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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 17:13

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http://kolumnaokupa.lamula.pe/wp-content/blogs.dir/71/files/2011/02/violencia-contra-la-mujer.gifSEMlac

Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe

Por Zoraida Portillo

 

Miles de mujeres peruanas, que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado que sacudió este país entre la década de los ochenta y 2000, corren el riesgo de quedar fuera del Sistema de Reparaciones del Estado, en virtud a un informe del Ministerio de Justicia que aduce que la violencia sexual no está contemplada como delito por el Código Penal peruano.

 

 

De esta manera, el citado ministerio -que está dirigido por una mujer, la Dra. Rosario Fernández- se opone, en la práctica, a incluir como víctimas y beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones a las mujeres que, sin haber sido violadas, sufrieron otros tipos de violencia sexual durante esos años, lo cual ha despertado una ola de protestas entre los expertos en derechos humanos.

 

 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recordó, en un pronunciamiento público, que según la Ley del Plan Integral de Reparaciones "no es condición ni requisito para acceder a las reparaciones por la grave violación de derechos humanos que los hechos que la ocasionaron se encuentren tipificados como delitos".

 

 

Asimismo, subraya que los crímenes de violencia sexual son reconocidos como de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son considerados actos de violencia sexual el embarazo forzado, el aborto forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la desnudez forzada, las uniones obligadas, entre otras acciones que coactan la libertad sexual.

 

 

"Creemos importante distinguir entre procesos de justicia y sanción, en los que se individualiza a los responsables de los crímenes a través del correspondiente proceso judicial por caso; de los procesos de reparación, dirigidos a la dignificación de la persona", precisa la Coordinadora y añade que no existe una razón valedera para dejar sin reparación a miles de mujeres que sufrieron ataques criminales.

 

 

En el Registro Único de Víctimas se encuentran inscritas 1,150 mujeres violadas sexualmente y otras 122 figuran como víctimas de otros tipos de violencia sexual. Además, el Consejo Nacional de Reparaciones ha recibido 697 solicitudes de mujeres que se consideran violentadas sexualmente. No obstante el propio Consejo reconoce que el número de víctimas es mucho mayor y el número exacto resulta imposible de saberse.

 

 

Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora , dijo a SEMlac que muchas de esas mujeres aún ahora, 30 o 20 años después de esos sucesos, no se atreven a decir en voz alta que fueron sometidas de esa manera "o incluso no saben siquiera que 'eso que les hicieron' es un delito".

 

 

En su opinión, el argumento ofrecido por el Ministerio de Justicia es rebatible pues si bien la violencia sexual no está contemplada como tal en el Código Penal, está reconocida en normas y convenios suscritos por el Perú, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

 

 

"Más allá de las implicancias jurídicas, el punto central es que nuestro país como nación debe reconocer con vergüenza, pero con firmeza, que instituciones del Estado como ciertos sectores de la Policía y las Fuerzas Armadas, usaron muchas veces a las mujeres como objetos de estas prácticas", denunció Silva Santisteban en su columna de opinión en el diario La República.

 

 

"El término 'pichanear' que se recoge, por ejemplo, en muchos testimonios de hombres y mujeres en zonas como el Huallaga, significa que los soldados debían 'barrer' a las mujeres, en otras palabras, violarlas en masa", agregó.

 

 

"El término 'pichanear' se entendía -según el Protocolo para Investigación de Casos de Abuso Sexual- como la acción de permitir que toda la tropa viole a una sola mujer. Esta práctica no ha sido aislada, sino, para congoja de todos, bastante común durante las patrullas en zonas de la selva", continúa el artículo.

 

 

"¿El ejército debe encubrir a esos malos soldados? Eso implicaría que las Fuerzas Armadas como institución justificarían estas prácticas. Y aunque parezca doblemente increíble, pues resulta que sí, que algunos soldados y oficiales sostienen que, debido a la incontrolable sexualidad masculina, los soldados tenían que "desfogarse" y que eso debería ser entendible. Esta justificación, en realidad, lo que hace es animalizar a la tropa", añadió.

 

 

Por su parte la ONG Demus, de defensa de los derechos de las mujeres, dijo que no se deben hacer distingos en el otorgamiento de las reparaciones y que, además, no deben ser solamente económicas, sino simbólicas y colectivas, es decir en educación y salud.

 

 

Diana Portal, abogada de Demus, dijo que el informe del Ministerio de Justicia es otra prueba de la insensibilidad mostrada por las autoridades del Estado para atender a las víctimas de las distintas formas de violencia sexual, incluida la violación.

 

 

Señaló que 146 mujeres víctimas de violación sexual que estaban inscritas en el Registro ya han muerto sin ver alcanzada la justicia que les correspondía.

 

 

"¿Cuánto más tenemos que esperar para que las mujeres vulneradas en su integridad sexual puedan recibir una reparación integral que contemple la atención a su salud mental, montos económicos y acceso a la educación para sus hijos e hijas?", se preguntó.

 

 

El estado peruano ha destinado 20 millones de soles (unos 7.2 millones de dólares) por concepto de indemnizaciones a las víctimas de la violencia política y con el fin de determinar todos los aspectos operativos de la entrega, desde los montos, hasta las víctimas y los sectores prioritarios, conformó una Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que fue la que solicitó al Ministerio de Justicia su opinión para incluir también a las mujeres víctimas de violencia sexual.

 

 

De momento, la CMAN no se ha pronunciado oficialmente sobre el pronunciamiento del Ministerio de Justicia.

 

 

En cuanto a la fecha de inicio de la entrega de las reparaciones, su secretario ejecutivo, Jesús Aliaga, adelantó a la prensa que aún no hay una decisión tomada pues ello corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, luego de lograrse el consenso entre los miembros de la CMAN.

 

 

Sin embargo, Aliaga afirmó que se comenzará por los adultos mayores de las zonas rurales, tomando en cuenta que según la comisión técnica, tres de cada cuatro víctimas del conflicto armado fueron campesinos pobres quechua-hablantes de la región andina.

 

 

Ha trascendido también que en cuanto a los montos, la comisión técnica opina que deben ser homogéneos para todas las víctimas, independientemente del hecho cometido, para evitar resentimientos.

 

 

En el plano legal, a las mujeres violadas durante los años de la guerra civil tampoco les va mejor. Desde que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe en 2004 hasta la fecha, ningún militar ha sido sentenciado por violación sexual y solo dos tienen una causa penal abierta, de un total de 538 casos identificados por la Comisión.

 

 

Sin embargo, esa cifra prácticamente se ha triplicado con el paso de los años pues actualmente en el Registro Único de Víctimas hay inscritas 1,150 mujeres violadas en 15 de los 24 departamentos en los que se divide el país, lo que confirma que la vejación sexual en todas sus variantes fue un arma de tortura usada con frecuencia por ambos bandos en conflicto contra las mujeres, algo que el Ministerio de Justicia parece negarse a reconocer en todos sus alcances.

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 17:09

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http://3.bp.blogspot.com/_-a7uEHgKLcw/TPWAv44ERAI/AAAAAAAAWH0/kDFfXkLzIrU/s320/sida.jpgKarol Assunção

Periodista de Adital
Adital

El próximo mes de junio, jefes de estado, delegaciones gubernamentales y representantes de la sociedad civil se encontrarán en Nueva York (Estados Unidos) para una Reunión de Alto Nivel sobre el Acceso Universal a la Prevención, al Tratamiento, a la Atención y al Apoyo relacionados con el VIH/Sida. A pesar de que todavía faltan tres meses para la reunión, los preparativos para el encuentro ya comenzaron. Hoy (1°) y mañana (2), por ejemplo, la ciudad de México (México) será sede de una Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre el asunto.

De acuerdo con informaciones de Corresponsales Clave, el encuentro que se realiza en México forma parte del proceso preparatorio para la Reunión de Alto Nivel y consiste en recolectar informaciones de la región para ser aumentadas y analizadas con los informes nacionales. Participan de la consulta: redes regionales, organizaciones que trabajan con la cuestión del VIH/Sida y gobiernos.

El país que será sede de la Consulta regional todavía tiene grandes desafíos por delante en lo que respecta a la prevención y al tratamiento del VIH/Sida. Según informaciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) –divulgadas por Notiese-, el 44,4% de las personas que viven con el virus en México no tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales. A fines del año pasado, el país registró 225 mil personas seropositivas.

Para Censida, el desafío es justamente garantizar el acceso a estos medicamentos. De acuerdo con el Centro, los gastos con tal cobertura representan el 42% de los recursos del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Y las metas son desafiantes. El objetivo es conseguir que el 80% de las personas con el virus tengan acceso a los antirretrovirales antes de 2015 y reducir la tasa de muertes por VIH/Sida a 3,5 por cada 100 mil personas. En 2009, la tasa era de 4,9 muertes por cada 100 mil adultos.

Las metas para el 2015 no están solamente en el campo del tratamiento, sino también en el de la prevención del VIH/Sida. En este punto, las acciones de prevención tendrán como público principal a: usuarios de drogas inyectables, embarazadas y hombres que tienen sexo con otros hombres. Para estos últimos, la idea es hacer que, hasta el 2015, el 70% de ese grupo use preservativo durante la relación sexual. Actualmente, solamente el 38% de los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen relaciones sexuales seguras.

Reunión de Alto Nivel

Entre los días 8 y 10 de junio, la ciudad de Nueva York será el escenario de la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida. La intención es discutir, a través de paneles y plenarias, los avances alcanzados en la conquista de la Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH/Sida y de la Declaración Política sobre el VIH/Sida en 2011. El evento marca los 30 años del comienzo de la epidemia de Sida en el mundo y los diez años de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre el Sida.

Para participar de las discusiones o para obtener mayores informaciones sobre la Reunión, ingrese a:http://www.facebook.com/ACCESO.UNIVERSAL.LA

Con informaciones de Corresponsales Clave y Notiese.

Traducción: Daniel Barrantes

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 17:06

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http://www.adital.com.br/site/mostrafoto_cortada.asp?lrg=280&alt=200&img=destaques/1_julgamento_capa_ok.jpg"El Plan Sistemático de Robo de Bebés”, como se conoce el caso de sustracción, retención y ocultamiento de hijos de personas consideradas "subversivas” durante la dictadura militar argentina (1976-1983), puede salir de la impunidad. Ayer (28), los jueces del Tribunal Oral Federal 6 dieron comienzo al juicio de ocho represores en razón de la desaparición de 34 niños en el marco del Plan.

 

La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo contra la impunidad en el caso ya dura casi 15 años. Se espera que el juicio se extienda hasta fines de este año y que se escuchen cerca de 370 testimonios. Entre los acusados están dos ex presidentes del régimen militar, Jorge Videla y Reynaldo Bignone, y el ex jefe de inteligencia del Grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), Jorge ‘Tigre' Acosta.

 

Además de los tres, también se sentarán en el banquillo de los acusados: Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Antonio Vañek, ex almirante; Rubén Franco, ex marino; José Luis Magnacco, médico de la Esma; y Jorge Antonio Azic. El juicio se realiza después del fallecimiento de otros acusados, como Emilio Masera, ex jefe de la Armada, y Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército durante la dictadura.

 

A pesar de que las Abuelas de Plaza de Mayo hicieron la denuncia en 1996, el juicio recién comenzó ayer. El caso se refiere a la desaparición de 34 niños nacidos detenidos o secuestrados junto con sus padres durante los años de la última dictadura militar en Argentina.

 

La acusación revela que, en el período militar, algunos centros clandestinos estaban equipados con estructuras para que las mujeres embarazadas que estaban detenidas pudieran dar a luz. Las madres, después del parto, eran llevadas de nuevo a las prisiones clandestinas y perdían el contacto con sus hijos.

 

La Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de esos lugares. Informaciones dan cuenta de que las mujeres quedaban en un cuarto donde permanecían con los recién nacidos hasta que los oficiales se los llevaban, muchas veces en cuestión de días. Una situación parecida sucedió en otros lugares como Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, La Comisaría V de la Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo.

 

A pesar de los años, algunas abuelas siguen sin saber el paradero de sus nietos y sus nietas. Es el caso de Chicha Mariani. Su nieta, Clara Anahí Mariani -hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariano y de Daniel Mariani-, tenía tres meses cuando fue separada de Diana, en 1976, y todavía continúa desaparecida.

 

Con informaciones de Tiempo Argentino y Página 12.

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 17:00

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http://www.prensalibre.com/bbtcontent/clipping/PREIMA20110228_0001/5.jpgPor Ana Lucía Gonzáles

Provenir de una familia guatemalteca de abolengo definió la vida de Marta Elena Casaús Arzú, quien recuerda que desde pequeña vivió el racismo en casa, cuando su abuelo le pegó por primera vez por jugar con “indios”. Salir del país le permitió aislarse de aquel “ambiente cotidiano” y ver la discriminación desde otra perspectiva.

Su estudio Linaje y racismo es hoy un referente universitario que va por la cuarta edición, unido a una serie de libros que han continuado la investigación sobre este tema.

- ¿Cuáles han sido los hallazgos más notorios sobre el racismo en Guatemala?

Linaje y racismo fue el descubrimiento de cómo se movían las redes familiares y cómo se estructuraba el poder desde estas redes. Cuáles eran las estrategias de las familias para preservar el poder y consolidarlo aun en momentos de crisis y vacío.

Eso nos llevó a plantear cómo pensaban estas élites sobre “los otros”: los pueblos indígenas, y nos dimos cuenta de su visión discriminadora y racista. Seguían pensando que era una raza inferior e incapaz de regenerarse.

Linaje y racismo fue un shock que ha generado debate en la opinión pública y académica. Al preguntarme cuál será la clave, creo que fue denunciar un hecho evidente que nadie quería reconocer: somos racistas.

Sirvió de revulsivo a la clase dominante, y a los pueblos indígenas les sirvió para constatar algo que ellos padecían, pero de cuya magnitud no eran del todo conscientes.

- ¿Es que la mayoría no es consciente del racismo en este país?

No. El racismo es un elemento histórico estructural. Se ha convertido en parte de la vida cotidiana del guatemalteco. Uno oye “No seas ishtío” o “¡Ay, papito!” como frases que se emplean para designar a otro. No lo usamos para alguien de nuestro grupo. El colmo es que a toda mujer indígena le llaman María. Es una manera de ningunear al otro.

- ¿Se ha hecho un diagnóstico del racismo?

Discriminar a otro, no darle las mismas oportunidades educativas, pagar diferentes sueldos es algo ya medido, pues a causa de ello el país deja de crecer 3.3 por ciento del PIB (producto interno bruto).

- ¿Cómo se ha determinado esto?

Un estudio hizo un análisis comparativo en tres países. Tomó a la población indígena rural y ladina rural en extrema pobreza. El hijo de la mujer indígena tardaba 70 años en salir adelante, y el de la mujer ladina, 20.

Eso se midió en función de los costos de la discriminación. En lugares de población indígena hay menos escuelas, menos acceso a educación bilingüe, menos acceso a carreteras y desnutrición crónica. Esta discriminación se vuelve un condicionante que va restando oportunidades. Esto se midió con una fórmula matemática.

La clase dominante todavía no es consciente de que ser racistas nos cuesta muy caro. Es un costo para ellos y para el PIB del país.

- ¿Se le facilitó la investigación por pertenecer a una familia de abolengo?

Definitivamente; no lo podría hacer nadie que no perteneciera a la clase dominante.

Ahora dicen “no”, “no son como uno”. Es la chusma o el shumo que viene a sustituir el tema racial. Por ejemplo, en Facebook se ven cantidad de exclusiones en función del color de la piel. Este es el país de la pigmentocracia, donde el color de piel marca cuál es tu jerarquía social.

- ¿Hacia dónde vamos para superar este lastre?

Sí noto cambios. Soy la primera sorprendida en dar una clase en la Universidad Rafael Landívar y encontrar a alumnos que leen el libro. Me piden que firme el texto, el suéter, las fotocopias. Se convierte en un elemento de toma de conciencia. Es un libro que obliga a cualquier persona a tomar posición y asumir su condición.

Por otro lado, no es casualidad que en toda América Latina el único genocidio haya sido en Guatemala. El genocidio es la máxima expresión del racismo. No sucedió esto en El Salvador.

Creo que sí ha habido una toma de conciencia del racismo como instrumento de dominación, pero también de liberación.

El que entiende los mecanismos del poder a través de la discriminación sabe cómo combatirlos. Y para los pueblos indígenas ha servido como instrumento de lucha y liberación, sobre todo para las mujeres.

—-
Fuente: Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/noticias/racistas-cuesta-caro-pais_0_435556442.html

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:57

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http://servindi.org/img//2010/07/CN_Alfonso_Ugarte_desfile_escolarbr.jpgNiños del distrito de Padre Márquez que ven peligrar el inicio de sus clases debido a las inundaciones. (Foto: Jorge Agurto)

La República, 1 de marzo, 2011 (Por Marco Cabrera).- Ante la terrible situación que vive en su pueblo debido a la furia de la naturaleza, el alcalde de Padre Márquez (Ucayali-Loreto), Juan Maldonado Urquía, tuvo que realizar un rápido viaje a la capital para gestionar ayuda ante el gobierno central.

La autoridad llegó a Lima en compañía de su asesor, Cecilio Soria, para a partir de este martes comenzar a tocar las puertas de Defensa Civil, Ministerio de Salud, Pronaa y del Ministerio de Agricultura.

“Las lluvias provocaron la crecida de los ríos Ene y Tambo, dejando hasta el momento 1175 familias afectadas, 1235 viviendas inundadas, más de tres mil hectáreas de cultivos destruidas y cinco personas desaparecidas”, explicó el burgomaestre distrital.

Este devastador fenómeno natural –el peor de los últimos 20 años- ha perjudicado la siembra de productos como plátano, maíz, yuca, maíz, arroz y cacao. Los pobladores de las comunidades afectadas no tienen alimentos y tampoco recursos económicos.

Asimismo, la autoridad indicó que la población de su jurisdicción se encuentra sin energía eléctrica y sin agua potable porque las aguas han destruido los generadores.

“Hago un llamado al presidente de la República Alan García y a los ministros para que declaren en emergencia a la Amazonía, ya que está siendo destruida por las lluvias y por el crecimiento de los ríos”, afirmó Maldonado.

Finalmente, Juan Maldonado dijo que también solicitarán carpas, alimentos y medicinas para poder atender a todos los vecinos damnificados. “Nuestro presupuesto de Canon y Foncomún es de aproximadamente 2 millones de soles anuales, no alcanza para nada”, manifestó.

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:10

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http://www.kaosenlared.net/img2/169/169457_Invitacin_frayba_web.jpgUniversidad de la Tierra – CIDECI. Que se llevará a cabo los días 16 y 17 de Marzo

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

 

 

 

C O N V O C A

 

A: Personas,  Colectivos,  Organizaciones

 

A participar en el Encuentro:

 

 

 

“CON LA MEMORIA, LOS PUEBLOS CONSTRUIMOS JUSTICIA Y VERDAD”,

 

Que se llevará a cabo los días 16 y 17 de Marzo en San Cristóbal de Las Casas Chiapas, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias, estrategias y retos comunes en la defensa y ejercicio de derechos, por la justicia, la verdad y la memoria.

 

TEMÁTICAS:

 

Defensa de la madre tierra

 

Agresiones a defensores y a la libertad de expresión

 

La participación de las mujeres en los movimientos sociales

 

Impunidad - Nuevas formas de construir justicia

 

Lugar: Universidad de la Tierra – CIDECI. Camino Real a San Juan Chamula. Colonia Nueva Maravilla. San Cristóbal de las Casas. Chiapas

 

Para más información y confirmación de asistencia comunicarse al Frayba: 01 967 6787395 o al correo:  encuentro.frayba@gmail.com

 

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 20:29

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Alejandra Dandan*
El caso de treinta y cuatro chicos nacidos en cautiverio llegó a la sala de audiencia después de quince años. Ocho represores, entre ellos los presidentes de facto Videla y Bignone, junto a Jorge “El Tigre” Acosta, empezaron a ser juzgados.
Las cámaras lograron durante el desarrollo de la audiencia lo mismo que la jueza María del Carmen Roqueta había conseguido en los primeros momentos del juicio: mostrar a los represores en un primer plano incómodo mientras se iban leyendo uno a uno los 34 casos de hijos nacidos en cautiverio o apropiados durante los años de la dictadura militar. Roqueta nombró al comienzo a los ocho acusados, a los que fue llamando por su nombre; cada uno respondió, en algún caso hubo quien se paró de la silla o levantó la mano para mostrarse. Entre ellos, dos de los ex presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Las cámaras del Incaa luego los siguieron de cerca. Casi sin respiro, mostraron el cabeceo con el que Videla parecía esconderse detrás de vaya a saberse qué sueño y a Bignone asaltado repentinamente por planos cortos después de los cuales cambiaba incómodamente la posición de sus piernas, su único espacio de libertad.

El juicio oral que finalmente comenzó en los tribunales de Comodoro Py tuvo como punto de origen una denuncia del 30 de diciembre de 1996 de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsada por Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani que ayer, pese a su ceguera y al estado de salud, se aproximó para estar presente con sus anteojos oscuros en este comienzo de juicio. Pese a haber quedado excluida del alcance de las leyes de impunidad, la causa conocida como el Plan sistemático de robos de bebés recién empieza a cerrarse con dos de sus principales acusados, como Emilio Massera y Cristino Nicolaides, muertos. Abuelas había impulsado aquella primera denuncia, entre otros delitos, por sustracción y ocultación de menores, ese aspecto de la represión ilegal que ayer se nombró como la “Cuestión de los niños”, una de las dimensiones de la dictadura urdida por las Fuerzas Armadas durante la marcha para “solucionar” de modo sistemático el problema de los menores que nacían en cautiverio o habían sido secuestrados con sus padres.

Entre los acusados, además de Videla y Bignone, están Antonio Vañek; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Oscar Franco y como autores materiales Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. En la primera hora, Roqueta, que preside el Tribunal Oral Federal 6 y estará a cargo del juicio, fue mencionándolos por sus nombres, luego de decirles “señor”, en un ritual que no sólo permitió individualizarlos sino que logró ponerlos en ese primer plano incómodo de la acusación. “Señor Acosta –dijo la jueza en un momento–. ¿Está? No lo veo.”

Tras ese comienzo, el TOF dio paso a la lectura de la acusación de la fiscalía de primera instancia, uno de los protocolos de toda apertura de juicio, pero que en este caso mostró ante la sala el interior de las maternidades clandestinas con la fuerza de la letra descarnada, quizá potenciada por la presencia de muchos de esos hijos de aquellos padres asesinados o desaparecidos por la dictadura, presentes metros atrás, entre el público de la sala.

“Es verdad que del examen del plan original no se advierte una dimensión que contemple la ‘cuestión de los menores’, pero justamente ese tópico emergió ‘durante’ de la represión –recapituló una de las secretarias–. Y por eso se improvisaron verdaderas ‘maternidades’ ubicadas en sitios estratégicos para responder a una cuestión natural: los embarazos de las detenidas y, más aún, se establecieron criterios de ‘asignación’ de los menores.”

La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado fue así el punto de partida de un proceso por el que pasarán en los próximos ocho meses unos 370 testigos. La acusación intentó plantear el desarrollo de las maternidades clandestinas como una práctica sistemática.

Mostró el montaje, describió los cuartos donde se instaló a las embarazadas, las vendas con las que les cubrían los ojos, las horas que algunas pudieron permanecer con sus hijos, pero además el robo y reubicación de esos niños y la aniquilación casi en todos los casos de sus padres. Una dimensión del plan general de la represión que la fiscalía en su momento presentó como “el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’”: “Ese plan tenía un fin –se recordó–: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’”, y “normalizar era redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’”. Y es para eso “que se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio, había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político”.

Los centros

En el esquema de Delgado los nacimientos siguieron dos caminos: los niños nacieron en lugares organizados como maternidades ilegales en centros clandestinos ubicados en lugares estratégicos o nacieron en lugares donde no había esa organización. “Nacimientos hubo en todos lados, pero ocurrió que en algunos centros clandestinos se montaron estructuras específicas a las que eran trasladadas algunas detenidas al solo efecto de dar a luz y luego regresadas a sus cárceles clandestinas de origen”, se leyó. Esas maternidades estuvieron ubicadas en diferentes lugares de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se dijo, “existieron otros centros clandestinos de detención que si bien no cumplieron ese rol estratégico, fueron parte de la dimensión del plan criminal que se encargó de la ‘cuestión de los menores’, porque la prueba reunida indica que allí se produjeron nacimientos y apropiaciones que, o forman parte de este dictamen, o bien actualmente son materia de investigación”.

 

Entre los lugares, durante el debate empezaron a aparecer aquellos vinculados con los 34 casos en juicio. Entre ellos, la Escuela Mecánica de la Armada, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, tres de los centros clandestinos considerados estratégicos según el criterio de la fiscalía, donde existían o se montaron estructuras para las maternidades clandestinas. Y donde justamente por esa característica de estratégicos no sólo dieron a luz las secuestradas que estaban como prisioneras en esos ámbitos, sino otras que fueron trasladadas desde otros centros clandestinos o estuvieron incluso a disposición de otras Fuerzas.

De la ESMA se recordó, por ejemplo, que la maternidad clandestina funcionó en el casino de oficiales, y se la conocía como “La Sardá por izquierda”, “La maternidad Sardá” o “La Sardá de Chamorro”. Es uno de los lugares en donde dieron a luz parturientas de otros centros. Los sobrevivientes contaron que las embarazadas tenían un cuarto donde permanecían junto a sus niños y que se quedaban pocos días con ellos hasta que el prefecto Antonio Febres, el hombre a quien se lo vio en varias oportunidades salir de la ESMA con recién nacidos en sus brazos, se los llevaba. Entre los imputados por esos nacimientos están los médicos Arias Duval, Capdevilla y Magnacco.

Del Pozo de Banfield se lo recordó ubicado en el Camino Negro, en Lomas de Zamora. La maternidad ahí funcionó en una enfermería a donde llevaban a las detenidas a la hora de dar a luz. La pieza estaba en el segundo piso del centro clandestino, tenía una cama quirúrgica, instrumentales, un lavatorio y varios frascos; el médico ginecólogo que asistía a las parturientas era Jorge Antonio Bergés.

Por último, la acusación detalló que en Campo de Mayo los partos de detenidas embarazadas se efectuaron en unos galpones hasta mediados de 1977 y luego se hicieron en el Hospital Militar. Durante la primera etapa, cuando se hacían en el Pabellón 1, las parturientas contaban con un habitación de cinco metros por cinco metros que aparentemente había funcionado antes como cocina. Luego, en el Hospital Militar las pacientes permanecían en un cuarto con vigilancia en la puerta, no se registraba el ingreso ni de ellas ni de los niños que nacían.

Pero esas fueron las maternidades paradigmáticas. Entre los 34 casos que recoge la causa, existen casos de niños nacidos además en La Cacha, La Comisaría V de la Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo.

Algunos de ellos estuvieron ayer en la sala de audiencias. Entre ellos, Macarena Gelman, Victoria Donda, Leonardo Fosatti, Alejandro Sandoval. Además de ellos, también las abuelas ocuparon sus lugares, aquellas mujeres que durante estos años impulsaron la búsqueda de sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos, apropiados por los represores. Rosa Roisinblit, Buscarita Roa, Chicha Mariani o Elsa Pavón, cuyas imágenes replicadas por las cámaras del Incaa presentes en cada una de las audiencias de estos nuevos juicios iban generando un contrapunto con las caras de los represores.

“Estoy acá”, decía Chicha Mariani casi al comienzo de la audiencia. “Voy a intentar venir todas las veces que pueda.” Su caso se leyó con el número 32 durante la audiencia: Clara Anahí Mariani, leían los secretarios del TOF 6, hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani, tenía tres meses de edad cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Todas las pruebas indican que sobrevivió al operativo en el que fue muerta su madre, pero aún hoy continúa desaparecida.

Videla al final de la audiencia se durmió.

*Periodista de Página 12

 

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 18:47

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 A pesar de que la seremi de Justicia de La Araucanía autorizó su salida del país, en el Registro Civil aducen que en el Archivo Nacional su nombre aparece aún con orden de arraigo.
El Repuertero
La conocida Lonko mapuche Juana Calfunao, denunció que el Registro Civil de Temuco le impidió renovar su pasaporte, lo cual obviamente, no le permite salir del país para reecontrarse con su hija Relmutray Cadín Calfunao, que está con asilo político en Suiza.

Esto a pesar de que la seremi de Justicia de La Araucanía autorizó la salida del país a la Lonko, sin embargo en el registro civil, señalaron que en el Archivo Nacional su nombre aparece aún con orden de no abandonar el país.

Tras esta lamentable y deningrante situación, Juana Calfunao deberá esperar al menos ocho días para que se apruebe la renovación del pasaporte, aunque la respuesta también podría no ser favorable, a pesar de que cuente con la autorización tanto de la seremi de Justicia como de Gendarmería.

Juana Rosa Calfunao señaló que esta situación le resta días al tiempo que se le concedió para salir del país y reencontrarse con su hja.

La comunera además explicó que organismos suizos, encargados del asilo político de Relmutray Cadín Calfunao de 13 años, le exigieron un pronunciamiento por parte del gobierno, que garantice el bienestar tanto político como social de la menor para permitirle el regreso a Chile.

   

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 18:29

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 A petición del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa les compartimos las palabras de los compañeros quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados en El Amate.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa | Zapateando
A petición del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa les compartimos las palabras de los compañeros Nataniel Hernández Nuñez, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso  Martínez Silva, Director y abogados, respectivamente, quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados, número 14, El Amate, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, México.

**

Los  defensores  de derechos humanos:  José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva, abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y Nataniel Hernández Núñez director de esta organización no gubernamental,    detenidos  el 22 de febrero del 2011.

Denunciamos:

1.  Que al encontrarnos en una mesa de diálogo con representantes de gobierno del Estado, entre ellos el señor Fernando López Altuzar, representante del doctor Noé Castañón León, Secretario de Gobierno, y otras personas representantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, recibimos una llamada telefónica a través de la que se nos solicitaba apoyo para documentar violaciones a derechos humanos ya que hombres, mujeres y niños estaban siendo detenidos por la policía sectorial sin causa justificada.

2.  Las detenciones arbitrarias y la violencia tanto física como verbal de que fuimos objeto  por parte de los elementos de la Policía Sectorial que nos pusieron a disposición de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa en Tonalá, Chiapas, sin haber cometido ilícito alguno, y como forma de callar que su actuación se estaba realizando fuera de la ley por cuanto las detenciones se realizaron sin existir ya bloqueo alguno.

3. Que en el  momento de ser detenidos y durante nuestro traslado a la Fiscalía se nos golpeó, insultó y amenazó. Los policías que nos custodiaban realizaban manifestaciones como la siguiente:  “pendejos de los derechos humanos”, “pinches abogadillos pendejos por más que sean abogados los va a cargar la chingada”.

4. La incomunicación a la que fuimos sometidos inicialmente así como la negativa del personal de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa para proporcionar información sobre la situación jurídica de las  personas detenidas el día 22 de febrero.

5. La coacción psicológica y física ejercida por parte del personal de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa  para que trece de los dieciséis detenidos  hicieran señalamientos en contra de los tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa  quienes el día de la detención nos encontrábamos realizando actos de observación y documentación ante posibles violaciones a derechos humanos.

6. El aislamiento al que fuimos sometidos los tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, ya que se nos mantuvo en una celda distinta a la de los otros trece detenidos, quienes al rendir sus   respectivas declaraciones ministeriales no se les permitió designar abogado de confianza siendo asistidos por defensores que la Fiscalía les proporcionó, lo que pone en duda su  imparcialidad, además estas trece personas  firmaron declaraciones sin que se les permitiese revisarlas.

7. Las violaciones al debido proceso ya que el Fiscal del Ministerio Público  no nos notificó nuestra situación jurídica, durante las declaraciones se cierra la fiscalía, no se nos da aviso de nuestro traslado, se nos limita a subirnos a las camionetas  y llevarnos a la fiscalía especializada de delitos contra la mujer.

8. La represión de que hemos sido objeto los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y que hoy día nos tiene a tres de sus miembros privados de la libertad, siendo procesados por el delito de motín, utilizándose la justicia y las instituciones para callar nuestra lucha.

Exigimos:

Nuestra  liberación inmediata.

La cancelación de órdenes de aprehensión contra integrantes del Frente Cívico Tonalteco y promotores de derechos humanos.

Garantías de seguridad para los integrantes del centro de derechos humanos Digna Ochoa y para los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado.

Alto a la represión y al hostigamiento hacia los defensores y defensoras de derechos humanos.

Llamamos:

A las organizaciones, Centros de Derechos Humanos, grupos, colectivos y a la sociedad civil organizada a exigir a las autoridades frenar la represión que se ejerce en contra de los y las defensoras de derechos humanos.

PRESOS POLITICOS ¡LIBERTAD!

Desde el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, 26 de febrero de 2011.

 

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28 febrero 2011 1 28 /02 /febrero /2011 20:55
 
 

http://www.hondudiarioh.com/l/sites/default/files/imagecache/Interior_Noticias/desnutricion.jpgSergio Barrios Escalante

 

Científico Social e Investigador. Escritor. Editor de la Revista Raf-Tulum y Miembro de la Iniciativa Guatemalteca por la Niñez y Adolescencia-ADINA

Adital

Introducción:

 

 

El presente ensayo representa un análisis global (aunque relativamente exhaustivo), el cual tiene como propósito central exponer importantes factores estructurales y coyunturales, que inciden de manera directa en el flagelo del hambre y la desnutrición crónica y aguda, particularmente en los infantes.

 

 

Se realiza aquí un balance general acerca de los más importantes logros, avances, obstáculos y desafíos que presenta la lucha por la reducción de dicha problemática, tanto desde la perspectiva de los esfuerzos institucionales del Estado y de la cooperación internacional, como desde los diversos sectores de la sociedad civil.

 

 

El carácter político e internacional del problema de la pobreza extrema y el hambre.

 

 

El padecimiento del hambre crónica y la consiguiente desnutrición en niños y adultos, es un flagelo ligado de manera directa a las condiciones de pobreza y pobreza extrema que viven millones de personas en todo el mundo, efecto subsecuente de las enormes disparidades sociales y económicas que desde hace bastante tiempo prevalecen en muchas regiones y países.

 

 

En tal sentido, esta problemática específica esta preñada de un fuerte carácter político, por cuanto que, en gran medida, su solución definitiva está al alcance de quienes detentan un lugar y una posición privilegiada dentro de la sociedad, y sin restarle responsabilidad a la sociedad en general, puede decirse que la búsqueda de soluciones al respecto, también depende en gran parte de quienes manejan los principales mecanismos y palancas en la toma de decisiones institucionales, principalmente a nivel de Estado, de gobierno y a nivel intergubernamental.

 

 

Por ende, no existe ninguna excusa para que persona alguna (sea niña, joven o adulta), padezca el flagelo del hambre y la desnutrición por causas involuntarias. Recursos hay y en gran abundancia; financieros, económicos, sociales, culturales, institucionales, científicos, naturales, tecnológicos etcétera.

 

 

Sin embargo, a nivel mundial, según cifras de la FAO y de varios organismos internacionales, alrededor de 960 millones de personas padecieron hambre durante el 2010, agravándose la situación en los últimos cuatro meses, pues de octubre del año anterior a enero del 2011 (según declaraciones del presidente del Banco Mundial), el alza del 15 por ciento en el precio de los alimentos ha lanzado a otros 44 millones de personas hacia el segmento de la extrema pobreza, factor relacionado directamente con los efectos de la presente crisis económica mundial, que entre otras consecuencias, ha provocando la grave situación de ingobernabilidad regional y rebeliones sociales como las del norte de África de estos días (1).

 

 

Por otra parte, la cruda realidad nos indica que en el caso de Latinoamérica, considerada una de las regiones más desiguales del planeta, el coeficiente de Gini mostrado entre el período 1950-2000, ha oscilado entre el 0.50 y el 0.53, lo cual, según el PNUD, muestra que su "exceso de desigualdad” ha frenado el desarrollo de esta región” (2).

 

 

En este mismo sentido, a nivel intrarregional y hablando en términos comparativos, en los primeros años del presente siglo, Bolivia fue el país con el Coeficiente de Gini más elevado (60.1), mientras que Nicaragua arrojó el Coeficiente más bajo de todo el subcontinente (0.43), siendo este el país con menor desigualdad en relación a la distribución de los ingresos. Guatemala y Brasil por su parte, presentaron en el mismo período coeficientes sumamente elevados (55.1 y 57.0 respectivamente), situándose por ello, entre los países con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos a nivel latinoamericano y mundial (3).

 

 

En cuanto al fenómeno de la pobreza extrema y el hambre, la región del mundo que más éxitos reporto en sus esfuerzos de reducción entre 1990-2004, fue el Asia Oriental (China e India), cuya población ubicada en el rango de los que vivían con menos de un dólar al día (el 83 por ciento de la población mundial), descendió del 33.0 al 9.9 por ciento (un enorme y asombroso salto), mientras que las regiones de África sub-sahariana, Asia Occidental, América Latina, los países en transición del sureste de Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), vieron incrementados en términos absolutos, su población en extrema pobreza (4).

 

 

Hay que tomar en cuenta que estos datos se refieren al período inmediatamente anterior al estallido de la crisis económica mundial. Si antes del 2007/2008, período en el cual empezaron a subir dramáticamente los precios mundiales de los granos y alimentos básicos, el grueso de la población latinoamericana en situación de pobreza extrema padeciendo hambre, ya era sumamente extenso, las cifras de personas en tal situación se ha incrementado sustancialmente en el último par de años (2008-2010).

 

 

La situación alimentaria de la niñez a nivel mundial, en Latinoamérica y en Guatemala.

 

 

La desnutrición contribuye decisivamente en más de un tercio del total mundial de fallecimientos en niños menores de cinco años (5), y se refiere no sólo a la falta de alimentos, sino también a otros dos factores clave: atención y salud (6).

 

 

En el año 2008, un total de 195 millones de niños menores de cinco años del llamado "mundo en desarrollo” (países pobres), padecían de desnutrición moderada o severa, con marcados retrasos en su crecimiento y padecimientos de enfermedades comunes perfectamente evitables con una buena alimentación (7). Un año después (2009), la cifra de infantes en tales condiciones ascendía a 200 millones de niños y niñas (8).

 

 

En fecha reciente, Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva de UNICEF, sostenía que más de una tercera parte de los niños y niñas que en el mundo mueren de neumonía, diarrea y otras enfermedades, podrían sobrevivir si no estuvieran desnutridos, al tiempo que señalaba el período clave de los primeros 1,000 días que median entre la concepción de un niño o niña y su segundo cumpleaños, como el lapso más crítico de su desarrollo, pues la deficiencia nutricional en ese intervalo puede reducir la capacidad de los niños para combatir y sobrevivir a las enfermedades, y puede limitar de por vida su capacidad mental y social (9).

 

 

Por otra parte, en un dato de suyo alarmante, el mismo reporte da a conocer que en nueve países del mundo, más de la mitad de los niños menores de cinco años (el 50 por ciento de este grupo etario), padecen de algún grado significativo de desnutrición, y se incluye entre esa lista a Guatemala, con lo que su situación en esta materia en particular, la sitúa en condiciones similares a los países de África y Asia del sur, que están entre las naciones con más alta prevalencia de este indeseable flagelo (10).

 

 

De igual manera, el dramatismo del caso de Guatemala también se hace evidente cuando se compara con los niveles de su región, es decir, con América Latina. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años (año de referencia 2009), el promedio latinoamericano se ubica en un 20.4 por ciento, mientras que el de Guatemala equivale al 42 por ciento, es decir, más del doble del promedio subcontinental (11).

 

 

En este mismo ámbito la situación para Guatemala ha llegado a tal extremo, que aunque tiene una economía relativamente fuerte en comparación con la sus vecinos más próximos, ni siquiera logra superar a otros países centroamericanos, pues El Salvador tiene un 19 por ciento de afectación; Honduras un 30 por ciento; Nicaragua el 35 por ciento; y Costa Rica apenas el 2.2 por ciento (12).

 

 

Guatemala: Algunos factores estructurales que inciden en la problemática del hambre y la desnutrición crónica infantil en este país.

 

 

Resulta difícil comprender como un país que sigue siendo eminentemente agrícola (es el primer productor mundial de brócoli por ejemplo), con una milenaria tradición en pequeña agricultura de auto-subsistencia, con un clima hasta hace muy poco tiempo envidiable, y con grandes extensiones de tierras ociosas, tenga en cuestiones alimentarias y nutricionales que ser comparado con niveles propios de África y las zonas más pobres de Asia.

 

 

La agricultura y la pequeña producción todavía tienen una particular importancia y un peso específico en la economía guatemalteca. Cerca del 40 por ciento de la población económicamente activa (PEA), está empleada en este sector y genera más del 20 por ciento del PIB nacional (13). Así mismo, dentro del sector agropecuario la agricultura ocupa un 60.4 por ciento, y además de generar divisas a nivel nacional, proporciona empleo a una buena parte de la población y se encarga de alimentar al país (14), e incluso, puede mencionarse que también alimenta a diversas poblaciones de El Salvador y Honduras.

 

 

Pese a lo anterior, desde hace décadas existe un proceso de gradual descampesinización y de reconcentración de la tierra, que junto a lacerantes políticas neoliberales de liberalización de importaciones con dominio de capital transnacional por parte de agronegocios (alentado por el llamado "Consenso de Washington” que promovían y promueven el retiro del Estado), vienen despojando a los pequeños agricultores de sus derechos sobre la tierra y el acceso a la misma, así como obligándolos a abandonar sus ocupaciones agrícolas tradicionales, empujándolos hacia la migración interna en las ciudades guatemaltecas o como migrantes hacia el extranjero (15).

 

 

Al control que las empresas transnacionales de los agronegocios ejercen sobre los precios de los granos básicos, y al subsidio que los países ricos derraman sobre sus productos agrícolas de exportación (que hacen quebrar a la pequeña agricultura local de autosubsistencia), se debe agregar el incremento de la conflictividad agraria, generada entre otras razones, por la inseguridad en la tenencia de la tierra y el despojo arbitrario de la misma, particularmente con fines de implementación de megaproyectos relacionados con la industria de extracción minera, construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, y a la expansión del latifundio a través de la utilización de grandes extensiones de tierras para plantaciones de palma africana, y otros productos de exportación propiedad de las élites y sus socios extranjeros (16).

 

 

En tal sentido, es importante recordar que en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, realizada en Porto Alegre en marzo del año 2006, se estableció claramente la íntima vinculación existente entre tierra y desarrollo socioeconómico (17).

 

 

De allí que Winkler & Monzón resalten en su estudio, la estrecha relación que hay entre el desarrollo rural de carácter integral, y los procesos transformativos de las estructuras agrarias, que no sólo permiten la democratización del acceso, uso y control de la tierra, sino que también a la postre propician un desarrollo social y económico más equitativo (18).

 

 

No existe ninguna razón económica, técnica (ni moral) para aceptar la situación de hambre y desnutrición crónica por la que actualmente atraviesa buena parte de la niñez guatemalteca.

 

 

Si quisiéramos medir el éxito en términos de nivel de ingresos per cápita, a pesar de sus múltiples carencias como todo país latinoamericano, la evolución económica de Guatemala en las últimas dos décadas (1986-2007), mostró signos de recuperación cercanas a las experimentadas durante las históricas tasas de crecimiento de los años sesentas e inicios de los setentas del siglo XX, situándose este país en dicho período en el grupo de 120 naciones de ingreso medio bajo, cuyo rango oscila, de acuerdo a estándares del Banco Mundial, entre los US $ 906.00 a los US $ 3,595.00 (19).

 

 

Por lo demás, este país ha logrado durante muchas décadas mantener una relativa estabilidad macroeconómica, con bajas tasas de endeudamiento externo y de inflación, así como es famoso por ocupar uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a la posesión de naves aéreas (avionetas y helicópteros), de propiedad exclusivamente privada.

 

 

Sin embargo, pese a lo anterior, el 31.9 por ciento de la población total de Guatemala (alrededor de 3 millones de personas), sobrevivía en el año 2002 con menos de dos dólares al día. Mientras que para el año 2006, el 71.3 por ciento del total de la población económica ocupada (PEO) estaba formada por el sector informal y de microempresas, involucrando a más de cuatro millones y medio de personas en actividades económicas con muy bajos o precarios ingresos (20), aunque debe reconocerse que en dicho período hubo un leve descenso en la cantidad de personas viviendo en extrema pobreza (21).

 

 

Compromisos del Estado guatemalteco en torno a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para los infantes y población en general.

 

 

En los últimos años el Estado guatemalteco ha emprendido una serie de compromisos en torno a la búsqueda de logros en términos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para los infantes, esfuerzos que a grosso modo pueden clasificarse en los siguientes ámbitos: el jurídico y normativo; el político-institucional; y el programático-social (planes, proyectos, campañas etc.).

 

 

En el nivel jurídico-normativo el país ciertamente ha hecho avances significativos en el plano internacional y nacional: es firmante del Convenio de los Derechos del Niño; en 1985 promulgó una nueva Constitución Política de la República con compromisos específicos de protección a la familia (22); El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC-, suscrito por el Estado de Guatemala en 1988: en 1990 se adhirió y asumió compromisos concretos en el Marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (23); en el año 1996 asumió compromisos adicionales y concretos en los llamados Acuerdos de Paz, con los cuales se puso fin a más de 36 años de guerra civil (24); mientras que en los primeros años del siglo XXI promulgaron entre otras: la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria; la Ley de Desarrollo Económico y la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, entre otras.

 

 

En el ámbito político-institucional el Estado guatemalteco también ha logrado avances en los últimos años, estando entre otros; una Política de Desarrollo Social y Población; la creación de una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN); y se ha creado una Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

 

 

Mientras que a nivel de planes y programas de gobierno, en las últimas tres administraciones: Alfonso Portillo (1999-2003); Oscar Berger (2004-2007); y Álvaro Colom (2008-2011), se han creado un sinnúmero de planes y programas sociales de atención específica a la problemática de la mal nutrición infantil, entre los que sobresalen los siguientes: La "Estrategia de Reducción de la Pobreza”; "El Plan de Reactivación Económica”; el programa "Guate Solidaria Rural” (25); "Creciendo Bien”; "Salvemos Primer Grado”; "Extensión de Cobertura de los Servicios Básicos”; "Vaso de Leche”; y el mega-programa denominado "Cohesión Social” (26).

 

 

La rendición de cuentas del gobierno con respecto a la reducción de la pobreza extrema, el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil en Guatemala.

 

 

En los últimos veinte años (1989-2006) la reducción del número de personas en extrema pobreza apenas alcanzó un 2.9 por ciento, por lo que resulta evidente que la meta de reducirla a un 50 por ciento en el 2015 (en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio), no se cumplirá, pues según la fuente oficial consultada, el avance acumulado sólo alcanza el 32 por ciento (27).

 

 

Pese a ello, el actual gobierno cita como un logro el hecho de que durante los años críticos del 2008 y el 2009, la inversión social creció a un promedio anual de 22 por ciento con referencia a 2007, mientras que las transferencias monetarias condicionadas orientadas específicamente a reducir la pobreza, crecieron durante el mismo período 2.7 veces (28).

 

 

En cuanto al compromiso de la reducción a la mitad del porcentaje de personas con hambre, particularmente, en relación a la desnutrición global (peso) y a la desnutrición crónica (talla) en los infantes menores de cinco años, en los últimos 22 años (entre 1987 y 2008/2009), ha habido una marcada tendencia al descenso, al punto que en la actualidad el país se encuentra a sólo 2.55 puntos porcentuales de alcanzar la meta trazada para el 2015 en este indicador, muy por el contrario de lo que ocurre con la desnutrición crónica infantil (llamada con justa razón "enemigo silencioso”), la cual si bien mostró una tendencia a la baja durante unos años, a partir de 1998/1999 y el año 2002, han habido repuntes (29): en 1987 el número de afectados era del 57.9 por ciento; en el 2002 era el 43.3 por ciento. La meta de reducción para el 2015 en este indicador es del 29.0 por ciento, quedando una brecha de 14.5 por ciento, muy poco probable de ser alcanzada en el lustro que aún queda de plazo, de acuerdo a las fuentes oficiales que elaboraron el presente informe gubernamental (30).

 

 

Respecto a la subnutrición (porcentaje de la población general por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria), en 1989 el porcentaje afectado se calculaba en 18.1 por ciento, mostrando una leve reducción en el 2006 (15.2 por ciento); la meta de disminución en este indicador es del 9.05 por ciento para el 2015, quedando todavía una brecha de 6.15 por ciento (31).

 

 

Con relación a la reducción de la mortalidad infantil en niños menores de cinco años, en Guatemala la tasa de mortalidad en la niñez en 1987 era de 110 por cada mil nacidos vivos; para el período 2008-2009 descendió a los 42 por cada mil nacidos vivos (32).

 

 

Las fuentes oficiales establecen cálculos optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar la meta específica en este rubro (37 por cada mil nacidos vivos en el 2015), siempre y cuando en el lapso que falta se continúe con el 2.8 por ciento anual como ritmo de descenso promedio (33).

 

 

Respecto a las tasas de mortalidad infantil en menores de 1 año, las tasas de mortalidad por cada mil nacidos vivos en 1987 (año base) era de 73; en el lapso 2008/2009 era de 30; la meta establecida para el 2015 es de 24, por lo que la brecha aún restante (de 6) es todavía alcanzable (34).

Guatemala: Hambre y desnutrición crónica infantil y general 2 de 2 

 

 

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