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Comunicadores Charrúas

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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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29 septiembre 2010 3 29 /09 /septiembre /2010 02:13

http://www.servindi.org/img//2010/09/Imagen1df-300x224.pngEl Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya,  pidió la modificación de ley antiterrorista en Chile.

“Quisiera instar al Gobierno a desarrollar el máximo esfuerzo para iniciar un diálogo de buena fe con los representantes de los presos mapuche, como paso fundamental para la búsqueda de soluciones constructivas, orientadas a responder a las preocupaciones y solicitudes de la huelga” expresó Anaya.

Anaya mostró su preocupación por la situación de los 34 presos políticos mapuche que se encuentran recluidos en diversos centros de la región del Bío Bío y de la Araucanía, en Chile, y que suman con hoy 79 días en huelga de hambre.

De igual forma, criticó la aplicación de una ley antiterrorista en este contexto para lo cual formuló varias observaciones y recomendaciones específicas al respecto.

Reforma a la Ley Antiterrorista

El estado chileno debe reformar la ley antiterrorista, adoptando definiciones precisas sobre la tipificación de delitos de terrorismo que se ajustan a las normas internacionales, así como asegurar que las reformas de estas leyes concuerden a los estándares internacionales sobre derechos humanos.

Consideró importante que se faciliten espacios de participación y consulta a representantes mapuche en los procesos de reforma de estas leyes, las cuales han tenido un efecto directo sobre sus miembros.

Anaya dijo que cualquier procesamiento penal de personas mapuche por hechos delictivos en este contexto debería ser a través de la justicia penal ordinaria, con todas las garantías aplicables del debido proceso.

Asimismo, instó a las personas mapuche en huelga de hambre, así como a los demás líderes, a que también realicen esfuerzos de buena fe para dialogar constructivamente con el Gobierno a fin de encontrar soluciones a sus demandas.

El relator especial indicó que se suman al pedido varios organismos de tratados de las Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

El relator especial manifestó que el Gobierno le informó sobre el establecimiento de una mesa de diálogo paralela, integrada por el Gobierno, representantes del pueblo mapuche, iglesias católica y evangélicas y organizaciones civiles para tratar programas de desarrollo regional.

“Quisiera señalar al Gobierno chileno que es esencial asegurar que todo proceso de diálogo se realice en un marco de confianza y buena fe, y de acuerdo  a las normas de consulta y participación que impone el Convenio 169 de la OIT en vigor en Chile.

Las principales demandas de los mapuche son:

- Eliminar la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran,

- Terminar el procesamiento de algunos de los presos mapuche por la justicia militar;

- Desmilitarizar las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos y territoriales;

- y restituir las tierras ancestrales mapuche.

* La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo—con un año de vigencia en Chile- ofrecen los estándares y puntos de referencia aplicables para los procesos de diálogo y la búsqueda de soluciones a la situación actual y garantizan el respeto de derechos de los pueblos indígenas de Chile.

* “La aplicación de la ley antiterrorista en este contexto conlleva una serie de problemas procesales y de fondo que solamente puedan agravar la situación, y que la calificación de los delitos imputados como actos de terrorismo podría ser inconducente e inapropiada dentro de la normativa internacional pertinente” (James Anaya, relator de la ONU).

Bernardino García, cuenta ABITAB Nº 17508Colabora, mas información: Aquí

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29 septiembre 2010 3 29 /09 /septiembre /2010 02:08

La lengua Tule pertenece a la familia lingüística Chibcha

http://www.archivogeneral.gov.co/recursos_user/imagenes//AGN_INFORMA/Collage_Tule.JPGEl pueblo indígena Tule de Colombia se encuentra en peligro de desaparecer debido al accionar de criminales y grupos armados ilegales que en la última década han exterminado a varios de sus miembros en búsqueda de riquezas en madera, minerales y otros recursos naturales.

Alrededor de mil 200 de ellos viven en los departamentos del Chocó y Antioquia en el noroeste de Colombia.

Unos 500 viven en el municipio de Ungía, una zona de importancia estratégica en la frontera con Panamá.

La vida tranquila de los Tule fue interrumpida por los grupos armados en el año 2000, cuando entraron en su territorio aislado de unas dos mil 350 hectáreas en la selva y ocasionaron una serie de asesinatos, abusos sexuales, intimidaciones y acosos.

La violencia contra este grupo se ha reiniciado debido a que los grupos armados rivales se enfrentan desde enero en el área de Unguía, dejando a los Tule con temor por el futuro, en particular a las mujeres y niños.

Alrededor de la mitad de la comunidad huyó de su territorio temporalmente. Muchos miembros de este pueblo buscaron refugio en Panamá o en otros lugares en el Chocó. Pero algunos se quedaron por temor a que su pueblo no sobreviviese sin sus tierras ancestrales.

“Los Tule son un pueblo antiguo y tienen el valor de proteger el ambiente. Por esta razón, Pab Dummat (el Gran Padre) nos dio este lugar para mantener y defender nuestras tradiciones”, dijo Pastor, el líder de la comunidad y jefe espiritual.

Pastor ha trabajado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la elaboración de una estrategia para prevenir el desplazamiento, o al menos asegurarse de que los Tule no tengan que salir de su territorio de forma permanente.

Dicha estrategia incluye el acceso a la educación, seguridad y protección de los derechos a la tierra de los Tule.

El ACNUR está apoyando el desarrollo de la estrategia y ha impartido cursos de derechos humanos para funcionarios encargados de ayudar a los pueblos indígenas. Pero, por ahora, a Pastor y a los Tule les preocupa la reaparición de la violencia en su tierra.

Temen por el reclutamiento forzado de sus jóvenes, por parte de los grupos armados ilegales, y les preocupa la pérdida de su territorio ya que afectaría su capacidad para cultivar y cazar.

“Nuestra dieta ha cambiado por completo. Ya no comemos ni carne fresca ni pescado. Si comemos plátano una vez al día, ya con eso es suficiente”, dijo una mujer.

Tampoco pueden acceder a las zonas donde se encuentran las plantas medicinales utilizadas tradicionalmente para tratar enfermedades graves como la fiebre amarilla y la malaria. Pastor resume su difícil situación.

“Antes la selva era nuestra, ahora nos da miedo adentrarnos mucho. Hace unos años no sabíamos el significado de lo que era un conflicto armado y ahora estamos en medio de uno. Sentimos que estamos en una prisión al aire libre”, dijo.

Otros pueblos en peligro

Además de los Tule existen 33 pueblos indígenas más que están en riesgo de desaparecer, como los Awá y los Embera en el Chocó, los Eperara-Siapidara en la Costa Pacífica del departamento de Nariño, y los Jiw y Nukak en las cuencas de los ríos Guaviare y Guayabero.

La violencia ha provocado el desplazamiento de los miembros del pueblo Sicuani en la cuenca del Orinoco y los Wounaan en el Chocó.

Aparte de la violencia y las invasiones en sus tierras, los indígenas también se ven amenazados por enfermedades traídas desde el exterior y la contaminación de las fuentes de agua y los alimentos como resultado de la fumigación de los cultivos de coca.

“Hay varias áreas en donde es necesario avanzar para mejorar las condiciones de vida de los indígenas en Colombia”, señaló Terry Morel, representante de ACNUR en el país. “La primera es proteger su existencia”. Fuente: ACNUR

Bernardino García, cuenta ABITAB Nº 17508Colabora, mas información: Aquí

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29 septiembre 2010 3 29 /09 /septiembre /2010 01:14

A propósito de los Informes Shahinian. Por Bartolomé Clavero*

http://www.servindi.org/img//2007/05/Clavero_Bartolome2.jpgEl derecho internacional de los derechos humanos no ha sido muy diligente en la lucha contra formas de servidumbre equivalentes a la esclavitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe ésta desde luego, pero, pero por presión de las potencias entonces abiertamente coloniales, como Gran Bretaña, Francia y Bélgica, evitó la condena del trabajo forzoso en formas no abiertamente esclavistas. Desde temprano hay instrumentos internacionales abolitorios de la esclavitud y de “las instituciones y prácticas análogas”, pero no acaban de cubrir todos los supuestos dados. El asunto ha quedado más bien en manos de la Organización Internacional del Trabajo y de sus instrumentos contra el trabajo forzoso, lo que ha limitado la perspectiva a un escenario donde el principal objetivo es el de la liberación del trabajo individual con la perspectiva de que pase a depender del mercado bajo amparo sindical además del estatal. En esta posición se sitúa la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian.

Para el desempeño de su cometido, la Relatora Shahinian adopta como concepto de partida para la esclavitud en el sentido más amplio, comprendiendo formas análogas de servidumbre, el de la condición de “una persona” que por encontrarse “sometida a la violencia o a la amenaza de la violencia se ve obligada a renunciar a su capacidad de vender libremente su propia fuerza de trabajo”. ¿Pueden así identificarse las condiciones y concebirse los medios para superar las formas concretas de servidumbre que todavía no es raro que aquejen característicamente a personas, comunidades y pueblos indígenas? Pensemos por ejemplo en comunidades que se encuentran dentro de haciendas porque el Estado ha reconocido como propiedad el despojo de sus territorios o porque no hay Estado que restablezca el derecho, y cuyos miembros, los de tales comunidades indígenas, hombres y mujeres, niñas y niños, se ven obligados a trabajar en labores y prestaciones ya agrarias, ya artesanales, ya también domésticas, inclusive las sexuales, mal retribuidas todas ellas o ni siquiera remuneradas más allá de la precaria habitación y la magra manutención. ¿Para qué puede servir en el caso aquel concepto de servidumbre que, como forma de abolición, mira a la puesta en libertad de la persona en el mercado para que se vea obligada a ejercerla enajenando su capacidad de trabajo?

Es la situación testimoniada por la Misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en su visita al Chaco paraguayo y boliviano entre abril y mayo de 2009, misión en la que participaron otros organismos de Naciones Unidas como principalmente, con experiencia sobre la terreno, la Organización Internacional del Trabajo. Quienes participamos del Foro Permanente hubimos de mantener un pulso para que el reto de superar el estado de servidumbre de enteras comunidades en sus propias tierras no se redujera al de liberación de una fuerza de trabajo respecto al vínculo servil, sino que se amplificara a sus verdaderas dimensiones de derecho a la recuperación del territorio y reconstitución del pueblo, del pueblo indígena que en el caso es el guaraní. Sólo esto puede emancipar por completo de la servidumbre. Otra cosa sería avalar definitivamente el despojo y la dependencia. La perspectiva digamos que clásicamente oiteña o laboralista es a este otro resultado al que conduce. ¿Qué emancipación representa para las gentes indígenas sujetas a servidumbre en sus propios territorios su lanzamiento al mundo del trabajo por cuenta ajena? Pues tal es la perspectiva que se les ofrece por la concepción susodicha de la servidumbre a ser abolida. El concepto determina la política.

Como está dicho, es la perspectiva resueltamente adoptada por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. Por su efecto resulta que no sólo se descuidan cuestiones esenciales para la abolición definitiva de la servidumbre, sino que incluso se limita el campo de visión, eliminándose supuestos tan importantes y perentorios como el referido de comunidades cautivas. La Relatora Shahinian identifica en cambio como supuestos principales a tomar en cuenta el trabajo forzoso, el trabajo infantil y el trabajo doméstico, los tres bajo la perspectiva de un mundo de Estado, mercado e individuo, sin comunidades ni pueblos cuya existencia y cuya posición fueran relevantes para dicha misma problemática de vinculación al trabajo, explotación de la niñez y domesticación de la servidumbre. Ocupándose en concreto del trabajo infantil, la Relatora Especial ha rendido una de sus primeras visitas oficiales al Ecuador sin revisar ninguno de sus planteamientos ante evidencias de que el caso indígena encaja mal en una visión que prescinde de comunidades y pueblos. El Comité de los Derechos del Niño ha publicado unas Observaciones Generales tomando en cuenta la incidencia a su proposito de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero, tratando de trabajo infantil, la Relatora Shahinian no presta atención ni al Comité ni a la Declaración.

La misma Organización Internacional del Trabajo en la región, quiero decir en América Latina, viene últimamente cuestionándose su propio acercamiento al trabajo infantil por referirse tan sólo a obligaciones del Estado y no, en su caso, a derechos de las comunidades y de los pueblos, los cuales no deben desde luego ignorarse cuando está queriendo definirse políticas respecto a infancia y adolescencia indígenas. La Relatora Shahinian los ignora cuando trata del trabajo infantil tanto en general como en el Ecuador. Ocurre entonces que se hacen proposiciones distorsionadoras y poco operativas para la liberación de niños, niñas y adolescentes de la lacra de una servidumbre que no solamente se manifiesta a través del trabajo forzoso y ocurre igualmente que de paso se vulneran derechos indígenas reconocidos por las propias Naciones Unidas. No ha de decirse, pues ya se habrá entendido, que la Relatora tampoco presta en sus informas atención alguna a la servidumbre colectica de comunidades indígenas que es caldo de cultivo del trabajo infantil y del trabajo doméstico redomadamente serviles. No ha de repetirse que tan grave situación ni siquiera entra en su campo de visión. La Relatora no cuenta con el instrumental ni con la experiencia para abordarlo de forma que no reduzca la superación del caso a un imperativo de emancipación individual sin el requisito de la reparación de la comunidad y la reconstitución del pueblo en su territorio propio debidamente recuperado.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos que está celebrándose durante esta segunda mitad de septiembre, la Relatora Shahinian presenta un Informe sobre el trabajo doméstico servil en el que formula una pregunta de lo más pertinente: “El marco internacional, ¿sigue desatendiendo la esfera ‘privada’?, con una entrada de lo más acertada: “La normativa internacional de derechos humanos proscribe claramente todas las formas de servidumbre doméstica y esclavitud doméstica. Sin embargo, los instrumentos internacionales disponibles no abordan las particularidades de la servidumbre doméstica, lo cual socava la aplicación de esta prohibición general”; mas el caso es que inmediatamente se recluye en el “derecho laboral internacional” en términos prácticos de relaciones individuales de trabajo. Si hay trabajo doméstico servil de alcance colectivo en la esfera privada de la gran o no tan grande propiedad más allá del círculo estrictamente familiar, si existe esta situación más difícil de abordar porque requiere no sólo liberación de personas, sino también emancipación y reparación o dotación de comunidades, este Informe ni siquiera identifica el supuesto de hecho. Repasa las aportaciones al respecto de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, pero ignora la del Foro Permanente o cualquier otra sobre servidumbre colectiva. En ningún momento se muestra consciente de la limitación de su planteamiento aunque achaca el defecto, con razón, a la generalidad del sistema: “La labor de los expertos y a nivel internacional no ha propiciado más que un reconocimiento limitado de los problemas” relativos al trabajo doméstico servil.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay (Alto Comisionado si nos referimos al oficio; en todo caso, ACNUDH), ha presentado en esta misma última sesión del Consejo de Derechos Humanos un Informe sobre las actividades referentes a los derechos de los pueblos indígenas y otro sobre lo propio respecto a los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas o nacionales, religiosas y lingüísticas. Resulta llamativo que la referencia al último Informe de la Relatora Shahinian sobre trabajo servil, con constancia de lo que afecta a indígenas, se contenga en el segundo y no en el primero, por lo cual se pierde toda posibilidad de señalar que, para el caso indígena, debe obligadamente atenderse la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Sigue permitiéndose la reducción de los pueblos indígenas a minorías étnicas sin derechos de la colectividad? Por lo demás, los Informes Pillay no acusan limitación alguna relevante en los Informes Shahinian, ni en términos generales ni respecto a indígenas. Y eso que ponen justamente insistencia en la necesidad de interacción entre organismos y procedimientos de derechos humanos. Si la ACNUDH rinde informes, habría de ser para recapacitar sobre la labor de todos ellos en términos más exigentes o menos complacientes de lo que lo hace.

Extremadamente complaciente y nada exigente es la conclusión del Informe Pillay sobre derechos de los pueblos indígenas: “El ACNUDH y otros mecanismos de derechos humanos han llevado a cabo una amplia gama de actividades para ayudar a los Estados miembros, los pueblos indígenas y otras partes interesadas a integrar los principios de la Declaración en las leyes, las políticas y las prácticas”. No es lo que resulta en absoluto ni siquiera a la luz de la misma documentación presentada ante el Consejo de Derechos Humanos, ya no digamos sobre el terreno. No lo es ni siquiera para la cuestión más sensible y perentoria de la servidumbre característicamente indígena, pues es fenómeno que se sigue invisibilizando.

Al contrario que el Foro Permanente para las cuestiones indígenas, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre derechos de los pueblos indígenas pertenecen al ámbio del ACNUDH. Tal vez debieran ser los primeros en despejar confusiones y vigilar planteamientos respecto a derechos indígenas entre las numerosas instancias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La coherencia y la exigencia no debieran darse por supuestas en casa.

*Bartolomé Clavero es Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: Web de Bartolomé Clavero

Bernardino García, cuenta ABITAB Nº 17508Colabora, mas información: Aquí

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29 septiembre 2010 3 29 /09 /septiembre /2010 00:29

Los huelguistas exigen que los tres poderes del Estado garanticen la no aplicación de la ley antiterrorista, algo a lo que el Gobierno aseguró que no se puede comprometer.

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/i_10032.jpgLos 35 presos políticos mapuches en huelga de hambre, algunos desde hace 78 días, mantendrán la medida luego que la tercera y, por ahora, última ronda de negociaciones con el gobierno, culminó este lunes sin acuerdos.

Los huelguistas exigen que los tres poderes del Estado garanticen la no aplicación de la ley antiterrorista, algo a lo que el gobierno aseguró que no se puede comprometer.

Seguimiento:

"Lamentablemente no hemos llegado a ningún acuerdo debido a que el gobierno dice que no puede hacer más y en ese sentido, no está solucionando el problema concreto", dijo Natividad Llanquileo, una de las voceras de los comuneros, tras la cita que se extendió por más de tres horas.

Llanquileo llamó a sumarse a la mesa de negociación "a los otros poderes del Estado -Legislativo y Judicial-, y a quienes puedan poner de su parte, para acabar con este conflicto".

En la misma línea, el vocero Rodrigo Curipán instó "al resto de los poderes del Estado a que se sumen a esta mesa, para que podamos encontrar una solución a esta huelga de hambre".

El subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, aseguró que el gobierno no puede garantizar que los tres poderes del Estado no aplicarán la ley antiterrorista.

"En mi posición, yo no puedo comprometerme a eso", afirmó el funcionario del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Añadió que el Poder Ejecutivo "contestó clara y fehacientemente que por su parte desistía de las querellas por aplicación de la ley antiterrorista y que eso lo podía hacer en los tribunales donde se llevan los juicios correspondientes, dentro de los próximos cinco días".

Por su parte, la vocera de gobierno, Ena von Baer, afirmó que el Ejecutivo "ha hecho todos los esfuerzos humanamente posibles" para solucionar el conflicto y acusó a los comuneros de "intransigencia" y de estar "por sobre la ley".

"Las peticiones que ellos están haciendo los sitúan por sobre la ley. El gobierno ha hecho avances concretos enviando proyectos de ley al Congreso y mostrando constantemente apertura al diálogo", dijo.

En tanto, el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, precisó que "no hay fecha establecida, pero hay voluntad de seguir dialogando", aunque no confirmó si permanecerá en su rol de facilitador entre el gobierno y los huelguistas.

El conflicto con los mapuches es de larga data. Ellos son la mayor etnia chilena y dieron una fiera lucha a los conquistadores españoles hasta que a fines del XIX fueron sometidos y se les arrebataron por la fuerza sus tierras.

Desde entonces, se mantienen confinados en una reducida zona del sur chileno, con niveles de pobreza que doblan al del resto de la población y la exigencia constante de recuperar las tierras que pertenecieron a sus antepasados y que hoy están en manos privadas.

Prensa Web La Radio del Sur / Agencias

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23 septiembre 2010 4 23 /09 /septiembre /2010 01:23
Karol Assunção * Adital 
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2008/5/30/1212137555360tribus-detdn.jpg"De las 78 Tierras Indígenas (TIs) de la lista de la Fundación Nacional del Indio (Funai), al menos 30 están ubicadas en municipios con más de 10 mil hectáreas de soja". El alerta dado por el Centro de Monitoreo de Agrocombustibles de la ONG Reporter Brasil se refiere al estado de Mato Grosso, ubicado en la región Centro-Oeste brasilera. Y es precisamente la relación de la sojicultura con las tierras indígenas el punto central del informe "Impactos de la soja sobre Tierras Indígenas en el estado del Mato Grosso", difundido esta semana por el Centro.

Producido en cooperación con la institución holandesa Netherlands Centre of Indigenous Peoples, el informe tiene el objetivo de revelar los impactos producidos por la soja cultivada en Brasil. De acuerdo con Verena Glas, integrante de la coordinación del estudio, la expectativa es que el informe tenga gran repercusión en Holanda, segundo mayor importador de soja producida en Brasil. "Esperamos que [el estudio] llegue hasta el gobierno holandés y tenga una mayor discusión", afirma.

 

Para ella, es necesario llamar la atención del mercado internacional sobre las violaciones y los impactos relacionados con la soja producida en Brasil. De la misma manera, cree que es importante estrechar más los criterios utilizados para la sustentabilidad. "En nuestra visión, no existe sustentabilidad en la transgenia, en el uso de agrotóxicos... llevar el monocultivo blanco a los indígenas puede ser una forma de ingresos, pero no es desarrollo sustentable", comenta.

 

No fue al azar que Mato Grosso fue elegido para esta investigación. De acuerdo con el estudio, éste es uno de los estados brasileros con mayor número de etnias indígenas. Además, es allá donde la agropecuaria y la agroindustria está en un proceso de gran expansión, con destaque en la producción de soja.

"Actualmente el cultivo de mayor destaque en Mato Grosso, la soja, creció en producción un 8% al año en promedio, saltando de 8,8, millones de toneladas a comienzos de la década hasta 18,2 millones de toneladas en 2010, según la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT)", se presenta en el estudio.

Ni siquiera los indígenas consiguieron escapar al avance de la soja en el estado. Los indígenas akwe-Xavanté, de la TI Maraiwatsede, por ejemplo, sufren por la invasión de sus territorios. El informe revela que la Tierra, "homologada por el gobierno federal en 1998 con 165 mil hectáreas, permanece con el 90% de su territorio ocupado ilegalmente por hacendados y propietarios no indígenas, mayoritariamente criadores de ganado y productores de soja y arroz".

La producción de soja en esas tierras también tiene relación con la deforestación en la región. Basado en los señalamientos del Informe 2010 del Programa de Monitoreo de Áreas Especiales del Sistema de Protección de la Amazonia, el estudio del Centro de Monitoreo de Agrocombustibles recuerda que el 45% de la vegetación original de la Tierra Maraiwatsede ya fue devastada.

Los impactos generados por el cultivo del grano, entretanto, no se resume sólo a la deforestación del lugar. Las quemazones y la utilización de venenos en los cultivos de soja también causan daños al medio ambiente y a la salud de los indígenas. Según relatos presentados en el estudio, no son raros los casos de Xavantés con dolores de cabeza o con problemas respiratorios.

Sin embargo, mientras algunas etnias sufren por la invasión de sus territorios, otras hacen acuerdos con los productores locales, blancos de críticas del Ministerio Público Federal y hasta inclusive de algunos miembros de las comunidades indígenas. Según la investigación, tales acuerdos -realizados entre tres pueblos indígenas del sudeste del estado y hacendados de la región- establecen que los indígenas garantizan tierras y mano de obra, y los empresarios, insumos, financiamientos y máquinas. El lucro de la comercialización del grano es compartido a la mitad entre las partes.

Como iniciativa positiva para la región, el informe cita la campaña "Y Ikatu Xingú", o sea, "Salve el agua buena del Xingú". Creada en 2004, la acción congrega a indígenas, organizaciones no gubernamentales, empresas, poder público e instituciones extranjeras en busca de un objetivo común: "recuperar y proteger las nacientes y cabeceras del río". Para conseguir la adhesión de varios sectores, la campaña resaltó la importancia del agua no sólo para los indígenas, sino también para productores y habitantes no-indígenas de la región.

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23 septiembre 2010 4 23 /09 /septiembre /2010 01:03

Territorio Surui en la Web

http://www.originarios.org.ar/civitas/modulos/noticias/img_completa/imgnoticia_5548.jpegEn Brasil, los indios de diferentes lenguas y etnias fueron estimulados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a usar internet. Aunque la situación sea bastante precaria....

La idea comúnmente apoyada en el imaginario colectivo brasileño, de que el indígena brasileño ya no es más considerado indígena tan pronto como acepta las costumbres y tecnologías heredadas de Occidente, es rebatida por una realidad en la que las aldeas indígenas están usando herramientas de informática y tecnología con más frecuencia precisamente para defender de manera más eficiente sus estilos de vida y cultura indígena.

En el blog  Taqui Pra Ti [pt], un artículo del Profesor José Bessa Freire, coordinador del Programa de estudios indígenas (Universidad de Río de Janeiro) [pt] e investigador del Programa de Graduados en Memoria Social (UNIRIO) [pt] discute la apropiación de los indígenas de los medios de comunicación ciudadanos disponibles en la red y el uso de contenido multimedia para promocionar la socialización, reclamar derechos y afirmar la identidad indígena en el ciberespacio:

"En Brasil, los indios de diferentes lenguas y etnias fueron estimulados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a usar internet. Aunque la situación sea bastante precaria, un número de 2.698 escuelas indígenas existentes en las aldeas, frecuentadas por más de doscientos mil alumnos, fueron equipadas con computadoras. Y en donde ello no fue posible, las computadoras de los puestos de salud de Funasa fueron puestas a disposición dentro de los Centros de Cultura como parte del Programa Gobierno Electrónico – Servicio de Atención al Ciudadano [pt]."

Con un mayor acceso a internet, los primeros sitios de internet indígenas comenzaron a aparecer en 2001. Según Eliete Pereira, del Centro de Investigación Atopos de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad de San Pablo [pt], la presencia indígena en internet es todavía algo errática [pt]. En un mapa que ella preparó sobre la participación indígena en internet [pt], Eliete encontró tres tipos de sitios: sitios personales, sitios correpondientes a etnias particulares y sitios de organizaciones indígenas.

Los poseedores de sitios personales usaron internet de manera innovadora para mostrar la producción indígena individual. En esta categoría, por ejemplo, encontramos los sitios de los escritores Daniel Munduruku [pt] y Eliane Potiguara [pt], en los cuales los autores presentan sus libros e interactúan con sus lectores. También encontramos los blogs de distinguidos líderes indígenas como Ailton Krenak [pt].

Los sitios pertenecientes a grupos étnicos específicos han sido diseñados para brindar visibilidad nacional e internacional a etnias indígenas particulares a través de la diseminación del arte, la artesanía manual indígena, patrones de diseño, narrativas, y lenguas de diferentes grupos étnicos. Éste es el caso de los Baniwa [pt], los Ashaninka [pt] y muchos otros que, después de participar en la discusión sobre el acceso a la tecnología de la información y a internet por parte de los indígenas en 2005 en Río de Janeiro, y de seguir la inauguración del portal Red de Pueblos de la Selva [pt], comenzaron a usar estas herramientas digitales como parte de proyectos educativos basados en la interculturalidad y auspiciados por el Ministerio de Educación (MEC) [pt] y ONGs como El Instituto socio-ambiental [pt].

Finalmente, los sitios creados por diferentes organizaciones indígenas están presentes en la web a través de instituciones que representan los diferentes grupos étnicos, que abarcan colectividades locales, regionales o nacionales, y que están asociadas con la lucha por derechos a la tierra, educación bilingüe y salud para la población indígena. Estos sitios son herramientas para reclamar derechos y buscar la acción política. Los ejemplos incluyen La Coordinación de Organizaciones Indígenas del Amazonas Brasileño (COIAB) [pt], los Indígenas Brasileños en la Red [pt] y la Federación de Organizaciones Indígenas de la Regíon del Río Negro (FOIRN) [pt].

Los Suruí, la tecnología de la información y la selva Amazónica

Un caso muy exitoso de acción política que focaliza en el uso de las tecnologías digitales es la iniciativa perseguida por Almir Narayamoga Suruí [ing], jefe de la tribu Gamebey de los Indígenas Suruí de Brasil [ing] quienes viven en la aldea indígena de Sete de Setembro [Siete de Septiembre] en el estado de Rondônia, Brasil. La selva ya ha tenido un rol importante en las vidas de los Suruí, tanto desde un punto de vista cultural como desde uno económico, que es la razón por la cual la tribu de Almir está dedicada a reforestar y combatir la deforestación en tierras ancestrales a través del uso de herramientas como Google Earth y GPS.

En esta primera consulta en 2007, Almir intentó encontrar su aldea en la imagen satelital de Google Earth. Inmediatamente notó cuánto del territorio de su pueblo estaba siendo amenazado por la deforestación desenfrenada de la selva circundante. Pero, al mismo tiempo que se fue preocupando sobre lo que había encontrado, también notó que la solución estaba justo frente a sus ojos; internet podría darle a los Suruí la visibilidad y fuerza cultural necesaria para proteger la selva.

Una asociación entre Google Outreach - el brazo social de Google, y la asociación indígena Metareil'a fue firmada poco tiempo después durante 2008. El primer resultado tangible de esta sociedad, el llamado mapa cultural, fue puesto a disposición a los navegantes de internet (usando Google Earth), incluidos los Suruí que navegan internet. Con la asistencia técnica de ACT-Brasil [pt], el mapa fue preparado basándose en información recolectada en conjunto con los ancianos y hombres sabios que estaban familiarizados con la historia y las características del territorio de la tribu.

Para Almir, la relación entre los Suruí e internet, esta “herramienta del hombre blanco” es un intento innovador de asegurar que el “contacto” refuerce, no que corrompa, el estilo de vida indígena. En el caso de los Suruí, su primer contacto [pt] con la cultura y sociedad brasileña de influencia europea sucedió en septiembre de 1969:

[Hace] apenas 40 años los primeros hombres blancos penetraron en nuestra selva. Llenos de esperanza, recibimos a estos visitantes con la intención de establecer relaciones de paz con el mundo externo. Pero, nuestra esperanza para el futuro fue defraudada con inmensa tragedia. Apenas dos años después del primer contacto, la población Suruí disminuyó de 5.000 personas a 290. Además que mucha gente nuestra murió debido a dolencias nuevas para nosotros, nuestra cultura fue amenazada de extinción a causa de la muerte de nuestros ancianos. A los 17 años, asumí el papel de jefe. Hoy, busco apoyo del mundo externo, con renovada esperanza.

[e]ste suceso aunque es frágil y está amenazado, necesita consolidarse, pero al menos la deforestación no avanza más en las tierras Suruí. Desafortunadamente, varias áreas fueron profundamente afectadas por la falta de selva. Entretanto, los Suruí consiguieron liberarse de la dependencia de los madereros, volver a sus actividades tradicionales y desarrollar otras nuevas, tales como: la piscicultura, el cultivo de café y la creación de artesanías manuales indígenas.

Mapa cultural Suruí

Una segunda iniciativa ha sido el entrenamiento tecnológico para alrededor de 20 indígenas brasileños en las oficinas generales de la asociación en Cacoal. Un tercer paso perseguirá la etapa más ambiciosa de la “asociación” usando los recursos de internet: combatir la deforestación de la Reserva Sete de Setembro en tiempo real. Para lograr esto, a los Suruí se les darán teléfonos inteligentes que están equipados con el sistema Android de Google, los cuales le permitirán captar los casos de deforestación en tiempo real, publicar imágenes en internet y enviarlas al mundo y a las autoridades correspondientes.

El argumento de que la identidad indígena está perdida debido a la adopción de tecnologías digitales entonces queda sin fundamento. De hecho, los Suruí tienen intención de reforzar su derecho a preservar, en la mayor medida posible, su relación con el planeta y la cultura heredada de sus ancestros.


Fuente: http://es.globalvoicesonline.org

 

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23 septiembre 2010 4 23 /09 /septiembre /2010 00:55

La actividad, organizada por la Dirección de Promoción Cultural en articulación con la Dirección de Cultura Indígena del Instituto de Cultura, se dictará los jueves, de 17 a 19, en la sede ubicada en la intersección de las avenidas Chaco y Edison.

Promotores culturales Idioma Pueblo Qom

http://www.originarios.org.ar/civitas/modulos/noticias/img_completa/imgnoticia_5549.jpegCon 35 participantes, comenzó, ayer jueves por la tarde, el Taller de lengua Qom en el Centro Cultural Ítalo Argentino. La actividad, organizada por la Dirección de Promoción Cultural en articulación con la Dirección de Cultura Indígena del Instituto de Cultura, se dictará los jueves, de 17 a 19, en la sede ubicada en la intersección de las avenidas Chaco y Edison.

La apertura contó con la presencia del director de Promoción Cultural, Abel Ortigoza; el director de Cultura Indígena, Claudio Largo; el presidente de la Fundación Chaco Artesanal, Lecko Zamora; y la directora de la biblioteca pública Nº 394 (que funciona en la sede del Centro Cultural), Rosa Bobis. En la ocasión, Claudio Largo destacó que además de conocimientos lingüísticos, los participantes del taller “van a aprender una cultura distinta”.

Por su parte, Ortigoza reconoció que el espacio tallerístico viene a dar respuesta a una carencia del equipo de promotores culturales que dirige, quienes necesitan conocer los idiomas de los pueblos originarios para insertarse en el territorio.

“Este taller es un paso más en la concreción del eslogan ‘cultura para todos’. Servirá para dotar a la gente de herramientas para comunicarse con el pueblo indígena y es un avance para vencer el desconocimiento de uno y otro lado. La meta a lograr es la buena convivencia, en el respeto de los espacios culturales de cada pueblo”, expresó Zamora.

Asimismo, el docente señaló que “cuando nos entendemos podemos desarrollar una mejor sociedad. Esta iniciativa se orienta a cultivar la comprensión”. Finalmente, el presidente de la Fundación Chaco Artesanal destacó la oficialización de las lenguas Qom, Wichi y Moqoit y se refirió acerca de lo que significa la enseñanza de los idiomas aborígenes. “Dar mi palabra al otro es compartir parte de mi espíritu. Nos acercamos para compartir una parte de nuestro ser para una mejor convivencia”, definió.

SOBRE LA ACTIVIDAD

El taller es libre, con un costo mensual de $5, para solventar los materiales de estudio. Se extenderá hasta fin de año, dando por concluido este primer nivel el 9 de diciembre. En total se cumplirán 20 horas cátedra y para recibir a su término la certificación del Instituto de Cultura se precisa cumplir con un 75% de asistencia. El encargado de dictar el taller será David García, experimentado docente bilingüe y traductor de la obra Napalpí, la voz de la Sangre, de Juan Chico y Mario Fernández.

La inscripción puede realizarse en el Centro Cultural Ítalo Argentino, por la mañana, de 8 a 13 y, por la tarde, de 17 a 21; o bien comunicarse al teléfono 478476. También se realizan inscripciones en la Dirección de Cultura Indígena, ubicada en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272).
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23 septiembre 2010 4 23 /09 /septiembre /2010 00:41

La doctora en derecho penal Myrna Villegas, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, y el abogado Adolfo Montiel, defensor de comuneros mapuches, criticaron algunos aspectos de la reforma a la Ley Antiterrorista presentada por el Gobierno al Congreso Nacional.

http://www.mapuexpress.net/images/news/22_9_2010_22_39_41.jpg

fuente: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=39679

 

 

Especialistas en derecho penal y en derechos humanos, además de la defensa de los comuneros mapuches en huelga de hambre, manifestaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados su punto de vista crítico sobre la propuesta de reformas a la Ley Antiterrorista que presentó el Gobierno.

 

La doctora en derecho penal Myrna Villegas opinó que el proyecto del Ejecutivo tiene aspectos positivos como la eliminación de la presunción de la finalidad terrorista, pero hizo algunas prevenciones.

 

“Se dice en el texto vigente que se presume la finalidad terrorista por el hecho de emplearse medios catastróficos y el punto es que hoy día al eliminarse toda referencia a los medios, los métodos a través de los cuales se pueda considerar un acto como terrorista podrían ser cualquiera. O sea, una honda, una piedra, un cuchillo, hoy día cualquier método es terrorista. En ese sentido no hay una adecuación a estándares internacionales de terrorismo y mucho menos a estándares internacionales de derechos humanos. Aquí se han tomado los convenios internacionales pero sólo en sus partes más gravosas, básicamente para introducir medidas que afectan ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada”, señaló la jurista.

 

Hizo hincapié que en este momento lo que se está haciendo no es reformar globalmente la normativa antiterrorista sino sólo una llamada “ley corta”, que oscila en torno a un punto polémico como es el concepto de terrorismo. “Es difícil que se pueda legislar acabadamente sobre un punto como ese porque conceptos de terrorismo hay muchos y tengo la impresión de que no se tienen muy en claro; se toman conceptos de distintos lados pero no se sabe diferenciar, por ejemplo, entre lo que es un concepto de terrorismo internacional y un concepto de terrorismo interno”, indicó.

 

Myrna Villegas recalcó que “lo que hay que tratar de hacer es definir a través de indicaciones la verdadera naturaleza terrorista, es decir organizaciones criminales y una estrategia criminal determinada a violar sistemáticamente derechos humanos fundamentales con miras a poner en peligro y destruir el orden constitucional. Por ahí se puede avanzar”.

 

Respecto al delito de incendio, planteó que se debe adecuar la legislación a lo que dice la normativa internacional. “La represión de atentados terroristas cometidos con bombas restringe la aplicación de leyes antiterroristas a la propiedad cuando se trata de instalaciones públicas o gubernamentales, lugares de uso público, redes de transporte e instalaciones de infraestructura”.

 

Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que en esta “hace falta un mayor esfuerzo para llegar a contar con una ley antiterrorista que sea compatible con un estado democrático y donde las garantías fundamentales estén plenamente vigentes”.

 

La personera expresó que la real naturaleza del fenómeno terrorista es infundir terror para subvertir el orden constitucional y así debe quedar recogido en la legislación.

 

“Si ha habido actos que constituyen ilícitos deben sancionarse esos ilícitos, pero hay que deslindar bien cuando estamos ante un acto terrorista o ante un acto de protesta social, que puede incluso implicar también detenidos por ilícitos penales. No son la misma cosa y debe haber una gran separación entre ambas porque si no se llega a que todo acto de disconformidad que lleve aparejado delitos comunes, como tirar una molotov, sea calificado como terrorista y eso no puede ser”, aseveró.

 

Fries subrayó que la propuesta legal en trámite “no cumple con las expectativas del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

 

Finalmente, el abogado defensor de algunos comuneros mapuches procesados, Adolfo Montiel, valoró los cambios introducidos al proyecto en la Comisión de Constitución porque excluyen los delitos contra la propiedad de la normativa antiterrorista.

 

“Eso me parece positivo porque la mayoría de los delitos por los cuales están acusados los comuneros mapuches son delitos contra la propiedad privada, fundamentalmente incendios en bienes privados, deshabitados, de manera que si la Sala aprueba este proyecto y se va a un tercer trámite constitucional, será una señal positiva de parte de la Cámara de Diputados de que puede haber una solución para la huelga de hambre”, expresó el abogado.

 

Al exponer en la Comisión, Montiel afirmó que se debe modificar la Ley Antiterrorista “porque basta que el Ministerio Público invoque esta ley para formalizar a algunas personas y esto signifique inmediatamente restricciones procesales: la gente ya no puede salir en libertad, se admiten los testigos protegidos, personas sin individualización, y se restringen en general todas las garantías procesales que tiene cualquier chileno en cualquier proceso”.

 

“Yo planteé que esta ley tiene que aplicarse en un sentido muy restrictivo y realmente a delitos que son terroristas, contra la vida, la salud, la libertad y la integridad física, no delitos contra la propiedad, que es lo que los tratados internacionales en general recomiendan a Chile. En eso fuimos bastante celosos y al parecer este fue el criterio que se impuso”, dijo el jurista.

 

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23 septiembre 2010 4 23 /09 /septiembre /2010 00:33

http://www.jefcatalunya.com/wp-content/uploads/2009/06/esterno-parlamento-europeo.jpgVeinte legisladores del Parlamento Europeo dirigieron sendas cartas al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y al Director de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía, sobre la crítica situación de la huelga de hambre de los detenidos mapuche.

Las cartas se cursaron con ocasión del viaje del presidente chileno Sebastián Piñera a la 65 Asamblea General de la ONU, quien mañana jueves 23 dará su discurso sobre la situación de las comunidades mapuche, 34 de cuyos miembros se mantienen en huelga de hambre.

Hoy se cumplen 73 días de huelga de hambre de los indígenas mapuche presos, que rechazan ser juzgados por una ley antiterrorista que aumenta el tiempo en prisión sin ser juzgados y triplica sus penas si son condenados.

El pueblo mapuche lucha por la reivindicación de sus tierras ubicadas en la región de la Araucanía (650 km al sur de Santiago), hoy en manos privadas.

Ambas cartas mantienen el mismo contenido.

“Le escribimos a Usted como Miembros del Parlamento en relación con el asunto urgente de derechos humanos planteado por la huelga de hambre de los presos mapuche, para solicitarle su intervención con el Presidente Piñera para exigirle el fin de los abusos de los derechos humanos que está perpetrando el gobierno de Chile”, señala el documento.

“Treinta y cuatro activistas Mapuche presos están actualmente en huelga de hambre en las prisiones chilenas, la mayoría desde julio, en protesta contra la opresión política del pueblo Mapuche. Como usted entenderá su situación de salud es extremadamente grave”.

“Los Mapuche son un pueblo indígena cuyo territorio se extiende principalmente en las regiones centrales del sur de Chile.  Aproximadamente 6.8% de la población chilena es Mapuche, muchos de los cuales actualmente viven en “reducciones”. El pueblo Mapuche ha protestado contra la expulsión de sus tierras, a menudo por mano de grandes compañías multinacionales, y contra la opresión política. Desde nuestro punto de vista, la respuesta del estado chileno frente a sus demandas políticas, culturales, sociales y territoriales ha sido la de la criminalización, persecusión y encarcelamiento de los Mapuche”, indica la carta.

Los parlamentarios hicieron suyo el pedido de los presos en huelga de hambre que exigen que el gobierno de Chile debería:

1. Poner fin al uso de la ley antiterrorista de la era Pinochet contra los Mapuche, que ha sido condenada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

2. Poner fin a la utilización de la Ley Militar contra la población civil y la derogación de la regla de doble juicio.

3. Garantizar el derecho a un juicio justo.

4. desmilitarizar los territorios Mapuche y cesar la utilización de la fuerza policial excesiva en las redadas.

5. Libertad para los activistas mapuches actualmente encarcelados.

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23 septiembre 2010 4 23 /09 /septiembre /2010 00:26

http://www.coincabol.org/apc-aa-files/sala_prensa/items/boli__logo_cidob.jpgLa dirección ejecutiva de la Confederación Nacional de Pueblos de Bolivia (CIDOB) lanzó la convocatoria para realizar la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI), que se realizará entre el 24 y el 26 de noviembre próximo en Santa Cruz.

En el encuentro se elegirá a la nueva directiva del máximo organismo indígena de Chaco, Oriente y Amazonía.

Participarán en las elecciones once organizaciones regionales afiliadas a la CIDOB, con un máximo de 40 integrantes cada una.

Las regionales deberán conformar sus listas de participantes con delegados de sus pueblos, comunidades, capitanías y subcentrales, bajo el criterio de la equidad e igualdad de género (50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres).

Para los actos de la XV GANPI, se invitarán a diferentes organizaciones sociales del país, así como a autoridades departamentales, nacionales, religiosas y militares.

De otro lado, el actual presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, sostuvo que no está en sus planes postularse a la reelección del cargo y que, en todo caso, debe ser su pueblo (Tacana) quien decida si postula o no.

Cabe destacar que el Estatuto Orgánico de la CIDOB, en su artículo 23 establece que “los miembros de la dirección nacional podrán ser reelegidos por una sola vez consecutivamente, previa evaluación de la Gran Asamblea sobre el desempeño de su gestión”.

Con información de Erbol

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