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Del Romanticismo a la Solidaridad, Bernardino García, Abuelo Charrúa

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Servindi, 2 de junio, 2011.- El pasado 29 de mayo la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo (CPM) y el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, participaron de una protesta en rechazo a la propuesta del Ministerio de Ambiente y la minera IMC de “socializar” el proyecto Río Blanco.

Ambas organizaciones son miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), aseguran que nunca se estableció el Mandato Minero por el cual se podrán anular la concesión a las zonas que están dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas.

El rechazo al proyecto fue rotundo por parte de la población ya que la minera no ha realizado el proceso de Consulta Previa a las comunidades, ni siquiera ha cumplido con la ley laboral.

Esto último ha motivado un juicio que fue ganado por los ex trabajadores. A pesar de todo, avanza rápidamente el procedimiento para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, cuando el ex gerente de esta minera, Federico Auquilla, es el Viceministro de Minas.

Los protestantes proclamaron su negativa ante la minería, a pesar de la intimidación de la que fueron víctima, con piquetes de policía durante toda la semana, y con rumores de que varias integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama estaban identificadas para ser capturadas por la policía.

El mismo día de la protesta, los manifestantes denunciaron que se cortó la energía eléctrica con la intención de romper la jornada y no permitir a los protestantes utilizar los equipos de amplificación.

Un grupo de funcionarios del Ministerio del Ambiente, encabezados por la Ing. Sharon Castañeda, junto a trabajadores de la minera International Mineral Corporation (IMC) llegaron hasta Molleturo con el propósito de “socializar” el proyecto minero.

Al mediodía los funcionarios del Ministerio y de la IMC se dirigieron al estadio de Molleturo para realizar la “socialización” con algunos campesinos de comunidades cercanas.

El pueblo de Molleturo se dirigió al estadio y allí protestó junto a la Junta Parroquial donde se encontraban refugiados los “socializadores”. Luego la policía tuvo que acompañar a los “socializadores” hacia la salida del pueblo.

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COLONIZACION Y LOS OPERATIVOS POLICIALES EN EL CAMPO

 Sin estar en la agenda, Gaggero y Berterreche caen de sorpresa a los dirigentes de la Mesa Política del Frente Amplio del pasado lunes 23, a pocos días de que se cumpliera un mes del “desalojo ejemplarizante” de Ney Thedy. Mientras en Bella Unión  se mantiene el campamento de resistencia frente a la portera del campo, y rondan 400 nuevos cedulones de intimaciones a colonos en el Departamento de Artigas.

¿Qué significa todo esto?.

            Durante la  presidencia de Gonzalo Gaggero (2005-2010) según las cifras oficiales “se beneficiaron” 300 solicitantes de tierra en los campos del INC, mientras el BPS perdió 3.000 agricultores familiares en ese período, según los Directores del Banco.

            ¿Será el INC una de las ambulancias para juntar los caídos que el agronegocio va dejando por el camino?.

            El anterior presidente del INC sostenía que su gestión “estaba caracterizada por la solidaridad”, [1]   algo que también “conmueve” al presidente actual del ente: Andrés Berterreche, según las declaraciones de prensa de la semana pasada.

            En el Uruguay todavía no hay política de tierra, ni de su distribución ni de su uso. Colonización alcanza apenas el 4% de la superficie productiva. “La ley nació renga” se dice sobre la 11.029 que crea al INC (1948), para afirmar que “no hay fondos para comprar tierras”, “menos a los precios actuales” como se planteó en la Mesa Política del Frente Amplio el día lunes 23. En su defecto se montan” estrategias de solidaridad”como: amontonar muchos aspirantes a colonos en pocas tierras (ejemplo de algunos campos de recría); multar masivamente a los colonos propietarios que no van a dormir a su campo (como se está intentando en estos días en la Colonia Emilio Frugoni[2]  ); y recuperar campos desalojando a los “principales incumplidores” de la ley de colonización (menos a César Enrique Melo García Da Rosa un latifundista que es colono vip desde 2007 en Colonia Artigas gracias a Gaggero su “amigo político”).

            En esto el desalojo de Ney Thedy es “ejemplarizante”. “Un  peludo no tiene 260 cabezas de ganado” dijo el presidente del INC. Entendamos que el mensaje que da es que un trabajador rural debe ser un mal productor, tiene que quedarse en 100 cabezas[3]   para ser colono, para que precise de las políticas sociales, y del Estado,  y  agradezca los gestos de solidaridad. Si el asalariado rural que se hace productor se capitaliza para invertir en la infraestructura básica: “es un rentista”; siempre y cuando haya sido por iniciativa propia. Porque cuando el INC promueve la misma siembra de arroz en las colonias le llama “una capitalización para poder empezar a trabajar”. Aun esperamos que el Directorio  rectifique públicamente su Comunicado en la medida en que se presentaron todos los comprobantes de pago del canon de arroz de Don Thedy, para que no se confunda a la opinión pública con eso.

            El “desalojo ejemplarizante” a este “rentista” “incumplidor” viene por el lado de reprimir a los que tienen independencia de mantener sus propios emprendimientos. A Gaggero solo le interesó castigar las pocas rentas adeudadas para promover que se le rescinda el contrato a Thedy, no le interesó el emprendimiento productivo,  ni que el hombre reside en el campo y trabaja directamente la fracción. Y Berterreche tuvo que acompañar a su antecesor porque las denuncias de amiguismo de la gestión anterior del INC había que silenciarlas, distorsionando la información de que “no había voluntad de pago” (aunque se entregaron 26 mil dólares y  no se pudo vender más animales por la brucelosis). ¿Había voluntad de encontrar una solución?.

            El escarmiento es también para la gente del campo que se anime a denunciar como lo hizo la familia Thedy, y para los que se animen a resistir los desalojos como lo hizo la UTAA y la Asociación de Colonos del Uruguay el 26 de abril. Al igual que los megaoperativos en los barrios pobres del área metropolitana, más de 100 policías cercaron la Colonia Eduardo Acevedo para concretar el desalojo. Política de seguridad que también va a cercar a los cientos de productores de Cerro Chato y Valentines, que por defender sus emprendimientos ganaderos, van a oponer la resistencia al avance de las trasnacionales extractivistas

            En las declaraciones a la prensa de la última entrega del campo en Cerro Largo se reafirma la línea “progresista” del Directorio: el INC tiene que ser el MIDES del campo. Mantener algunos “gestos de solidaridad” que conmuevan simbólicamente, que materialmente de réditos electorales y le permita seguir en carrera política a sus funcionarios a cualquier costo. Pero la nueva gestión agrega el desprestigio a la bandera de “la función social de la tierra” cuando,  por acelerar el proceso de conseguir tierras para repartir a los 10 mil aspirantes, se atenta contra los emprendimientos productivos ya existentes de los pequeños productores independientes,  olvidando que la producción familiar es un bien social en sí mismo.

            El espíritu de la Ley de colonización es el de pasar de cierta tutela a una progresiva independencia. El espíritu de Federico Dajas y la actual responsable del INC en el Departamento de Artigas ha sido: si usted protesta “no hay operativo sequía”, “no haga la portera aquí, no me toque un árbol, no se junte con Thedy”... Tratar como niños a los colonos, llevarlos de la mano, o intimidarlos en las comisarías cuando participan de las luchas sociales como denunció el Cholo González (viejo cañero compañero de Sendic en la fundación de UTAA, y en el MLN) en el mes de mayo, o complicarles las cosas a los que piensan por sí mismos.

            El enfrentamiento entre la propiedad privada y la “función social de la tierra” no se da entre la derecha y el MPP, ese enfrentamiento es virtual y (perfilista) demagógico. El enfrentamiento real es entre quienes hacen producir directamente la tierra  y quienes defienden el “clima de inversiones” (entiéndase: seguridad jurídica sin tocar la gran propiedad privada). Los gobiernos de Vázquez y Mujica, en continuidad con los anteriores, vienen defendiendo la gran propiedad privada de la tierra, la diferencia con la derecha está en cómo aplicar las políticas sociales de contención de la pobreza en el campo, de compensación de los daños colaterales del modelo.

             Hoy el esquema del Banco Mundial es este: “clima de inversiones” con políticas sociales, basta revisar las líneas de crédito en toda América Latina, incluyéndonos.

            La constitucionalidad de la Ley 18.187 (de “Repoblamiento de la Campaña”, 2007) está en disputa entre el gobierno “progresista” y la derecha, pero es una discusión pragmática. Al gobierno le interesa ser más efectivo en lograr un “clima de inversiones” con políticas sociales, no le interesa socializar la tierra para la producción familiar. Pero sabemos que la política partidaria es teatro, y eso como a Menem le puede dar votos y alguna re elección, pero el descontento es imparable, sobretodo cuando empezamos a ser conscientes como pueblo que este modelo de “unidad nacional” del siglo XXI nos está llevando a vender casi el 40 % de la tierra productiva, que junto con el agua, y los demás recursos naturales eran el rico patrimonio de los orientales.     

[1] Ver en Internet la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UDELAR: Informe Nº1 del Observatorio de Política de tierra 2005-2009, (Avances de investigación).

[2] Al rededor del 11 de abril llegan 50 cedulones a los propietarios de las fracciones de esta colonia, intimando a presentar en 10 días corridos documentación que pruebe que se cumple con los requisitos de “residencia y trabajo directo en el predio”, con la posibilidad de que si esa situación no se revierte al 31 de mayo se cobra una multa del 20% del valor catastral del campo. Según los colonos: todos los colonos de la Emilio Frugoni son propietarios, la mayoría duerme en la ciudad de Artigas pero trabajan diariamente allí y lo evidencia que la mayoría producen sus campos; existen varios casos de sucesivas ventas autorizadas por Directorios anteriores, y también existen casos de arrendamientos a terceros (algunos autorizados y otros en duda).El Dr. Diego Texeira considera que existen  400 casos en l Departamento de Artigas. Ver en  Internet: Resoluciones del Directorio, ACTAS 5049, 6/4/2011.

[3]  Un agricultor familiar (hasta 500 há según el MGAP) puede tener hasta 500 vacas adultas con ternero al pie, considerando 1 vaca por hectárea en un índice productividad promedio de los suelos del país (un índice de 80 y 100 de índice CONEAT).

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Otra mirada, 31 de mayo, 2011.- La región de Puno vive todavía una tensa calma luego de la violencia y los saqueos desatados el jueves y el viernes pasado con motivo de la huelga que encabeza el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Zona Sur de Puno. 

Otra Mirada entrevistó a Alberto Quintanilla, miembro de la agrupación Poder Democrático Regional (PDR), quien nos explicó la radiografía de la protesta aymara y por qué considera que la violencia pudo haberse evitado.

Según Alberto Quintanilla, el pliego de reclamos del Frente de Defensa planteó tres exigencias primordiales: 1. Que se declare intangible de actividades mineras el cerro Khapia, usado para actividades agrícolas y considerado “Apu” de la provincia de Yunguyo. 2. La derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, el cual concede una serie de denuncios mineros al proyecto Santa Ana y tendría vicios de ilegalidad. 3. La suspensión de todas las concesiones mineras en las provincias de Chucuito, Yunyugo, El Collao y Puno, hasta que se realice un ordenamiento territorial de toda la región.

Estamos hablando, una vez más, de una población que se levanta porque considera que las actividades mineras se expanden sin control sobre su territorio, lo que pone en peligro su forma de vida. Este conflicto es, además, uno de los 117 conflictos socio-ambientales que ha reportado la Defensoría del Pueblo en lo que va del año. El economista Humberto Campodónico ha señalado que las concesiones mineras en Puno han pasado de 433.321 a 1.643.746 hectáreas del 2002 al 2009, esto es, un aumento de 279%. Por este motivo, es necesario un proceso de ordenamiento del territorio en Puno, ya que las concesiones desordenadas y sin consulta a la población estarían convirtiéndose en bombas de tiempo.

Como se observa, la problemática de este conflicto tiene varios elementos de análisis (económico, social y cultural), sin embargo, para el presidente Alan García, esta es una mera huelga con tufo electoral. El presidente García, no aprende. A casi cuatro años del criticado “Perro del Hortelano”, la visión de desarrollo del Perú que plasmó en dicho artículo sigue más viva que nunca. Eso es lamentable, pero lo peor es la inoperancia del Poder Ejecutivo para evitar que se desate la ola de violencia, ¿o es que eso se estaba buscando?

Según Alberto Quintanilla, la forma como empezaron las negociaciones entre las fuerzas del orden, el gobierno y los huelguistas hacían presagiar el desencadenamiento de violencia en cualquier momento. En primer lugar, se aceptó que alrededor de 400 huelguistas estuvieran presentes en las negociaciones, una cantidad que fácilmente hubiera podido tomar la Comisaría de Juliaca. En segundo lugar, luego de la primera reunión donde no hubo acuerdos, las fuerzas del orden se retiraron a sus cuarteles y dejaron desamparada la ciudad de Puno desde el día jueves, que es cuando empiezan los saqueos a la SUNAT, la Gobernación, la Aduanas, entre otros. ¿Por qué la policía no se quedó a resguardar el orden de la ciudad como en otras ocasiones? ¿O acaso querían que la situación llegara a mayores para evitar que se lleven a cabo las elecciones?

El sábado, en Lima, la Comisión de Alto Nivel y las autoridades de Puno, dieron los primeros pasos para solucionar este conflicto. El día lunes, los dirigentes de las provincias de Puno, El Collao y Yunguyo han dispuesto suspender sus reclamos hasta después de las elecciones. Solo Chucuito aún no decide plegarse a esta tregua a favor de nuestra democracia, pero esperamos que pronto lo hagan.

Finalmente, esta vez no hay víctimas que lamentar, pero nuevamente se llega a un nivel de violencia porque el Ejecutivo no es capaz de negociar demandas indispensables para el desarrollo de las regiones del país.

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A una zona de alta producción de alimentos se le pretende instalar un megabasurero industrial de más de 455 hectáreas. ¿URUGUAY NATURAL O URUGUAY BASURAL?

Como no podía ser de otra manera, están en este proyecto el servicio o mejor dicho la servidumbre para las multinacionales, que nos vienen a saquear y envenenar.

Ricardo Silva, para Marquemos un Norte

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