En diversos lugares del Abya Yala, de manera creciente, los pueblos indígenas expresamos nuestra opción por la vida, la defensa de la Madre Tierra y de nuestros derechos colectivos.

Alba tv | Mariátegui Revista de las Ideas

En diversos lugares del Abya Yala, de manera creciente, los pueblos indígenas expresamos nuestra opción por la vida, la defensa de la Madre Tierra y de nuestros derechos colectivos. En el Perú, la comunidad de Leymebamba (región Amazonas) rechazó la incursión del Consorcio Minero Horizonte en sus tierras; en Chile, denunciaron la aprobación de un proyecto minero en el nacimiento de las aguas del río Huasco; y en Guatemala, una consulta rechazó la exploración y explotación minera en territorios mayas.

Leymebamba, Perú

El viernes 18 de marzo, los comuneros de Leymebamba se reunieron en la Casa de la Cultura con el geólogo Manuel Vera y el funcionario Johny Rodríguez del Consorcio Minero Horizonte, quienes con el pretexto de realizar una caminata en la zona de “Pasabreve” donde se ubica su concesión minera, pretendían ingresar a la comunidad. Esta compañía tiene una concesión de 22 mil hectáreas otorgadas por el Estado en la cabecera de cuenca de los ríos Atuen y Huabayacu, tributarios del río Marañon y Huallaga, para explotar minerales como zinc, plomo y plata.

Pese a los muchos ofrecimientos de la empresa –apoyo al turismo, la ganadería, asistencia técnica y transformación de recursos- los comuneros rechazaron la incursión de la minería. “La minería en nuestro país no ha beneficiado a las poblaciones, más bien los departamentos más pobres son los que tienen minería, nosotros estamos bien informados de ello”, indicó el comunero Gregorio Florindez, agregando que Leymebamba es un pueblo agrícola, ganadero y turístico y que no tiene mano de obra ociosa.

“Aquí la población vive de la agricultura, el turismo y la ganadería; el turismo es eterno, la minería es pasajera y nos deja contaminados, déjennos vivir tranquilos. Si se explotaría esa zona se afectaría grandemente a los productores ganaderos y a las zonas turísticas de Vira Vira (construcción intacta de la cultura Chachapoyas completamente en piedra), la laguna de la Sierpe y los bosques”, manifestó el comunero Julio Ullilen.

“El Estado en Lima da las concesiones y no respetan el Convenio 169 de la OIT para consultarnos a los pueblos”, señaló por su parte el comunero Zosimo Escobedo. “Aquí en Leymebamba no queremos minería, hace tres años vino esta misma empresa y lo mismo les dijimos”.

Río Huasco, Chile

El 14 de marzo fue aprobado el proyecto minero El Morro, ubicado en el corazón de la cordillera, donde nacen nuestras aguas del río Huasco. El proceso de evaluación ambiental comenzó el año 2009, con la entrega de un estudio incompleto. Aún así, siguió adelante haciendo vista gorda de las observaciones ciudadanas. Su argumento principal era que no van a utilizar agua del valle y que instalarían una planta desalinizadora para operar sus faenas.

El argumento es falso, porque las aguas del río serán afectadas de todas formas, por ejemplo:

· Por efectos de inversión del flujo hídrico, que por naturaleza corren hacia el valle, el río y todos los regantes perderán alrededor de 200 lts/seg. Y además, por qué compraron acciones de agua, si no van a utilizar agua del río.

· Ubicarán en la quebrada larga afluente del rio un tranque de relaves con capacidad de 450 millones de metros cúbicos. Es una zona en donde la roca madre está fracturada y existe una falla sísmica, allí se registró el epicentro de los terremotos de 1918 y 1922, que destruyeron totalmente Vallenar y Copiapó.

· Ubicarán el desecho de estériles sobre la misma quebrada, dejando pasivos ambientales para siempre.

Quetzaltenango, Guatemala

Los habitantes de las cuarenta y cinco comunidades, organizaciones de desarrollo local y Gobierno Municipal del municipio Maya Mam de San Martin Sacatepéquez, departamento de Quetzaltenango, informaron que en su territorio, particularmente en los municipios de Huitán, Cabricán y San Carlos Sija, están autorizadas licencias de exploración de minas de oro, plata, zinc y otros metales: MAQUIVIL Registro LR-O74, CALEL Registro LEXR-828, ELUVIA Registro LEXR-010-06, MARINA Registro LEXR-08-06.

El 16 de marzo, este pueblo Maya Mam y su gobierno municipal celebraron su Consulta Comunitaria de Buena Fe, amparados en la Constitución Política de la República, Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Código Municipal y Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y lo más importante utilizando sus formas propias de organización. De las veinte mil personas aptas para votar, 17,879 dijeron NO a las hidroeléctricas y la minería.

En el comunicado difundido hoy, las comunidades mayas sustentan su rechazo a la minería “porque las empresas transnacionales invaden nuestros territorios sin consultar y sus consecuencias han quedado demostradas, como en los territorios del pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán y pueblo maya Sipakapense en San Marcos. Dicho resultado representa la voz y decisión de la población de nuestro municipio”.

En consecuencia, demandan al gobierno que no extienda más licencias de exploración y explotación de la Madre Tierra y cancele todas las licencias ya otorgadas en su municipio.

http://albatv.org/pueblos-indigenas-del-continente.html 

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Por Stephen Leahy

IPS, 19 de marzo, 2011.- En 10 años, la agricultura ecológica podrá duplicar la producción de alimentos en regiones enteras y además mitigar el cambio climático, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgado en Ginebra.

Un viraje urgente hacia la “ecoagricultura” es la única manera de poner fin al hambre y de enfrentar los desafios del cambio climático y la pobreza rural, dijo Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, tras la presentación de su informe anual, el martes, ante el Consejo de Derechos Humanos.

“La agroecología imita a la naturaleza, no a los procesos industriales.

Reemplaza los insumos externos, como fertilizantes, con el conocimiento de cómo una combinación de plantas, árboles y animales pueden potenciar la productividad de la tierra”, dijo De Schutter a IPS.

“Los rendimientos aumentaron 214 por ciento en 44 proyectos en 20 países de África subsahariana usando técnicas de agricultura ecológica durante un periodo de tres a 10 años, mucho más que lo que jamás logró ningún (cultivo) genéticamente modificado”, agregó.

Otros estudios científicos han mostrado que pequeños agricultores en 57 países que usan técnicas agroecológicas obtuvieron aumentos promedio de 80 por ciento en sus rendimientos. El de los africanos fue de 116 por ciento.

“La evidencia científica actual demuestra que el desempeño de los métodos agroecológicos supera al del uso de fertilizantes químicos en el estímulo a la producción alimentaria en regiones donde viven los hambrientos”, dijo De Schutter.

La agroecología aplica la ciencia ecológica al diseño de sistemas agrícolas. Potencia la productividad del suelo y protege los cultivos contra las pestes dependiendo de elementos naturales.

La ecoagricultura no requiere costosos pesticidas y fertilizantes elaborados en base a combustibles fósiles, así como tampoco maquinaria cara o semillas híbridas. Es ideal para pequeños agricultores pobres y criadores de ganado, que constituyen la mayor parte de los 1.000 millones de hambrientos del mundo.

Los esfuerzos de los gobiernos y los principales donantes, como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés), de 400 millones de dólares, por subsidiar fertilizantes y semillas híbridas, darán un rápido impulso a los rendimientos, pero no serán sustentables a largo plazo, dijo De Schutter.

La Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, que aportan fondos, consideran que el caso de Malawi es exitoso entre los proyectos de AGRA.

Sin embargo, el país no puede darse el lujo de continuar con los subsidios a los fertilizantes, y se está pasando a la agroecología.

“El gobierno (de Malawi) ahora subsidia a los agricultores para que planten árboles que fijen el nitrógeno, a fin de garantizar un crecimiento sostenido en la producción de maíz”, dijo De Schutter.

Según él, es de esperar que los países se muestren escépticos hacia las soluciones agroecológicas “porque no van en línea con el paradigma dominante”.

Ese modelo agrícola dominante es el enfoque industrial, que busca maximizar la eficiencia y los rendimientos. Sin embargo, ese sistema depende totalmente de combustibles fósiles baratos y nunca rinde cuentas por la degradación ambiental y otros impactos que pueda causar.

Uno de esos impactos es en el cambio climático. “Es justo decir que entre 45 y 50 por ciento de todas las emisiones de gases (de efecto invernadero) se generan en la actual forma de producción alimentaria”, dijo De Shutter.

Las emisiones perjudiciales para el clima originadas en la agricultura industrial son más que el dióxido de carbono que desprende la quema de combustibles fósiles. Incluyen enormes cantidades de gases invernadero, como el metano que emiten las heces de los animales y el óxido nitroso de los fertilizantes químicos.

Si se suma la deforestación, que se practica principalmente para aumentar las superficies destinadas a la agricultura, y las emisiones derivadas del procesamiento de alimentos y el transporte de larga distancia de los alimentos en todo el mundo, se llega a casi la mitad de todas las emisiones humanas.

La ecoagricultura puede producir más alimentos para los más pobres del mundo, al tiempo de emitir apenas una fracción de las emisiones, e incluso puede almacenar carbono en el suelo, señaló De Shutter.

El movimiento internacional La Vía Campesina intenta plantear esto desde por lo menos 2009. Sus miembros “pueden ayudar a enfriar el planeta”, dijo a IPS el agricultor haitiano Chavannes Jean-Baptiste.

“La evidencia es irrefutable. Si podemos cambiar la manera como cultivamos, producimos y distribuimos los alimentos, tendremos una solución poderosa para combatir la crisis climática”, señaló Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

En 2009, esta organización no gubernamental internacional publicó un informe en el que mostró que la agricultura industrial era, por lejos, la mayor fuente de emisiones de gases invernadero.

“Para lograr estos resultados no hay obstáculos técnicos. Es solamente una cuestión de voluntad política”, dijo Hobbelink.

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Fuente: Inter Press Service – IPS Venezuela, http://www.ipsnoticias.net
Recibido de Ecoportal.Net: http://www.ecoportal.net/content/view/full/98104

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Alfredo Embid 

Cronología de la contaminación radiactiva. Las medidas preventivas no previenen. El fraude de la clasificación del incidente. El modelo de riesgos es un fraude

Los medios de desinformación intentan minimizar la gravedad de la catástrofe nuclear en curso, la liberación de radiactividad al medio ambiente y sus consecuencias para la salud. Incluso la mayoría de los medios de contrainformación no cuestionan lo esencial: el fraude de las medidas de la contaminación y de las dosis admisibles.

Los expertos, según las autoridades, han aconsejado a los japoneses que se encontraban en un radio mayor a los 20 km permanecer en sus casas y cerrar las ventanas por precaución. Se está procediendo al reparto de yodo entre los que ya han sido evacuados y los que aún siguen en las zonas. Medida que solo previene en el mejor de los casos la contaminación por yodo pero que resulta absolutamente ineficaz para evitar la contaminación por cesio, plutonio y otros elementos radiactivos mucho mas peligrosos que el yodo. Por otra parte estos elementos tienen una vida media radiactiva muchísimo mas larga que el yodo.

Todas estas medidas son ineficaces para prevenir la contaminación a largo plazo.

Leer texto completo, fotos y gráficos

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Usaid apadrina a las cuatro concesiones forestales de Mabet en el territorio originario de la nación Pacahuara.

Wilson García Mérida 

(Sol de Pando).- Todas las maniobras realizadas por las socias madereras Inforcasa y Mabet para apropiarse del territorio Pacahuara fueron sustentadas con certificaciones y auditorías, favorables al despojo, emitidas por Rainforest Alliance, la ONG de Usaid que en julio del año pasado fue conminada por la Asociación de Municipios de Pando (Amdeco) a salir de Bolivia… y hasta hoy no lo hizo.

La organización no gubernamental norteamericana Rainforest Alliance, estrechamente vinculada a la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo (Usaid, por su sigla en inglés), es la principal “certificadora”  de las concesiones madereras en el país a través de su programa “SmartWood” que se ejecuta desde 1996 al amparo de la Ley 1700 (Ley Forestal) promulgada por el por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y todavía en plena vigencia bajo el actual Estado Plurinacional.

Las certificaciones “SmartWood” que otorga Rainforest Alliance cuentan con el respaldo institucional de entidades privadas como la Cámara Forestal de Bolivia (CBF) y el Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (Bolfor) también financiado por Usaid.

El propósito teórico y aparente de las “certificaciones” encomendadas a Rainforest Alliance que otorga un “sello verde” a los exportadores madereros  —y que el Gobierno boliviano está obligado a convalidar en cumplimiento de la Ley 1700—, es el de garantizar un supuesto “manejo sostenible de los bosques”; aunque en los hechos dicho “sello verde” es una franquicia para la exportación de maderas preciosas industrializadas y semi-elaboradas especialmente dirigida al mercado norteamericano.

“Cuando el forestal certifica el bosque que aprovecha o su industria, recibe el Sello Verde, que es la garantía a los consumidores que el producto que está comprando viene de un bosque manejado responsablemente”, decía un artículo publicado en diciembre del 2009 por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), revelando el verdadero propósito de las  “certificaciones forestales” más bien exigidas por las leyes norteamericanas.

Mabet, la más “certificada”

El programa “SmartWood” de Usaid tiene en los bosques tropicales de Bolivia su principal centro de acción. Los empresarios madereros del país se ufanan de encabezar el ranking de bosques “certificados” a nivel mundial. En efecto, un reporte emitido en julio del 2004 por el “Forest Stewardship Council” (FSC, integrante de la red Rainforest Alliance), informaba que “en el mundo existen 24 países que cuentan con bosques tropicales certificados alcanzando una superficie total aproximada de 4’463.1578 hectáreas, de las cuales Bolivia cuenta con 1’474.175 hectáreas que representan el 33% del total, situando al país en el primer lugar a nivel mundial en cuanto a extensión de bosques tropicales certificados”. El mismo informe agrega que “en segundo lugar se encuentra Brasil, el mismo que cuenta con 1’249.204 hectáreas de bosques tropicales representando el 28%, seguido por Guatemala con 455.309 hectáreas y el 10 % del área total”.

Datos actualizados al 2009 (Ibce) establecen un total de 2’093.160 hectáreas de bosques madereros “certificados”, es decir casi el 10% de los recursos forestales del país vinculados con el comercio de derivados de madera como parquet, muebles, puertas, ventanas, partes y piezas, etcétera. El principal mercado de la madera tropical boliviana es Estados Unidos; con un valor promedio anual de exportación de 14 millones de dólares; seguido de Inglaterra con $us 7 millones y Francia con $us 3 millones.

La empresa “Maderas de Bolivia Etienne” (Mabet), figura entre las 20 empresas bolivianas exportadoras de madera que se han sometido “voluntariamente” a las certificaciones de Rainforest Alliance, siendo una de las principales proveedoras de derivados de madera al mercado norteamericano. Su rubro original, desde 1985 cuando se constituyó como una empresa constructora, fue la fabricación de muebles y casas pre-fabricadas y no precisamente la extracción de madera, exportando a Estados Unidos el 90% de su manufactura. La mueblera Mabet se vinculó con el sector forestal en el año 2000, durante el gobierno de Banzer, mediante una turbia sociedad con Inforcasa (Industria Forestal Cachuela Esperanza S.A.) de Santa Cruz, que detentaba tres concesiones en el territorio Pacahuara de la Provincia Federico Román, en Pando, desde 1997 y por un lapso de 40 años. Los propietarios de Mabet crearon una empresa denominada, nada menos, “Empresa Forestal y Agroindustrial Pacahuaras S.A.”, que fue ilegalmente “sub-contratada” por Inforcasa para explotar los bosques a orillas de los ríos Negro y Pacahuara hasta el año 2006. Cumplido ese plazo, y en medio de denuncias de millonarias evasiones impositivas y pleitos judiciales por esa causa con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), “Pacahuara S.A.” se declaró dolosamente en quiebra dando lugar a que Mabet se constituya en empresa forestal, tras lo cual Inforcasa le transfirió las tres concesiones ocupadas en el territorio indígena desde 1997 (gracias al gobierno de Banzer), a la que se sumó una cuarta concesión obtenida directamente por Mabet. Descontando pequeñas áreas que le fueron recortadas por el Inra para dotar tierras a comunarios campesinos dentro las concesiones, bajo estipulaciones de la Ley 3545, actualmente Mabet detenta un total de 222.609 hectáreas en el corazón del territorio indígena que perteneció históricamente, según registros aque datan de la época colonial, a la Nación Pacahuara.

Todas las maniobras realizadas por Inforcasa y Mabet para apropiarse del territorio Pacahuara fueron sustentadas con certificaciones y auditorías, favorables al despojo, emitidas por Rainforest Alliance, la ONG de Usaid que fue conminada por la Asociación de Municipios de Pando (Amdeco) el 6 de julio del pasado año 2010, para abandonar el territorio amazónico boliviano en un plazo que ya se venció hace ocho meses.

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AINI, 15 de marzo, 2011.- Rolando Vargas, asesor técnico de la Asociación Forestal Indígena (AFIN), asegura que según informes de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) aproximadamente un millón de hectáreas estarían bajo manejo forestal comunitario en todo el país.

“Desde que asumió al gobierno, Evo Morales, la correlación entre los actores forestales ha cambiado bastante los actores forestales comunitarios se van convirtiendo en actores fundamentales que van liderizando todo el proceso de gestión y aprovechamiento forestal” agregó el asesor de AFIN.

Según Vargas, aproximadamente 2.500 familias indígenas se benefician de los recursos forestales, donde los planes de manejo forestal son un aporte a la economía de las comunidades indígenas, como en el caso del Pueblo de Guarayos donde la forestiería se ha convertido en el eje de su economía; hace cinco años solo habían 5 planes de manejo forestal, actualmente existen 60.

“Hay que considerar que el manejo forestal comunitario, no es una actividad permanente el ciclo de producción contempla desde julio hasta noviembre, pero hay casos como en el pueblo indígena Tacana o los guarayos donde sus ingresos van girando en torno a la economía forestal sin dejar de lado la agricultura y la ganadería, otro ejemplo son los ayoreos de la comunidad de Sapocoó que tienen anualmente ingresos muy elevados”.

Finalmente, el asesor de AFIN manifestó que están gestionando 3 millones de bolivianos, de los 16 millones que tiene el Fondo Nacional de Desarrollo del Bosque (Fonabosque), para que sean destinados al manejo forestal comunitario de los pueblos Indígenas de tierras bajas.

“Gran parte de los 16 millones de bolivianos han sido dirigidos desde el gobierno para la desforestación en tierras altas por eso estamos pidiendo que se destinen pare de esos recursos para los indígena de tierras bajas” declaró Vargas.

A decir de AFIN, la mayoría de los planes de manejo comunitarios están en el departamento de Santa Cruz ubicados en la provincia Guarayos, en la chiquitanía en las localidades de Lomerío, Monte Verde y Concepción y en las comunidades ayoreas de Sapoco y Tomité. También otro pueblos indígenas tienen manejo forestal como el pueblo mojeño, siriono, tacana y yuracaré.

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Fuente: Agencia Intercultural de Noticias de Bolivia: http://www.aininoticias.org/2011/03/1-millon-de-hectareas-bajo-manejo-forestal-comunitario/?home=1

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