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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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28 noviembre 2010 7 28 /11 /noviembre /2010 18:37

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 04/03/2010

Denuncia al Estado uruguayo por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.‏

El secuestro y desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que podría exigir la anulación de la Ley de Caducidad

José Luis González, abogado de la familia Gelman, explicó hoy que el caso pasa a ese tribunal después de "un proceso que se inició en el 2008" y que "se agotaron todos los plazos" de instancias anteriores, sin que se diera cumplimiento a las recomendaciones.

La vigencia de la ley que amnistió a militares y policías que violaron derechos humanos en la última dictadura (1973-1985) "no es un obstáculo" porque "el Estado dispone de varios mecanismos para anularla o derogarla" agregó González.

Un plebiscito ratificó la vigencia de la ley, en octubre pasado y por segunda vez en 20 años y, si bien es un obstáculo, "puede ser removido con las formas jurídicas que se estimen pertinentes", recalcó.

La demanda presentada por la familia Gelman denuncia al Estado uruguayo por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La decisión de la CIDH de tomar el caso en el tribunal respectivo "es una muy buena noticia" y "significa un nuevo elemento en la búsqueda de la verdad y la justicia", dijo hoy González, en declaraciones radiales.

Es el primer caso abierto en la CIDH contra el Estado uruguayo después de que se emitieran recomendaciones, el año pasado, que no fueron atendidas.

María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires en agosto de 1976 y trasladada a Montevideo donde en diciembre de ese mismo año se le vio, embarazada y con vida, en un centro clandestino de detención de la dictadura uruguaya.

 

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OEA pide liquidar la ley de Caducidad

 

Demanda a Corte Interamericana por el caso Gelman

EDUARDO DELGADO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sostiene que, mientras la ley de Caducidad siga vigente, Uruguay está violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ese organismo, las dos consultas populares realizados no derogan las obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar convenios interamericanos de derechos humanos.
La CIDH publicó ayer en su página web la demanda que en enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la violación de varios derechos humanos en perjuicio de María Claudia García, Macarena, Juan Gelman y sus familiares y que la ley de Caducidad quede sin efecto.
El documento incluye las recomendaciones de la CIDH sobre este caso, las que, al no ser cumplidas por el Estado llevaron a la presentación de la demanda.

 

La CIDH pidió a la Corte que ordene al Estado determinar la responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija recién nacida Macarena, "mediante el debido proceso de la ley y una investigación judicial completa e imparcial de los hechos" que identifique a los responsables para que "puedan ser debidamente sancionados".
Solicita además "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias" para que, "quede sin efecto la ley de Caducidad", puesto que este es un delito de lesa humanidad no pasible de amnistía alguna.
También reclama otorgar "una reparación plena a los familiares de las víctimas" que incluya no sólo una indemnización por los daños, sino actos de importancia simbólica que garanticen no se reiterarán los delitos cometidos en este caso.

 

 





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25 noviembre 2010 4 25 /11 /noviembre /2010 21:14

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Al menos 400 niños menores de cinco años de edad han perdido su vida en los últimos meses en Nigeria a causa de envenenamiento con plomo, cobre y mercurio, producto de los intensos trabajos de explotación minera en ese país, según investigaciones preliminares efectuadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/nigeria-shel234l.jpgEste incremento en la cifra de fallecimientos se basa en datos ofrecidos en un informe preliminar efectuado por un equipo de expertos de la ONU en Nigeria, según lo indicó este miércoles en Ginebra la vocera de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Elisabeth Byrs.

Luego de que el Gobierno nigeriano detectara que al menos 200 niños habían muerto y otras 18 mil personas estaban contaminadas, hizo la petición a esta organización para que iniciara una investigación al respecto.

Luego de una semana de estudios, Byrs anunció que el número de fallecidos podría elevarse ya que se basa en los primeros informes ofrecidos por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) -que colabora con el grupo- y consideró que muchos casos no son registrados.

Asimismo, las muertes confirmadas sólo conciernen a niños menores de cinco años, por lo que la portavoz de OCHA considera que la cifra podría aumentar si la contaminación también afecta a personas de otras edades, por lo que no descartó que el número pueda incrementarse a medida que continúan las investigaciones.

Los primeros resultados del equipo que analiza los niveles de contaminación de plomo, cobre y mercurio en cinco localidades distintas, determinaron que el agua de los estanques está contaminada y la concentración de mercurio en el ambiente es cien veces mayor a lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Una intervención urgente y coordinada es necesaria para frenar más muertes”, advirtió Byrs.

La extracción de oro y otros minerales en regiones de Bukkuyum, Anka y Zamfara (norte de Nigeria) es la principal causa de la alta contaminación, además las personas llevan los minerales extraídos hasta sus hogares para hacer una selección manual, incrementando los niveles de envenenamiento.

Asimismo Byrs sostuvo que gran parte de las personas no informan sobre los nuevos casos de contaminación porque “tiene miedo de no poder continuar con estas actividades”, que fueron vetadas la semana pasada por el Gobierno nigeriano al conocerse las primeras muertes.

La explotación del oro, en cuyos yacimientos se encuentran también minerales como el plomo, el cobre y el mercurio, es una fuente de ingresos para la población de estas localidades.

El envenenamiento por estos minerales puede provocar daños irreparables al sistema nervioso de los menores y provocar deformaciones congénitas en los primeros años de vida, efectos que requieren un tratamiento especial que “la mayor parte de la población no puede costearse”, concluyó Byrs.

En Nigeria la población infantil es la más vulnerable, pues ya las autoridades de este país han advertido un posible estallido social tras conocerse que al menos dos millones de niños se encuentran en estado de indigencia, sobreviviendo de las lismonas que piden en las calles de Kano, ciudad capital de un estado del mismo nombre ubicada al norte de Nigeria, cifra que se ha duplicado en los últimos cinco años.

“Es una generación perdida, toda una generación”, dijo la senadora Eme Ufot Ekaette, que dirige un comité sobre la protección de la infancia en el Parlamento federal.

“Estos niños son una bomba de relojería social (…) no saben lo que es la atención familiar, el amor, el afecto, y ven a todo el mundo como un enemigo responsable de su indigencia”, estima Abdullahi Yusuf, un residente de Kano, segunda ciudad del país; mientras que para el encargado del caso en el Gobierno del estado de Kano, Aminu Isamail Sagagi, “la situación se hace cada día más patética”.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

 

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25 noviembre 2010 4 25 /11 /noviembre /2010 20:56

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http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/desaparecidos_guatemala.jpgNavi Pillay,  Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elogió como un hito la entrada en vigor del nuevo tratado de derechos humanos dirigido a disuadir la práctica de desaparición forzada, castigar a quienes la practican y proteger a sus víctimas.

 

 

Esto, luego de que Irak se convirtió en el vigésimo Estado en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de noviembre de 2010. El tratado entrará oficialmente en vigor 30 días después, el 23 de diciembre de 2010.

“Se ha llenado un importante vacío legal en la legislación internacional de los derechos humanos en la lucha contra la desaparición forzada, uno de los delitos más graves y dolorosos en el escenario internacional”, dijo Pillay.

 

http://www.un.org/durbanreview2009/images/high_level_adoption_durbanpg.jpg“Esta Convención innovadora proporciona un marco internacional sólido para poner fin a la impunidad y hacer justicia, y como resultado se espera que tenga un efecto disuasorio importante” expresó Pillay.

“Debe proporcionar a los amigos y familiares de las víctimas un importante impulso en sus esfuerzos para averiguar qué pasó con sus seres queridos. El dolor de no saber, a veces durante décadas, si alguien está sano o sufriendo, o incluso muerto o vivo, es insoportable – casi una forma de tortura en sí” afirmó.

Con 45 artículos, el Convenio prohíbe la desaparición forzada, sin excepción, indicando de manera inequívoca que “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. (Artículo 1)

“Nadie”, dice, “será detenido en secreto” (Art. 17), y los Estados que han ratificado el Convenio deberá considerar penalmente responsable a “toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma.”(Art. 6)

La Convención también establece (Art. 5) que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.” Los crímenes de lesa humanidad están entre los más graves de los crímenes internacionales, y junto con los crímenes de guerra, no están sujetos a un estatuto de limitaciones.

La Convención también reconoce el derecho de la víctima (la persona desaparecida y toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de la desaparición) de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y el destino de la persona desaparecida.

También pide a los Estados a adoptar las medidas adecuadas para proteger a los denunciantes, testigos, familiares de las personas desaparecidas, sus defensores y los investigadores.

La Convención obliga a los Estados que la han ratificado considerar ¨el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad ” (Art. 7), y que tome las medidas necesarias para adecuar su jurisdicción nacional con la Convención, incluso para que la desaparición forzada sea considerada como un delito en su legislación penal nacional.

También establece la obligación de las autoridades competentes de examinar las denuncias de desaparición forzada, rápida e imparcialmente.

La Convención, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006, debía ser ratificada por 20 Estados antes de su entrada en vigor.

Además de los 20 Estados (Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Iraq, Japón, Kazajstán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay), otros 70 Estados han tomado el paso previo a su firma, lo que indica su intención de ratificarlo en algún momento en el futuro.

“Insto a todos los gobiernos a seguir el ejemplo de los primeros 20 Estados, mediante la firma y ratificación de esta muy importante convención, tan pronto como sea posible”, dijo la Alta Comisionada. “De esta manera, pueden ayudar a salvar vidas ahora y en el futuro.”

La implementación de la Convención será supervisada y evaluada por un Comité compuesto por diez expertos independientes e imparciales, con reconocida competencia en materia de derechos humanos que actúan a título individual.

Enlaces y contactos:

  • Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos – Unidad de Medios de Comunicación:
  • Xabier Celaya, Oficial de Información: + 41 22 917 9383 + 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org


Fuente: Agradecemos el envío de la información a Jennifer Ross Laguna, Oficial de Prensa e Información Pública de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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23 noviembre 2010 2 23 /11 /noviembre /2010 20:04

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http://impreso.milenio.com/media/imagecache/Principal/2010/11/05/mex-pol-d11f1.jpgLa Declaración de Chiapas se añade al grupo de documentos más importantes de los últimos años en materia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas del mundo, producto del encuentro de diputados, senadores y parlamentarios de las cinco regiones del planeta.

 

El documento fue calificado de histórico y responsable por asumir, como representantes de sus respectivas naciones, los fundamentos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT donde sea aplicable.

El evento “Los Parlamentos, minorías y los pueblos indígenas: Participación política efectiva”, congregó a legisladores de más de 40 países en la localidad de Chiapas a inicios de noviembre.

Los mismos asumieron un compromiso para realizar de nuevo una revisión de las propuestas en la presente Declaración así como los resultados en un plazo de dos años.

La Declaración de Chiapas será enviada oficialmente a todos los Parlamentos del Mundo por la Secretaría de la Unión Interparlamentaria (UIP), organizadora del evento, con sede en Ginebra.

José Carlos Morales, presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos (MEDPI/CDH), invitó a discutir este documento con los parlamentarios, senadores o diputados en cada país y mantenerse vigilantes de lo que pueda acontecer en beneficio o perjuicio de los pueblos en todos los países donde nos encontremos.

“Los compromisos asumidos por los parlamentarios y otros no podrán ser efectivos si nosotros como organizaciones o personas indígenas no  participamos asesorando discutiendo o proponiendo soluciones a nuestros grandes desafíos que deben contar con la decisión de los Parlamentos en todos y cada uno de nuestros países.

Asimismo, informó que el Mecanismo de Expertos elaborará un informe sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones.

Para dar seguimiento a este proceso y mantenerse en contacto con la Secretaría de la UIP en Ginebra, pueden visitar  http://ipuchiapas.wordpress.com/2010/11/04/the-chiapas-declaration/

Declaración de Chiapas

Conferencia Parlamentaria Internacional

Los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política efectiva

31 de octubre a 3 de noviembre de 2010

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México)

DECLARACIÓN DE CHIAPAS

Reclamamos un cambio genuino. No podemos admitir que las minorías y los pueblos indígenas sean los miembros más vulnerables de nuestras sociedades y que sigan estando excluidos de la adopción de decisiones que afectan sus vidas y el futuro de nuestros países.

Afirmamos que las minorías y los pueblos indígenas tienen el derecho inalienable a la plena participación en pie de igualdad en nuestras naciones. Este derecho se ha de traducir en políticas públicas sensibles a su situación, sus necesidades y sus aspiraciones, que deben ir acompañadas de suficientes recursos. Ello exige la participación efectiva de las minorías y los pueblos indígenas en todos los niveles de Gobierno, y en particular, en los parlamentos nacionales y regionales.

Todas las políticas públicas deben haber sido objeto de consultas previas con las comunidades minoritarias y los pueblos indígenas.

Afirmamos, además, la responsabilidad de los partidos políticos de promover la participación efectiva de las minorías y los pueblos indígenas, y de incluir sus intereses en los programas de los partidos.

Instamos a todos los parlamentos a que en los dos años próximos realicen lo siguiente:

1. celebren un debate especial sobre la situación de las minorías y los pueblos indígenas en sus respectivos países; reconozcan la diversidad de la sociedad, y adopten un plan de acción a fin de hacer efectivo el derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la participación en pie de igualdad y a la no discriminación;

2. adopten y pongan en práctica leyes encaminadas a poner fin a la discriminación y conseguir la participación efectiva de las minorías y los pueblos indígenas en la adopción de decisiones, incluso en el parlamento, velando al mismo tiempo por la participación efectiva de las mujeres pertenecientes a minorías y pueblos indígenas. Allí donde dichas leyes ya existan, evaluar su eficacia e introducir modificaciones cuando así proceda;

3. velar por la transparencia del proceso legislativo y por la disponibilidad inmediata de las actas parlamentarias, a fin de que las minorías y los pueblos indígenas puedan hacer un seguimiento de las actividades de sus representantes, y puedan así exigir una rendición de cuentas de sus acciones y omisiones.

Pedimos a la UIP que dirija la recopilación de datos sobre la representación de las minorías y los pueblos indígenas en el parlamento, teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones respecto de la intimidad y el derecho de todas las personas a elegir su propia identidad. También pedimos a la UIP que vigile la puesta en práctica de la presente Declaración, que facilite la comunicación entre los parlamentos y que convoque una reunión de seguimiento en un plazo de dos años, para analizar la evolución y establecer metas para las actuaciones futuras.

Recomendamos que, cuando los parlamentos elaboren sus planes de acción, contemplen, como mínimo, los elementos detallados a continuación:

1. cerciorarse de la observancia del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, en todas las etapas de la formulación y aprobación de medidas legislativas y administrativas que les afectan; y de hacer rendir cuentas al gobierno por el cumplimiento de esas medidas;

2. exigir al gobierno que toda presentación de proyecto de ley o del presupuesto vaya acompañada de una evaluación de las repercusiones previstas sobre las minorías y los pueblos indígenas;

3. utilizar con regularidad las sesiones plenarias y demás foros parlamentarios para discutir asuntos de las minorías y los pueblos indígenas, a fin de crear conciencia y luchar contra los prejuicios en la sociedad. Del mismo modo, organizar sesiones de sensibilización destinadas a todos los parlamentarios, para que conozcan más a las minorías y los pueblos indígenas y los problemas específicos que se les plantean; velar por la inclusión de las cuestiones de las minorías y los pueblos indígenas en la labor parlamentaria, en especial en el ámbito de las comisiones;

4. asignar recursos suficientes a las tareas que supone entablar el diálogo entre las comunidades minoritarias y los pueblos indígenas y las instituciones públicas. De manera análoga, asignar recursos suficientes a las comisiones parlamentarias encargadas de cuestiones indígenas y de las minorías, para que puedan desarrollar actividades sobre el terreno, como reuniones públicas con esos grupos;

5. familiarizar más a los parlamentos con el trabajo en marcha con el sistema de las Naciones Unidas, a fin de que estén mejor preparados para hacer rendir cuentas al gobierno sobre los compromisos internacionales que ha asumido, incluida la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más concretamente, instar a la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la aplicación de las Declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías (1992) y de los pueblos indígenas (2007). Celebrar debates parlamentarios sobre las conclusiones y recomendaciones formuladas por los órganos y mecanismos especiales de las Naciones Unidas creados en virtud de los tratados de derechos humanos, en relación con los derechos de las minorías y los pueblos indígenas.

Adoptada con el consenso de los participantes en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre “Los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política efectiva”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México), el 3 de noviembre de 2010.

Ver .pdf en español: declaracion-s
Ver .pdf en inglés: declaration
Ver .pdf en francés: declaration-f

 

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22 noviembre 2010 1 22 /11 /noviembre /2010 22:27

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Katu Arkonada

http://www.kaosenlared.net/img2/154/154884_1243275526_0.jpg"La revolución no se derrumbó de un solo golpe; cayó poco a poco, pedazo a pedazo. La contrarrevolución no pasó sobre el país como una aplanadora ni sus efectos fueron demoledores, necesitó varios años para echar abajo lo que encontraba a su paso. Porque se resistió. Se resistió mal, con debilidades y aturdimiento, pero se resistió"

Sergio Almaraz Paz: Réquiem para una república. El tiempo de las cosas pequeñas.

2010. Como si fuera un plano secuencia integral, comenzado a rodar en diciembre de 2009 tras obtener la victoria en las elecciones por un 64%, podemos observar al Movimiento al Socialismo (MAS) y su interacción con los movimientos sociales y el propio pueblo de donde ha surgido.

En ese largo plano en el que no importa el orden cronológico, podemos observar la agudización del conflicto de Caranavi, en el que intereses oscuros de ciertos políticos, unido al envío de la policía para reprimir las protestas sociales, dejaron el balance de dos jóvenes muertos. Del norte paceño pasamos al oriente boliviano, donde la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), decide marchar, y lo hace, no contra el gobierno del MAS, aunque sí en defensa de los derechos indígenas, de sus derechos colectivos. Desde ahí el plano continúa por el sur de Bolivia, donde Potosí se levanta, y una mala gestión temprana del conflicto termina con una ciudad sitiada durante semanas, con diversos sectores populares articulados frente al poder central. Asimismo, en esta secuencia de diez meses van desfilando también choferes, periodistas, o cocaleros.

No estaba en los pronósticos que pocos meses después de consolidar un segundo mandato, las propias organizaciones sociales y pueblos indígenas que conformaron el Pacto de Unidad, germen además de la Asamblea Constituyente, iban a estar enfrentándose públicamente con el gobierno o incluso planteando la posibilidad de un referéndum revocatorio para el vicepresidente Álvaro García Linera. Quién iba a pensar que se iba a dar una separación entre el ejecutivo y los movimientos sociales que colocaron a Evo Morales al frente del gobierno en 2005 y renovaron ampliamente su apoyo en 2009.

Parece ya olvidada la heroicidad y desprendimiento de los movimientos sociales, que facilitaron, con su lucha y también sus muertos, el fin del ciclo neoliberal y la apertura de un nuevo proceso político. Las guerras del agua o del gas fueron, además, luchas referenciales no solo en Bolivia, sino a nivel global, como parte de un proceso de resistencia desde las periferias al sistema mundo capitalista y su globalización imperialista.

Esa identidad y lucha, continuada incluso después de la victoria electoral de 2005, durante la Asamblea Constituyente en 2006 y 2007, parece que ha llegado efectivamente a un punto de bifurcación, en el que no se sabe si el camino escogido lleva a una verdadera alternativa política que recoja la identidad de la lucha.

Propuestas  para  la transición

En un momento de reflujo de los movimientos sociales, y mientras se plantea que ese rol protagónico y conductor de los movimientos lo tiene que asumir el Estado en este momento histórico, el vicepresidente García Linera propone tres retos históricos para el Estado boliviano: plurinacionalidad, autonomía, e industrialización.

La plurinacionalidad debe ser, efectivamente, uno de los horizontes a seguir, pero no para mantener el actual Estado-Nación con concesiones pluralistas, sino para lograr una transformación radical del Estado bajo parámetros descolonizadores, debiéndose reforzar, además, las autonomías indígenas como punto de desconexión, de transformación de las viejas estructuras del Estado hacia otro modelo descolonizador y descolonizado.

En ese sentido, es necesaria la industrialización del país, pero solo si la entendemos como una necesidad transitoria hacia otro modelo, para salir de la matriz económica actual, extractivista, y lograr una complementariedad de todos los modelos económicos del país, con un enfoque territorial y ecológico, y en armonía con la Madre Tierra, con la Naturaleza y con los pueblos y nacionalidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el mismo sentido, se puede tolerar un capitalismo de Estado si es para liderar la transición, pero no asumiendo el rol de los movimientos, verdaderos conductores de este proceso, mismo en este etapa de reflujo, sino para lograr un Estado regulador, interventor y distribuidor, que nos encamine hacia otro modelo, logrando una complementariedad también entre los distintos tipos de economía, estatal, privada, cooperativa y comunitaria. En cualquier caso, ese capitalismo de Estado (¿o debemos llamarlo capitalismo andino-amazónico?) no puede sostener viejas formas y estructuras del Estado neoliberal, como sustentar el entramado económico sobre el Decreto Supremo 21060, que tanto daño ha hecho al movimiento obrero.

La economía boliviana sigue viviendo del extractivismo, y si bien las reservas internacionales están sobre los 9.200 millones de dólares, las reservas de la banca privada también están en niveles altísimos, habiendo obtenido tan solo en el primer cuatrimestre de 2010 utilidades de 42 millones de dólares. Nacionalización e industrialización de los recursos naturales estratégicos sí, pero como transición al post extractivismo también. 

América Latina es el continente con más inequidad del planeta, y Bolivia se mueve en parámetros muy cercanos a ese indicador continental, en el que un incremento del Producto Interior Bruto no se manifiesta en mayor igualdad, sino a veces en lo contrario.
Por no hablar de la reproducción de formas de poder que debieran estar ya superadas hace tiempo. Formas de poder obsoletas que buscan preservar el (su) poder. Funcionarios y/o políticos/as que toman decisiones en nombre del pueblo al que dicen representar, estando totalmente alejados de los movimientos sociales y pueblos indígenas que han puesto en marcha este proceso.

Todo ello conduce a un nacionalismo popular, peligroso en cuanto a que el instrumento se puede convertir en un fin en sí mismo que hace perder la perspectiva, y obliga a autoreproducirse, mismo que sea a costa de alianzas con el enemigo político, o divisiones de la propia base social que te ha llevado al poder.

No solo seria urgente y necesario volver a la agenda de octubre para reencauzar el proceso, sino también rayar una cancha con líneas rojas, líneas que el Estado nunca debiera traspasar, ni aunque un traspaso temporal permitiera por ejemplo ganar un conflicto local, aumentar los indicadores macroeconómicos, o conseguir un préstamo de la banca multilateral. Esas líneas están definidas en las luchas de los movimientos sociales y pueblos indígenas, y debieran convertirse en la brújula del actual proceso.

No es mala opción en esta etapa la de transitar por un modelo cercano al socialismo, con base en lo comunitario, como opción que recupere la identidad de las luchas, que destierre las viejas prácticas capitalistas y neoliberales mediante transformaciones estructurales socioeconómicas, pero sin embargo, en Bolivia contamos con la posibilidad de construir un modelo propio, precisamente desde el retorno a nuestra propia identidad como pueblo.

Modelo civilizatorio y cultural alternativo

Y es ahí donde surge el Vivir Bien como un nuevo modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y la modernidad. Un modelo basado en un nuevo (y a la vez antiguo) paradigma, sujetado en un pilar fuerte como es el de la descolonización, así como en la despatriarcalización de la sociedad y especialmente del Estado colonial que hemos heredado y con el que no se ha dado una ruptura radical en cuanto a formas y estructuras.

Un modelo que rompe la relación dicotómica entre ser humano y naturaleza, y nos invita a formar parte de una comunidad en que la que nos interrelacionamos con la Madre Tierra.

Solo asentados en el paradigma del Vivir Bien como base de un nuevo proyecto político podemos entender una transición desde el viejo modelo, y el viejo Estado, hacia otro modelo civilizatorio, otro modelo de Estado y otro modelo de desarrollo.

Solo desde el Vivir Bien podemos superar las contradicciones y la coyuntura de múltiples crisis en la que estamos viviendo, crisis financiera, alimentaria, energética…y construir otro modelo de sociedad y de Estado.

Ya tenemos una herramienta para poder encaminarnos hacia este nuevo modelo, que es la Constitución Política del Estado, surgida de la Asamblea Constituyente, y los próximos meses la batalla va ser por la definición de los diferentes modelos y rumbos políticos de la transición en base a diferentes interpretaciones de la Constitución.

Recuperar la identidad

Por eso es más urgente y necesario que nunca la recuperación de la identidad en la que se ha construido el actual proceso político boliviano, una identidad plural, construida desde abajo, desde los dominados y colonizados… volver a las bases, a las comunidades campesinas, a los ayllus indígenas, profundizar en la democracia participativa y construir juntos y juntas el proyecto político del Vivir Bien y de la descolonización. Un Estado Plurinacional con un rumbo ideológico claro, y bajo un modelo de economía social y comunitaria en complementariedad con las otras formas del modelo económico.

Ahora es el momento, con una derecha derrotada políticamente, todavía con algo de resistencia a nivel mediático o económico, pero sin capacidad de articularse ni de disputar poder político. Ahora que el mayor peligro puede venir desde dentro, es necesaria la reflexión colectiva, la preparación de cuadros políticos bajo este nuevo horizonte, hay que articularse y resistirse a los y las que, alejadas de los movimientos y sin capacidad para entenderlos, quieren conducir una transición hacia formulas ya experimentadas y fracasadas.

Albert Camus decía lo difícil que es asistir a los extravíos de una revolución sin perder la fe en la necesidad de la misma. Hoy en día, y por encima de las contradicciones, el proceso avanza, no se sabe si gracias a las decisiones que se toman o más bien a pesar de ellas, pero hoy en día es más necesaria que nunca una verdadera revolución, democrática y cultural, que comience por una descolonización del poder, del ser y del saber, desmontando los andamiajes del colonialismo interno, y que abra y visibilice la transición hacia un nuevo modelo civilizatorio y cultural, más allá del capitalismo y de la modernidad, y que construya el nuevo Estado plurinacional, autonómico, comunitario, intercultural, descolonizado y descolonizador.

* Miembrode la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo

** Agradezco a Boaventura de Sousa Santos, Raúl Prada, Oscar Vega e Isabella Radhuber por sus comentarios a este análisis.

 

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22 noviembre 2010 1 22 /11 /noviembre /2010 21:03

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http://zahwayra.files.wordpress.com/2009/01/vigilante.jpg?w=366&h=311

 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, criticó a los gobiernos que “criminalizan” a los medios de comunicación comunitarias. “En muchos países del mundo no existe la categoría de comunicación comunitaria. Sólo existe la comunicación comercial”, refirió el relator en un video editado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).

“Es una falta terrible querer criminalizar el uso de la frecuencia radial cuando ni siquiera en la ley reconocen alternativas para las comunidades rurales e indígenas” enfatizó el relator.

Las radios comunitarias son criminalizadas

Asimismo, el director de Radio y televisión Oriente Geovanni Acate, denunció que el Gobierno intenta amedrentar a las radios comunitarias.

“Lo que ha hecho el gobierno es decir que nosotros, como medios de comunicación, hemos hecho que el pueblo se rebele”, informó refiriéndose al pasado cinco de junio, cuando ocurrió un enfrentamiento entre policías y civiles  en la ciudad de Bagua.

Además, sostuvo que es injusto que “el Presidente García señala que esto se veía venir… pero se culpa a los medios de comunicación por venir mal informando”, aludiendo a que el conflicto se veía venir por propia responsabilidad del gobierno.


 

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18 noviembre 2010 4 18 /11 /noviembre /2010 16:53

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El pueblo saharaui continúa resistiendo las agresiones de Marruecos. El Estado español y la comunidad internacional demuestran, una vez más, un cómplice servilismo a los intereses económicos.
Koopiloto G.R. | Portal Libertario OACA

http://www.kaosenlared.net/img2/154/154235_saharatrini.JPGDurante los últimos días hemos sido testigos de una nueva barbarie ejecutada con puño de hierro, de nuevo los poderosos machacan y vejan a los pobres, de nuevo un Estado asesino sale impune de sus tropelías, de nuevo el capital cómplice se mancha las manos de sangre, de nuevo los políticos sólo dan lecciones de hipocresía para volver raudos a su realidad color pastel, de nuevo el actual discurso vacío sobre los "Derechos Humanos" vuelve a convertirse en el lodazal en el que se revuelcan los políticamente correctos.


Marruecos ha vuelto a atacar al Sáhara Occidental, aunque esta vez ha sido con una violencia inusitada. Como se ha podido saber, las fuerzas de represión del Estado alauita entró a sangre y fuego en el campamento de protesta de Agdaym Izik, junto a El Aaiún donde estaban alojadas unas 20.000 personas con el resultado, según el Frente Polisario, de 19 muertos, 752 heridos y más de 150 desaparecidos que, como opina Aminatou Haidar, lo más probable es que también hayan fallecido... y esto sólo acaba de comenzar.

¿Y cuál ha sido el delito del Sáhara Occidental por el que está recibiendo un castigo tan drástico? En primer lugar, ser un pueblo humilde, sin grandes recursos naturales ni de especial interés estratégico o militar para ninguna gran potencia y en segundo lugar, confiar en las Naciones Unidas y sus bienintecionados a la vez que estériles intentos por hacerle sombra a la dictadura del capital.

Hagamos un breve y necesario repaso a la historia reciente del pueblo saharaui. Después de varias décadas de ocupación española, se constituye en 1973 el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) con el objetivo de lograr la independencia. España ya no podía mantener la colonia y, presionada por la Marcha Verde organizada por Marruecos y en plena agonía del dictador fascista Francisco Franco, se firman en 1975 los "Acuerdos de Madrid" por el que el Estado español abandona a su suerte al Sáhara Occidental y acepta que se repartan el territorio entre Marruecos y Mauritania. En aquella época España empujó hacia el abismo al pueblo saharaui, aunque nunca ha aceptado abiertamente su responsabilidad.

A partir de 1975 la estragia del Frente Polisario cambia y comienza la lucha contra las nuevas fuerzas de ocupación.  En 1976 declaran la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y en 1979 el Frente Polisario firma un acuerdo de paz con Mauritania, centrándose desde aquel momento la lucha armada únicamente contra Marruecos, contendiente mucho más poderoso e influyente. El alto al fuego definitivo se declara en 1991, con la mediación de la ONU y con el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación para 1992 que, casi 20 años después, todavía no se ha desarrollado.

Desde entonces, más de lo mismo: Marrueco dando largas y proponiendo soluciones descafeinadas e interesadas de autonomía que legitimen su ocupación y represión. La ONU, la Unión Europea y el Estado español, mirando hacia otro lado y todo, a pesar de los avisos del Frente Polisario de que volverán a las armas si no se encuentra alguna solución a esta situación.

En estos días se ha recrudecido la opresión de Marruecos, dejando al descubierto de nuevo la crueldad y manipulación de un Estado por conseguir sus objetivos políticos, la dejadez del sistema internacional, el servilismo de la democracia bipartidista española y sobre todo, una vez más, la evidencia de la cruel dictadura del capital a nivel mundial. A tan solo 100 kilómetros de las costas canarias, continúan las detenciones masivas de ciudadanos saharauis, el estado de excepción y la ley del silencio impuesta por la monarquía marroquí. 

Y mientras todo esto ocurre, el gobierno de progres trasnochados que nos ha tocado sufrir balbucea excusas para no condenar abiertamente la brutal agresión y no posicionarse claramente en el conflicto saharaui, bajo presiones, como no podía ser de otro modo, de importantes intereses económicos.

Es sabido que Marruecos vive una nueva recolonización, esta vez de carácter empresarial. Francia, su antiguo colonizador político es la cabeza de la nueva colonización económica y su mayor inversor. España le sigue con más de 800 empresas multinacionales de capital español allí asentadas. Oficialmente en 2006 fueron unos 2.300 millones de euros los invertidos en el país del norte de África, el 90% europeos y en su mayoría de Francia y España.

También existen importantes acuerdos pesqueros que mueven gran cantidad de dinero y puestos de trabajo. Concretamente 36 millones de euros paga al año la Unión Europea para que los barcos europeos (mayormente españoles) expolien las costas del Sáhara Occidental sin que ese dinero repercuta lo más mínimo en el propio pueblo saharaui. 

Condicionados a este conflicto existen muchos intereses de grandes empresas españolas (Telefónica, El Corte Inglés, Cortefiel, Roca, Altadis...) y francesas (Renault, Danone, BNP Paribas, France Telecom...) que hacen que las marionetas políticas que se autoerigen como mandatarios nunca se desplacen del discurso oficial, de lo esperable, de lo que ponga en peligro el statu quo de los que de verdad gobiernan pero que nunca salen en la sección de política de los diarios.

Claro ejemplo lo estamos encontrando en la reciente títere-ministra Trinidad Jiménez, a la que podemos ver alegremente en la foto de más arriba con una pegatina donde reza "SÁHARA LIBRE", ni que decir tiene, anterior a su época como mandataria y en pleno apogeo para poder extraer, cual sanguijuela, algunos votos más que le hagan seguir viviendo de forma parasitaria como un "ser político".

Trinidad Jiménez está haciendo lo que haría cualquier otro "ser político" en su lugar, sea hombre o mujer, del PP o del PSOE: No decir nada, no comprometerse a nada, no arriesgarse a nada... coger su reluciente cartera bordada en oro, su coche oficial y soltar discursos vacíos acá y allá mientras siguen sufriendo y muriendo cientos de personas en el "SÁHARA EXCLAVIZADO".

Esto es el "ser político", no tener conciencia, poder dormir por las noches sabiendo que has engañado a millones de personas, que tu ineficacia y ansias de poder harán que mañana continúe el dolor de otras tantas y tener como único objetivo perpetuarse en su propio bienestar mientras colaboras a que se legitime el sistema económico-criminal que hace malvivir a tres de cada cuatro personas de la tierra.

La masacre del Sáhara vuelve a dejar al aire las vergüenzas de un mundo que continúa representado por marionetas políticas manejadas por las manos de los intereses económicos, de un sistema donde los "seres políticos" se han convertido en una oligarquía apartidista alejados de la realidad y que con su pasividad condenan a muerte a los que su única pretensión, como es el caso del pueblo saharaui, es "SER HUMANOS", al menos, un día más.

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18 noviembre 2010 4 18 /11 /noviembre /2010 16:44

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Danza aborigen de Canadá. Imagen: Noticias Chessbase

http://chessbase.com/news/2007/canada08.jpgEl Gobierno de Canadá decidió apoyar formalmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicitó asesoría para su reconocimiento oficial.

 

El anuncio lo efectuó John McNee, embajador de Canadá ante las Naciones Unidas, quién se reunió el viernes 12 de noviembre con el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Joseph Deiss.

“Entendemos y respetamos la importancia de esta Declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas en Canadá y en todo el mundo”, dijo John Duncan, Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte y Interlocutor Federal de los mestizos y el Estado de no-indios.

“Canadá ha apoyado la Declaración, a fin de conciliar y reforzar aún más nuestra relación con los pueblos indígenas de Canadá” expresó.

De otro lado, Lawrence Cannon, Ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que “Canadá está comprometida a promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas”.

“La participación activa de Canadá en el extranjero, junto con su asociación productiva con los canadienses aborígenes, está teniendo un impacto real en la promoción de los derechos indígenas en el país y el extranjero” agregó.

La Declaración de Naciones Unidas describe los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007.

En él se establecen una serie de principios que deben guiar las relaciones armoniosas y de cooperación entre los pueblos indígenas y Estados, como la igualdad, la cooperación, buena fe y respeto mutuo.

Canadá decidió apoyar tales principios porque cree que son consistentes con el enfoque del Gobierno de trabajar con los pueblos indígenas y guardan plena coherencia con la Constitución y las leyes de Canadá.

Una nota de gobierna señala que si bien la Declaración no es jurídicamente vinculante, lo hace suyo como un importante documento de intenciones y un paso adelante en el fortalecimiento de las relaciones con los pueblos indígenas.

El apoyo de Canadá a la Declaración se basa además en numerosas iniciativas del gobierno para los pueblos indígenas en áreas de educación, desarrollo económico, vivienda del niño y la familia, acceso al agua potable, y la protección de los derechos humanos.

Canadá denomina como “pueblos aborígenes” a los pueblos originarios de América del Norte y sus descendientes. La Constitución de Canadá reconoce tres grupos de aborígenes: los indios (comúnmente conocida como First Nations), los mestizos y los inuit.

Más de un millón de personas en Canadá se identifican como una persona aborigen, de acuerdo con el Censo de 2006.

 

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18 noviembre 2010 4 18 /11 /noviembre /2010 16:41

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http://lh6.ggpht.com/_yha1IIAAxbs/TOLvDvkxTbI/AAAAAAAAB1I/akGwC8QAaP4/s720/Conferencia%20de%20prensa.JPGLa Cumbre Continental de Comunicación Indígena a través de su declaración final, exige a las Naciones Unidas y sus organismos trabajar en el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas a fin de que los Estados respeten y se cumplan la normativa internacional que favorece ese derecho.

 

 

“Los comunicadores indígenas somos perseguidos de forma violenta por parte de los grupos económicos de poder y los gobiernos, cuando queremos ejercer nuestro derecho a la información, las puertas de las instituciones estatales se cierran sin ninguna explicación siendo víctimas de discriminación y racismo” expresaron algunos delegados indígenas.

Ante esa situación demandaron a los Estados Nacionales el respeto al ejercicio libre y autónomo de la comunicación indígena, y que frenen la agresión y el desmantelamiento de los medios de comunicación indígenas, que es hoy una práctica cotidiana.

También piden a los medios de comunicación privados y públicos espacios en su programación para difundir sus valores culturales, así como las realidades socioculturales y políticas de los pueblos indígenas del Abya Yala, con el fin de fomentar la interculturalidad, a través de contenidos elaborados por comunicadores indígenas.

La Cumbre Continental de Comunicación Indígena se llevó a cabo del 8 al 12 de noviembre en el territorio indígena de La Maria en el departamento del Cauca ,Colombia, donde se congregaron alrededor de 900 comunicadores y comunicadoras de varios países latinoamericanos.

Fuente: Aini Noticias: http://www.aininoticias.org/?p=1747

 

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15 noviembre 2010 1 15 /11 /noviembre /2010 17:08

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http://www.tribunalatina.com/es/img2/bloque_31_petrobras_ecuador_500_294.jpgLa reciente campaña Amazonía por la Vida busca evitar que se explote el Bloque 31, ubicado en el corazón del Parque Nacional Yasuní.

 

La iniciativa hace un llamado a los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que remitan sendas cartas expresando inconformidad con que se utilicen sus fondos para destinarlos a la explotación petrolera.

El Bloque 31 se encuentra en manos de la estatal Petroamazonas y según algunos estudios, este campo no es comercial, debido a que contiene muy poco crudo, que al igual que el ITT (Ishipingo-Tambococha-Tiputini) es pesado.

Los impulsores de la campaña sostienen que la operación no es rentable, tiene muchos impactos y es una amenaza a la credibilidad de la iniciativa Yasuní ITT.

Asimismo invocan a los asegurados a exigir el derecho a ser consultados en el uso de los fondos de seguridad social.

Invocan también a estar vigilantes para que se cumpla la Constitución.

Invitación a la acción:

Reenvía la siguiente carta expresando tu inconformidad con la explotación del Bloque 31 a las siguientes direcciones:

Ramiro González: rgonzalesj@iess.gov.ecrgj@uio.telconet.net

Con copia a:
Efraín Viera:  efrainviera@biess.fin.ec
Campaña Amazonía por la Vida: info@amazoniaaporlavida.org

Señor economista

Ramiro González
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Ciudad

De mis consideraciones:

Yo, _________________ con C.I. _______________ (afiliado al IESS), en uso de mis derechos y facultades, quiero manifestarle mi total inconformidad con que mis fondos, depositados en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, sean utilizados para la explotación petrolera en el bloque 31, localizado dentro del Parque Nacional Yasuní.
Considero mi derecho y mi deber interponer esta acción de rechazo toda vez que respaldo la iniciativa de no explotación del Yasuní ITT. La explotación de crudo en el Bloque 31 lesiona seriamente esa iniciativa. Además, se estaría dando paso a una actuación fuera del procesamiento jurídico, tal como establece el artículo 407 de la Constitución vigente.

“Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.”

El bloque 31 se encuentra en el corazón mismo del Parque Nacional Yasuní. Sus reservas petroleras son escasas y de crudo de baja calidad.  Se conoce que la extracción del hidrocarburo en dicho bloque no es rentable, si no se amplían las actividades al campo ITT. Sin embargo los impactos que esta actividad puede provocar son incuantificables. El crudo que se extraería tendrá una gran cantidad de aguas de formación (agua tóxica), en extremo contaminantes, se destruirían bosques, empeorarían las condiciones de salud, seguridad y bienestar en la zona,  se ejercería gran presión sobre los territorios indígenas y sobre el bloque vecino, el ITT.

Recuerde, señor presidente, que esa región constituye la zona más biodiversa del planeta, tiene el régimen de conservación más fuerte del mundo:  Reserva de la Biosfera, Parque Nacional y Territorio Indígena.  Allí se generan gran parte de las nubes que aseguran el agua al territorio nacional, y  por si lo anterior fuera poco, es un territorio de tránsito de pueblos en aislamiento voluntario, cuya vida estaría en grave riesgo si se avanza con las actividades petroleras. Las actividades extractivas en el Yasuní deberían iniciar un proceso de abandono y restauración de las zonas afectadas, en lugar de ampliarlas e invadir nuevas áreas.

Los fondos de los afiliados no pueden invertirse en operaciones que supongan altos riesgos tanto en lo económico, como en lo ambiental.

Reitero mi apoyo a la Iniciativa Yasuní-ITT, en tanto, ésta permite proteger el área más biodiversa del mundo, respetar los territorios de los pueblos indígenas particularmente aquellos en aislamiento voluntario, iniciar un camino hacia un Ecuador post petrolero, y enfrentar la crisis climática al impedir que se coloquen en el mercado más petróleo, pues con su consumo se está llevando al planeta a su colapso.

Por lo expuesto le ruego reconsiderar la decisión de invertir en la explotación de petróleo en el Bloque 31. Si a pesar de estas consideraciones se insiste en este empeño, considero que esta decisión demandaría una consulta popular, para resolver la explotación de este campo, y al menos una consulta a los afiliados para utilizar los recursos en esta arriesgada operación petrolera.

Atentamente,

CI.
Afiliado al IESS

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