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Comunicadores Charrúas

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  • Ricardo Silva
  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
Tengamos presente que todo ser con aletas, raíces, alas, patas o pies, es un Hermano
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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10 diciembre 2010 5 10 /12 /diciembre /2010 19:48

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http://www.kaosenlared.net/img2/157/157561_paramilitares_en_colombia1.jpgLuis Carlos salió como de costumbre a entregar los cilindros de gas al restaurante, pero esa noche no regresó. Luego nos dimos cuenta que estaba junto con otros dos cuerpos en la morgue de Piendamó...

“En enero de 2008, Luis Carlos salió como de costumbre a entregar los cilindros de gas al restaurante, pero esa noche no regresó. Luego nos dimos cuenta que estaba junto con otros dos cuerpos en la morgue de Piendamó, Cauca.

  Al  otro día la noticia era  que habían sido muertos  tres guerrilleros en combate. Mi yerno  salió de la casa con un buso azul  y  un jean, pero  en la  morgue estaba con un  camuflado, le habían puesto armas  y  unas botas pantaneras que no eran de él y para que le quedaran buenas le habían cortado los talones.    También lo habían torturado.

  Nos cuentan que cuanto los bomberos fueron a recoger los cuerpos, el ejército no los dejó y muchas personas y testigos nos dijeron que fueron miembros de la  cuarta brigada del batallón José Hilario López.

  Pero semanas después comenzaron las amenazas y nos hicieron salir desplazadas de Silvia. Nunca recibimos ayudas del estado porque denunciamos y nos sostuvimos que Luis Carlos fue muerto a manos del ejército”.
  Maribel

Familiar de una víctima de un falso positivo
  Además de los hechos  denunciados por las valientes madres de Soacha, que permitieron develar la tragedia de los falsos positivos, hay muchos casos de los cuales aún no se ha mencionado nada. Continúan sembrados en el corazón de muchas familias como la de Maribel, que saben que la justicia y la verdad continúan todavía lejanas.

  Este lunes el presidente Juan Manuel Santos intervino ante el pleno de la Corte Penal Internacional, con el objetivo de explicar los supuestos avances  en la defensa de los derechos humanos. Pero al igual que otros mandatarios,  niega el conflicto interno que se vive en el territorio, la violación de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario y la existencia perversa de los falsos positivos. Con descaro se atreve a decir que en Colombia estamos viviendo un escenario de post-conflicto.    

El presidente Santos argumenta sus palabras con la desmovilización de  algunos grupos paramilitares y  su vinculación a la ley de Justicia y Paz y con  bombardeos y acciones militares que han ocasionado la muerte a varias cabecillas de las FARC. Frutos que según el mandatario está recogiendo de su antecesor, gracias a la política de seguridad democrática.

Hay que mencionar que sólo hace algunas semanas el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, cuestionó la ley de Justicia y Paz por la falta de condenas que ha producido, pues  hasta la fecha sólo han sido condenados tres ex jefes paramilitares.  

En esta audiencia el presidente olvidó mencionar  que los paramilitares (supuestamente desmovilizados) hoy  conforman otros grupos: las Águilas Negras, los Rastrojos, las Águilas Negras Nueva Generación, etc.  Ellos, continúan señalando, amenazando y asesinado a campesinos, indígenas y comunidades negras que exigen sus derechos o que simplemente cometen el delito de vivir en tierras fértiles sembrando alimentos para sobrevivir.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, jóvenes e indígenas  inocentes que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate, el presidente  mencionó el  sistema de asesores jurídicos e inspectores delegados y el  fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Sin duda alguna, el fortalecimiento en estos casos significa mayor protección para los militares, quienes se juzgan entre ellos mismos  y dejan a las víctimas con el único recurso de acudir a instancias internacionales.

Mientras la Fiscalía investiga a cerca de  mil militares de diferentes rangos, señalados de ser responsables de falsos positivos,  en el senado de la república se debate la Ley de Victimas. Esta Ley, es una propuesta asistencialista que sólo busca atender y reparar económicamente a los más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado. Sin embargo, no clarifica el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad y a que se haga justicia frente a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. No se puede permitir que en nombre de la reparación se silencie la verdad y la justicia. Por eso es necesario entender muy bien esta Ley, para que no entreguemos la dignidad de quienes han padecido el conflicto a cambio de un fugaz recurso económico.

De estas políticas y leyes Maribel dice que entiende poco. Ella continúa en el rebusque,  con su venta de minutos, buscando un mínimo recurso para alimentar a su familia. Mientras mira por televisión a las víctimas del invierno, espera que a ellos sí les presten el cuidado y la protección que a ella y a su familia les negaron. Que a esas víctimas no les suceda lo que les pasó a cientos de familias víctimas de la violencia, quienes fueron interrogadas una y otra vez ofreciéndoles justicia y reparación y ahora sus testimonios permanecen en folios devorados por la humedad y el abandono.

La estrategia de muerte avanza  
El planeta en crisis  
Entrevista de la red televisiva O'globo en Brasil al capo “Marcola” 
  
Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre de "Marcola", es el máximo dirigente de una organización criminal de Sao Paulo (Brasil) denominada Primer Comando de la Capital (PCC). Las respuestas de Marcola nos aproximan a lo que puede ser el futuro de la delincuencia común en América Latina.
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1362:entrevista-de-la-red-televisiva-oglobo-en-brasil-al-capo-marcola&catid=1:ultimas-noticias 
  
  
Los alimentos transgénicos siguen siendo indigestos para la población 
  
Se podría definir que un cultivo es transgénico cuando se le ha introducido algún gen de otra especie para proporcionarle propiedades nuevas e inéditas. En la actualidad existen dos tipos de cultivos transgénicos sembrados a gran escala a nivel mundial, o lo que es lo mismo, hay dos características incorporadas a diversos cultivos (principalmente maíz, soja y algodón) que eran inéditas y se obtuvieron mediante manipulación genética.
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1363:los-alimentos-transgenicos-siguen-siendo-indigestos-para-la-poblacion&catid=1:ultimas-noticias 
  
  
¿Un caballo de troya a Unasur? 
  
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que se constituyó en 2008 como un organismo de integración política que posibilite por fin la interacción de los países del subcontinente sin la injerencia hegemónica e históricamente funesta de Washington, corre el serio peligro de ser infestada por la derecha latinoamericana que, como se sabe de sobra, su principal objetivo en política exterior sigue siendo el fortalecimiento de su relación con Estados Unidos.
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:iun-caballo-de-troya-a-unasur-&catid=1:ultimas-noticias 
  
  
Los archivos de MapuLeaks 
  
“Me resta hablaros de nuestras relaciones con las potencias extranjeras. Y tengo la satisfacción de deciros que los combates con las tribus del Sur en la primera época de mi administración, y la guerra contra la Confederación Perú-boliviana, han sido las únicas interrupciones de la paz exterior en el espacio de diez años”. Palabras textuales de José Joaquín Prieto, en su Mensaje Presidencial del 18 de Septiembre de 1841. ¿Los mapuches potencia “extranjera”? ¿Interrupciones a la “paz exterior”?
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1358:los-archivos-de-mapuleaks&catid=1:ultimas-noticias&nbs

  
El dolor desde Colombia  
  Lo perdimos todo

Una vieja e indeseable costumbre hace ver la tragedia innúmera de los habitantes de Colombia como algo cíclico, cotidiano, una desgracia que debe pasar porque llegó el invierno. Los dos millones de damnificados que expresan su dolor con la frase que ya parece un cliché: “lo perdimos todo”, la frase de cajón ante los cadáveres molidos de los triturados por el lodo y la piedra: “era una tragedia anunciada”, las lágrimas sedicentes del presidente, la limosna sublimada como solidaridad y la emergencia decretada con toda solemnidad que bien puede traer, cuántas veces no lo hizo antes, tantos males como los que llueven del cielo.

http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1372:lo-perdimos-todo&catid=1:ultimas-noticias  
  
Los restos mortales de la guerra 
EL 6 de diciembre de 2010 la fiscalía de Cali, Valle, hizo entrega de 15 cuerpos, víctimas de la violencia en Colombia, a distintas familias del Valle y del Cauca. Entre ellos se encontraban los restos mortales de  Roberto Enrique Bastidas y de José Orlando muñoz, asesinados por paramilitares.
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1364:los-restos-mortales-de-la-guerra&catid=1:ultimas-noticias  
  
Presentan denuncia por crímenes contra la humanidad en contra de Uribe Vélez 
El pasado 29 de noviembre de 2010, un grupo de cuarenta personas entre periodistas, congresistas, ex congresistas, un ex magistrado, miembros de organizaciones de derechos humanos, diferentes profesionales y un partido político, interpusieron una denuncia penal por crímenes contra la humanidad contra el ex Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:presentan-denuncia-por-crimenes-contra-la-humanidad-en-contra-de-uribe-velez&catid=1:ultimas-noticias  
  
Uribo -Santismo revive decretos de la emergencia social 
La reforma aprobada por la Plenaria del Senado empeora la salud de los colombianos para enriquecer a los negociantes. La bancada del Polo Democrático Alternativo votó negativamente la ley ordinaria que reforma el sistema de salud.
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1355:uribo-santismo-revive-decretos-de-la-emergencia-social&catid=1:ultimas-noticias  
  
El plan de vida de los pueblos

Los pueblos del mundo resisten

Para enfrentar el cambio climático hay que transformar el modelo económico
  
Es el modelo económico y social y no el avance de las fuerzas productivas la causa principal que ha estado provocando los desórdenes en el clima del globo, sobre todo en las dos últimas décadas, con sequías e inundaciones alternadas, plagas y otros fenómenos de extrema gravedad, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo al instalar el foro sobre el cambio climático que tuvo lugar hoy en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:para-enfrentar-el-cambio-climatico-hay-que-transformar-el-modelo-economico&catid=1:ultimas-noticias  
  
Pensamientos y palabras recorren comunidades del Cauca 
Desde noviembre pasado, el programa de comunicaciones del CRIC y la asociación de medios de comunicación indígena de Colombia AMCIC, han realizado cinco encuentros sobre comunicación, en diferentes emisoras indígenas y comunitarias del Cauca. Estos encuentros tienen como propósito general conocer de cerca los procesos organizativos de las zonas y analizar el papel de la comunicación frente a las realidades de las comunidades y los territorios.
  
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:pensamientos-y-palabras-recorren-comunidades-del-cauca&catid=1:ultimas-noticias  
  

Tejido de Comunicación y de relaciones externas para la verdad y la vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 293999
nasaacin.org
acin@acincauca.org
Cauca -Colombia

 

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10 diciembre 2010 5 10 /12 /diciembre /2010 19:36

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http://dgpcfadu.com.ar/2008/1_cuat/j35/tp/imagenes/derechos_humanos90.jpgLa organización Convergencia por los Derechos Humanos condenó el secuestro y asesinato de la defensora de los DD.HH. Emilia Quan, quien laboraba en el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG).

 

El asesinato de la destacada socióloga e investigadora ocurrió en Huehuetenango, a unos 350 kilómetros de la capital guatemalteca.

La activista fue secuestrada el martes en la aldea Paquix, en Huehuetenango, junto con Víctor López, chofer de la organización, quien posteriormente fue encontrado golpeado y amordazado.

El cadáver de la dirigente fue localizado el miércoles en el municipio de Todos Santos Cuchumatán, también de Huehuetenango.

La Convergencia por los Derechos Humanos exigió en comunicado a las autoridades del Estado de Guatemala que se realice una investigación a fondo, para dar con los responsables del asesinato de Emilia y se esclarezca los hechos alrededor de su asesinato.

Asimismo, se garantice la efectiva investigación criminal de los hechos no obviando la investigación de ninguna de las posibles hipótesis de lo ocurrido, para coadyuvar a esclarecer los hechos.

Exigieron además se garantice la seguridad de las organizaciones sociales y de derechos humanos que en Huehuetenango desarrollan un trabajo por el desarrollo, la seguridad y la justicia.

El Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG, donde laboraba Emilia Quan Staackmann, es una asociación civil no lucrativa de Huehuetenango que promueve los derechos humanos mediante la realización de investigaciones sociales, culturales, políticas y económicas.

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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 19:47

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12/11/2009

La Ley de Caducidad debe Caducar (López Goldaracena)

SE PUEDE, LOS QUE NO QUIEREN
MAL INFORMAN

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Ante algunas "confusiones" sobre la posibilidad o no de que el parlamento pueda anular la Ley de Caducidad, trasmitimos un fragmento de una entrevista realizada al Dr. Oscar Goldaracena en noviembre del 2006 por la Comisión de DDHH de la FEUU
Comisión DDHH- ¿cómo concretamente cree usted se llegaría a la anulación de la Ley?

Goldaracena- Por principio y por lo que ya escribimos en el libro, nosotros, entendemos que el Poder Legislativo por la simple mayoría de votos, reitero por mayoría simple de votos, puede declararla nula, inexistente y sin ningún efecto jurídico.

Esta sería la solución de principio, que hay otras alternativas que se han planteado, yo no las consideraría todavía, porque creo que el Poder Legislativo tiene que tomar conciencia, como representante legitimo de la ciudadanía, de que si se constata un vicio e nulidad, tiene que reacomodar el Derecho y declarar la nulidad.

Otras de las "confusiones" que se están generando es la diferencia entre anulación y derogación, aquí trasmitimos una de las preguntas que aparecía en los materiales informativos de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la
Ley de Caducidad.

¿Qué pasa si la Ley se deroga en lugar de anularse?
Los casos que fueron comprendidos dentro de la Ley no podrían reabrirse y por lo tanto los criminales seguirían sin poder ser juzgados. Además en lo político, la derogación -al no tener efectos retroactivos- afirmaría el precedente de que un gobierno se haya visto obligado a votar leyes bajo amenaza y éstas continúen vigentes aún después que la amenaza cesa.

Tenemos que presionar para que el parlamento anule la Ley de Caducidad

  La Ley de Caducidad debe Caducar (López Goldaracena)

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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 19:35

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31/11/2009 

EL PODER LEGISLATIVO TENÍA PLENAS FACULTADES PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD SIN NINGUNA DUDA DE NINGUNA ESPECIE


Fundamentación del Dr. Helios Sarthou domingo 1/11/2009

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Norma del Parlamento que se refiere al Poder Legislativo que establece los requisitos para la competencia del Legislativo.
En el artículo 85, numeral tercero de la Constitución, se dice esto con respecto a la competencia del Poder Legislativo: "Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. Protección de todos los derechos individuales..." Y podría haberse dicho genéricamente pero no, lo dice expresamente y especialmente el énfasis del artículo es que las leyes se pueden expedir para proteger todos los derechos individuales. Y qué mayor justificación que hacerlo ahora para la violación no sólo de las normas constitucionales nuestras sino de las normas internacionales que garantizan y que hoy voy a mencionar para que se sepa que hay normas aplicables y que aún ahora se pueden aplicar y que el Parlamento este y el que le sigue pueden aplicar el artículo 85, numeral tercero para declarar la anulación.
Pero voy a dar además un argumento más importante todavía porque es ilevantable. El Poder Legislativo, el 13 de marzo de 1985, dictó la ley 15.738. Esta ley cumplió con una tesis jurídica de que en principio, todos los actos que se cometieron en la sociedad en momentos de dictadura, pueden ser validados por el gobierno legítimo que se instala, pero también puede tener facultades para anularlos.

Fíjense ustedes que en el artículo segundo de esta ley 15.738 del 15 de marzo del 85, cuando arranca nuevamente la institucionalidad del país, dice esta declaración: "que se declaran con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de estado desde el 73 al 85". Como principio general se valida, por una tesis de continuidad del estado más allá del gobierno ilegítimo existente porque sin esa declaración esos actos no valían. Pero después dice: "Exceptúase de esta declaración las leyes especiales, las leyes fundamentales, los decretos leyes". O sea toda la normativa de la dictadura cuya nulidad absoluta se declara. Para los que dicen que el Parlamento no puede declarar la anulación de la ley  de impunidad esto es un mentís terminante.
Y les voy a decir las leyes que son para que vean que no es porque fueran de la dictadura. No, porque validaron todas las otras. Esta no por su contenido. Quiere decir que el Parlamento tiene plena facultad para anular una ley por su contenido.
Voy a demostrar como es ilegítima esa ley inclusive desde el punto de vista del derecho internacional.
Les leo el texto de las leyes que declararon la nulidad absoluta que son alrededor de 10.
Las llamadas leyes 14.173: número de integrantes de Entes autónomos y servicios descentralizados. La 14.248 de la declaración jurada de fe democrática. La 14.373 incautación y confiscación de bienes de procesados por la justicia militar. La 15.137 por asociaciones profesionales; la 15.252 de nominación a la represa de Paso de Palmar; 15.328 y 15.385 en materia de convenios colectivos; 15.530 huelga y 15.587 fuero sindical -porque atentaban contra todos los derechos ¿verdad?; 15.601 estabilidad de los profesores de educación secundaria, UTU y liceos militares; 15.683 beneficios jubilatorios para asimilados del Ministerio de defensa nacional; 15.684 y 15.705 ley forestal. Y agrega además las llamadas leyes fundamentales Nº 3: huelga de los funcionarios públicos; 5 y 6: estabilidad de los funcionarios públicos contratados y redistribución de funcionarios públicos y luego las llamadas leyes especiales 9 y 10 de beneficio jubilatorio para cargos políticos y de particular   confianza.

352564_0.gifEstas normas, se declaran nulas así que se ejercitó por el Poder Legislativo la anulación y nadie objetó esta anulación. Y no era porque se generaran en la dictadura sino por lo que establecían estas leyes, que es lo que corresponde ahora con esta ley que estableció la impunidad, violando los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, más allá también de que se viola la protección del derecho a la vida, de la integridad física que están establecidos en normas de nuestro país pero también en normas internacionales.
Esto hace que exista la posibilidad de exigir que esto se cumpla porque si no las infracciones a este deber de nulidad que existe, esta ley de impunidad supone una denuncia ante las autoridades internacionales por violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Y voy a pasar a leer esas normas, entre otras que han sido violadas.
Pero estas han sido muy concretas: violaron -y lo han violado además los legisladores que no cumplieron porque había obligación de cumplir. Si  integramos las Naciones Unidas tenemos que cumplir estas normas que voy a leer y los legisladores no las cumplieron y las van a seguir incumpliendo si no se rectifican. Y que no vengan a decir que aquí hubo un referéndum porque ese referéndum puede ser una trampa montada en la realidad de los hechos porque al final no hubo compromiso contraído ni siquiera por estos dos candidatos que hoy están luchando por el poder tampoco dijeron una palabra para luchar contra esta ley de impunidad. Apenas firmó uno, el otro no y son conductas que evidentemente hay que tomarlas en cuenta cuando ahora se plantean opciones porque si hacen la misma cosa no corresponde ninguna opción. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
"La convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" Quiero aclarar que las torturas, los desaparecidos, los asesinatos, porque son por razones políticas, ingresan en el concepto de los crímenes de lesa humanidad.
Esta convención de la OIT entró en vigor el 11 de noviembre de 1970 así que no cabe duda que el período de la dictadura fue alcanzado.
Imprescriptibilidad significa que el transcurso del tiempo no hace perder el carácter delictivo de esas conductas. Y el artículo uno de esa convención de las Naciones Unidas, que es muy importante porque nosotros somos miembro y tenemos que cumplirlas todas, el inciso A se refiere al Tribunal internacional de Nuremberg, pero el inciso B se refiere a los crímenes de lesa humanidad "cometidos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, según la definición dada en el estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de febrero del 46 y del 11 de diciembre del 46, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debido a la política de apertheid y el delito de genocidio, definido en la Convención de 1948".
Es decir, son crímenes de lesa humanidad todos estos delitos y los que se han cometido aquí durante la dictadura y por el cual necesariamente tiene que procederse a la responsabilidad y a la intervención de la justicia, están previstos en este artículo primero de esa convención que se adoptó en la Asamblea General el 26 de noviembre del 68 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.
Pero además hay una resolución complementaria: 3074 también de la Asamblea General de las Naciones unidas del 3 de diciembre de 1973 que dice: "Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo en los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Y el artículo 8 de esta resolución dice: "Los estados no adoptarán disposiciones legislativas, ni tomarán medidas de otra índole, que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad". Quiere decir que la ley de impunidad 15.840 no se hubiera podido dictar cumpliendo con esa Convención de las NU y esa resolución concreta que establece que los estados no pueden dictar ni disposiciones legislativas ni tomar medidas de otra índole. Una de las medidas de otra índole podría ser también gestionar una consulta popular que puede convertirse en una trampa en la medida que no se muevan o haya una actitud firme, como en los hechos ha podido pasar.
Pero de todos modos estas normas son terminantes y tanto el hecho de que se haya adoptado una posición legislativa u otra medida, cualquiera que fuere inclusive una medida de consulta a la población, pueden afectar la persecución de los crímenes de lesa humanidad.
Yo quería leer esto, explilcar la ley que ya dictó el gobierno, hay normas que obligaban a los legisladores para cumplir esa anulación o declaración de nulidad, reiterando los antecedentes, repito, ley 15.738. Porque hay quienes dicen que no tienen capacidad para anular y que no hubo nunca anulación. ¿Cómo que no hubo anulación? Acá hay la derogación, que es hacia adelante y la nulidad, que fue empleada y porque está entre las facultades excepcionales de la Constitución.

desaparecidos.jpgPara proteger a los derechos humanos, los derechos individuales, el artículo 85 numeral 3, que yo leí, también establece expresamente la facultad de expedir leyes. Por tanto, pueden expedirse leyes para anular una ley que violó las normas internacionales y nacionales que defienden al ser humano.
Esto es en concreto lo que quería señalar porque hubo gente joven que asumió esta campaña sobre el final y yo digo que habrá que hacer no sólo una marcha sino que hay que hacer las acciones pertinentes porque la Constitución y las normas que rigen las Naciones Unidas, no se puede permitir que sean omitidas o violadas. Esto es lo que está presente desde el punto de vista jurídico y yo quería dejarlo establecido.
El segundo tema, es que en general uno sintió una aguda angustia por esto.
Yo digo la verdad, yo no estuve detenido. Pero defendí presos políticos. Abandoné de alguna manera la abogacía laboralista que es mi especialidad y aunque no se tenía que aprender mucho técnicamente porque era una labor más de asistencialismo lo que permitía la justicia militar, aprendí a estar al lado de la gente que estaba sufriendo para que nosotros tuviéramos libertades, las libertades que hoy tenemos.
Porque para que los que hoy ocupan los lugares del Parlamento y de gestión del estado tuvieran la posibilidad de tener esta libertad, hubo gente que cayó, hubo gente que desapareció y hubo gente que fue torturada.-  Y no basta con estas indemnizaciones que se resolvieron porque eso resuelve razonablemente una consecuencia también grave sin duda que es las condiciones, las repercusiones familiares y de las personas. Pero esto es otra cosa, es la relación de la sociedad toda con el estado todo que no puede permitirse la injusticia de castigar a unos y perdonar a otros. Por eso a mí me molestó mucho ese dicho del candidato frentista que dijo que a los viejitos torturadores no los quería sancionar si le decían la verdad. Es una cosa personalista, cerrada, que no se puede entender. Y el otro candidato ya sabemos cuál es la línea, que han estado siempre en contra. El representante del Partido Nacional tiene una posición ya definida hace mucho tiempo. Pero lo sorpresivo es que el candidato del Frente Amplio enunciara eso. Por eso esto también lo tenemos en cuenta respecto de decisiones que tenemos que tomar y que vamos a tomar.
Ahora, yo quiero señalar que nosotros de alguna manera estamos enfrentados a la responsabilidad de qué actitud vamos a asumir como ciudadanos, como gente política, como integrantes de la Asamblea Popular Izquierda Unida, fuerza política que ha nacido ahora. Con dificultades como le pasó también al Frente Amplio. Yo estuve cuando nació la Unión Popular que era un poco el arranque, como fue el Fidel, que fueron organizaciones que arrancaron el proceso que va a desembocar en el 71 en el Frente Amplio pero que tuvieron dificultades grandes de sacar un diputado y no tener un gran poder porque generalmente las ideas y los movimientos que importan son pocos cuando comienzan de manera que esto no nos preocupa. Nos preocupa la identidad clara de caminos que se adoptaron en esta salida de lo que consideramos que es la única fuerza que defiende las ideas fundacionales de nuestra izquierda. Eso me parece muy importante porque hay que tener en cuenta que hubo una operación éxito electoral que a partir del 2004 se concretó en el triunfo pero que tuvo todo un proceso que implicó la flexibilización ideológica, que implicó introducir en el FA sectores como la columna blanca, como los claveles rojos, como el Encuentro Progresista que nunca habían sido de izquierda y que se incorporaron en un peso específico que disminuyó la eficacia de los sectores de izquierda que venían desde el arranque. Y además se suprimió la participación y en esto sin duda ha tenido una importancia fundamental Tabaré Vázquez que en alguna medida fue el impulsor con el objetivo de conseguir los votos de centro, votos de derecha que le permitieron llegar al poder.

30.jpgPero llegar al poder sin mantener los caudales ideológicos es relativo de la misma manera que también tener los caudales ideológicos sin tener la posibilidad del poder alarga la indefinición y deja a los pueblos desarmados. Pero la forma de llegar al poder no puede ser nunca la destrucción de un pasado ideológico histórico que además en un momento determinado fue la esperanza para América Latina porque era una izquierda que ingresaba por primera vez al gobierno.
Y esa América Latina también ha sido defraudada por la gestión.


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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 19:18

 


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13/11/2009

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El Frente Amplio sustituyó la lucha de clases, la lucha anticapitalista, y al socialismo, por la lucha antidictadura. Abandonó el objetivo del socialismo, por “la zanahoria” del “juicio y castigo a los culpables”, una consigna ya desmerecida, y manipulada por algunos personajes que han convertido los “derechos humanos” en una sociedad anónima que les sirve para vivir bien. Los compañeros muertos y desaparecidos dieron su vida por ideales revolucionarios y socialistas, ninguno de ellos estaba equivocado ni confundido, por el contrario ellos fueron los más claros y decididos en saber lo que buscaban. En cambio estos de hoy, entre los que se encuentran algunos de los jefes, que salvaron el pellejo negociando con los verdugos, mientras torturaban, asesinaban y desparecían a los más firmes y decididos revolucionarios, hoy siguen en carrera hablando de “derechos humanos” y de “juicio y castigo a los culpables”. Tuvieron cinco años, y ahora desgraciadamente al parecer van a tener otros cinco años más, con todo el viento a favor, mayorías parlamentarias y poder absoluto desde el Poder

 Ejecutivo. ¿Por qué entonces no hacen justicia y castigan a los culpables? Es muy lamentable pero la historia está a la vista, es reciente y rompe los ojos. ¿Por qué los frenteamplistas no votaron la papeleta rosada? ¿Por qué se olvidaron? ¿Por que no sabían que había un plebiscito? ¿Por que los encandiló la campaña de Mujica? ¿Quién puede tragarse ese gato marcha atrás? ¿Es que no saben que en el Congreso del Frente Amplio, llamado “Héctor Rodríguez”, Fernández Huidobro fue el encargado de fundamentar en contra de la anulación de la Ley de caducidad? ¿Y que Danilo Astori también estaba en contra de anular la Ley de caducidad? Por eso nosotros estábamos seguros que el plebiscito no saldría, porque además de los blancos y colorados, tampoco votarían muchos frenteamplistas de Astori y de Huidobro. Y no precisamente por despistados. Sin embargo fue rédito lo que dio la campaña por el plebiscito a algunos dirigentes que no tienen ni tres mil votos, y que sin embargo tienen ministros, directores municipales, dirigen el PIT CNT y ahora estarán sentados en el Parlamento.

La imagen de la nieta de Gelman había sido ampliamente difundida cuando al poco tiempo de iniciarse el gobierno del Frente Amplio, visitó la presunta tumba de su madre en el Batallón 14, cerca de Montevideo. En aquel entonces cuando trataba de reponerse del dolor por la muerte del que creía su padre, se chocó de frente con la dura realidad: era hija de una pareja argentina desaparecida y asesinada durante la dictadura en Uruguay. Y uno de los amigos de su padre, que frecuentaba su hogar, era el probable asesino de su madre. Tenía 23 años, vivía con su madre adoptiva y su vida tuvo un giro fuerte. Mientras superaba ese shock, quiso quedarse fuera de la visibilidad pública. Pero aquel día, María Macarena Gelman dio la cara cuando entró al Batallón de Toledo para recorrer el lugar donde militares retirados señalan que está la tumba clandestina de su madre. Se trata de la nuera del escritor argentino Juan Gelman, que desde 1999 ha reclamado a las autoridades uruguayas el esclarecimiento del caso. La dictadura uruguaya (1973-1985) dejó 38 desaparecidos en el país. En 2000 el gobierno de Jorge Batlle formó la Comisión para la Paz, que, en 2003, concluyó que 26 desaparecidos fueron asesinados y arrojados al mar por agentes de la represión.

Supuestamente con la asunción del nuevo gobierno del Frente Amplio y Tabaré Vázquez decía dar la mayor importancia a las investigaciones sobre desaparecidos, se decía que algunos militares y policías comenzaban a dar datos sobre entierros de secuestrados en forma ilegal. Todo eso fue mentira, pero en el imaginario de la población la gente común desinformada, piensa que en materia de “derechos humanos” hay militares presos, sin tener en cuenta que fue necesario protegerlos para evitar que fueran extraditados hacia la Argentina. La ley de 1986, ratificada en un referéndum de 1989, y ahora en el 2009, impide juzgar a militares y policías por actos de represión. Todos los grandes medios de comunicación en aquel momento informaban que “en los últimos días trascendieron datos sobre el lugar donde fue enterrada la argentina María Claudia García, y Macarena llamó a la Casa de Gobierno para obtener información de primera mano”. Decía la muchacha entonces: “¿Hay certezas de que mi madre está enterrada ahí?”, preguntó al secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández. “Sí, Macarena, hay altas probabilidades”, respondió el funcionario. Entonces, la joven pidió que la dejaran entrar en ese cuartel. La hija de la desaparecida junto a Fernández, dos jueces, una fiscal, antropólogos y técnicos forenses ingresaron en el Batallón 14 de Toledo. También estuvo el comandante en jefe del ejército,

Ángel Bertolotti, quien se decía era una pieza clave en la aplicación del plan de Vázquez para encontrar restos de desaparecidos. La televisión, los grandes periódicos, las cadenas radiales todos informaron que en una zona, observaron tres posibles tumbas y, en otro lugar cercano, dos más. Estuvieron en una depresión al costado de unos árboles donde se estima que está enterrado el cuerpo de María Claudia. La comitiva dejó a Macarena que caminara sola por el lugar. Luego fueron a la residencia militar del jefe del ejército para intercambiar opiniones. Bertolotti elogió a Macarena, dijo que era una joven de mucha fortaleza y madurez e informó que ya tiene lista la investigación interna sobre los casos de desaparecidos y que sólo le faltaba redactar el reporte. La historia verdadera en cambio, es la de que el 24 de agosto de 1976, agentes de la represión entraron en la casa de Berta Schuberoff la ex esposa de Juan Gelman, y se llevaron detenido a su hijo Marcelo Gelman y a la pareja de éste, María Claudia. Marcelo había militado en la Juventud Peronista y en el Ejercito Popular Revolucionario (ERP). La agenda de teléfonos de una militante del ERP permitió a los militares dar con su paradero. María Claudia estaba embarazada de siete meses y pensaba en los nombres de Ernesto y Ana para su bebe.

Los llevaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Asesinaron a Marcelo, cuyo cadáver fue hallado 13 años después en un tanque de 200 litros en el canal de San Fernando, en Buenos Aires. Pero a María Claudia la trajeron clandestinamente a Montevideo, donde en el Hospital Militar dio a luz una niña. La beba fue entregada a un comisario y a su esposa, quienes la anotaron como hija propia con el nombre de María Macarena Tauriño. Dicen que luego, agentes uruguayos mataron a María Claudia y la enterraron, según los testimonios reservados que acaban de conocerse, en una zona del cuartel de la localidad de Toledo, en un lugar que los militares, irónicamente, dieron por llamar Arlington, en alusión al cementerio de Washington. Como la operación se hizo aparentemente por fuera de las acciones formales de la dictadura, cuando en 1984 los militares limpiaron las tumbas de desaparecidos, dejaron sin remover la de María Claudia. La larga historia que no deben olvidar los uruguayos de izquierda. Nos recuerda que la detención del ex militar Gilberto Vázquez, uno de los “Teniente de Artigas”, la logia militar que mantiene relaciones históricas con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros desde la derrota militar de los jefes guerrilleros en 1972, se produjo a las 9:20 hs. de la mañana de un día viernes. El militar fue trasladado a las Oficinas de Interpol y a las cuatro de la tarde fue conducido a Cárcel Central. En el momento que se enfrentaba a la prensa gritó: “Soy un preso político”. La imagen de un asesino y torturador, sonriente, disfrazado y bromeando con los periodistas es, a la vez que patético, la verdadera imagen de nuestra sociedad actual. “Uruguay continúa siendo el paraíso de la impunidad”. La defensa de un conjunto de asesinos, golpistas y violadores de los derechos humanos solo puede explicarse en la suposición de que existan compromisos políticos y quien sabe de que otro tipo, con estas logias militares. Los militantes de izquierda, los ex presos políticos, los perseguidos por la dictadura, los del exilio de afuera y los del exilio de adentro, saben bien que los asesinatos, las desapariciones y las violaciones de los derechos humanos en nuestro país y la Argentina saben bien que todas las aberraciones que ha denunciado el poeta argentino Juan Gelman, son verdaderas. Los dictadores militares del “Plan Cóndor” asesinaron y desaparecieron el hijo de Gelman y secuestraron a su nuera María Claudia que no tenían militancia política y después fue introducida clandestinamente en Uruguay. Mantenida en prisión hasta que diera a luz a una niña que también le fue robada y después fuese asesinada y enterrada en un lugar que los cobardes, asesinos no han revelado hasta ahora.

Hace un tiempo atrás, la izquierda uruguaya, ahora reconvertida en progresista, aseguraba que el ex presidente Jorge Batlle sabía quien había asesinado a la nuera de Gelman, María Claudia, y también de otros casos como el de Elena Quinteros secuestrada por la fuerza del jardín de la Embajada de Venezuela. ¿Dónde está enterrada Elena Quinteros?. ¿Cuál es la responsabilidad de del ex Canciller uruguayo, Juan Carlos Blanco? El mismo que denunciaba Zelmar Michelini en una de sus últimas cartas enviada a un periodista y amigo argentino, antes de que los militares del “Plan Cóndor” lo asesinaran junto a Héctor Gutiérrez Ruiz. Todos fueron crímenes de Estado, del terrorismo de Estado. Y si Batlle sabía, ¿ahora no lo sabe también el gobierno progresista? El presidente Jorge Batlle durante su gobierno creó la “Comisión para la Paz”, integrada por el movimiento sindical y la propia izquierda junto a otros, que tuvo como cometido investigar los casos de los desaparecidos. La Comisión, sobre la cual la sociedad uruguaya se expresó como un significativo gran avance sobre los derechos humanos, presentó un informe final, que con el paso del tiempo, ha resultado falso y continuador del criterio de la impunidad. Después de dos años de reuniones y recibir las denuncias la “Comisión para la Paz”, arribó a la conclusión, entre otras cosas, de que en Uruguay las “muertes fueron debido al exceso de tortura” y no por intencionalidad. La segunda gran conclusión de la “Comisión para la Paz” fue que “los cuerpos no se podían encontrar porque todos habían sido cremados”. Sin evidencias y creyendo en la palabra de los represores y asesinos, los integrantes de la “Comisión para la Paz” desvinculaba a los jefes de estado en los actos de las violaciones de los derechos humanos. Los dirigentes políticos del gobierno de Jorge Batlle fueron los primeros en echar mano al nacionalismo, tan de moda hoy entre los gobernantes progresistas. En el 2004 los “nacionalistas” uruguayos denunciaban la intromisión de la Argentina y respondían al Presidente Kirchner que reclamaba por la nuera del poeta Juan Gelman, preguntando esta vez por los desaparecidos uruguayos en la Argentina. “Hay más de ochenta uruguayos desaparecidos en la Argentina. No tenemos información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en la Argentina, ni cómo, ni cuándo, ni de que manera”. La “Comisión para la Paz” que integró el ex Secretario de la Presidencia y actual Ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, fue un intento político concertado por poner punto final al tema de “los derechos humanos” en Uruguay.

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La Argentina comenzaba a diferenciarse durante el gobierno de Néstor Kirchner del de la Banda Oriental. Pero a esa altura parecía estar claro para todo el mundo y también para Kirchner, que los días de Batlle estaban contados y que un nuevo gobierno de izquierda encabezado por Tabaré Vázquez cambiaría el curso de la historia, en dirección al acuerdo político e ideológico, al andar un mismo rumbo. Batlle era un hombre derrotado, desprestigiado, mientras que Tabaré Vázquez era toda una promesa un líder serio y confiable, al cual Kirchner ayudó mucho para que accediera al poder. Desde México el poeta argentino Juan Gelman escribía una nota dirigida al mandatario uruguayo Jorge Batlle en los siguientes términos: “Usted ha cometido hoy un acto de injusticia más ominoso aún que el crimen que encubre. No quisiera estar en sus zapatos. Son los zapatos de un hombre que llega a su estación terminal con la conciencia oscura, la decencia mutilada y la hombría de bien desvanecida. Lo compadezco. Juan Gelman” El 23 de enero del 2004 la tormenta diplomática entre Kirchner y Batlle aumentaba en lugar de amainar, los represores y asesinos uruguayos de la dictadura mientras tanto festejaban su resguardada impunidad. Los caminos políticos, económicos e ideológicos seguidos por ambos países resultaban bien disímiles. A nadie podía extrañar tal desenlace acaecido en razón de los disímiles caminos emprendidos por los dos gobiernos en lo político, económico, e ideológico. El cambio era de esperarse. Sin embargo, desde que asumiera el candidato de la izquierda uruguaya, el Doctor Tabaré Vázquez -con quien el presidente argentino Néstor Kirchner no disimulara sus simpatías y contribuyera solidariamente con su campaña electoral- los procesos argentino y uruguayo se diferenciaron, desde un comienzo. Mientras el presidente argentino accedía al gobierno con un escaso respaldo popular, después de la caída de varios presidentes repudiados por el pueblo; Tabaré Vázquez en cambio, triunfaba en las elecciones nacionales con el respaldo de la mayoría electoral, con un partido de izquierda fortalecido en organización y una central obrera que nunca negó sus simpatías y sus vínculos con la izquierda. Como si esto fuera poco se agregaba la nueva situación de los partidos de la derecha desprestigiados y debilitados como jamás antes habían estado. Al tiempo, tanto Kirchner como Vázquez sorprenderían a los ciudadanos de ambos países y fuerzas políticas de la región. En sus comienzos Kirchner tomaba el camino del viejo peronismo al estilo de Cámpora.

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Tabaré Vázquez que venía precedido de antecedentes de izquierda, continuaba el proceso económico, social y político de los partidos blanco y colorado de la burguesía. El mandatario argentino desarticuló la cúpula de la Policía Federal y la bonaerense, otro tanto hizo con los mandos militares, y al final también cambió a todos los jueces del Poder Judicial. Con estas medidas Kirchner eliminaría posteriormente a las leyes de impunidad, “la Obediencia debida” y las de perdón a los militares decretadas por Carlos Menem. Tanto Kirchner como Vázquez recibieron una pesada herencia de los gobiernos anteriores. Sobre eso no hay dudas. Las diferencias y las discrepancias entre ambos gobiernos se centran en la manera de hacer frente a esta “herencia maldita”. El núcleo de las diferencias no se detuvo solamente en los aspectos sobre los derechos humanos sino que se sumaron al camino económico a seguir por ambos gobiernos. Kirchner tratando de fortalecer el Mercosur y creando un grupo de poder Latinoamericano para enfrentar el poderío imperialista en la región; y Vázquez criticando y atacando constantemente al Mercado Común del Sur y tratando de alcanzar un “Tratado de libre comercio” con los Estados Unidos.

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En agosto del 2003 el poeta argentino Juan Gelman se reunía con el presidente argentino Néstor Kirchner en la Casa Rosada, y el mandatario argentino se comprometió a interceder ante el gobierno uruguayo en la búsqueda de María Claudia García de Gelman. Gelman acusó al ex presidente uruguayo Jorge Batlle de encubrir al asesino de su nuera y del lugar donde estaría sepultada. Para lo cual se basaba en las declaraciones judiciales del Senador Rafael Michelini. Michelini habría señalado a un juez argentino la identidad del asesino, según los comentarios de Batlle, sería el capitán de coraceros Ricardo Medina integrante del Plan Cóndor que actuaba en la cárcel clandestina argentina de “Automotores Orletti”. Donde habría estado detenida inicialmente María Claudia. Ricardo Medina, era ahijado de un funcionario policial que se quedó con la hija de María Claudia y que ocupó el cargo de jefe de policía de un departamento, designado por el ex presidente Julio María Sanguinetti. En aquella oportunidad el ex asesor presidencial y miembro de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela afirmaba que “no había evidencias de que la nuera del poeta Juan Gelman hubiera muerto en Uruguay”. Pese a los informes de la “Comisión para la Paz” y las declaraciones de Ramela, el poeta argentino reveló que ya en el año 2000 mediante una investigación privada, había ubicado a la hija de María Claudia nacida en cautiverio. Gelman se reuniría ese año con el ex presidente Batlle, y los doctores Carlos Ramela y Gonzalo Fernández, y el ex secretario de la presidencia Raúl Lago. En el correr de ese mismo año Gelman vendría otra vez a Montevideo a conocer a su nieta y a consultarla sobre las acciones emprendidas por él. Batlle no tuvo nada que ver en la ubicación de la nieta de Gelman y el hecho sirvió para confirmar que los militares uruguayos habían trasladado a su nuera embarazada de ocho meses y medio, de Buenos Aires a Montevideo, esperaron que la niña naciera y se la arrebataron, asesinando a María Claudia en Uruguay. Desde aquel entonces, el actual Ministro de Defensa; Gonzalo Fernández, actuaba como intermediario de las comunicaciones con Gelman, nombrado por el propio Batlle. Gelman insistía que María Claudia estaba enterrada en el Batallón 14 en Montevideo y no en el 13. Y que Batlle decía que eso confirmaba que había sido Ricardo Medina alias “El Conejo” habría sido el encargado de ejecutar a María Claudia. Mientras que en la Argentina se ponía fin a las leyes de “Punto final” y “Obediencia debida”, en Uruguay asumía la presidencia el Doctor Tabaré Vázquez. El mismo día que asumió el gobierno el 1 de marzo adelantó que se realizaran excavaciones en cuarteles donde habrían sido enterrados algunos desaparecidos.

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“El primer paso en falso sin embargo, lo dio en agosto, cuando aseguró que había un 99 por ciento de posibilidades de que en el Batallón 14 estuvieran los restos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, a partir de los datos proporcionados por los propios militares”. La televisión mostraba las conmovedoras imágenes de la nieta de Juan Gelman en compañía al jefe de las Fuerzas Armadas el General Bertolotti ingresando ambos al Batallón 14. Ahora se sabe que los militares dieron datos falsos al gobierno progresista y que los comandantes y ministros de Defensa avalaron en aquella oportunidad, colocando al presidente Vázquez en una delicada situación que ameritaba relevar a la cúpula militar y ministerial. María Claudia García era esposa de Marcelo Gelman aparecido en los años ‘80 en Buenos Aires con un balazo en la nuca y a partir de ese momento su caso tomó gran repercusión a nivel internacional. El poeta argentino Juan Gelman, ha venido llevando a cabo una gran campaña para ubicar a su nuera desaparecida junto a unos doscientos casos de uruguayos asesinados. Gelman movilizó sus relaciones internacionales y logró que enviaran cientos de cartas pidiendo a los distintos gobiernos uruguayos que revelaran el destino de su nuera María Claudia. A mediados de octubre del 2005 la Justicia uruguaya archivaba el caso de la nuera de Juan Gelman, asegurando que el caso fue incluido expresamente en el 2003 en la llamada Ley de Caducidad. El tribunal penal de segundo turno de Montevideo acogía de esta manera un pedido de Enrique Moller, quien consideraba que no se podía investigar el caso de la argentina, María Claudia García, porque estaba incluido en la Ley de Caducidad. A partir de ese momento mientras las excavaciones continuaban sin éxito a los abogados de Gelman sólo les quedó la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y solicitar la extradición de los militares acusados de asesinato para que fuesen juzgados en la Argentina. Angel Bertolotti, ex comandante en jefe del ejército uruguayo, fue quien lanzó primero una de sus más explosivas declaraciones al afirmar que los enfrentamientos del pasado entre civiles y militares no deberían volver a ocurrir, pero no descartó que puedan repetirse desmintiendo así que la idea de “nunca más” propugnada por los defensores de los derechos humanos.

“Esas cosas no deberían volver a pasar, pero el nunca más está supeditado a los escenarios que se produzcan”, afirmaba Bertolotti al semanario Búsqueda. Bertolotti había cumplido el triste papel de Juez sumariante del Supremo Tribunal militar de la dictadura. Pero el caso más grave lo representa el actual comandante de la Fuerza Aérea, el ex Enrique Bonelli, piloto de los llamados “vuelos de la muerte” desde Argentina a Uruguay. La solicitud de extradición solicitada por la Argentina de seis militares uruguayos vinculados al “Plan Cóndor” se debió a que la Justicia uruguaya archivara el caso de María Claudia García nieta del escritor argentino Juan Gelman. En el 2005, el juez uruguayo Enrique Moller impidió la posibilidad de que la justicia uruguaya continuara investigando los delitos contra la humanidad de estos asesinos que, de acuerdo a las leyes internacionales, no pueden ser amnistiados por ley alguna. El Juez Federal argentino Guillermo Montenegro en una orden con fecha del 26 de abril del 2006 solicita la captura a Interpol contra los militares uruguayos retirados José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y Julio Vadora ya fallecido, el ex militar Ricardo Arab y el ex policía Ricardo Medina Blanco. Todos ellos fueron detenidos, menos Cordero que se halla en Brasil. La sentencia del Juez señala que estos individuos privaron de libertad ilegalmente aquellos ciudadanos uruguayos que fueron secuestrados en la Argentina e interrogados en el centro de detención Automotores Orletti y que el caso incluye también a María Claudia García Irureta Goyena. El Juez menciona en su pedido son Washington Cram, Washington Queiro, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera. Adalberto Soba, José Mendez Donadio, Francisco Candia, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni. Tabaré Vázquez se había comprometido con su par argentino Néstor Kirchner a investigar de manera prioritaria el caso de la nuera de Gelman. Kirchner se sintió defraudado cuando se enteró del fallo de la Justicia uruguaya y el gobierno uruguayo buscó tomar distancia de la decisión señalando la independencia de poderes. Pese a que la “Ley de caducidad” es un verdadero “mamarracho jurídico” sigue manteniéndose vigente y el gobierno de Tabaré Vázquez se mostró desde un principio empeñado en sostenerla hasta el final y no recorrer el mismo camino que el emprendido por Kirchner. Por su parte algunas organizaciones sociales y con menor intensidad algunos sectores políticos, comenzaron a insinuar la posibilidad de derogar dicha Ley, los agrupamientos más numerosos como el MPP fueron los mayores defensores de la Ley y de evitar la extradición de los militares detenidos hacia la Argentina. Los ex militares detenidos gozaron de privilegios tales como los que le permitieron fugarse a Gilberto Vázquez del Hospital Militar y recapturado más tarde. El ex coronel Gilberto Vázquez acusado por la desaparición en1976 de la nuera del poeta Juan Gelman que debió ser sometido a un proceso de extradición a pedido de un juez argentino, se escapó del Hospital Militar de Montevideo donde estaba internado. Gilberto Vázquez egresó de la Escuela Militar como Alférez del arma de Caballería. A comienzo de la década de los años setenta cuando las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de conducir la lucha contra las organizaciones revolucionarias Vázquez, operaba en el regimiento de caballería Número 4 donde cumplió tareas de “inteligencia”.

En 1976 fue destinado siendo capitán al Servicio de Defensa SID, donde revistó en el Departamento III de Operaciones. El SID fue un servicio que dependía de la Junta de Comandantes en Jefe. Estaba a cargo del coronel José Antonio Buratti y trabajaban bajo sus órdenes los tenientes coroneles José Gavazzo y Manuel Cordero, y los capitanes Ricardo Arab y Gilberto Vázquez. También reportaba allí otro de los secuaces el capitán de la Guardia de Coraceros Ricardo Medina. A comienzos de los años ‘90 Gilberto Vázquez fue designado jefe del Departamento II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército y luego comandante del regimiento Blandengues de Artigas de caballería Número 1. Participó en un curso en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Pensylvania. Se desempeñó en el Centro de Altos Estudios Nacionales CALEN por donde han atravesado muchos dirigentes progresistas. Por su prontuario este hombre siempre estuvo estrechamente vinculado a los aparatos de Inteligencia por tanto a la represión, tortura, traslados, asesinatos y desapariciones. Si este hombre hablara sin duda podría rozar y vincular a muchos hombres y mujeres actuales vinculados de una manera u otra a aquellos hechos recientes. Inmediatamente de abandonar el Hospital Militar,

Gilberto Vázquez envió al semanario Búsqueda una “Carta abierta”, dirigida al Presidente de la República donde señalaba no “aceptar su condición de rehén político a la que un grupo revanchista hacia las fuerzas armadas pretende someter a un grupo de militares”. La carta publicada y dada a conocer por Búsqueda dice textualmente; “Carta abierta a la opinión pública: Sr. Presidente de la República: Presente El objetivo de la presente es hacerle conocer como presidente electo de los Orientales, proclamado defensor del Estado de Derecho, los motivos por los que he tomado la decisión de no aceptar la condición de rehén político, a la que un proceso de odio y revancha hacia las Fuerzas Armadas pretende someter a un grupo de militares. Con fecha 24 de mayo de 2006, el Comandante en Jefe del Ejército me plantea las connotaciones políticas, que mi situación en calidad de detenido por la solicitud de extradición a la República Argentina comporta, y la solución que el gobierno que Usted preside. La decisión de que seremos condenados por alguno de los delitos de derechos humanos que se le imputa a las Fuerzas Armadas ya está tomada. Seremos condenados sí o sí. En el caso de la extradición, se nos advierte sobre las condiciones arduas de reclusión en Villa Devoto, y la absoluta falta de garantías en cuanto a los procedimientos legales en ese país. Todo lo cual nos enfrentará a un escenario hostil que nos asegurará un viaje de ida sin retorno. A cambio, se nos ofrece la opción de aceptar responsabilidades en el caso Soba, Mechoso Méndez, lo cual nos representaría, condiciones de reclusión favorables dentro del territorio nacional y simultáneamente bloquearía el proceso de extradición en curso. Es mi deseo declarar, que este ofrecimiento no sólo representa una estafa al Estado de Derecho que usted a ultranza ha proclamado, sino también un chantaje moral a mi persona como militar y así como para las Fuerzas Armadas; que en definitiva continuarán siendo rehenes de esta situación, creada por el odio inculcado a nuestro pueblo durante generaciones. Como hombre de honor, cultivado durante más de cincuenta años dentro de mi institución, no puedo aceptar un ofrecimiento semejante, particularmente porque en realidad, no busca establecer la verdad ni la justicia, sino que persigue compromisos políticos totalmente ajenos a ella. Es conocido el brete en que el gobierno se ha metido, fomentando todo tipo de campañas de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de ello, desde antes de asumir su gobierno, ha pretendido tentar a los integrantes de la Fuerza, para ofrendar algunas cabezas, que descompriman el adeudo asumido con la opinión pública y en particular un pequeño sector de su partido, a través de una persistente campaña contra las acciones de guerra que se padeció en el pasado. Actualmente, este aprieto se ha estrechado aún más, ya que aceptar otra extradición, particularmente a la Argentina, dentro de las actuales condiciones políticas representará un acto más de descrédito sobre su deber de salvaguardar la soberanía nacional. Con este chantaje, se pretende darle solución a ambos contextos: por un lado se ofrece las tan buscadas cabezas, victimizando a personajes emblemáticos de la guerra antisubversiva y por otro, se consigue una vulgar chicana legal para eludir las responsabilidades sobre el pedido de extradición. Quiero manifestar mi absoluto compromiso por la decisión que he tomado, asumiendo además, la responsabilidad de continuar por todos los medios, bregando por evitar que el Ejército continúe rehén de una situación fomentada por intereses decididamente ajenos a la patria. Si he cometido algún error no tengo ningún temor en afrontarlo, por eso he aceptado hasta hoy mi reclusión, pero no puedo aceptar semejante ofrecimiento. Un soldado está dispuesto a dar la vida por sus ideales. Éstos no se opacan con ofrecimiento de confort y seguridades, apenas una vulgar máscara de un procedimiento que, de aceptarlo, envilecerá mi honor y mi lealtad hacia mi patria, inquebrantablemente por encima de cualquier adeudo político. No me tiembla la mano al firmar esta misiva, así como no me tembló a la hora de tener que combatir. Lo hago con la más absoluta convicción que cualquier sacrificio será exiguo para contribuir a impedir que el Ejército siga estando en el centro de una campaña de rencores y odios infundados, cuyo único desenlace será un nuevo enfrentamiento entre aquellos que siempre han sido utilizados por sus ideales y convicciones patrióticas.

Lo saluda atentamente Cnel. Gilberto Vázquez.

” El proceso de fascistización de las Fuerzas Conjuntas uruguayas recorrió un largo camino desde el aprendizaje de la tortura con instructores estadounidenses como Dan Mitrione y el brasileño Amaury Prant durante el gobierno de Pacheco Areco. Las Fuerzas Conjuntas asesinaban estudiantes durante las manifestaciones estudiantiles y obreras con sus escopetas de chumbos, rifles 22 con mira, enviados por Norteamérica, para uso de francotiradores apostados en edificios, los gases lacrimógenos. Hasta finales del gobierno de Juan María Bordaberry, los militantes de izquierda podían ser abatidos en enfrentamientos, sesiones de torturas, en allanamientos, asaltos a locales partidarios, por la espalda, durante una pegatina o en un allanamiento domiciliario. A partir de la dictadura cívico militar y la aparición del Plan Cóndor acordado por las fuerzas represoras en Chile, se internacionalizaba la represión y los asesinatos, fusilamientos, las desapariciones forzadas a prisioneros de guerra y robos de niños. Los militares y policías que habían comenzado reprimiendo, torturando y encarcelando a dirigentes sindicales y estudiantiles; después combatiendo, torturando y asesinando a guerrilleros, terminaron martirizando y fusilando a comunistas, anarquistas, y robando niños y botines de guerra. Los aparatos represivos del Plan Cóndor venían desde mucho tiempo atrás, tenían lazos muy profundos de complicidad, juramento de silencio y fidelidad a sus mandos. Desde Alférez hasta el grado de coroneles estos sujetos habían aprendido el oficio de asesinos, desde los comienzos cuando reprimían con gases, balas de gomas y balines. En tiempos donde llenaban el Cilindro con cientos de trabajadores de UTE, bancarios, y de la Industria Frigorífica, con plantones, patadas culatazos en las costillas. Después dieron otro paso más en los Cuarteles con cientos de Tupamaros encapuchados, vendados y atados con las manos a la espalda golpeando, aplicando la picana eléctrica, el submarino y mordeduras de perros durante semanas enteras y meses. Y al final se diplomaron junto a los esbirros del resto de los fascistas latinoamericanos chilenos, argentinos, brasileños, paraguayos del Cono Sur, desapareciendo a mujeres y hombres, y robándose a los niños.

Después nos enteramos que hubo jefes que ni los torturaron, les permitían salir fuera de los cuarteles, y trabajaban juntos con los militares a la semana de haber caído en los delitos económicos. Esos son los dicen públicamente que no quieren “Viejos presos en los cuarteles”. “Los que se tomaban una grapa con los torturadores”. Y los que fundamentan a favor de mantener la Ley de Impunidad en los Congresos del Frente Amplio.
Los encargados de explicar por que perdió el plebiscito, habiendo ganado el Frente.

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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 18:39

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10 VIDEOS

 

 















 

Esta convención de la OIT entró en vigor el 11 de noviembre de 1970 así que no cabe duda que el período de la dictadura fue alcanzado. Imprescriptibilidad significa que el transcurso del tiempo no hace perder el carácter delictivo de esas conductas. Y el artículo uno de esa convención de las Naciones Unidas, que es muy importante porque nosotros somos miembro y tenemos que cumplirlas todas, el inciso A se refiere al Tribunal internacional de Nuremberg, pero el inciso B se refiere a los crímenes de lesa humanidad "cometidos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, según la definición dada en el estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de febrero del 46 y del 11 de diciembre del 46, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debido a la política de apertheid y el delito de genocidio, definido en la Convención de 1948". Es decir, son crímenes de lesa humanidad todos estos delitos y los que se han cometido aquí durante la dictadura y por el cual necesariamente tiene que procederse a la responsabilidad y a la intervención de la justicia, están previstos en este artículo primero de esa convención que se adoptó en la Asamblea General el 26 de noviembre del 68 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. Pero además hay una resolución complementaria: 3074 también de la Asamblea General de las Naciones unidas del 3 de diciembre de 1973 que dice: "Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo en los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Y el artículo 8 de esta resolución dice: "Los estados no adoptarán disposiciones legislativas, ni tomarán medidas de otra índole, que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad". Quiere decir que la ley de impunidad 15.840 no se hubiera podido dictar cumpliendo con esa Convención de las NU y esa resolución concreta que establece que los estados no pueden dictar ni disposiciones legislativas ni tomar medidas de otra índole. Una de las medidas de otra índole podría ser también gestionar una consulta popular que puede convertirse en una trampa en la medida que no se muevan o haya una actitud firme, como en los hechos ha podido pasar.
Pero de todos modos estas normas son terminantes y tanto el hecho de que se haya adoptado una posición legislativa u otra medida, cualquiera que fuere inclusive una medida de consulta a la población, pueden afectar la persecución de los crímenes de lesa humanidad.

La convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" Quiero aclarar que las torturas, los desaparecidos, los asesinatos, porque son por razones políticas, ingresan en el concepto de los crímenes de lesa humanidad.

 

ME DUELE LA MEMORIA
Enlace a la 2º parte

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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 18:28

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17/11/2009
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La convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" Quiero aclarar que las torturas, los desaparecidos, los asesinatos, porque son por razones políticas, ingresan en el concepto de los crímenes de lesa humanidad. Esta convención de la OIT entró en vigor el 11 de noviembre de 1970 así que no cabe duda que el período de la dictadura fue alcanzado. Imprescriptibilidad significa que el transcurso del tiempo no hace perder el carácter delictivo de esas conductas. Y el artículo uno de esa convención de las Naciones Unidas, que es muy importante porque nosotros somos miembro y tenemos que cumplirlas todas, el inciso A se refiere al Tribunal internacional de Nuremberg, pero el inciso B se refiere a los crímenes de lesa humanidad "cometidos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, según la definición dada en el estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de febrero del 46 y del 11 de diciembre del 46, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debido a la política de apertheid y el delito de genocidio, definido en la Convención de 1948". Es decir, son crímenes de lesa humanidad todos estos delitos y los que se han cometido aquí durante la dictadura y por el cual necesariamente tiene que procederse a la responsabilidad y a la intervención de la justicia, están previstos en este artículo primero de esa convención que se adoptó en la Asamblea General el 26 de noviembre del 68 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. Pero además hay una resolución complementaria: 3074 también de la Asamblea General de las Naciones unidas del 3 de diciembre de 1973 que dice: "Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo en los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Y el artículo 8 de esta resolución dice: "Los estados no adoptarán disposiciones legislativas, ni tomarán medidas de otra índole, que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad". Quiere decir que la ley de impunidad 15.840 no se hubiera podido dictar cumpliendo con esa Convención de las NU y esa resolución concreta que establece que los estados no pueden dictar ni disposiciones legislativas ni tomar medidas de otra índole. Una de las medidas de otra índole podría ser también gestionar una consulta popular que puede convertirse en una trampa en la medida que no se muevan o haya una actitud firme, como en los hechos ha podido pasar. Pero de todos modos estas normas son terminantes y tanto el hecho de que se haya adoptado una posición legislativa u otra medida, cualquiera que fuere inclusive una medida de consulta a la población, pueden afectar la persecución de los crímenes de lesa humanidad.

ME DUELE LA MEMORIA


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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 18:16


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noviembre 2009

 

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Los plebiscitos quedaron opacados por las discusiones de carácter político. Yo no era partidario de ponerlos juntos y creo que ésa ha sido la causa fundamental”, dijo Mujica en rueda de prensa al conocerse los sondeos a pie de urna.
Y Danilo Astori, señaló por su parte que “todo indica que no se llegará a la mayoría por el sí”. Sin embargo, dijo Astori, “ésa es la voluntad del pueblo y con serenidad se debe aceptar”.

La noche previa al inicio de la “veda electoral”, un grupo de jóvenes hijos de compañeros y compañeras desaparecidas, hacían uso de la cadena de televisión, convocando a la ciudadanía a votar a favor de la papeleta rosada y el Si a la anulación de la Ley de Caducidad.
En realidad contrario al razonamiento que introduce Mujica, el plebiscito no perdió por haber quedado opacado por la campaña política de los partidos. Primero no alcanzó por que ni Astori ni su propio compañero de fórmula Fernández Huidobro estaban de acuerdo en anular la ley. Y en segundo lugar fue al revés, la campaña por el plebiscito para anular la Ley de Caducidad, potenció el resultado electoral del Frente Amplio, sobre todo en los sectores juveniles.

 

En el Congreso del Frente Amplio, llamado “Héctor Rodríguez”, Fernández Huidobro fue el encargado de fundamentar en contra de la anulación de la Ley de caducidad?
¿Y que Danilo Astori también estaba en contra de anular la Ley de caducidad? 

 

Supuestamente con la asunción del nuevo gobierno del Frente Amplio y Tabaré Vázquez decía dar la mayor importancia a las investigaciones sobre desaparecidos, se decía que algunos militares y policías comenzaban a dar datos sobre entierros de secuestrados en forma ilegal.
Todo eso fue mentira, pero en el imaginario de la población la gente común desinformada, piensa que en materia de “derechos humanos” hay militares presos, sin tener en cuenta que fue necesario protegerlos para evitar que fueran extraditados hacia la Argentina, donde irian a carceles comunes. en cambio en uruguay se les construyo "carceles" bip especialmente para ellos.

“Uruguay continúa siendo el paraíso de la impunidad”.
La defensa de un conjunto de asesinos, golpistas y violadores de los derechos humanos solo puede explicarse en la suposición de que existan compromisos políticos y quien sabe de que otro tipo, desde el pacto del club naval, en adelante o quizas mucho antes en las carceles.


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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 18:03

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Una estrella en la esquina,
Nos ilumina
Como el amanecer

El amor que trasciende
Brillo del alma
Buscando la verdad
 
Aquel beso esperado
Que no ha llegado
Detiene el corazón
Hay motivos, colores
Y ruiseñores
Que vuelas con tesón
 
Los brazos extendidos
Como un camino
Que no tiene final
El aroma a flores
Sed de la vida
Que te quiere encontrar

No hay pausa ni espera
Luz verdadera
Siempre he de soñar
Tomarte de la mano
Despertar juntos
Hacerte realidad

Los hijos no han crecido
Aunque el tiempo
Nunca se detuvo
No puedo imaginarte
Con esos años
Que no los vi pasar

Nunca voy a olvidarte
Día tras día
Yo te voy a buscar
Resistiendo opresores
Y hasta traidores
Yo te voy a encontrar



                                                                     
Ricardo Silva (Caio)

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9 diciembre 2010 4 09 /12 /diciembre /2010 17:46


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7 de octubre de 2009


Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848)


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Desde que entró en vigor la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848, “Ley de Caducidad”) en 1986, Amnistía Internacional ha expresado repetidamente su preocupación y condena por la existencia de dicha norma. Hoy, una vez más, vuelve a manifestar que esta ley ha privado a las víctimas y a sus familiares de los medios legales para determinar la verdad de los hechos ocurridos y, en su caso, la suerte y el paradero de sus seres queridos.

La Ley de Caducidad, al eximir de sanciones a policías y militares responsables de haber cometido crímenes atroces antes de marzo de 1985, optó  por institucionalizar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en tiempos del gobierno militar. La Ley viola los principios de derecho internacional que imponen la obligación de investigar los actos de tortura, desaparición forzada de personas y homicidios extrajudiciales cometidos en el pasado y constituye a la vez una continua negación del derecho de las víctimas y sus familiares a las garantías judiciales.


Aunque la interpretación que el Poder Ejecutivo ha hecho de la Ley – por ejemplo delimitando su alcance a las violaciones cometidas después del golpe de Estado de junio de 1973, y a los crímenes cometidos en el territorio de Uruguay – ha permitido enjuiciar a algunos responsables de violaciones de derechos humanos, su mera existencia es una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Ello no obstante, la situación actual – en la cual la exclusión de casos del amparo de esta ley depende de la voluntad del Presidente de turno o de la interpretación que cada juez dé al caso – constituye una solución parcial e insatisfactoria a un viejo problema. Más aún, el haber permitido que la impunidad se arraigara en la sociedad uruguaya por 23 años transmite el mensaje de que el estado tolera estas violaciones, las que entonces podrían repetirse en el futuro sin riesgo de sanción para sus responsables.

Esta incompatibilidad con los compromisos de derechos humanos suscritos por Uruguay ha sido determinada por instancias internacionales desde hace más de 15 años.1Es ahora tiempo para que Uruguay demuestre su voluntad de asumir estos principios trascendentales. Hace pocos meses, en mayo de 2009, varios países expresaron su preocupación por la vigencia de la Ley de Caducidad en el contexto del Examen Periódico Universal, proceso de Naciones Unidas al cual Uruguay fue sometido. El estado uruguayo aceptó todas las recomendaciones formuladas, dando así su aprobación a este llamado de atención de la comunidad internacional.

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El impacto de esta legislación ha sido amplio y profundo, pero existe todavía la posibilidad de asegurar que no permanezca en la legislación del país por más tiempo. De esta manera, Uruguay puede garantizar que la impunidad que se quiso instalar en 1986 se ve en la historia como una etapa transitoria en un país que a largo plazo sí entiende la necesidad imprescindible de permitir que todas las víctimas de su pasado oscuro ejerzan su derecho a la verdad y a la justicia. Amnistía Internacional considera que una respuesta inequívoca a esta ley que viola flagrantemente los principios de derechos humanos reconocidos a nivel internacional solo se puede lograr mediante su anulación. 

Información complementaria 

La Ley de Caducidad, Ley 15.848, fue propuesta por el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti y aprobada por el Poder Legislativo en diciembre de 1986. En el año 1989 fue sometida a referendum y confirmada en la votación popular.

En un informe publicado en 1993 sobre 8 denuncias remitidas para su revisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que “al promulgar y aplicar la Ley [de Caducidad], el Gobierno uruguayo no cumplió con la obligación de garantizar el respeto a los derechos reconocidos en el artículo 8.1 [de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre el derecho a garantías judiciales] infringió esos derechos y violó la Convención”.2

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Bajo el actual gobierno se prometió aplicar el artículo 4 de la Ley de Caducidad que obliga al poder ejecutivo a ordenar la investigación inmediata de casos de “desaparición” que le fueran remitidos por los tribunales. Sin embargo, continúa sin saberse el paradero de aproximadamente 200 desaparecidos, sigue sin conocerse la verdad sobre los hechos y tampoco se ha accedido por parte de la sociedad a los archivos de la represión.

El gobierno de Tabaré Vázquez Rosas interpretó que el alcance de la Ley de Caducidad estaba limitado a las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos militares después del golpe de Estado de junio de 1973. Esta interpretación abrió la posibilidad de entablar acciones judiciales contra algunos miembros y ex miembros de las fuerzas armadas en relación con delitos cometidos antes del golpe de Estado. El actual gobierno también excluyó del alcance de la Ley de Caducidad tres casos ocurridos en Argentina, según se afirmó con la cooperación de las fuerzas armadas uruguayas y argentinas. Los tres casos fueron llevados ante los juzgados poco después.

 

Anular ley de impunidad, anticonstitucional y contraria a las normas internacionales. NO Derogar, por que implicaría 25 años de impunidad

 

 

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