “Proponemos una ampliación hacia el sur, que considere todo como un gran bolsón que va hasta Brasil, colocando tres áreas naturales protegidas, y su zona de amortiguamiento porque en realidad son corredores. Tenemos estudios antropológicos que identifican los corredores pano y arahuaco entre Brasil y Perú”.

“Para todas las RT, pero sobre todo para Isconahua y Murunahua, solicitamos la transparencia de la información de las instituciones del Estado, sobre las concesiones forestales y mineras. Hay un desorden increíble, no se brinda información cuando se solicita”.

Por su parte, el Indepa bajo la perspectiva de fortalecer la protección de la RT Madre de Dios, llevó a cabo talleres con la participación de organizaciones indígenas como la Federación Nativa de Madre de Dios y afluentes, Fenamad; la Defensoría del Pueblo, y otras oenegés e instituciones. Uno de los resultados fue la constitución de una mesa de trabajo para la RT.

“El Indepa está comprometiendo mucho más a las instituciones regionales para trabajar el tema de protección. Tenemos el propósito de reconocer a un grupo de trabajo formado por el Gobierno regional y organizaciones indígenas en Ucayali. Queremos que estas mesas tengan un mayor reconocimiento formal del Estado, que no solo sea un acta”, dice Américo Baca.

Políticas y ley de protección

Otras normativas que se efectúan a favor de los pueblos aislados son: el Plan Nacional Para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial (PIACI) y las Políticas Públicas Para la Protección de los PIACI. La formulación de ambos dispositivos, también está a cargo del IIAP por encargo de Indepa.

“Las Políticas fueron trabajadas con varias organizaciones indígenas y ya se entregaron. En base a ellas desarrollamos el Plan, dentro del cual hay dos líneas. Una está dirigida a los pueblos en aislamiento, tiene un enfoque más preventivo e incluye aspectos de aseguramiento del territorio y de las condiciones para la existencia y supervivencia de estos pueblos”.

“La segunda línea se enfoca en los pueblos indígenas en contacto inicial, posee un enfoque más de intervención, se hace incidencia en salud y educación, y en el empoderamiento de las comunidades de los alrededores en temas de sensibilización y de conservación productiva”, explica Montoya.

El Plan se diseña en el marco de La Ley 28736, su reglamento, y las sugerencias dadas por las Naciones Unidas, a través del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Asimismo, para el recojo de la información, el IIAP organizó foros con las organizaciones indígenas y reuniones de tercer nivel con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), entre otras.

Cabe destacar, que dentro de las Políticas, el Plan y los expedientes de las RT, el IIAP incluyó el tema del cambio climático. Por esa razón, se enfatiza en la necesidad de un plan estratégico de protección de cabeceras de cuenca, que coincide con los grupos de habitabilidad de los pueblos en aislamiento.

“Incorporamos la parte física porque estos grupos no pueden vivir si la biodiversidad es afectada, ya que es parte de su dieta alimenticia, y por lo tanto de asegurar su supervivencia”. Asegura que la actual tala de árboles en esas zonas constituye una grave amenaza para los indígenas aislados.

A la fecha, el borrador del Plan ha sido remitido a las organizaciones indígenas para una segunda revisión. Para ello, se ha previsto además una ronda de talleres, que está sujeto a la disposición de recursos económicos. Como se recuerda, está vigente el Decreto de Urgencia 012, que paraliza el gasto público hasta el 28 de julio para frenar el proceso inflacionario.

En breve, el documento será remitido al Indepa, para los ajustes respectivos, y su posterior socialización con las organizaciones indígenas nacionales y regionales. Es pertinente señalar, que el IIAP viene trabajando además un Reglamento de Accesos a las Reservas y el Reglamento de Supervisión de las Empresas Extractivas.

Institucionalidad debilitada

Desde su creación, el Indepa, pasó por varias dependencias públicas y hoy es un ente adscrito al Ministerio de Cultura. Si bien las fusiones y el escaso presupuesto son serias limitantes para el cumplimiento de sus actividades, quizás sea su propia naturaleza, solo como unidad ejecutora, la que impide afianzar a la institución como un aliado de los pueblos indígenas.

Precisamente, otra de las normas que trabaja: el Anteproyecto de reglamento de infracciones y sanciones de la ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, fue severamente cuestionado por Aidesep, entre otros aspectos, porque el Indepa no cuenta con potestad sancionadora.

“La protección de una reserva implica considerar qué hacemos con aquellas personas que entran sin autorización. El Indepa no tiene capacidad sancionadora, pero es la ley la que trata de reglamentar los actos que deben sancionarse y cómo es el procedimiento administrativo para ello.”, refiere Baca. Este documento se encuentra en etapa de recojo de aportes.

Finalmente, el Indepa trabaja en dos normativas adicionales. Se trata del Plan de contingencia antropológica para pueblos en aislamiento, en la que se incluyen los protocolos de actuación con estas poblaciones. En este caso, el dispositivo se elabora en las oficinas gubernamentales con apoyo de un consultor.

La segunda es el Reglamento de instrumentos de control y vigilancia de acceso al interior de las reservas, cuya finalidad es evitar que los pueblos aislados sean afectados por problemas, como los de salud, a causa del contacto con foráneos.

Esta norma considera la creación de los puestos de control y quiénes trabajan en ellos y las funciones de los agentes de protección. Al igual que en los casos anteriores, el funcionario del Indepa asegura que se trabaja de manera coordinada con las organizaciones indígenas.

Baca saludó la iniciativa de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), quienes en marzo implementaron un puesto de control en el río Alto Callería para proteger a los indígenas aislados Isconahua.

Puntualizó que el Indepa suscribió convenios con ProNaturaleza y el IBC para fortalecer e implementar puestos de control en la RT Isconahua. “Ellos tenían algunos recursos y nos van a apoyar. En Madre de Dios trabajamos con Fenamad y la Sociedad Zoológica de Frankfort para el fortalecimiento de los puestos de control” concluyó.

 

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3 junio 2011 5 03 /06 /junio /2011 18:51

http://www.servindi.org/img//2009/04/plantas-medicinales.jpgPor Joel Lozano Ramirez*

3 de junio, 2011.- Como bien se viene haciendo referencia, el Perú es un país multilingüe y multicultural, que alberga solamente en la amazonia aproximadamente 13 familias lingüísticas repartidas en alrededor de 60 grupos étnicos y que suman más de 332,000 habitantes (1).  Esta diversidad plantea una serie de retos para el estado que tenemos, el cual si bien es cierto en la constitución celebra la diversidad de culturas, en la práctica los pueblos con patrones culturales diferentes han sido, a lo largo de nuestra historia, postergados e impedidos de formar parte de una idea de nación.

Esta postergación histórica de las poblaciones indígenas se trasluce en los ámbitos económicos, políticos y sociales. En esta reflexión abordaré el tema de la salud en poblaciones indígenas para tratar de evidenciar la situación de vulnerabilidad en la que éstas se encuentran, situación por demás preocupante que urge nuevas formas de afrontar la problemática.

Quisiera empezar este análisis con algunas interrogantes que me parecen pertinentes: ¿por qué los pobladores indígenas presentan una mayor vulnerabilidad con respecto a otros sectores de la población? ¿Cuáles son los factores que acentúan esta vulnerabilidad y repercuten en la salud de estas poblaciones?

Para responder a estas inquietudes, se proponen algunas ideas que pretenden incentivar a la reflexión y al análisis de la situación.

Sería conveniente, para enmarcar la problemática, partir desde una perspectiva histórica que nos muestra cómo desde la llegada de los españoles, éstos emprendieron la tarea de “construir” un tipo de indígena, cuyas características esenciales coincidían con los rasgos más negativos de lo que se ha denominado la cultura occidental: el indígena era un ser pagano, naturalmente inferior, iletrado, primitivo e incapaz de encaminarse por las sendas de la modernidad y del progreso.

La constitución de la República peruana estuvo atravesada por este imaginario que estigmatizaba y subordinaba al indígena, lo cual en el plano político se reflejaba en la imposibilidad de estos para ejercer sus derechos consustanciales a la noción de ciudadanía, pero que, sin embargo, se encontraban obligados a cumplir con sus deberes. En palabras de Nelson Manrique:

“se creó una sociedad donde no existían propiamente ciudadanos, sujetos de derecho. La ciudadanía supone sujetos autónomos y responsables que tienen derechos, que tienen, como contrapartida, determinados deberes, consagrados unos y otros por las leyes. Lo que se tenía aquí, en el caso de los indígenas, era peruanos que tenían deberes sin la contrapartida de los derechos correspondientes, es decir sujetos de deberes, de una parte; por la otra, sujetos de privilegios, que tenían derechos sin los correspondientes deberes, para los no indígenas.

(…) los indígenas y los negros fueron excluidos de la ciudadanía, y al comenzar la República fueron considerados ciudadanos de la nueva nación sólo los criollos y los mestizos. De esta manera, se excluyeron más de las nueve décimas partes de los peruanos, mientras que la décima parte restante se sentía la encarnación de la nación misma. Se fundó así una República sin ciudadanos. (2)”

Los resultados de este proceso de producción y reproducción de discursos que inferiorizaban al indígena se hicieron visibles: sus conocimientos, concepciones y formas de darle sentido a su entorno, sus lenguas, sus historias, en suma, sus universos sociales, se constituyeron en estigmas del retraso, en elementos que deberían abandonarse para alcanzar la modernidad y el desarrollo. Todos aquellos saberes que no ingresaban dentro de los marcos de referencia de la ciencia occidental pasaban a un segundo nivel. Esta forma de dominación se vio fortalecida cuando las poblaciones indígenas interiorizaron, en alguna medida, la supremacía de los valores occidentales:

“La meta era, en primer lugar, lograr que los subyugados interiorizaran como autoimagen la imagen que los colonizadores tenían de ellos y, al mismo tiempo, que interiorizaran como imagen de los colonizadores la que ellos tenían de sí mismos. De esta manera se lograba no solamente deteriorar la identidad étnica de los indígenas, sino que ellos incorporaran una autoimagen negativa que favoreciera el auto-menosprecio y el aprecio del colonizador”. (3)

Los sistemas médicos indígenas, en este escenario, no fueron la excepción pues sus técnicas y métodos sanatorios fueron llevados al plano de la superchería y la superstición. A este respecto, es interesante constatar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), concluida la segunda guerra mundial, mantenía la idea de que “había que exportar la tecnología y el conocimiento médico occidental a los pueblos primitivos”, peyorizando los sistemas médicos, restándole cientificidad y eficacia a los conocimientos y tecnologías de los grupos indígenas. Esto tenía que ver, sin duda, con una confrontación de discursos y conocimientos mediados por el poder, en donde lo occidental consiguió, mediante diversas modalidades simbólicas y a veces violentas, superponerse sobre los “otros discursos”, sobre los “no occidentales”. (4)

En este sentido, cuando decimos que en nuestro país las poblaciones indígenas presentan una mayor vulnerabilidad con respecto a los demás sectores de la población, que se encuentran más susceptibles al daño y más propensas a ser afectadas por dolencias o enfermedades que no diezmarían ni causarían severos estragos a otros grupos sociales, lo que queremos decir es que ésta situación no es fortuita, sino que es producto de un proceso histórico que ha construido un imaginario que degenera la propia condición de indígena y que tiene su correlato no sólo en el plano de las ideas, sino en la realidad misma: los indígenas presentan los índices más altos de pobreza, analfabetismo y mayores riesgos a ser afectados por epidemias. (5)

Así, tenemos que el departamento de Loreto, que abarca cerca de la tercera parte de la población indígena (31.8%) cuenta con 54.6% de pobreza y un 23.8% de habitantes en pobreza extrema; Junín (22,1%), cuenta con 43.0% de pobreza y un 13.4% de habitantes en pobreza extrema; Amazonas (15,7%) cuenta con 55.0% de pobreza y un 19.6% de habitantes en pobreza extrema; Ucayali (12.1%) cuenta con un 45.0% de pobreza y un 19.8% de habitantes en pobreza extrema, solo para mencionar los departamentos en donde existe mayor cantidad de poblaciones indígenas. (6)

Además, cabe mencionar que dentro de estas poblaciones, asentados en su mayoría en las zonas rurales, los niños y adolescentes son los grupos etarios más afectados, llegando a un 60% con respecto al promedio nacional, y el doble con relación a la incidencia en los espacios urbanos(7) . Según el informe de la CEPAL “Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de Políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI”, la vulnerabilidad:

“Es entendida como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencias de situaciones externas y/o externas. La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como amparo institucional desde el estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar” (8).

De acuerdo con esta definición, y con lo mencionado anteriormente, las poblaciones indígenas representan en nuestro país a los grupos más vulnerables, debido a la desatención de los sucesivos gobiernos, debido a la persistente exclusión y marginación (en el continente se pueden apreciar casos bastante similares) (9) y debido, además, a que nos encontramos en un momento en el cual sus universos sociales se ven seriamente amenazados por los contactos intempestivos con empresas extractivas que en los últimos años se han incrementado notablemente y para lo cual no existen hasta la fecha mecanismos de consulta orientados a una participación efectiva.

Vale decir que el estado que tenemos, al haberse instituido bajo la hegemonía del discurso occidental, ha mantenido relegadas a estas poblaciones y, a pesar de algunas iniciativas orientadas a deconstruir esta hegemonía, aún manifiesta resistencias para comprender y acoger la diversidad. Todos estos elementos, en conjunto, inciden decisivamente en la salud de los indígenas de nuestra amazonia y representan lo que la OMS ha definido como los Determinantes Sociales de la Salud, que vienen a ser las condiciones o circunstancias estructurales en donde una población determinada nace, crece, trabaja y envejece. La falta de empleo, los bajos salarios, la exclusión étnica y territorios en peligro de contaminación condicionan la salud y el bienestar de los grupos sociales; estos factores tienen su origen en

“Una distribución desigual, a nivel mundial y nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible (acceso a atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una vida próspera” (10).

En este contexto habría que plantearnos una nueva interrogante: ¿qué hacer para revertir esta situación desventajosa para las poblaciones indígenas?

Pienso que sería temerario formular una sola respuesta para este problemática, pero se podrían ensayar algunas propuestas tentativas. En lo que sí debería existir unanimidad y certeza es que para afrontar esta compleja situación, se deben reformular las miradas: la exclusión, marginación y postergación hacia estas poblaciones sólo porque posean marcos de referencia culturales diferentes a los nuestros, no forma parte de la solución. Adoptar esta postura significa asumir que la diversidad cultural es un problema, que los indígenas, sus conocimientos y formas de vida implican retroceso, primitivismo y arcaísmo. Implica desconocer que todos los grupos sociales, sin excepción, se constituyen en relación y en contacto con los otros; implica, entonces, negar la funcionalidad y la riqueza de la diversidad.

Ahora bien, la situación en la que se encuentran las poblaciones indígenas responde a un largo proceso histórico de negación, postergación y dominación occidental sobre lo indígena, por lo que no se trata de un problema superficial, sino, más bien, estructural que atraviesa las relaciones de nuestra sociedad.

Un primer desafío sería, dentro de este derrotero, buscar los mecanismos para tratar de equilibrar la balanza del poder que hegemoniza lo occidental. Para ello, y en aras de propiciar relaciones menos verticalizadas y menos jerárquicas entre los grupos, la interculturalidad puede ser un punto de partida para el diálogo y el intercambio de experiencias, de conocimientos y de subjetividades que enriquezcan las interacciones entre las culturas.

Pero debemos diferenciar, como sugiere Norma Fuller, una interculturalidad de hecho (la cual se vislumbra en los estados-nación en donde coexisten grupos culturalmente diversos en permanente contacto), de una interculturalidad como propuesta ético-política, la cual consiste en apostar por un proyecto colectivo de diálogo e interacción mediados por pautas de convivencia, valoración mutua y respeto entre las culturas. Esta propuesta ético-política (sustentada en lo que “debería ser”) se presenta indesligable de la noción de ciudadanía ya que

“Busca perfeccionar el concepto de ciudadanía con el fin de añadir a los derechos ya consagrados de libertad e igualdad ante la ley, el del reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos, culturas y grupos étnicos que conviven dentro de las fronteras de las naciones-estado”. (11)

En el campo de la salud, la interculturalidad como proyecto político es fundamental ya que apunta a poner en primer orden no solamente los sistemas médicos indígenas, sino a la totalidad de sus universos sociales; busca construir escenarios donde se escuchen las voces de los históricamente excluidos, de los que por su condición de indígenas han sido empujados hacia las periferias.

En este sentido, los sistemas médicos se revalorarían pues se estaría considerando a los indígenas como actores sociales que producen y han producido conocimientos también válidos, con la diferencia de que contemplan escenarios tal vez más amplios de la condición humana: lo espiritual, lo mágico-religioso. Esto implicaría que el estado asuma el enfoque intercultural como parte prioritaria de su agenda, implicaría acoger la interculturalidad como una política estatal, lo cual ameritaría una reestructuración del mismo. Sin una participación activa del estado, sin un compromiso decidido de las instituciones estatales, la inserción de la interculturalidad en salud (así como en otros ámbitos como educación, la política o la economía) no serían sostenibles. A decir de Tubino:

“Las políticas interculturales de estado hacen posible el surgimiento de la ciudadanía intercultural en la esfera micro social, en el ámbito de las relaciones inter-personales. La interculturalidad es, pues, también y sobre todo, un asunto de Estado” (12).

En el plano aplicativo, afrontar los determinantes sociales de la salud es también fundamental para reducir las desigualdades en el acceso a la salud y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas, para lo cual asumir la salud como un derecho humano es vital. En la Reunión Anual de Ministros de Salud realizada en Brasilia el 2006 sobre los determinantes sociales se concluye que:

“La reafirmación que la salud es un DERECHO HUMANO garantizado por el Estado y no una mercancía sujeta a las reglas del mercado. El derecho a la salud implica derechos tanto en el acceso universal a los servicios de salud y educación (superando la marginación a la que actualmente son sujetos muchos de los grupos representados en la consulta); como también derechos en los determinantes sociales como vivienda, alimentación, trabajo digno, participación ciudadana, entre otros”(13).

La importancia de estas consideraciones para la salud de las poblaciones indígenas es alta, debido a que estas aún permanecen aisladas y desprotegidas únicamente por ser diferentes. Ser conscientes de estos procesos es un ejercicio de autocrítica necesario para tratar de replantear nuestras formas de relacionarnos con la diversidad; la interculturalidad como propuesta política busca tender los puentes y aperturar espacios para el diálogo y el intercambio entre los diferentes grupos, respetando al otro y aprendiendo con él en la interacción. El promover la diversidad y las diferencias entre los grupos no significa acrecentar las desigualdades, sino reducirlas y manejarlas. Esta labor debería interpelarnos a todos.

Bibliografía

  • II Censo de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007
  • DE MIGUEL, Jesús. Introducción al Campo de la Antropología Médica. En: La Antropología Médica en Expaña. Anagrama, Barcelona, 1980
  • FULLER, Norma. Interculturalidad y Política: Desafíos y Posibilidades. IEP, Lima, 2003.
  • Subsanar las Desigualdades en una Generación. Alcanzar la Equidad Sanitaria Actuando sobre los Determinantes Sociales de la Salud. OMS, Buenos Aires, 2009.
  • TUBINO, Fidel. Entre el Multiculturalismo y la Interculturalidad: más allá de la discriminación positiva. En: Interculturalidad y Política: Desafíos y Posibilidades. IEP, Lima, 2003.
  • VILLAR, Eugenio. Los Determinantes Sociales de Salud y la Lucha por la Equidad en Salud: desafíos para el estado y la sociedad civil. Vease: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902007000300002
  • ZARIQUIEY, Roberto (Editor). Actas del V Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe “Realidad Multilingüe y Desafío Intercultural. Ciudadanía, Cultura y Educación”. PUCP, Lima, 2003.

*Joel Lozano Ramírez es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Natural de Loreto es investigador especializado en salud de los pueblos indígenas.

 

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3 junio 2011 5 03 /06 /junio /2011 18:49

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Servindi, 3 de junio, 2011.- El próximo viernes 10 de junio se presentarán tres publicaciones  sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) que abordan la situación de este tema en el Perú y en los países andino amazónicos. 

Los libros son:

1. “Estudio REDD Perú: La situación de REDD en el Perú”

2 “Entendiendo REDD a través del derecho de los pueblos indígenas. Apuntes conceptuales para los países andino amazónicos”

3. Los resultados del estudio “Diagnóstico de las capacidades de las organizaciones públicas y privadas para el desarrollo del mecanismo REDD en el Perú”.

La presentación empezará a las 17:00 horas en la Sala Quechua del Hotel Meliá, sito en Av. Salaverry 2599, San Isidro.

La elaboración y presentación de estos documentos ha sido posible gracias a la iniciativa, participación y apoyo de las organizaciones: Alianza Andes Tropicales, Centro de Sostenibilidad Ambiental de la UPCH, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Environmental Defense Fund, Fundación Charles Stewart Mott, GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Organización para Estudios Tropicales, Red Latinoamericana de Derecho Forestal Ambiental y WWF Perú.

 

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3 junio 2011 5 03 /06 /junio /2011 18:47

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Dos grandes eventos mundiales congregaron parte de la atención del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas:  la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas a celebrarse el 2014 y la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 a celebrarse el 2012. Ambos mega eventos fueron tratados en la sesión vespertina del lunes 23 de mayo. 

Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas

La Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas coincidirá con la culminación del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005 – 2014).

Tendrá como uno de sus propósitos debatir criterios sobre el ejercicio y cumplimiento de los objetivos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

La resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que acuerda celebrar la Reunión Plenaria de Alto Nivel o Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas se adoptó en noviembre de 2010.

En ella exhorta a los Estados Miembros y a la cooperación internacional apoyar en la solución de los problemas de los pueblos indígenas en relación a la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo socio económico.

En la misma resolución se insta a los Estados a ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o a quienes aún no se han adherido a él, hacerlo; así como respaldar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El proyecto de resolución fue presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia con el copatrocinio de Argentina, Australia, Benin, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

En el momento de la adopción se sumaron como copatrocinadores Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelandia, Canadá, Italia, Estonia, España, Albania, Chile, Grecia, Congo, Armenia, Croacia, Chipre, Paraguay y Luxemburgo.

En el debate realizado en el Foro Permanente Pablo Solón, en representación del Estado plurinacional de Bolivia, propuso la organización de tres reuniones anuales preparatorias para la Conferencia Mundial a realizarse en el 2012, 2013 y el propio 2014.

El representante del Consejo Saami de Noruega saludó la reunión preparatoria en el 2013 y expresó su preocupación para que el proceso preparatorio sea controlado por las propias organizaciones indígenas para facilitar la participación indígena en la propia conferencia.

Roberto Jiménez, de Nicaragua, puso el énfasis en la necesidad de promover la participación directa de las organizaciones indígenas en la Conferencia Mundial, en sus eventos preparatorios y facilitar los recursos financieros para lograrlo.

Victoria Tauli Corpuz de la asociación Tebteba de Filipinas agregó que las actividades preparatorias deben ser reconocidas de manera oficial y brindarsele fondos suficientes de diversas fuentes.

En las conferencias deberá asegurarse la representación de las siete grandes regiones en que se ha dividido el mundo indígena con participación de mujeres y jóvenes indígenas. Además, se prevé la conformación de una coordinación con dos representantes indígenas para cada región, mujer y jóvenes.

Asimismo, en lo que resta de 2011 o a comienzos de 2012 se llevará a cabo un taller mundial para fijar los resultados de la Conferencia Mundial a partir de las aspiraciones de los pueblos indígenas.

Para ello, se deberán hacer conferencias de preparación en las regiones que tratarán las aspiraciones que serán incluidas en las resoluciones de la conferencia mundial y debe haber un trabajo de cabildeo a nivel regional y mundial, señaló Victoria Tauli.

Carlos Mamani, ex presidente del Foro Permanente, pidió que la Conferencia Mundial tenga en cuenta la visión indígena de la madre tierra y sobre el buen vivir así como de los avances de la revalorización de los conocimientos con relación a la naturaleza.

Cumbre Río+ 20

La IV Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible o Cumbre Río + 20 se desarrollará en la ciudad brasileña de Río de janeiro, luego de 20 años de celebrada en el mismo país.

La Cumbre Río+ 20 impulsará “el compromiso de los líderes mundiales con el desarrollo sostenible veinte años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Río 92″, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

Los ministros de 53 países trabajaron en los ejes temáticos que tendrá la conferencia, entre los cuales se encuentran: economía verde, la minería, la relación entre consumo sostenible y desarrollo, el transporte, el uso de sustancias químicas y la administración de desechos.

En la reunión de ministros, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a establecer límites seguros al impacto del consumo de recursos sobre el medio ambiente y reclamó una mayor cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible.

En el debate realizado en el Foro Permanente Pablo Solón, de Bolivia, señaló que el mega evento debe ser una ocasión para reconocer y revalorar la importancia de la Pachamama o Madre Tierra y los derechos de la naturaleza.

Victoria Tauli Corpuz destacó que los pueblos indígenas pueden contribuir de manera importante a una gobernanza local, nacional, regional y mundial, con enfoques basados en los ecosistemas.

Pidió que el Foro Permanente exhorte a los Estados y a la cooperación a promover la plena participación de los pueblos indígenas en Río+ 20 y garantizar su presencia en las delegaciones oficiales y en las reuniones preparatorias.

 

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3 junio 2011 5 03 /06 /junio /2011 18:44

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Servindi, 3 de junio, 2011.- El Relator Especial para la situación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, publicó sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, en los que formula la necesidad de un proceso de consulta adecuado. 

Anaya sugiere el concurso de un equipo de expertos independientes para facilitar el proceso debido a la asimetría en las condiciones de poder existente y a la necesidad de construir un adecuado ambiente de confianza entre el Estado y el pueblo Teribe.

El Diquís inundaría un diez por ciento del territorio tradicional teribe y también impactaría a otros grupos indígenas de la zona.

El Relator Especial también recomendó que el Gobierno trate las cuestiones subyacentes que afectan a los pueblos indígenas en el país, específicamente en relación con la tenencia de tierra, la representación y la promoción de una ley sobre los pueblos indígenas.

Ver informe

 

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