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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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10 abril 2012 2 10 /04 /abril /2012 18:14

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El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad invita al público interesado en participar del “Seminario sobre Estándares Internacionales e Interamericanos y Derechos de los Pueblos Indígenas” que se llevará a cabo el miércoles 11 de abril en Miraflores, Lima.

Estarán de ponentes representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Corte y Comisión Intermericana de Derechos Humanos.

Debido a la limitación de cupos, primero deben inscribirse para lo cual deben enviar sus datos a esta dirección de correo electrónico: yaizha@gmail.com

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3 abril 2012 2 03 /04 /abril /2012 21:04

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Cacique general del pueblo ngäbe-buglé,  Silvia Carrera.

Las bases campesinas e indígenas del pueblo ngäbe-buglé sostendrán un encuentro este 7 y 8 de abril para explicar y analizar la recién promulgada Ley Especial firmada por el presidente Ricardo Martinelli.
La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesinos tiene previsto además establecer un recorrido que iría desde Kodrini hasta Ñokribo para que la población indígena conozca los alcances de dicha norma así como el proceso mediante el cual fue aprobado.

La Ley 11 obtuvo un primer consenso después de varios meses de discusión en la mesa de diálogo para luego ser llevado a la Asamblea Nacional en donde fue aprobado en tres debates.

La ley establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe-Buglé.

El artículo 2 reconoce el derecho de la comarca sobre los recursos naturales, el artículo 3 prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras para exploración, explotación y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados.

El artículo 4 cancela todas las concesiones otorgadas a personas naturales o jurídicas para la explotación de los recursos naturales.

La cacique general del pueblo ngäbe buglé Silvia Carrera estará presente en el encuentro y hace unos días participó con más de mil indígenas en la localidad de Alto Caballero, distrito de Muna, donde presentó la Ley 11.

Alberto Montezuma, fiscal de la coordinadora indígena, agregó que es un derecho de la población conocer los artículos que componen la ley y, sobre todo, que entienda por qué la lucha tuvo que ser tan fuerte para hoy en día gozar de esa ley.

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3 abril 2012 2 03 /04 /abril /2012 20:32

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina invitan a presentar trabajos escritos en el marco del IV Coloquio Interamericano sobre Educación en Derechos Humanos, que se celebrará los días 6 y 7 de setiembre, en Santiago de Chile.

Este espacio convoca a educadores, monitores populares, académicos, colectivos culturales y artísticos, organizaciones de la sociedad civil y establecimientos educacionales a presentar trabajos que reflejen sus experiencias sobre educación en derechos humanos.

El objetivo de este encuentro es propiciar el desarrollo e intercambio de propuestas pedagógicas para la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles educativos, tanto de educación formal como no formal, para debatir sobre el tipo de prácticas educativas que se requieren para hacer posible la construcción y el fortalecimiento de una cultura basada en la promoción, reconocimiento y respeto a los derechos humanos.

A continuación se encuentra el acceso a un documento que contiene el detalle de esta convocatoria, plazos y las pautas generales para la presentación de trabajos.

Extendemos un saludo fraterno y agradecemos difundir esta invitación a otras personas e instituciones que estén desarrollando experiencias formativas en derechos humanos.

Equipo coordinador

IV Coloquio Interamericano de Educación y Derechos Humanos

Más informaciones en: www.indh.cl

Ver convocatoria:

http://indh.us4.list-manage.com/track/click?u=92477001245a74ddd4a6add27&id=15cf4dc503&e=303000f33b
—-
Fuente: Mapuexpress: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8428

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2 abril 2012 1 02 /04 /abril /2012 00:10

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Marquemos un Norte

El Convenio 169, es un acuerdo internacional que han firmado los gobiernos de los paises y el hasta ahora el único instrumento regulador internacional que reconoce a nuestros pueblos indígenas el derecho a nuestro territorio propio, a nuestra cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a respetar unos estándares mínimos en la ejecución de estos derechos. Conocerlo es muy importante, porque todos los gobierno firmantes, estas obligados a cumplir (Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venuzuela). No lo hacen aún los gobiernos de Guyana, Uruguay, Surinan y la Guyana Francesa (Francia). Debemos hacer campañas para presionar a los gobiernos de estos paises para que lo firmen y respeten Nuestros derechos.

 

Artículo 1.

1. El presente Convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

 

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2 abril 2012 1 02 /04 /abril /2012 00:03

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Por Darío Aranda

1 de abril, 2012.- Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.

“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.

“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.

La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”.

Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.

“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.

El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.

Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.

Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.

Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.

Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.

Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.

Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.

“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.

Otra Argentina

Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.

Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.

Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.

Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.

Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.

“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).

“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.

Preguntas

Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:

- ¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?

- ¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?

- ¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?

- ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).

- ¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?

- ¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)

- ¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?

La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.

Respuestas

Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.

Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.

Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.

Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.

Silencio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.

Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.

Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.

Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.


Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sesión 144; viernes 23 de marzo 2012:

audio completo (dar clic para acceder a sesión completa)

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1 abril 2012 7 01 /04 /abril /2012 23:56

29_3_2012_0_7_1.jpgHasta el próximo lunes 2 de abril se postergó la preparación de juicio oral contra 10 comuneros de la zona de Ercilla, acusados de incendio y asalto en la ruta 5 Sur. 2 de los acusados son jóvenes que eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos que la Fiscalía les imputa, bajo Ley Antiterrorista.

Por Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche

Fuente: paismapuche.org

 

La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.

 

Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.

 

Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.

 

Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.

 

Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.

 

Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.

 

Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.

 

Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.

 

Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.

 

Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.

 

Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.

 

La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.

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1 abril 2012 7 01 /04 /abril /2012 23:44

Chile-Mapuches-presentaran-iniciativa-para-impedir-instala.jpg

FUENTEradio bio bio /

 

La idea, según expresaron sus dirigentes, es buscar mediante una norma la modificación al Código de Aguas para evitar una mala interpretación o choque con el Convenio 169 de la OIT, que establece consultas a los pueblos, cada vez que se requieran generar medidas susceptibles que les afecten directamente.

 

Así lo dijo el vocero de las comunidades, Jaime Lefián quien sostuvo que para ello cuentan con el apoyo del Senador (PS) Pedro Muñoz, quien participó en una reunión con los afectados y quien se comprometió a llevar el caso a ambas Cámaras en el Congreso.

 

| El dirigente añadió que por un lado existe esta posibilidad, pero también buscan que se termine el parternalismo con el que han actuado los gobiernos tanto de la Concertación como la Derecha y que el pueblo mapuche, sea mirado como tal.

 

| Lefián espera que con estas iniciativas esperan que las aguas que se ubican en territorios mapuche no sean sometidas a solicitud de derechos por particulares, menos cuando se trata de beneficiar a empresas, sin las consultas respectivas a los afectados. Agregó que esto ha ocurrido en los ríos, Maicolpi, Quilhue y Trafunco y Cahunalhue, cuyos derechos de aguas fueron solicitadas por la empresa Energía del Sur.

Finalmente, el vocero puntualizó que el viernes 30 de marzo se reunirán en Osorno todas las comunidades en una asamblea extraordinaria a objeto de analizar los pasos a seguir en esta materia

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1 abril 2012 7 01 /04 /abril /2012 23:37

ONU-Publican-directrices-para-proteger-pueblos-indigenas-e.jpg

Ante la situación de extrema vulnerabilidad y elevado riesgo de desaparición en que se encuentran los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH) hizo pública las directrices que guiarán a los diferentes organismos a trabajar por el respeto y protección de los derechos de las pueblos indígenas. El documento es resultado de las cinco consultas realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en colaboración con organismos internacionales y Estados, pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales, en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

Para ver las directrices pulsar aquí

Las consultas forman parte de la recomendación hecha en 2007 por el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU que busca elaborar y consolidar políticas, mecanismos y procedimientos mantenidos a largo plazo que puedan garantizar la seguridad de los pueblos y los medios de vida que han elegido.

Según las directrices publicadas en febrero de este año cerca de 200 pueblos y alrededor de 10 mil personas constituyen los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Amazonía y el Gran Chaco. Y para muchos de ellos, señala el texto, el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia.

El documento explica además de manera clara las razones por las que los Estados deben velar por la protección de los pueblos en aislamiento y precisa los marcos normativos generales y específicos del derecho internacional que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo da a conocer una serie de mecanismos que podrían implementar los Estados concernientes a la identificación de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial y el establecimiento de reservas indígenas a su favor.

El texto incide en el rol que en adelante deben asumir las instituciones públicas en pro de garantizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas.

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1 abril 2012 7 01 /04 /abril /2012 23:31

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El asesinato de líderes indígenas, como el del qom Roberto López, forman parte de los graves atentados en contra de los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. Hoy se desarrollará una audiencia especial convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación de los pueblos indígenas en Argentina.

“El objetivo es poner en conocimiento la grave situación en la que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas”, explica la solicitud realizada por las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI).

La sesión tratará en forma especial los casos del pueblo mapuche de Neuquén, el pueblo diaguita de Tucumán y el pueblo qom de Formosa con presencia de dirigentes de estos tres pueblos en la sede de Washington (EE UU).

En el caso de Neuquén hay más de 250 dirigentes mapuches procesados por estar implicados en la defensa de sus territorios ancestrales.

En Tucumán y Formosa enfrentan constantes intentos de desalojos y fueron asesinados el diaguita Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) y el qom Roberto López (23 de noviembre de 2010).

“En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo”, empieza el documento dirigido a la CIDH para sustentar el pedido de audiencia.

“En la práctica no existen normas ni políticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales”, señala.

“El Estado argentino no solo incumple su obligación de hacer efectivos los derechos territoriales indígenas sino que, en múltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad”.

En 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. El Comité expresó su preocupación por los hechos de violencia del que son víctimas la comunidades. El mismo año, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado “adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos indígenas”.

Medidas cautelares

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén. Instó a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de la policía o particulares.

Comité ONU demandó respeto y sanción

El año pasado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) señaló numerosas preocupaciones en torno a la falta de efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, solicitando al Estado que emprenda las medidas necesarias para frenar estas violaciones y que se sancione a los responsables de tales actos ilegales.

Visita del relator Anaya

En diciembre pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de la Patagonia y del Norte del país. Alertó respecto al avance de industrias extractivas, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos.

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1 abril 2012 7 01 /04 /abril /2012 23:18

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27 de marzo de 2012.- La inclusión de la visión del Buen Vivir de los pueblos indígenas como un cuarto pilar cultural para el desarrollo sostenible fue uno de los principales aportes que arrojó la reunión “Mensajes clave de los Pueblos indígenas en Río+20” que se realizó la semana pasada. La reunión llevada a cabo en Nueva York (EE.UU.) inaugura la primera ronda de negociaciones en torno al Borrador Cero de “El futuro que queremos”, documento base que será discutido y aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Rió+20 a celebrarse en Brasil el próximo junio.

Joji Cariño del Centro Internacional de Investigaciones Políticas y Educación para los Pueblos Indígenas (TEBTEBBA), planteó la integración transversal de los derechos humanos en todos los programas para el desarrollo sostenible.

Sostuvo además que el reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible (además del social, económico y ambiental), implica la incorporación de la espiritualidad de los pueblos indígenas.

Buen Vivir

Miguel Palacín Quispe, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), propuso que el Borrador Cero debe incorporar la propuesta paradigmática del Buen Vivir o Vivir Bien, en diálogo y armonía entre los hombres y la Madre Tierra.

En la misma línea se pronunció Gretchen Gordon, de Indian Law Resource Center, quien respaldó la propuesta de reconocer explícitamente en el mencionado documento base la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como un estándar para la implementación del desarrollo sostenible en todos los niveles.

Javier Mendoza del Centro para la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), reconoció que el Borrador Cero debe contemplar también el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación así como el derecho a la participación y al consentimiento previo, libre e informado.

Propuestas de los pueblos indígenas tras reunión en Lima

La propuesta de globalizar el principio del Buen Vivir de los pueblos indígenas fue un compromiso establecido recientemente por las organizaciones frente al cambio climático y se materializó en las propuestas que darán a conocer en la cubre Río+20 en Río de Janeiro.

En la reunión celebrada en Lima a mitad del presente mes los pueblos indígenas rechazaron además el modelo de economía verde que profundiza lo que llaman la mercantilización de la Madre Tierra.

Ellos mismos declararon la necesidad de conservar las fuentes hídricas, glaciares, páramos y cabeceras de cuenca y reconocen la urgencia de que los Estados acuerden acciones para garantizar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria.

Enlaces

 

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