El sitio está en la cuenca del río Anzu. Un puente colgante carrozable permite el paso y, a la vez, sirve a los comuneros como filtro para impedir el acceso de gente o carros no deseados, como sucedió hace dos meses, cuando 70 policías llegaron en buses para desalojarlos. En el ingreso al viaducto, se cerró su paso con una gruesa cadena.
Carlos Aguinda Alvarado es el presidente de la comunidad tzawata. Según dice, en reiteradas ocasiones, han señalado que no son invasores, "como nos califican algunos, en especial la Merendon", indicó. Insiste en que se trata de una lucha para recuperar tierras ancestrales.
"Estas tierras eran de nuestros abuelos. Por lo tanto, tenemos derecho a reclamar, porque somos sus dueños. Aquí nació mi papá, aquí nací yo, aquí mismo murió mi abuelo, por lo tanto, no estamos invadiendo sino recuperando nuestras tierras", enfatizó.
Incluso, los ocupantes de esos terrenos aseguraron no haber aceptado una propuesta para que compren el área que reclaman y que forma parte de la hacienda de la compañía minera, que cuenta con escrituras del predio.
Para consolidar el asentamiento, los ocupantes han construido casas rústicas y chozas con arquitectura tradicional de su nacionalidad.
Las edificaciones de materiales de la zona se ven extendidas en toda el área. "Estamos decididos a defender lo que estamos recuperando, de aquí nos sacarán muertos", advirtió.Además, señaló que no están solos y que les acompañan tanto la Conaie como su regional en la Amazonía, la Confeniae.
'Hay invasión de gente extraña y con intereses particulares'
Catalina Feijoo Marín, gerenta general de Merendon Ecuador S.A. (ME), aclaró que la compañía es propietaria de 627 hectáreas de una propiedad privada, específicamente de la hacienda Ila, que está cerca de varias comunidades del cantón Arosemena (sur de Napo), entre ellas, la comunidad tzawata.
Aseguró que la compañía no tiene ningún problema con las comunidades aledañas. Según dice, lo que hay es una invasión por parte de gente que es "de afuera y tiene intereses particulares".
Feijoo indicó que la hacienda Ila fue adquirida porque la empresa tenía una concesión minera, dentro de un área total de 24 mil hectáreas, dividida en seis concesiones.
La ejecutiva relató que primero se hizo un trabajo de exploración, antes de que se paralicen las actividades mineras, pero no se obtuvo buenos resultados, lo que obligó a revertir la concesión al Estado. No obstante, indicó que la hacienda les pertenece; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que a futuro la empresa podría ejecutar algún trabajo con las propias comunidades.
Federico Díaz, funcionario de ME, añadió que "la gente que ha invadido la hacienda" sostiene que la nueva Constitución contempla que todas las tierras de sus ancestros volverán a ellos. "No obstante, es una hacienda que compramos y eso legalmente está registrado.
No hemos expropiado a nadie", aseguró.Feijoo manifestó que ME ha invertido mucho dinero para plantar árboles en esta zona y afirmó que "los invasores se han dedicado a la tala para vender la madera". También, dijo que hay personas que han impedido el ingreso a la zona de la hacienda e incluso se han organizado para impedir el paso de empleados que trabajan en la compañía, quienes han sufrido ataques físicos.
Estas opiniones se hicieron en torno a ciertos comentarios vertidos desde organizaciones indígenas. El 20 de julio pasado, la Conaie señaló que la comunidad tzawata exige sus tierras ancestrales, las cuales "fueron robadas hace más de 100 años por el régimen hacendatario".
En un comunicado, relató que Carlos Sevilla desplazó a los indígenas de su territorio "a cambio de una bolsa de sal, machetes, un par de botas o haciéndoles compadres". Así, señaló la nota, "se consolidó la hacienda San Carlos en territorio de la comunidad tzawata, la cual luego fue vendida por sus herederos, hasta llegar a manos de ME".
La Confenaie, filial amazónica de la Conaie, aseguró que la compañía, tras realizar por tres años explotación de oro a cielo abierto, "pretende vender estas tierras contaminadas a sus verdaderos dueños". "Merendon del Ecuador S.A. se ha valido del gobernador y del intendente de Policía de Napo para desalojar a la comunidad por dos ocasiones", indica el informe.
Delegados de esas organizaciones, reunidos en asamblea en la hacienda Ila, cuestionaron hace pocas semanas un primer desalojo y otro intento de desalojo posterior.