“Ser creyentes no significa aceptar la acción criminal de las autoridades que hoy nos gobiernan, les tenemos que decir asesinos a quienes matan por el dinero”. Mario Bartolini

28 de octubre, 2010.- La indignación continúa en el caso del padre Mario Bartolini Palombi quien podría ser sentenciado a once años de cárcel y expulsado del país por defender desde su parroquia en Barranquita (San Martín), los intereses de los pobladores y comunidades indígenas.

Tras la postergación de la lectura de sentencia el pasado 26 de octubre por el paro de trabajadores del Poder Judicial, cada vez más organizaciones sociales se han sumado a las protestas por lo que han denominado “venganza política del gobierno”.

Tanto el padre Mario como el dirigente indígena Vladimiro Tapayuri y Geovanni Acate, director de Radio Oriente, la emisora del Vicariato de Yurimaguas, están acusados de los delitos de rebelión y contra el orden público durante la última movilización nacional indígena en 2009.

De nada han valido los 35 años que lleva Bartolini entregados al servicio de la población y que durante la huelga amazónica, el párroco haya sido convocado por los propios nativos para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas: el fiscal ha pedido para él 11 años de cárcel y su expulsión del país.

Según pobladores de la zona, en el trasfondo de la denuncia aparecería el interés del Grupo Romero, transnacional peruana que posee grandes extensiones de bosque en San Martín para producir biocombustible, por deshacerse de quien lidera desde hace años a los indígenas en contra de la deforestación y la expropiación de tierras.

Al llamado de alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que suscriben medio millar de ciudadanos ambientalistas, profesionales, parlamentarios, políticos, dirigentes sociales, así como una veintena de instituciones de Perú e incluso de Alemania, se suman ahora las voces de los pobladores de otras partes de la Amazonía.

Mientras tanto, en Yurimaguas, continúa la tensión tras el levantamiento del bloqueo del río Marañón y el enfrentamiento con tripulantes de algunas embarcaciones.

Los manifestantes exigen la formación de una comisión de alto nivel que investigue el vertimiento de crudo en el río a cargo de la empresa Pluspetrol.

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Unos 20 policias allanaron la casa del líder mapuche Pascual Alberto Curamil. Allí golpearon y amenazaron a la esposa de este, la que se encontraba sola y presenta con un embarazo de ocho meses.

Alianza Territorial Mapuche

Una mujer sufrió un violento allanamiento hoy en la mañana en la comunidad Pancho Curamil de Victoria. Su familia es parte de la movilización por los derechos mapuche convocada en la Alianza Territorial Mapuche.

Unos 20 policias allanaron la casa del líder mapuchePascual Alberto Curamil durante esta mañana, en el sector rural de Victoria. Allí golpearon y amenazaron a la esposa de este, la que se encontraba sola y presenta con un embarazo de ocho meses. El grupo actuó por orden del fiscal de Collipulli Claudio Campos. 

Aparentemente este sólo había ordenado buscar información administrativa de la organización comunitaria, lo que fue utilizado por los policias para torturar a la mujer, amenazándola con seguir la golpiza si no decía donde su esposo mantendría unas supuestas armas. Uno de los policias mas violentos ha sido indentificado como un hombre rubio hijo de un terrateniente de la zona.

Para la Alianza Territorial Mapuche el hecho constituye un nuevo amedrentamiento sin motivo alguno para bajar la actividad del único grupo mapuche que no ha negociado con el gobierno chileno debido a que este no responde a las demandas efectivas de los territorios. En este momento la esposa de Curamil intenta obtener atención médica en el Hospital de Victoria, el que le ha negado la atención hasta la hora.
PU LOF XAWVN 
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

NOTICIA ACTUALIZADA
Médicos evaluan cesárea de urgencia a mujer Mapuche embarazada de 8 meses golpeada por policías en sector rural de Victoria

La esposa de Pascual Curamil podría ser operada de urgencia producto de la golpiza de policias esta mañana. Alianza Territorial Mapuche convoca a todos los mapuche a manifestar su rechazo a esta nueva agresión wigka.

28 Octubre de 2010 desde territorio mapuche invadido por Chile.

Actualizando la noticia reciente, se nos informa que la esposa de Pascual Curamil tiene 8 meses de embarazo y está en el Hospital de Curacautin. Los médicos evalúan una cesárea de urgencia, debido a que en la valiente acción de la Policia de Investigaciones de Victoria fue lanzada contra la pared y estrelló contra la pared su vientre lleno de vida mapuche digna.

Unos 20 policias allanaron la casa del líder mapuchePascual Alberto Curamil durante esta mañana, en el sector rural de Victoria. Allí golpearon y amenazaron a la esposa de este, la que se encontraba sola y presenta con un embarazo de ocho meses. El grupo actuó por orden del fiscal de Collipulli Claudio Campos. Aparentemente este sólo había ordenado buscar información administrativa de la organización comunitaria, lo que fue utilizado por los policias para torturar a la mujer, amenazándola con seguir la golpiza si no decía donde su esposo mantendría unas supuestas armas. Uno de los policias mas violentos ha sido indentificado como un hombre rubio hijo de un terrateniente de la zona.

Para la Alianza Territorial Mapuche el hecho constituye un nuevo amedrentamiento sin motivo alguno para bajar la actividad del único grupo mapuche que no ha negociado con el gobierno chileno debido a que este no responde a las demandas efectivas de los territorios. Por ello, se convoca a todos los mapuche a manifestar su rechazo a esta nueva agresión wigka

Comunicaciones. 28 Octubre de 2010.17.30 hrs.

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Por Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

27 de octubre, 2010.- En la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, Japón, se viene efectuando desde el 18 al 29 de octubre, la Décima Conferencia de las Partes (COP10), de la Convención de Diversidad Biológica (CBD). En esta crucial COP se pretende frenar la acelerada pérdida de especies del planeta a través de la creación de un plan de acción al respecto. 

El borrador de 195 páginas que se viene discutiendo como instrumento vinculante, ha desatado temores que se convierta la COP10 en otro fracaso como el de Copenhague. Ya en el año 2002 la CBD fijo metas para el 2010, que fracasaron en su enorme mayoría.

Entre las numerosas temáticas que se discuten, están las relacionadas con los artículos 8j y 10c, los que se relacionan directamente con los pueblos indígenas, en cuyos territorios se encuentra buena parte de los remanentes de biodiversidad del planeta.

La torre de babel que se ha creado en Nagoya, combina no sólo múltiples idiomas, sino también visiones; siendo los países ricos los más interesados en mantener el status quo a través de la visión capitalista del manejo de la crisis ambiental del planeta.

El artículo 8j, relacionado con el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y su importancia para la conservación de la biodiversidad, incluye también el supuesto acceso y la repartición de los beneficios (ABS por sus siglas en inglés) que pueda originarse del conocimiento tradicional, con el cual se pretende darle una visión de legalidad a lo que hasta ahora podemos denominar como biopiratería.

Sin embargo las buenas intenciones se diluyen cuando llega el momento de respetar la consulta previa libre e informada, con que el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, intentan proteger a los pueblos indígenas del planeta que se ven sometidos a las actitudes colonialistas promovidas por los estados-nación y el neoliberalismo.

A partir del año 2007, cuando en septiembre 13 se aprobó la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, los estados-nación confirmaron la categoría de pueblos indígenas que hasta esa fecha no formaba parte del léxico jurídico de las Naciones Unidas. La Declaración recibió 143 votos a favor y cuatro en contra. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia se opusieron rotundamente a la aprobación de la Declaración la que estuvo 25 años en discusión en el seno de ese organismo.

En COP10 de Nagoya, Canadá ha asumido el papel de desconocer la categoría de pueblos indígenas, reduciéndonos a simples minorías étnicas. Armand MacKenzie, director ejecutivo del Consejo Innu de Nitassinan señaló que “Canadá está estancando el progreso de las negociaciones, lo que debilita nuestros derechos y la lucha para obtener un protocolo jurídicamente vinculante sobre acceso y distribución de beneficios”. El jefe de la representación de Brasil Paulino Franco de Carvalho, señaló que un protocolo relacionado con ABS sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas sería totalmente vacío.

Las discusiones sobre el ABS han sido paralizadas por los representantes de Canadá tal como lo señala Stephen Leahy de IPs, en su artículo intitulado “Canadá busca marginar a los pueblos indígenas del nuevo pacto de biodiversidad” (1) recoge las opiniones de diversos líderes indígenas que sienten la agresión en Nagoya hacia sus intereses. ” Estamos a merced de los estados -nación” dijo Ellne Gabriel presidente de la Asociación de Mujeres Indígenas de Quebec, señalando además que lo practicado por Canadá “es una nueva forma de colonialismo”.

Canadá es reconocido cada día más como un obstruccionista, dada su infatigable labor para descarrilar las diversas negociaciones internacionales, donde siempre asume un papel defensor de los contaminadores y de las compañías transnacionales.

El ABS ha sido combatido fuertemente por la multinacionales farmacéuticas quienes son las que se lucran del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y de la biopiratería perpetrada desde hace siglos.

La actitud de los países ricos continua desconociendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, no solamente los territoriales, sino también incluye el conocimiento tradicional, sin que en la mayoría de los casos se respete el derecho al Consulta Previa Libre e Informada; la cual por ejemplo en Honduras consiste en invitar a algunos indígenas a un proceso de socialización en algún hotel de lujo, siendo la lista de firma de la asistencia al supuesto evento, la ratificación de la consulta.

Por otro lado en Nagoya los pueblos indígenas vienen promoviendo la aplicación del artículo 10c de la CBD (2), el que hasta la fecha ha sido practicamente ignorado por los estados-nación y los organismos financieros internacionales que promueven supuestamente el freno a la destrucción de la biodiversidad.

El Forest People Program (FFP) incluye en Nagoya una plataforma de trabajo para la implementación del 10c donde sus puntos básicos son: asegurar los derechos sobre la tenencia de la tierra y los recursos, apoyo al derecho consuetudinario, participación directa en la toma de decisiones, acceso a la educación en su propia cultura e idioma.

El FPP presenta una serie de ejemplos de pueblos indígenas de la foresta que demuestra la capacidad de autogestión y conservación de la naturaleza tales como sus socios procedentes de Bangladesh (Unnayan Onneshan The Innovators), Surinam (Organisation of Kaliña and Lokono in Marowijne), Guyana (South Rupununi District Toshaos Council), Tailandia Inter-Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association), Camerún (Association OKANI) y Panamá (Fundación para la Promoción de Conocimiento Indígena) (3).

En el cierre de la Declaración de Apertura de la COP10 presentada por el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB) insta a las partes a:

“Pedimos ahora que la COP10 considere e incorpore los derechos, intereses y necesidades de los Pueblos Indígenas en todas las decisiones de esta Conferencia.

Debemos tener una participación plena y efectiva, desde el inicio, en la planificación, toma de decisiones e implementación, y este papel debe reflejarse explícitamente en los textos de las decisiones.

La COP10 debe garantizar que, en este momento crucial de la implementación del Convenio, los Pueblos Indígenas participan siempre que los temas del CBD afecten a nuestros derechos e intereses“.

El tiempo cuenta y en las discusiones en Nagoya continúan enfrentados dos visiones, una visión mercantilista propuesta por los países ricos que se resisten a perder los privilegios que les proporciona el saqueo, y la otra visión comunitaria, que la tierra es para todos y todas, además que debemos salvaguardar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para salvar este planeta único que nos ha dado la vida, ya que cada día los más pobres del planeta sufrimos de las consecuencias del cambio climático y la degradación de la naturaleza, mientras los vinculados los países ricos eluden asumir la responsabilidad de sus despilfarro de recursos.

Notas:

(1) http://ipsnews.net/news.asp?idnews=53241

(2)10c) Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;

(3) http://www.forestpeoples.org/es/topics/environmental-governance/international-processes/convention-biological-diversity-cbd

DECLARATORIA DEL ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2010

Hombres y mujeres procedentes de los pueblos originarios de México, como son: Tseltal, Tsotsil, Chol de Chiapas, Purépecha de Michoacán, Nashinandá (mazateco), Triqui, Ñuu Savi (mixteco) de Oaxaca, mixteco y náhuatl de Guerrero, Zapoteco del istmo, Yoreme-mayo (Sinaloa), Maya peninsular, náhuatl de Veracruz, jñatjro (mazahua) del Estado de México, mixe de Veracruz, náhuatl de Hidalgo.

Descendientes de los pueblos y culturas milenarias que mantenemos nuestros    valores, manifestaciones y riqueza cultural, legado de nuestros padres-madres quienes reflexionamos acerca de nuestra historia, cultura y resistencia en la independencia y la revolución; considerando los temas que analizamos en las diferentes mesas de trabajo como son:

México independiente: “Los pueblos originarios y la construcción de Estado nacional mexicano”; Pueblos indios: “Movimientos sociales por la democracia y la justicia”; Conocimientos de los pueblos originarios: “Enfoques y paradigmas, repensar desde dentro”; “Diversidad cultural y lingüística en el contexto del estado nacional mexicano” y “La mujer  indígena del México independiente al México actual”, hacemos el siguiente pronunciamiento:

Los representantes de los pueblos reunidos en estas fechas, queremos decir de manera enfática que estamos vivos y nuestra cultura milenaria existe. Para nosotros los pueblos originarios, nuestra lucha y resistencia inició desde hace 518 años, cuando nuestros territorios ancestrales fueron invadidos.

Por lo que consideramos que la lucha por la justicia social, el ejercicio de la libre autodeterminación y autonomía, es responsabilidad de las mujeres y hombres de nuestros pueblos para construir una sociedad más justa y equitativa respetando nuestra diversidad.

La celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución resulta ajena a nuestros pueblos, ya que dicho evento sólo rememora parcialmente acontecimientos de hace 200 y 100 años, cuando nosotros ya habitábamos estas tierras. En tal sentido el estado mexicano, está en deuda histórica con nosotros.

La independencia orquestada por un sector de la sociedad, obedeció a los intereses de los criollos, hijos de españoles para adueñarse de nuestras tierras y recursos naturales desde adentro, así como reproducir un colonialismo interno que favorecieron una vez más la explotación, opresión y desconocimiento de los saberes de nuestros pueblos. Por otro lado, en la revolución, tampoco cambiaron las cosas; nuestros abuelos y abuelas de los pueblos originarios, sólo sirvieron como carne de cañón.

No obstante, a la intención de aniquilar a nuestros pueblos, saberes y culturas por parte de los opresores, seguimos resguardando, valorando y revitalizando estas riquezas y conocimientos y continuaremos caminando la palabra desde nuestra memoria histórica.

Como pueblos nos pronunciamos por la construcción de una sociedad más justa y equitativa entre mujeres y hombres desde los pueblos y la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, exhortamos al Gobierno Federal para que de manera urgente dé cumplimiento de las siguientes demandas y denuncias:

1.      Exigimos al Estado mexicano, el cumplimiento y aplicación de los acuerdos de San Andrés Larráinzar; y convocamos a los pueblos originarios para sumarse a la construcción y ejercicio de sus autonomías.

2.        Exigimos la erradicación de la pobreza crónica y extrema en los pueblos originarios como consecuencia del despojo de los recursos naturales, la marginación, exclusión y distribución inequitativa de la riqueza.

3.      Los ideales de calidad de vida con justicia y dignidad para todas y todos, como a la madre naturaleza que enuncian las mujeres de los pueblos originarios deben ser tomados en cuenta para la definición y aplicación de políticas públicas que conduzcan a la verdadera seguridad y soberanía alimentaria.

4.      Exigimos el derecho de los pueblos originarios del uso, administración y operación de los medios de comunicación a través del acceso al espectro radioeléctrico, garantizando para los mismos la asignación del 1% de los recursos públicos del Gobierno Federal; un fondo con presupuesto definido por la cámara de diputados para los medios audiovisuales e impresos y para la convergencia tecnológica.

5.      Alto al desmantelamiento, cierre y persecución de las radios comunitarias; así como de las y los compañeros trabajadores de los medios de comunicación, con base a los acuerdos del Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) y Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) de septiembre de 2007.

6.        Para la definición de una nueva construcción de paradigmas de educación, salud, justicia social y desarrollo sustentable, exigimos que se tome en cuenta la palabra y conocimiento de las mujeres y hombres de los pueblos originarios.

7.      Reorientar los actuales modelos educativos para el medio indígena y mejorar los servicios que brinda la Dirección General de Educación Indígena, para que se cumpla con las exigencias de cada pueblo originario de nuestro país; también garantizar que el sistema de educación indígena cumpla con el fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas.

8.      Cese a la violencia, represión, militarización y paramilitarización de nuestros pueblos, así como la criminalización de los movimientos de los pueblos originarios.

9.      Respeto a la autonomía y la libre determinación de cada uno de los pueblos originarios.

10. En    En este Encuentro, nos solidarizamos con la lucha del pueblo triqui del municipio autónomo de San Juan Copala del estado de Oaxaca.

11.   Reconocimiento oficial de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur del estado de Guerrero, como una propuesta unificada de los 5 pueblos originarios de esa entidad.

12.  Exigimos una real independencia, libertad y justicia para nuestros pueblos, finalizando así la dependencia económica y política y la hegemonía del saber-poder.

13.    Exigimos al Gobierno Federal la consulta real y no simulada integración de los pueblos originarios en las próximas declaratorias de áreas naturales protegidas, para que sean sujetos y no objetos; para evitar otros atropellos e injusticias; despojo y explotación, por lo que las áreas naturales protegidas se deben administrar y manejar desde la cosmogonía de los pueblos originarios, como lo marca la Ley General del Equilibrio Ecológico (art. 64 bis y 67).

DEMOCRACIA, JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 21 de Octubre 2010.

Rio Napo

Este 25 de octubre en la cancha cubierta de Cotundo, provincia de Napo, la empresa Ivanhoe a través de la consultora Entrix, realizó la socialización ambiental para iniciar los trabajos de exploración sísmica en el bloque 20, que afectará territorios de comunidades kichwas. El bloque 20 incluye el "campo Pungarayacu", donde se encuentran yacimientos de crudo extra pesado cuya explotacion provocará graves impactos sociales y ambientales.

Autoridades provinciales como el gobernador y el teniente político estuvieron presentes y se expresaron a favor de la compañía, aduciendo que con la explotación petrolera llegará el desarrollo de las comunidades.

Por su parte, voceros de las comunidades rechazaron enérgicamente la presencia de Ivanhoe y de Entrix porque violentan sus derechos ancestrales y sus estructuras organizativas. Una vocal de la junta parroquial de Cotundo también rechazó el proceso de participación aplicado por Entrix pues no coordinó con el consejo de vocales y con las comunidades de base.

Según los funcionarios de la empresa esta socialización se la realiza basada en el decreto 1040 sobre Participación Social, aprobado en mayo del 2008 y cuyo contenido es completamente inconstitucional pues contradice los derechos ganados en la Constitución de Montecristi que es la que tiene vigencia actualmente. Este decreto ni siquiera reconoce el término "consulta previa" la cual es reconocida como derecho en la Constitución y en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.