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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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27 octubre 2010 3 27 /10 /octubre /2010 19:41

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/inf_nota44004_458.jpgEl jefe de la Misión Médica Cubana en Haití, Lorenzo Somarriba, explicó este martes a teleSUR que la situación en Haití "es en extremo compleja"y que aunque se teme que la cifra de muertes por la epidemia de cólera siga aumentando, "hay un total de 855 efectivos médicos poniendo su mayor esfuerzo para controlarla".

Al menos 855 médicos cubanos continúan trabajando en Haití para controlar la epidemia de cólera que ya se ha cobrado la vida de 291 personas, según el representante de la Dirección de Epidemiología del Laboratorio de Investigación del Ministerio de Salud Pública.

El jefe de la Misión Médica Cubana en Haití, Lorenzo Somarriba, expresó este martes vía telefónica a teleSUR, que la situación en el país caribeño podría calificarse como "una epidemia en extremo compleja", y que de no tomarse las medidas necesarias "podría continuar empeorando".

Seguimiento:

"Hay aproximadamente 855 efectivos médicos, enfermeras y expertos de salud trabajando en 125 unidades del Ministerio de Salud haitiano (...) este es un trabajo de mucha entrega, especialmente de entrega de salud porque sabemos que la situación es delicada", apuntó.

Al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del presidente del país, René Preval, quien aseguró que la enfermedad fue importada, Somarriba se limitó a decir que su misión "no es buscar una causa", no obstante, explicó que es muy probable que se deba a la contaminación del río Artibonit, que atraviesa la región centro - norte del país.

"Los primeros casos empezaron a reportarse en el centro del país y han ido propagándose a través del río (...) el propio comportamiento de la población lo hace ver, esa es la zona más afectada de la población", manifestó.

Agregó que la situación se agrava "cuando a la población le hace falta educación sobre prevención y formación sanitaria" y por ende, "es necesaria la orientación sobre las medidas de higiene que deben aplicarse".

Gran parte de esta brigada médica cubana está residenciada en Haití desde 1998, después de que el huracán George provocó pérdidas multimillonarias en el país y la muerte de miles de personas.

En esa época, Cuba envió a la destrozada nación más de dos mil 500 asistentes médicos y las toneladas de medicamentos que pudo.

Según Somarriba, por su efectividad sanitaria, la gratitud del servicio, y la disponibilidad de los doctores de trasladarse a zonas con "situaciones de salud compleja" los médicos cubanos han sido reconocidos en todo el continente y gran parte del mundo.

Primer caso en Puerto Príncipe

Por otro lado, el representante de la Dirección de Epidemiología del Laboratorio de Investigación del Ministerio de Salud Pública, Roc Magloire, informó este martes en una rueda de prensa con los medios de comunicación locales que ya se confirmó el primer caso de cólera en la capital del país, Puerto Príncipe.

El funcionario precisó que el afectado llegó a la capital procedente de las montañas de Matheux, que es una zona limítrofe al oeste de Puerto Príncipe.

Agregó que la cifra de hospitalizados por cólera se mantiene en tres mil 612 en Artibonite (norte), mientras que en el este, en la localidad de Plateau Central, se ha reducido de 361 a 157.

Ante este panorama, las autoridades gubernamentales continúan gestionando ayudas internacionales, entre las que destaca la de Venezuela, enviada este martes, y la de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que será trasladada este miércoles.

Del mismo modo, los cuerpos de sanidad han iniciado una campaña de prevención a fin de evitar que la cifra de infectados continúe aumentando.

teleSUR

 

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27 octubre 2010 3 27 /10 /octubre /2010 19:30

http://www.resumenlatinoamericano.org/images/stories/israel_abusa_de_palestinos.jpg

ESCRITO POR PALESTINA LIBRE

 

La ONG Rompiendo el Silencio difunde unas imágenes que muestran las aberraciones cometidas por las tropas de Israel durante la operación Plomo Fundido

Resumen Latinoamericano/Palestina Libre - Armados hasta los dientes, preparados para el combate pero con tiempo suficiente para irrumpir en cualquier casa y asustar y mofarse de los civiles desarmados que ahí viven. La ONG israelí Shovrim Shtika (Rompiendo el Silencio en su traducción del hebreo) ha difundido unas nuevas fotos de casos de maltrato de soldados de Israel contra palestinos.

 

Este vez, los militares abandonaron sus obligaciones durante la operación Plomo Fundido contra Gaza que dejó 1.400 muertos, la mayoría civiles, para pasar un buen rato a costa de una población que estaba sufriendo una ofensiva militar israelí que dejó tras de sí un reguero de destrucción.

 

Entre las imágenes recién difundidas por la organización, formada por ex militares israelíes, se incluye una en la que aparece un soldado apuntando un rifle de asalto contra la cabeza de un palestino cuyo rostro ha sido cubierto, y otro que ha escrito con un rociador en la pared "enseguida volvemos" encima de una estrella de David. Otras instantáneas muestran a militares pertrechados con sus armas, uniformes y cascos en estancias de casas palestinas posando con aparente tono jocoso.

 

Estas fotografías son las últimas de una serie que ha salido a la luz pública en los últimos meses gracias a su difusión en redes sociales y soportes de vídeo por Internet y que muestran a militares israelíes abusando o humillando a palestinos.

 

El grupo afirma que ha decidido revelar las fotos para mostrar las aberraciones cometidas por los soldados para refutar los argumentos esgrimidos por el Ejército israelí de que este tipo de comportamientos se sale de la norma. "Recibimos las fotos hace dos meses y estamos en un 90% seguros de que fueron tomadas en Gaza durante la operación Plomo Fundido (diciembre 2008-enero 2009)", declaró Yehuda Shaul, miembro de la organización.

 

A la espera de tener una confirmación final, la ONG sostiene tras visionar la colección de fotografías, que tanto las unidades militares como las pintadas y el entorno de las mismas apuntan a que fueron tomadas en Gaza.

 

"Esto es lo que ocurre cuando ocupas a civiles. Te acostumbras a ver a detenidos y te olvidas de que son personas", comentó Shaul, cuyo grupo fue uno de los tres finalistas candidato al premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo, en reconocimiento a su lucha por la libertad.

 

La autenticidad de las imágenes no ha podido ser contrastada de forma independiente, pero los gestos de los soldados rememoran a actuaciones que han sido investigadas en meses recientes. Un portavoz militar israelí lamentó que la ONG haya preferido difundir las fotos, "en las que evidentemente aparecen soldados", en lugar de dirigirse directamente al Ejército para que investigue su veracidad.

 

Añadió que el Ejército ha abierto una investigación a cargo de la Policía Militar, que pasará sus conclusiones a la Abogacía Militar, y que en caso de encontrar indicios de que se puede imputar algún cargo, se abrirá una investigación criminal.

 

Las fotografías siguen al vídeo aparecido a principios de mes de un joven militar de uniforme que bailaba alegremente al ritmo de música árabe alrededor de la palestina que permanecía esposada, con el rostro vendado e inmóvil de cara a la pared.

 

Hace pocos meses se produjo otro escándalo similar con la publicación en Facebook de fotos de la soldado en la reserva Eden Abergil, en las que posaba alegremente junto a palestinos detenidos, esposados y con los ojos vendados.

 

www.palestinalibre.org

 

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27 octubre 2010 3 27 /10 /octubre /2010 18:52

http://www.radio36.com.uy/imagenes/2009/07/02/abella_(Small).jpgSeñor Mujica: "No nos haga cómplices de una afrenta contra la memoria de Artigas"

Carta de un ciudadano al Presidente

 

 

Sr. Mujica Cordano

Presidente Constitucional de la República.

 

             No creo que sepa quién soy. No lo voté, y creo que el único vínculo entre nosotros es el que todo ciudadano tiene con el Presidente constitucional de su país.

Le escribo por un tema que preocupa a muchos compatriotas. Parece prematuro, pero la red de los eventos ya se está tejiendo.

El próximo 18 de mayo se conmemorará el 200 aniversario de la Batalla de las Piedras. Pues bien: el Ejército Uruguayo, equivocadamente,  ha tomado esa fecha como su propio aniversario.

Este Ejército es una institución que forma parte de un Estado nacido en 1830, cuyo primer presidentefue Rivera. ¿Qué relación tienen, este Estado y este Ejército con los sucesos de 1811?

Además el Estado "uruguayo" nació con la desaprobación total de Artigas, quien incluso se negó avolver a este suelo para no legitimarlo. ¿Cómo es posible entonces que un grupo de funcionarios públicos con armas, pagados por ese Estado, proclamen ser los depositarios principales de la tradición artiguista?

Un  funcionario público puede ser artiguista, sin duda; pero lo será por su pensamiento y su obra, no por el simple hecho de ser funcionario de una institución del Estado, y mucho menos de ESTE Estado.

Lo que afirma el Ejército a través de sus voceros es un disparate. Es como si cualquier ciudadano se pusiera peluca y dijera que por ello es heredero de las tierras que otorgó el Cabildo en 1725.

Pero esto es sólo el aspecto formal del tema.

Lo más grave es el contenido de esta autoproclamación. Porque en esencia significa que los verdugos se proclaman continuadores de la víctima.

Artiga soñó con una Patria Grande que abarcara una inmensa región americana. La quiso sin discriminados, y con un poder descentralizado, con autonomías, donde "los más infelices sean los más privilegiados". Convocó para ello a pueblos enteros de memorias diferentes y sueños comunes, recomendó a texto expreso que conservaran su propio armamento, y a los pocos uniformados que le envió Buenos Aires los llamó "ejército auxiliar" de aquel proyecto. Para evitar la marginalidad social entendió que el poder debía intervenir limitando la propiedad de la tierra, y que debía promoverse "la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable".

Artigas vistió uniforme militar español sólo unos pocos años, y como militar propiamente dicho su hecho más destacado (y el que más festejamos, el que más celebramos) fue que desertó en 1811. Unos años después, en la cima de su poder, Larrañaga lo vuelve a ver, se sorprende de su aspecto y dice textualmente "en nada parecía un general". La misma sorpresa reciben los hermanos Robertson, al ver a este hombre en un humilde rancho, embebido en temas de gobierno multicultural y a la vez Comandante de la guerra asimétrica contratodos los poderes opresores.

El Primer Presidente del Estado "uruguayo" de 1830 tenía como mérito principal, precisamente, haber traicionado a Artigas y procurar su asesinato en 1820. Están sus cartas recomendando eliminar físicamente a Artigas. Desde luego, no fue su único mérito ante los opresores. Su entrega al enemigo desde 1817, el haber sido oficial del Imperio ocupante, haber puesto precio a la cabeza de losTreinta y Tres, luego su mentira (prisionero en el Monzón) diciendo que volvía a cambiar de bando, su saqueo a las Misiones Orientales dejando una estela de muerte, violaciones y desolación, fueron su currículum para ser presidente del nuevo Estado. Como sabemos, no defraudó como Presidente a sus nuevos amos neocoloniales.

Pero los presidentes y los dictadores pasan y las instituciones se remiendan y quedan,al menos por ahora.

Cuando las instituciones formalmente democráticas fueron violadas ¿de qué lado estuvo el Ejército uruguayo? Cuando se violaron los derechos humanos ¿cuál fue su papel? ¿Ysu desempeño internacional? El saqueo vergonzoso al Paraguay fue su único acto de guerra real. Después, fue llamado a operar como mercenario, al servicio de intereses neocoloniales, contra pueblos que nunca lo llamaron, como es el caso actual en Haití.  

Pero pensando mejor algo que dije al principio, debo rectificarme. En este país todos nos conocemos.  Hasta conozco jóvenes oficiales que en voz baja dicen sentirse molestos por la pesada mochila de culpas ajenas que cargan por la tortuosa historia de  su institución. Por ahora no les creo. Si no condenan el genocidio indígena, si no repudian la Guerra del Paraguay y las sucesivas violaciones a los derechos humanos; si no se juegan por verdad y justicia, sino nos ayudan a desmantelar el aparato represivo, no les creo nada. Bien, la institución les dio una escarapela artiguista. ¡Ahora gánensela!

 

Casi me olvidabapor qué le escribo. Es una exhortación. No legitime con su presencia, Presidente,una mentira histórica. Que los militares festejen lo que quieran, si Ud. no tiene fuerza o autoridad para prohibírselo. Pero no nos haga cómplices de una ofrenda contra la memoria de Artigas. Que ninguna escuela pública, que ningún liceo, ningún civil, sea convocado a participar junto a los usurpadores de la memoria. Hay demasiados muertos que alguna vez confiaron en usted y que hoy se lo reclaman junto a nosotros.

Si Ud. se presta al show, los vivos y losmuertos se lo demandarán.

 

Gonzalo Abella

 

 

http://www.resumenlatinoamericano.org/images/stories/24_artias1.jpg

.    

Marquemos un Norte,

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26 octubre 2010 2 26 /10 /octubre /2010 20:15

http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2010/10/422303116_4231e6d737_z-170x170.jpgAnte la celebración el 16 de octubre del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay se une a la demanda de los pequeños productores del país por frenar el avance de los agronegocios y acelerar las medidas que faciliten su trabajo y vida en el medio rural. Los ambientalistas resaltan además su preocupación por las numerosas aprobaciones de nuevos cultivares transgénicos. La agricultura familiar, la agroecología, la producción orgánica y el uso de semillas locales son la alternativa.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay se sumó el sábado a la celebración del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria y se hace eco de las demandas de los pequeños productores nacionales por medidas que impulsen la producción local de alimentos. 

Los ambientalistas saludan en esta fecha especialmente a los productores familiares y orgánicos de Uruguay, y a las mujeres rurales, con los cuales trabajan regularmente estos temas. REDES destaca particularmente el programa de “Rescate y Revalorización de Variedades Nativas y Criollas y Soberanía Alimentaria”, en el que participa junto a la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) y la Facultad de Agronomía.

La soberanía alimentaria es una demanda política lanzada en 1996 por La Vía Campesina, red internacional de organizaciones del campo. Esa consigna de lucha defiende el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables y justas de producción, distribución y consumo de alimentos, que privilegien a la agricultura familiar y ecológica.

En Uruguay, alrededor de un millón de hectáreas están dedicadas en la actualidad a la forestación y la industria de la celulosa transnacional. Se espera que el año que viene los monocultivos de soja transgénica ocupen la misma cantidad de tierras. No es un porcentaje menor en un país que tiene 16 millones de hectáreas de tierras cultivables.

El modelo productivo actual del país, marcado por una creciente concentración y extranjerización de la tierra, que deja sin espacio a los pequeños productores, fue el tema central de un diálogo nacional sobre función social de la tierra realizado el 30 de septiembre y 1 de octubre en la Cruz de los Caminos, entre Totoral del Sauce y San Jacinto (Canelones). La actividad fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR).

Allí se informó que en Uruguay 284 empresas concentran 2,5 millones de hectáreas de tierra. El desplazamiento de los agricultores familiares, el deterioro de la biodiversidad por los monocultivos y la intensificación del uso de agrotóxicos, y la pérdida de soberanía alimentaria son algunas de las consecuencias más graves de este modelo.

Una de las principales características de este esquema es la expansión de los transgénicos, en particular la soja. En Uruguay está autorizado desde 1996 el cultivo comercial de la soja transgénica RR (de la estadounidense Monsanto), y desde 2003 y 2004 se permiten los maíces transgénicos MON 810 (también de Monsanto) y Bt 11 (de la suiza Syngenta) respectivamente. Durante 2009 se aprobaron siete nuevos eventos transgénicos de maíz y soja para ensayos de cultivares y producción de semillas para exportación.

Hoy resulta alarmante la celeridad con la que se aprobaron los nuevos transgénicos, aun cuando los técnicos que participaron en la evaluación de riesgos reconocieron que se les dio un plazo muy breve, de una semana en algunos casos, para expedirse.

El actual modelo productivo uruguayo, transnacional, concentrador, biotecnológico, destinado a las exportaciones, hace cada vez más difícil la sobrevivencia de quienes tradicionalmente han producido nuestros alimentos, los pequeños productores del medio rural. REDES – Amigos de la Tierra Uruguay reivindica sus demandas por incentivos para la producción ecológica y familiar, acceso a tierras y bienes de producción, y mejores servicios en el medio rural, en beneficio de la mayoría de la población y de nuestra soberanía.

Por más información:
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Karin Nansen – Pablo Galeano
098 556 360 – 098 579 350 – 2908 27 30 (REDES – Amigos de la Tierra Uruguay)
urusust@redes.org.uy – pablogaleano71@gmail.com

 

Bernardino García (Charrúa) cuenta ABITAB Nº 17508

Necesitamos tu colaboración mas información: AQUÍ

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25 octubre 2010 1 25 /10 /octubre /2010 23:29

http://www.kaosenlared.net/img2/151/151076_ulisesruiz2_1.jpgEl asesinato del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido ayer en la ciudad de Oaxaca, es la más reciente expresión del recrudecimiento de la violencia en esa entidad. Cabe recordar que, menos de 24 horas antes de este homicidio, en Tuxtepec fue asesinado otro líder social: Catarino Torres Pereda, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien padeció una persecución política del actual gobierno estatal, al grado de ser encarcelado en 2006, en el contexto de la revuelta popular que se desarrolló en la capital oaxaqueña.

El telón de fondo de estos crímenes es una sucesión conflictiva y accidentada en el gobierno estatal, marcada por la crisis interna del priísmo oaxaqueño –consecuencia, a lo que puede verse, de la derrota electoral de julio pasado– y por acusaciones como las que pesan contra el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y varios de sus familiares, por presunto lavado de dinero.

El clima de tensión creciente que impera en la entidad, agravado por los recientes homicidios, dificulta, a querer o no, las condiciones en que habrá de asumir funciones el gobierno entrante de Gabino Cué Monteagudo, quien tendrá como reto principal procurar orden y gobernabilidad en una entidad donde en el sexenio reciente han privado las características opuestas.

Por otro lado, acerca de la violencia que se desarrolla en la región triqui, el asesinato viene a enrarecer más un conflicto que, en meses recientes, ha cobrado decenas de vidas, entre las que destacan las de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, acaecidas el 27 de abril pasado, y la del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI, escisión del MULT), Timoteo Alejandro Ramírez, ocurrida en mayo pasado.

No deja de ser significativo que, al igual que hizo el MULTI tras el asesinato de Timoteo Ramírez, la representación del MULT en esta capital calificó el homicidio de Pazos como crimen de Estado. Al margen de la complejidad que ha adquirido el conflicto en la región triqui –donde además del MULT y del MULTI disputa el poder la organización priísta de corte paramilitar Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)–, es claro que existe responsabilidad ineludible de las autoridades oaxaqueñas, las cuales han exhibido una actitud omisa, por decir lo menos, ante la multiplicación de signos de violencia en la región. Desde que el gobierno de Ulises Ruiz decidió lavarse las manos ante el bloqueo del municipio autónomo de San Juan Copala, y el posterior ataque a la caravana de solidaridad que buscó romper el cerco paramilitar impuesto a esa localidad, se otorgó una patente de impunidad que terminó por potenciar –hoy es meridianamente claro– el recrudecimiento de la violencia que lacera la resistencia histórica del pueblo triqui.

Igualmente sorprendente es que el asesinato de Heriberto Pazos haya ocurrido a pesar de que lo escoltaban elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a su seguridad, así como su guardia personal.

Los recurrentes intentos del oficialismo por minimizar el conflicto y atribuirlo a una lucha intestina han tenido el efecto contrario: sellar en la opinión pública la percepción de una voluntad gubernamental de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados, y del designio de utilizar y fomentar la división del pueblo triqui para minar las reivindicaciones autonómicas de sus integrantes.

En tal circunstancia, el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes sociales oaxaqueños adquiere un peso mayúsculo y un carácter de obligatorio para la administración saliente en la entidad.

 

 

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24 octubre 2010 7 24 /10 /octubre /2010 06:14

http://www.adital.com.br/site/mostrafoto.asp?lrg=250&alt=170&img=destaques/22_acteal_OK.jpgKarol Assunção *

Adital -
Impunidad. Ésta es la palabra que acompaña, hace años, el caso de la Masacre de Acteal, ocurrido en Chiapas, México, en 1997. Como si no bastasen los 29 paramilitares involucrados en la masacre, excarcelados el año pasado, el Estado mexicano liberó este año a otros 15 responsables materiales de lo ocurrido. Organizaciones de derechos humanos llaman la atención sobre la injusticia sustentada por el Estado en relación con los delitos de lesa humanidad.

En un boletín divulgado ayer (21), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se muestra preocupado por las decisiones judiciales de excarcelar a los autores de la masacre. De acuerdo con el Centro, los 15 acusados fueron reconocidos por testigos y sobrevivientes del delito ante las autoridades.

 

"El Estado mexicano, al beneficiar con libertad anticipada a esas 15 personas, confirma su negativa de hacer justicia en el caso de la Masacre de Acteal", declara Frayba. Esto porque, según la organización de derechos humanos, la pena de los recién liberados ya había sido reducida en otras ocasiones.

 

Primeramente, los acusados fueron sentenciados a 36 años y tres meses de prisión por delitos de: homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Sin embargo, después del recurso de apelación, los jueces federales disminuyeron la pena a 26 años. Más tarde, los responsables de la masacre fueron nuevamente beneficiados: reducción de la pena a 18 años y reclasificación a delito simple.

"La protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente ante la insistencia en sepultar los acontecimientos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Delito de Estado, y, como consecuencia, negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia se hizo evidente ante estos hechos", comenta Frayba.

Los 15 involucrados en la masacre no fueron los primeros en ganar la libertad. De acuerdo con el boletín de Frayba, en agosto de 2009, "20 civiles indígenas, también sentenciados como autores materiales de la masacre," fueron liberados. En noviembre del mismo año, otros nueve fueron beneficiados con la salida de prisión.

Basado en informaciones de medios de comunicación, el Centro de Derechos Humanos revela que otros acusados podrían salir en los próximos meses. De acuerdo con Frayba, la defensa de los autores materiales ya avisó que presentará al SCJN un incidente de reconocimiento de inocencia a fin de que otras 24 personas también puedan ser excarceladas.

"Tal como ha venido actuando el gobierno mexicano, es de se suponer que serán liberados, dejando en absoluta indefensión a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, que manifestaron preocupación y temor ante los hechos de que los grupos paramilitares no fueron desarmados ni investigados, pues los agresores siguen en posesión de las armas que fueron usadas y pueden volver a usarlas", observa.

Además, el Centro llama la atención sobre la falta de investigación de los autores intelectuales del delito, que en esa época eran altos funcionarios del gobierno, como: Ernesto Zedillo, entonces presidente de la república; Emilio Chuayfett, secretario de gobierno; Enrique Cervantes, secretario de Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas; Homero Cristiani, secretario de gobierno de Chiapas; entre otros.

"Este Centro de Derechos Humanos ve con preocupación las decisiones tan lamentables que están generando precedentes de impunidad y ausencia del estado de derecho. Se evidencia también la falta de división real de poderes en nuestro país", comenta, destacando además que el Centro continuará denunciando el caso ante instancias internacionales de derechos humanos.

Masacre de Acteal

El día 22 de diciembre de 1997, indígenas tsotsiles integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas fueron asesinados mientras rezaban en una pequeña iglesia del campamento de refugiados "Los Naranjos", ubicado en el municipio de Chenalhó, Chiapas. El caso, conocido como "Masacre de Acteal", terminó con la muerte de 45 indígenas: nueve hombres, 15 niños y adolescentes y 21 mujeres, de las cuales cuatro estaban embarazadas.

 

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22 octubre 2010 5 22 /10 /octubre /2010 22:01

El gobierno federal invisibiliza la explotación sexual infantil. Sin que existan políticas públicas, datos confiables, legislación adecuada, atención a las víctimas ni programas de prevención, la cifra de niños que caen en las redes del crimen organizado con fines sexuales sigue aumentando. “Un Estado que no atiende a su infancia es un Estado que se autoaniquila”: especialistas

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/1-2381.jpg

En México, entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente, según cifras de organizaciones no gubernamentales. El delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado; sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno federal. No existen políticas públicas, un combate efectivo, legislación armonizada, atención a las víctimas y, ni siquiera, datos confiables. Los especialistas observan que la omisión refleja que los niños, niñas y adolescentes siguen sin ser considerados ciudadanos.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) equivale a una forma contemporánea de esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo la define como una violación de derechos humanos y una forma de explotación que ocurre cuando se engancha o utiliza a los menores en actividades sexuales para satisfacer necesidades.

Seguimiento:

Las modalidades de la ESNNA son la prostitución y la pornografía infantil, el turismo sexual, el abuso sexual y la trata y venta de niños, niñas y adolescentes para actividades sexuales.

La asociación civil Infancia Común expone que la ESNNA ocupa el segundo lugar en generación de recursos en México, ubicados en el orden de los 24 mil millones de dólares anuales por encima de la venta de armas y sólo superada por el narcotráfico.

Mayra Rojas Rosas, directora de la asociación civil que trabaja contra la explotación sexual infantil, señala que es un problema poco visibilizado que no se atiende debidamente, pese a la gravedad del fenómeno, sus vínculos con el crimen organizado y las violaciones a los derechos de las víctimas.

“No se ha tomado con suficiente seriedad porque los niños no cuentan en el presente, cuentan como futuro. Es una verdadera desgracia porque quien no atiende a su presente, no tiene futuro. Un Estado que no ve por sus niños no tiene sentido de existir; se autoaniquila. Es absurdo que sea tan ciego a una problemática de tales dimensiones”, señala la activista.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), declara que la ausencia de un sistema integral de protección de los derechos de los niños, un Estado que no reconoce la voz de niños y niñas, que inhibe la denuncia, la impunidad y actuación del crimen organizado impiden saber cuál es el estado de esta situación, cómo afrontarlo, qué atacar y cómo prevenirlo.

Sin que el Estado combata un problema que crece, el especialista menciona que, puesto que los menores de edad representan al 30 por ciento de la población del país, el Estado no considera a la tercera parte de su población como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. “El gobierno no está colocando en el centro de sus decisiones a los niños. Pareciera que no existieran”.
Limitada información sobre explotación sexual infantil

Desde 2005, se reporta un aumento visible, pero difícil de cuantificar, de la explotación sexual en el país, apunta la Redim en su informe Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad. La razón, atribuye la organización, es la inexistencia de políticas integrarles y de recursos públicos suficientes y específicos dirigidos a enfrentar y combatir el problema. El reporte señala que la cifra oficial de 16 mil niñas y niños envueltos en la ESNNA presenta limitaciones y se encuentra desactualizada y sin estudios comparativos recientes.

Datos aislados pueden dar una visión parcial del fenómeno. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) menciona que en 21 estados del país, se han detectado actividades de turismo sexual infantil. La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina ubica a México en el quinto lugar a nivel mundial en esta modalidad.

Según Infancia Común, México tiene el segundo lugar en el mundo en producción de pornografía infantil. Tan sólo en cinco años, se detectaron en este país más de 4 mil sitios electrónicos dedicados a la pornografía infantil. En Latinoamérica, existen, al menos, 100 foros virtuales donde se intercambia este tipo de material; un tercio de ellos se ubica en el país.

“La dificultad de contar con cifras más precisas del número de niñas y niños envueltos en las diversas formas de explotación sexual tiene que ver con las deficiencias en los marcos legales para tipificar adecuadamente los delitos que se cometen contra la infancia en este ámbito”, describe la Redim.

Hace 10 años se publicó el último informe oficial sobre explotación sexual infantil en México. El documento, realizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Unicef y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sugería que 16 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en el país. La mayoría se ubica en seis ciudades: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana.

La prostitución, el tráfico y venta de niños, la pornografía y el turismo sexual predominan en estos destinos donde se cuentan 4 mil 600 niños explotados. Los menores de edad se prostituyen por igual en calles, plazas, mercados, parques, estaciones de autobuses, hoteles, moteles, prostíbulos, pensiones, bares, cantinas, centros nocturnos, casas clandestinas, loncherías, cervecerías, restaurantes, casas de masaje, estéticas y agencias de modelaje y de acompañantes.

En 2000, se atribuía que el incremento de la ESNNA estaba impulsado por el empeoramiento de las condiciones de vida al interior de las familias; la promoción de la prostitución dentro del círculo familiar; la utilización de actividades sexuales por parte de niños que huyen de sus casas; el reclutamiento de niños como trabajadores sexuales por parte del crimen organizado, y el traslado de niños provenientes de otros países.

Las víctimas de la ESNNA provienen de las propias localidades y otros estados de la república. Únicamente se conoce la presencia de menores extranjeros en Cancún y Tapachula. En la mayoría de los estados, los explotadores sexuales son originarios de los mismos estados y de otros países, mientras que por igual clientes nacionales y extranjeros demandan este tipo de “servicio”.

Mayra Rojas Rosas, de Infancia Común, subraya que cualquier menor de edad es susceptible de ser sujeto de explotación sexual. Lo común en las víctimas, no obstante, es la exclusión económica, social o afectiva. Los niños son vulnerables a los modos cada vez más sofisticados de los explotadores, como la seducción y el que utilicen las necesidades individuales para afinar su práctica.

Las formas de reclutamiento son el rapto, la presión de los padres, el arreglo entre padres y traficantes, y la seducción o el matrimonio. En donde existe el mayor número de casos, las personas que reclutan y obtienen beneficios de los niños explotados sexualmente son los familiares, los padrotes, los dueños de bares y prostíbulos, enganchadores, policías, los productores y vendedores de pornografía, taxistas, recepcionistas y meseros.

La directora de Infancia Común enuncia que el fenómeno sucede en todo el país porque hay un problema estructural que permite que esto suceda. Así, la explotación sexual llega a ciudades medias, como León, Puebla, Tlaxcala, Monterrey y Saltillo.

Según el estudio Infancia robada, a los principales destinos de la ESNNA se suma la Zona Metropolitana del valle de México, con 2 mil 500 menores de edad que son explotados sexualmente, y otros destinos turísticos, como Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa y Huatulco, donde 1 mil 500 niños, niñas y adolescentes son sujetos de todas las modalidades de explotación sexual. Abuso sexual en silencio

Hasta el III Congreso Mundial contra la Explotación de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, se incluyó al abuso sexual como modalidad de la ESNNA. Infancia Común indica que, en los últimos 30 años, el abuso sexual se incrementó 200 por ciento. El 74 por ciento de las víctimas es menor de 14 años y el 81 por ciento es niña. El 93 por ciento de los casos ocurre al interior de la familia. En la mayoría, la agresión continúa por meses o hasta años.

Se considera abuso sexual a cualquier clase de placer sexual que ejerce un adulto con un niño, utilizando su posición de poder o autoridad. En México, señala la Redim, es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor. Mientras no existe información estadística sobre la incidencia del delito, tampoco se conoce qué cantidad de niños, niñas y adolescentes han sido atendidos y puestos a disposición de las autoridades.

El DIF recibió 7 mil 283 denuncias por abuso y violencia sexual infantil entre 2000 y 2005. Lejos de reducir su incidencia, el delito sigue creciendo. Tan sólo el DIF de Veracruz reportó, en mayo de este año, haber recibido 20 llamadas semanales que denunciaban abuso sexual a menores. Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que el 77 por ciento de las víctimas es niña y el promedio de edad de los afectados es de cinco a siete años.

A nivel legislativo, en 25 estados del país no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, “lo que evidencia el alto riesgo para la niña o niño de sufrir nuevamente estos abusos como parte de la convivencia que se establece en el matrimonio”, subraya la Redim.

Mayra Rojas Rosas, directora de Infancia Común, explica que la existencia de tabúes alrededor de la sexualidad, el desconocimiento y la nula educación sobre el desarrollo sicosexual de los niños permiten que se sigan cometiendo los abusos: “Por un lado, el adulto es quien tiene la razón y los niños tienen que obedecerlo, no importa si están siendo abusados. Por otro, los niños no saben ni nombrar lo que les sucede por falta de capacitación de padres y maestros”.

Al respecto, el director ejecutivo de la Redim, Pérez García, agrega que el delito se enmarca en una cultura social que permite el abuso de los niños bajo una visión “adultocéntrica”, donde todo gira en función de los adultos y ello impide que la voz de los niños sea oída cuando denuncian que están siendo molestados. A la cantidad de casos denunciados, la activista suma la cifra que no se conoce porque los niños no se atreven a hablar.

El problema es grave, califica Rojas Rosas. Y es que cada vez que Infancia Común imparte talleres en las comunidades, en promedio cinco personas se acercan para denunciar casos. “El abuso –enuncia– puede ser la puerta a la prostitución y otras formas de explotación sexual”.

El 20 de agosto, se tipificó el delito de pederastia como grave en el Código Penal Federal. De esta manera, el infractor podrá ser sancionado con una penalidad de nueve a 18 años de prisión y una multa de 70 a 2 mil 250 días de salario mínimo.

El artículo 209 bis del Código Penal Federal establece que “será penalizado quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue o induzca a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento”. También se cancela la posibilidad de que una persona sentenciada por el delito acceda al beneficio de la libertad preparatoria.
Trata con fines de explotación sexual

La Redim advierte que, pese a la falta de información, hay un incremento en la trata con fines de explotación sexual en la medida en que México es un país que a la vez es fuente, tránsito y destino de diversas formas de trata. Infancia Común calcula que, en este país, 80 mil personas de ambos sexos y de todas las edades son víctimas de trata.

El Centro de Estudios de Política Juvenil de la Universidad de Pensilvania predecía que unos 2 mil 500 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, canadienses y mexicanos, cruzarían la frontera con Estados Unidos para fines sexuales en 2000, y que el escenario de riesgo potencial involucraba a 231 mil.

Publicado en junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Informe sobre trata de personas menciona que el tráfico con fines de explotación sexual tiene consecuencias devastadoras en los menores, tales como traumas físicos y sicológicos de por vida; enfermedades de transmisión sexual, adicción a las drogas, embarazos no deseados, desnutrición, ostracismo y la muerte.

El Departamento de Estado describe que niñas, niños y mujeres mexicanas son sometidos al servilismo sexual dentro de Estados Unidos y México, atraídos por falsas ofertas de trabajo en zonas rurales, ciudades fronterizas y destinos turísticos.

En el país, la mayor parte de las personas extranjeras que es víctima de trabajo forzado y explotación sexual viene de Guatemala, Honduras y El Salvador, que en su paso hacia a Estados Unidos es secuestrado por traficantes, especialmente en la frontera con Guatemala. También, señala el reporte, hay personas de Suramérica, el Caribe, Europa del Este, Asia y África.

Subraya que la explotación sexual de niños en el turismo continúa creciendo en México, especialmente Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. Principalmente, los turistas que buscan sexo con menores en sus desplazamientos provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental e incluso de México. Sin embargo, hasta junio, el gobierno no había reportado ningún procesado o detenido por este crimen.

Para el Departamento de Estado, “el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas; no obstante, está haciendo esfuerzos significantes”. Entre ellos, cuenta, la primera detención bajo la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que llevó a dictar una sentencia de 10 años. Además, resultado de una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en diciembre de 2009, se detuvieron a cinco acusados de tráfico de niñas y mujeres a Estados Unidos con fines de explotación.

El gobierno de México informó al Departamento de Estado que al momento investigaba 48 casos de trata de personas; no obstante, reconoce que dada la magnitud del problema, el número de investigaciones y detenidos es bajo. Por el contrario, menciona el informe, las autoridades aceptan sobornos, falsifican documentos, desalientan la denuncia de las víctimas y toleran la prostitución infantil y otras formas de explotación sexual.

La trata de personas sigue siendo un negocio, señala Ana María Martínez Yerga, coordinadora del Convenio de Violencia y Trata en Centroamérica de Save the Children en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Explica que ello se ve alentado porque existe demanda y una gran tolerancia social: “Hasta hace algunos años, no se veía como un delito y la gente convive con él con naturalidad. Al no identificar que es un delito, no establece medidas de prevención y protección”.

De la llamada esclavitud del siglo XXI, no existen datos confiables. Con la clandestinidad con la que ocurre, es imposible saber si una modalidad predomina sobre otra, menciona en entrevista con Contralínea.

Martínez Yerga califica el delito como una violación al presente y al futuro de las víctimas, pues todas sus modalidades implican una pérdida de libertades: “Se desintegra a la persona. Separadas de su familia y entorno, son engañadas, secuestradas, violadas, forzadas a usar drogas o adquieren enfermedades de transmisión sexual. Entran en un círculo de violencia; sus estándares de vida son diferentes a los nuestros. Su aprecio por la vida desaparece y su vida pierde todo sentido”.

No obstante las repercusiones, para la especialista, el talón de Aquiles es la atención a las víctimas de trata: “Los sistemas nacionales de protección en la región son muy débiles. Por el nivel de complejidad que tiene el delito y el nivel de complejidad de las consecuencias en las víctimas, se requiere dar una atención integral”.

Apunta que los modelos de atención no se diferencian según lo vivido por la víctima y el tema de la atención se cruza con la persecución del delito. Las víctimas, explica, son puestas como elementos probatorios, lo que sacrifica a los afectados en aras de sancionar el delito. “Además queda el proceso tan complicado que es la restitución de sus derechos”, comenta Martínez Yerga.

La activista advierte que la trata de personas debilita el tejido social. El miedo al crimen organizado, describe, desarticula a la población; en tanto, la desconfianza en las instituciones dificulta las acciones para erradicar el problema: “La población vive amenazada. Temen involucrarse por los peligros a su integridad y la de su familia”.

Respecto de la respuesta de las autoridades, observa como un avance que el tema se esté incorporado en la agenda pública y en la legislación. Por lo que ahora sí se le tipifica como un delito y los países se coordinan para combatirlo. Sin embargo, menciona que hay una distancia entre la firma del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y la instrumentación: “Hay que dar el salto a la institucionalización, a que las acciones se conviertan en políticas públicas y, sobre todo, que exista una asignación presupuestaria para actuar contra el crimen organizado trasnacional”.

El también conocido Protocolo de Palermo compromete a los Estados a prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, que incluya acciones para sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas al amparar sus derechos.

El principal factor de riesgo para que los niños sean víctimas de trata, dice la integrante de Save the Children, es el clima de violencia que están viviendo. La exclusión y la tolerancia de las autoridades también son determinantes, lo mismo la fragilidad y los vacíos en los marcos legales.

Subraya que el punto de partida para erradicar la trata de personas es la prevención: “Las estrategias de prevención deben estar muy aterrizadas en los territorios y que los mensajes sean claros y sencillos. Es muy importante involucrar a distintos sectores. Es fundamental que niños, niñas y adolescentes identifiquen los riesgos para no caer”.

“El Estado no combate la explotación sexual”

Desde que se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en 2007, sólo un caso de denuncia de explotación sexual infantil ha sido llevado a juicio, denuncia Infancia Común. “Los casos –refiere Mayra Rojas Rosas, directora de Infancia Común– se caen por cómo está constituida la legislación. Se anteponen los intereses económicos al bienestar de los niños. Se cosifican a las personas en aras de ganar”.

La organización no gubernamental compara que, mientras en Brasil las denuncias de casos sobre ESNNA ascienden a 14 mil al año, en el Distrito Federal sólo se tiene la denuncia de seis casos, que deben enfrentar la impunidad y la corrupción entre autoridades.

En opinión de Rojas Rosas, mientras el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa está dedicado a la guerra contra el narcotráfico, deja de lado lo más valioso de una nación: sus niños, niñas y adolescentes. “No es un delito contra el Estado, pero es un absurdo no tomarlo como tal, porque lo es. Los niños conforman el presente de la sociedad y la mayoría está desprotegido”.

Sin una posibilidad real de proteger a los menores de edad, comenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, los delincuentes tienen un papel activo para no dejarse ver gracias a la complicidad de las autoridades. “No hay que perder de vista que es una expresión del crimen organizado. No se va a resolver con pequeñas acciones aisladas”, expresa.

Al darle carácter de delito organizado, advierte, la actuación será en distintos niveles: legislativo, al contar con los tipos penales adecuados que eviten la impunidad, y judicial, con investigaciones serias y personal especializado.

Los casos que quedan en la impunidad, recuerdan los activistas, son numerosos. Ejemplifican el caso del abuso sexual de un niño de cuatro años en 2007, en el Instituto San Felipe en Oaxaca, que derivó en la detención de la profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de complicidad de abuso sexual infantil. Los supuestos responsables, Gabriel Hugo Constantino, copropietario de la escuela, y Adán Pérez, maestro de cómputo, siguen libres. Según ha denunciado la madre del niño, el Poder Judicial de la entidad protege a los implicados.

El caso de Casitas del Sur, casa hogar administrada por la asociación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, es paradigmático, considera Pérez García. Desde junio, la organización civil El Caracol denunció que el albergue tenía una red de trata. Fue hasta diciembre que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cateó y desalojó las instalaciones, luego de que se denunciara la desaparición de siete menores de edad. Casos similares se encontraron en otras casas en Nuevo León y Quintana Roo.

“Era un hecho público y la autoridad omitió su responsabilidad de supervisar y prevenir que eso sucediera. Se actúa en los casos de explotación sexual bajo denuncia o presión pública, pero no porque haya acciones de prevención o trabajo de investigación”, argumenta el activista.

Otros casos más, agregan, son la explotación sexual de adolescentes en las casas de masajes que se promocionan en los anuncios clasificados, y la prostitución de menores de edad en colonias populares del Distrito Federal que funcionan gracias a redes de complicidad.

A la falta de un combate más eficiente del delito, se suma el que la legislación sobre el tema no sea la adecuada. El Congreso de la Unión aprobó la reforma integral al título octavo del Código Penal Federal, denominado “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”, que tipifica como delitos graves el lenocinio, la pornografía, el turismo sexual y trata de personas menores de 18 años. Junto con la modificación, se reformó el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que los delitos fueran sancionados conforme a la misma.

Pese a ello, no hay homogeneidad entre las distintas legislaciones estatales que permita un combate más eficaz. Mayra Rojas explica que ello provoca un fenómeno cucaracha: “Si en un estado, la explotación sexual está más penada que en otro, los delincuentes migran. Es una coladera y los casos seguirán yéndose como agua entre las manos mientras no sean homologadas”.

Para la Redim, las deficiencias en los marcos jurídicos son más graves en las leyes estatales, donde prevalecen situaciones que vulneran los derechos de las víctimas. Además, únicamente en tres ciudades se ha avanzado en la materia gracias a la colaboración entre los gobiernos y los organismos internacionales. De esta manera, en el Sur del país, donde hay una incidencia importante de explotación sexual, los esfuerzos locales son escasos.

En los procesos judiciales, advierte la asociación, se les vuelve a victimizar al poner en riesgo su seguridad y la de sus familias y protectores. En su informe Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad, apunta que es frecuente que los niños, niñas y adolescentes rescatados de las redes de explotación sexual sean puestos en lugares que no cumplen con los perfiles y requisitos necesarios para proteger su integridad y salvaguardar sus derechos.

Igual de importante que el combate, sugiere Pérez García, es la atención a las víctimas de ESNNA: “¿Qué se hace con la vida de ellos, cómo encontrar espacios de protección para que no siempre sean estigmatizadas o queden a su suerte? No existen muchos espacios donde puedan ser atendidas las víctimas. El Estado mexicano no tiene la infraestructura instalada para garantizar su recuperación”.

La atención, explica Rojas Rosas, tiene que ser especializada, integral e interdisciplinaria. “No existe todavía un protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes”. Para la activista, la manera de atacar la explotación sexual infantil es con la prevención a través de la capacitación, programas de educación sexual y redes comunitarias.

Paulina Monroy / Red Voltaire / ALERTA ROJA

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22 octubre 2010 5 22 /10 /octubre /2010 21:52

La presidenta Fernández atribuyó el crimen a sectores que “buscan un muerto en Argentina”. Dijo que mantendrá su “política de no reprimir” las protestas sociales.

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/i_10734.jpgMiles de manifestantes pertenecientes a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles marcharon en la ciudad de Buenos Aires en repudio al asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra durante el ataque de un grupo de sindicalistas afiliados al sindicato Unión Ferroviaria a unos obreros despedidos acompañados por organizaciones sociales y políticas.

Los manifestantes unificaron sus cánticos en "Se va a acabar la burocracia sindical", una consigna heredada de la década del 70 cuando los militantes clasistas y de la Juventud Peronista enfrentaban a las cúpulas sindicales peronistas.

Seguimiento:

El Partido Obrero al que pertenecía Ferreyra, de 23 años y estudiante universitario, encabezó la manifestación que finalizó frente a la Casa de Gobierno y estimó la concurrencia en 70.000 personas.

Otra activista del Partido Obrero, de 57 años, recibió un balazo en la cabeza que la mantiene en grave estado en un hospital público de Buenos Aires, donde este jueves fue dado de alta Nelson Aguirre, otro militante de esa fuerza política.

Aguirre, a quien la Justicia ha pasado a considerar un testigo clave en el esclarecimiento del asesinato, aseguró haber visto a una persona de la Unión Ferroviaria "disparando a quemarropa", aunque no descartó que en ese grupo de choque hubiera más gente armada.

"Fue una clara emboscada. El que disparó no tenía ropa de ferroviario, sino que estaba vestido de civil", afirmó en declaraciones a la televisión.

El diputado Fernando "Pino" Solanas, Nora Cortiña de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Hugo Yasky, de la central sindical CTA, que convocó a un paro nacional, figuraron entre los manifestantes.

Las organizaciones kirchneristas alineadas con el dirigente Luis D'Elia también participaron de la manifestación, mientras que Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, adhirió a la manifestación y pidió el esclarecimiento del crimen.

En dos actos políticos, la presidente Cristina Fernández acusó este jueves por estos actos de violencia a "algunos sectores" que "desde hace mucho tiempo buscan un muerto en Argentina".

"Como no lo pueden lograr desde la fuerzas de seguridad, aparecen estas bandas", añadió la mandataria antes de señalar que el Gobierno mantendrá su "política de no reprimir" las protestas sociales.

"No quiero una sociedad de piedras y palos. Prefiero pagar costos políticos antes que ordenar una represión", matizó.

La mayoría de los comercios permanecieron abiertos al paso de los manifestantes que comenzaron su recorrida en el Congreso Nacional, excepto la cadena de comidas rápidas Mc Donald's.

El grupo Quebracho, de tendencia ultraizquierdista, quemó basura al pie del Obelisco de la capital argentina y luego en la Plaza de Mayo arremetió contra las vallas policiales que protegían la Casa de Gobierno.

El documento leído durante la manifestación responsabiliza del crimen "a la cúpula de la Unión Ferroviara encabezada por José Pedraza", histórico secretario general, alineado con la central sindical peronista CGT, cuyo titular, Hugo Moyano, repudió el crimen.

Pedraza es titular de la Unión Ferroviaria desde 1985. En la década del 90 acompañó la privatización de los ferrocarriles durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem.

Prensa Web La Radio del Sur / Agencias

 

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22 octubre 2010 5 22 /10 /octubre /2010 21:40

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció la “persecución política promovida por el Estado hondureño, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte”.

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/honduras-resistencia35434523456.jpgUn total de 157 líderes de la resistencia en barrios y comunidades debieron exiliarse luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, porque sus vidas corrían peligro, denunció este jueves el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).

Bertha Oliva, coordinadora de la Cofadeh, denunció la "persecución política promovida por el Estado hondureño, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, contra los opositores" al golpe que además de las víctimas que produjeron en Honduras desde entonces obligaron al exilio a estos dirigentes regionales.

El 28 de junio del año pasado, militares encapuchados secuestraron al presidente Manuel Zelaya, lo llevaron a la fuerza a Costa Rica y colocaron en el poder al diputado Roberto Micheletti, titular del Congreso, a partir de fraguar una falsa carta de renuncia al cargo del mandatario constitucional.

Zelaya logró regresar de manera sorpresiva al país el 21 de septiembre y se mantuvo refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa durante tres meses, hasta su salida al exilio en República Dominicana.

El ex mandatario vive en el exilio debido a la falta de garantías para un retorno seguro a Honduras y por los juicios seguidos en su contra por las mismas instituciones que apoyaron el golpe de Estado, en primer lugar la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.

Esta semana 30 congresistas demócratas de Estados Unidos denunciaron la deplorable situación de los derechos humanos en este país y pidieron a su gobierno abandonar los intentos de lograr el reingreso de Honduras a la OEA (Organización de Estados Americanos) mientras se mantenga esta situación.

"Hemos recibido informes creíbles de organizaciones de derechos humanos que señalan que los abusos continúan con casi total impunidad", señalaron los legisladores.

Durante el primer semestre de este año fueron asesinadas en el país cerca de 3.000 personas, con un promedio de 16,27 muertes diarias, lo que marca uno de los niveles de violencia más altos de América latina.

Entre las víctimas figuran 10 periodistas, 30 abogados y varios líderes de organizaciones populares, y la mayoría de los crímenes no han sido investigados.

Prensa Web La Radio del Sur / Agencias

 

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21 octubre 2010 4 21 /10 /octubre /2010 22:02

POR 50 VOTOS EN 80. BLANCOS, COLORADOS Y PI SE ALINEARON CONTRA EL TEXTO

Tras 11,5 horas de discusión, Diputados votó dejar sin efecto la Ley de Caducidad
Los 50 diputados del Frente Amplio le dieron media sanción a la ley que interpretará la Ley de Caducidad tras casi 12 horas de sesión. Los 30 blancos, independientes y colorados la votaron en contra.

Ricardo Portela

http://www.larepublica.com.uy/publicaciones/101/20101021/images/428686_1.gifUn centenar de personas siguieron de cerca todo el debate que está poniendo fin a 24 años de la Ley de Caducidad.

Renga y con ojo morado quedó anoche, a las 22.00 horas en punto, la 15.848, la Ley de Caducidad. Casi 24 años después que fuera sancionada en un mes de diciembre por el parlamento del año 1986 se llegó a la jornada de ayer que, tras once horas y media de exposiciones y con el voto a favor de los 50 legisladores de la bancada del Frente Amplio y la posición en contra de los 30 parlamentarios blancos, colorados e independientes, este Poder Legislativo le concedió la media sanción a la ley interpretativa que establecerá su inaplicabilidad en el sistema jurídico uruguayo. En pocos días más el Senado terminará rubricando lo realizado ayer por los Diputados y, con esta posición, el Estado uruguayo se presentará ante los estrados internacionales de los Derechos Humanos, una de las tantas causas por la que el espectro político nacional resolvió dar ayer este paso.

Pero hubo durante todo el día de ayer infinidad de sensaciones. Desde intervenciones hondamente emotivas hasta aquellas destempladas o de presagios agoreros. Hubo silencios ensordecedores y por otro lado algunos relatos que provocaban el mutismo. Lágrimas furtivas y disimuladas voces quebradas. Faltó sí el acostumbrado debate y el cruce de opiniones que en el Parlamento casi siempre ocurre. Tampoco hubo necesidad de que desde la presidencia se llamaran a los legisladores a sala o se le reclamara a los que durante toda la jornada ocuparon las barras a no expresar ninguna manifestación, so pena de ser desalojados. Seguramente primó, por sobre todas las cosas, la raíz de lo que se estaba analizando que determinó un permanente silencio en sala y un acatamiento del reglamento en forma estricta.

En la mayoría de las intervenciones que en las once horas y media se escucharon en esta cámara parlamentaria, no resultaba difícil percibir en esos relatos otras instancias legislativas de algunos de esos legisladores en las que también se debatía el futuro de los Derechos Humanos en el marco del imperio de la ley de Caducidad. O también se dibujaban cómo se vivieron los días posteriores a las dos consultas populares a la que fue sometida la Ley de Caducidad; en 1989 y en 2009, cuando el resultado de esas instancias era adverso para los que pretendían desterrar la ley del marco jurídico pero que anoche no dejaban de valorar, pese a todo. Como era de esperarse, los argumentos esgrimidos desde el oficialismo y desde la oposición transitaron por aspectos jurídicos, políticos e históricos a la hora de defender o rechazar el proyecto de ley interpretativo al de la Ley de Caducidad.

LA SESIÓN

Media hora más tarde de la hora fijada para su comienzo, los diputados designados como voceros de los informes redactados Felipe Michelini (FA), Ana Lía Piñeyrúa (PN) y Gustavo Cersósimo (PC)- iniciaron la sesión leyendo las conclusiones a las que sus correspondientes partidos habían arribado y el por qué del sentido de su posición con respecto al proyecto en cuestión.

Luego de un cuarto intermedio realizado al mediodía, el frentista Jorge Orrico, presidente de la Comisión de Constitución y Códigos que 48 horas antes había aprobado el proyecto de ley interpretativo, incursionó en el ámbito jurídico al defender la iniciativa presentada por el Frente Amplio. Alardeando por su condición de abogado y conocedor en la materia, se preguntó: "¿Qué ocurriría si la ciudadanía avalara en una consulta popular la pena de muerte o la expropiación de la propiedad privada por parte del Estado sin resarcimiento de ningún tipo? ¿También tendríamos que avalar esas posturas como desde la oposición se pide que suscribamos las circunstanciales mayorías alcanzadas en el referéndum y en el plebiscito sobre la ley de Caducidad?".

El herrerista Gustavo Borsari insistió por enésima vez con el significado que encierra la frase del general José Artigas, mil veces citada ayer: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana". El diputado blanco reconoció, sin embargo, que en esa frase Artigas no aludía a la "soberanía" del pueblo sino a la de los representantes que conformaban el entonces Congreso de Tres Cruces. Sin embargo, Borsari intentaba señalar que "cuando el pueblo se pronuncia no se debe torcer ese pronunciamiento". Una clásica picardía parlamentaria.

El colorado Fitzgerald Cantero tiró en la sesión la necesidad de saber qué posición tomará el presidente José Mujica con este tema. "¿Firmará lo que el Parlamento laude o lo vetará?", se preguntó entendiendo, según él, que el Presidente había señalado que la anulación de la Ley de Caducidad "iba a provocar una trancadera" en un reportaje que se le había realizado cuando Mujica era todavía el candidato de la izquierda. Minutos más tarde, el diputado del MPP Gonzalo de Toro le respondió: "El Presidente no vetará ninguna norma que apruebe el Parlamento".

Las intervenciones siguieron más o menos redundando. Algunas más floridas, otras más pintorescas y las más si se quiere  didácticas, dependiendo de los antecedentes de quien la hiciera.

Los representantes con más legislaturas encima no dudaban en apelar a los hechos políticos que giraron en torno a la sanción de la ley de Caducidad en 1986.

"Yo estuve en contra del pacto del Club Naval porque estoy convencido que la correlación de fuerzas de aquellos años hubiera permitido otra salida de la dictadura", señaló convencido el diputado frentista José Bayardi.

El nacionalista Gerardo Amarilla, confeso evangelista, tiñó su discurso con un hondo contenido religioso. Reclamó que los damnificados perdonaran a los victimarios "porque la experiencia milagrosa del perdón dignifica y libera", y fue incluso un poco más allá: dijo que "muchas de las víctimas (del terrorismo de Estado) siguen presas del odio, del rencor y del remordimiento".

Javier García, diputado del Partido Nacional, fue el primero de la larga lista de exposiciones de representantes de la oposición que reclamó "seguridad pública para la ciudadanía (porque) a la gente no le interesa este debate (de los derechos humanos) porque no le soluciona absolutamente nada".

Aníbal Pereyra, del MPP, intentó develar lo que para él significa una contradicción por parte de aquellos que desde la oposición manifestaban que la izquierda ignora en forma explícita la voluntad popular manifestada en dos consultas populares sobre la vigencia o no de la Ley de Caducidad.

Pereyra leyó en sala un proyecto de ley presentado el pasado mes de mayo por el Partido Nacional en el que se proponía la derogación de la Ley de Caducidad. "¿Acaso con este proyecto en el que se propone la derogación de la ley no se está también ignorando lo que la gente votó en el referéndum y en el plebiscito?", se preguntó Pereyra.

 

LA DISCIPLINA PARTIDARIA

El diputado Carlos Gamou y Alberto Pereyra de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, y Pablo Pérez de la Alianza Progresista, dejaron sentado en sus intervenciones que su voto favorable al proyecto de ley interpretativo estaba signado por la disciplina partidaria y no por el convencimiento de que la iniciativa era la adecuada. La objeción de los tres frentistas radicaba en lo que para ellos era "inconstitucional" y podría disparar en el futuro acciones no deseadas para los intereses populares.

"Fuimos, somos y seremos opositores a la Ley de Caducidad", aclaró Gamou, "pero votaremos el proyecto por disciplina partidaria porque estamos en las verdes y en las maduras con el resto de los compañeros del Frente Amplio". Al terminar, Gamou recibió el abrazo del diputado Felipe Michelini.

Pablo Pérez, en tanto, se limitó a leer lo resuelto por la directiva de la Alianza Progresista, en el sentido de votar favorablemente la iniciativa en cuestión para únicamente "habilitar la discusión parlamentaria".

Un centenar, desde dentro del recinto parlamentario y desde fuera del Palacio Legislativo, un puñado de personas siguieron atentamente cada intervención y el desarrollo de la sesión.

El silencio sólo se rompió cuando sobre el filo de la pasada medianoche, la Cámara de Diputados terminó de votar en particular cada uno de los artículos del proyecto de ley interpretativo. Un cerrado aplauso invadió la sala que fue respondido de la misma forma por los 50 diputados del Frente Amplio. Blancos, independientes y colorados miraban.

Fuente: La República 

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