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Esta Lucha es de los Originarios

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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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16 marzo 2011 3 16 /03 /marzo /2011 18:33

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http://www.kaosenlared.net/img2/171/171902_desalojo.jpg"Los militares y policías dispararon contra nuestros compañeros y quemaron sus chozas. Cuando intentaron regresar por sus pertenencias y cultivos fueron atacados y hay dos muertos y unos 10 heridos"

Comité de Unidad Campesina

Unos 800 campesinos de 14 comunidades del Valle del Polochic (departamento de Alta Verapaz, norte de Guatemala), fueron desalojados este martes por militares y policías en un hecho que dejó dos muertos, según denunciaron organizaciones campesinas.

 

"Los militares y policías dispararon contra nuestros compañeros y quemaron sus chozas. Cuando intentaron regresar por sus pertenencias y cultivos fueron atacados y hay dos muertos y unos 10 heridos", afirmó a la AFP el dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual.

 

Pascual aseguró que en el grupo de militares y policías iban grupos de ex paramilitares, con armas y machetes. Los paramilitares combatieron con el Ejército durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996.

 

De acuerdo con Pascual, los campesinos se asentaron hace un año en esa región porque carecen de tierras y en su mayoría son desplazados o sobrevivientes del conflicto armado.

 

Explicó que las tierras donde siembran maíz y otros granos básicos para subsistir son comunales, pero los propietarios del ingenio de azúcar Chabil Utzaj, que opera en el lugar, aseguran que les pertenecen.

 

Agregó que el ingenio pertenece a la familia de la esposa del ex presidente Óscar Berger (2004-2008).

 

Por su parte, la entidad Vía Campesina de Guatemala, que aglutina a unas ocho organizaciones, recordó que los afectados tramitan la negociación de los terrenos con la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), ambos estatales.

 

Sin embargo, afirmó, el juzgado Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó la orden de desalojo.

 

 

Comité de Unidad Campesina: ¡A mayor represión...mayor organización!

 

Más de 800 familias de 14 comunidades ubicadas en el Valle Polochic, entre el municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz están siendo desalojadas, este martes 15 de marzo, por más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Ejército y guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj. Las 800 familias sumidas en la extrema pobreza y desempleo, decidieron entre octubre y noviembre del año 2010, posesionarse de esas tierras. Desde esos meses se dedicaron a sembrar maíz y otros granos básicos que les permite subsistir a las condiciones paupérrimas en que viven.

 

Por su parte los líderes comunitarios en acompañamiento del Comité de Unidad Campesina y otras organizaciones indígenas y campesinas habían iniciado el trámite de negociación de esas tierras, desde el año pasado, con la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), para la compra de las fincas posesionadas. No obstante, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dicto orden de desalojo, mismo que se esta llevando a cabo en estos momentos.

 

Ante los desalojos que se están llevando a cabo el CUC exigen a las fuerzas de seguridad del gobierno y de los empresarios a no violentar la integridad física de las familias, especialmente de las mujeres y niños que habitan en las casas de cartón y tabla con techos de paja ya que líderes comunitarios han denunciado que más de 8 camiones del ejército y varias autopatrullas de la PNC y del MP, llenos de agentes llegaron a las comunidades para efectuar los desalojos.

 

El desalojo masivo inició hoy y se teme que continúe en los siguientes días. Por esta razón también hacemos un llamado a las organizaciones indígenas y campesinas, defensores de derechos humanos y demás organizaciones populares a pronunciarse y solidarizarse con estas familias que hoy están quedando en la calle.

 

Al gobierno exigimos que facilite el acceso a la tierra de estas 800 familias carentes de vivienda y tierra para la siembra de granos básicos. No puede ser que la conflictividad agraria sigua latente en el área rural de nuestro país y el gobierno ignore las demandas de los campesinos y beneficie a empresarios y terratenientes que están concentrando y reconcentrando la tierra para la siembra de palma africana y caña de azúcar.

 

A las comunidades organizadas en el Consejo de Comunidades en Resistencia del Valle Polochic hacemos un llamado a resistir y continuar la lucha por la recuperación y tenencia de la Madre Tierra, porque ¡A mayor represión...mayor organización!

 

El valle del Polohic

 

A 460 km de distancia de la Ciudad de Guatemala se encuentra el área conocida como “El Polohic”. Comprende los municipios de Tamahú, Tucurú, La Tinta, Panzós y Senahú (Departamento de Alta Verapaz) y El Estor (Departamento de Izabal). Tiene una población de alrededor de 220 mil habitantes (INE Guatemala, 2002), de los cuales un 89 por ciento es indígena (Queqchí y Pocomchí, principalmente) (ENCOVI, 2006). Desde la Unidad de Informática de la Coordinadora Nacional de Alfabetización del departamento de Alta Verapaz, tras el proceso de alfabetización del 2007, se indica un 50 por ciento de analfabetismo en el departamento.

Las tierras que irriga el río Polochic, son consideradas muy fértiles, que junto con su bajo precio ha atraído la atención de empresas como el ingenio azucarero1 Chavil Utz’aj (“Buena caña”, en el idioma Q’eqchi) y la empresa de Inversiones Promotoras de Desarrollo S.A (INDESA)2 de palma africana. Estas dos empresas se reparten una gran parte de las tierras fértiles del Valle (ver figura 1).En el mismo territorio, además, convergen intereses mineros, madereros, huleros, ganaderos, conservacionistas e hidroeléctricos. La repartición desigual de la tierras provoca tensiones entre los distintos actores que la demandan por distintos intereses (empresa caña y palma, campesinos, finqueros, alcaldes, Estado y conservacionistas). La oferta de tierra es casi inexistente, lo que agrava las tensiones y eleva los costes de disponerla (Hurtado,2008).

 

La extensión de los cultivos de palma van ganando terreno a través de la compra, arriendo o acuerdos con los finqueros-ganaderos para ocupar los potreros ociosos3, mientras las comunidades q’eqchies resisten, luchan y buscan la manera de reproducirse en las tierras del Valle, unos buscando tierras baldías, otros se refugiaron en la sierra y viven con amenazas de desalojo, intentando realizar convenios con los conservacionistas; o se opta por la negociación directa con los “dueños”.

 

En la Alta Verapaz, el peso de la producción campesina es más significativo que a nivel de Guatemala. El departamento destina el 78 por ciento del área cultivada a la producción agrícola de autoconsumo y un 22 por ciento a productos de exportación (INE-Guatemala, 2003). Por otro lado, la frontera del sistema agrario se encuentra estabilizada, ya sea por la creación del área protegida Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas4, por el proceso de reconcentración de la tierra y/o por las dificultades que encuentran las comunidades para acceder a suelo productivo en un mercado de tierras (sobre los impactos de la reforma agraria asistida por el mercado, ver Garós et al, 2005). A consecuencia de esto, estrategias productivas tradicionales, como la roza y quema, han reducido de manera drástica los periodos de rotación de cultivos. Lo cual puede traer importantes consecuencias ecológicas si no se toman las medidas adecuadas.

 

1Ingenio que fue trasladado del Ingenio Guadalupe desde la Costa Sur de Guatemala en el 2005 por el aumento en la competencia de tierras con otros Ingenios. Este año realizó la primera zafra, sin terminarla y con grandes pérdidas económicas.

 

2INDESA comenzó a sembrar en 1998 y continúa extendiendo el cultivo de palma por el valle.

 

3En el caso de la empresa de caña de azúcar, éstos ya han adquirido alrededor de 5 mil hectáreas de tierra, de las cuales ya se han plantado unas 2 mil doscientas hectáreas. Por lo tanto la expansión de las plantaciones de caña se realizarán en sus propios terrenos

 

4Reserva de Biosfera Sierra de las Minas declarada el 4 de octubre de 1990, en base al Decreto Ley 40-90, quedando la misma bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas protegidas y coadministrada hasta la fecha, por la fundación Defensores de la Naturaleza.

 

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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 18:05

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http://www.adital.com.br/arquivos/2011/03/20110312_noticias_aliadas.jpgEl 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres y sus organizaciones del Cono Sur realizaron diversas acciones para defender sus derechos y exigir a los gobiernos avances que permitan acabar con la desigualdad de género.

 

 

Con marchas, manifestaciones, y encuentros las mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, salieron a las calles para demostrar la fuerza de su movimiento y la importancia de que estos temas sean instalados en las agendas públicas de sus países.

 

 

En Argentina y Brasil se presentan un hito importante de avance para las mujeres, con Cristina Fernández y Dilma Rousseff como mandatarias, sin embargo, las desigualdades y la violencia hacia las mujeres son temas que preocupan a los movimientos feministas.

 

 

La legalización del aborto y la tipificación del feminicidio en el Código Penal son las principales luchas del movimiento de mujeres en Argentina. Con 260 feminicidios registrados el 2010, según datos del grupo feminista Casa del Encuentro, en este país la violencia es uno de los temas centrales de las movilizaciones. A pesar de que han existido avances como la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales —aprobada en el 2009 y que entró en vigencia un año después— el flagelo de la violencia se sigue reproduciendo. Así lo explica Raquel Vivanco del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, quien señala que en lo que va de este año ya hay 10 casos de feminicidios.

 

 

Sin embargo, los abortos clandestinos "son la principal causa de mortalidad materna en Argentina”, señala Vivanco, y las cifras son alarmantes: 500,000 interrupciones voluntarias del embarazo se realizan cada año —según datos de las Naciones Unidas— un aborto por minuto y US$300 millones anuales genera el negocio del aborto clandestino.

 

 

"Cada dos días muere una mujer por complicaciones derivadas del aborto clandestino, mientras que 80,000 son las mujeres que ingresan a hospitales públicos por complicaciones derivadas del aborto clandestino”, afirma Vivanco.

 

 

En Brasil, el movimiento feminista está viviendo un periodo de definiciones por las señales que el gobierno de Rousseff entregue, donde el debate central es superar la desigualdad, problema estructural en ese país.

 

 

Tica Moreno, parte de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) de Brasil, indica que "el debate actual es sobre la intención del gobierno Rousseff de erradicar la pobreza extrema”.

 

 

"Tenemos un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo, que debe cambiar de lógica y tener como centro la sostenibilidad de la vida. Para nosotras es central avanzar en la garantía de guarderías infantiles para la autonomía de las mujeres, acumular fuerzas en la lucha por la legalización del aborto, luchar contra la mercantilización del cuerpo y la vida de las mujeres”, agrega.

 

 

Para este año está prevista la realización de la III Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, convocada por la estatal Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, un proceso de participación popular que debate, evalúa y define la dirección de las políticas para las mujeres en Brasil.

 

 

"En estos espacios queremos acumular fuerzas y conquistas en las luchas por la autonomía económica de las mujeres, en la lucha por la legalización del aborto e incidir en los debates de los movimientos sociales por transformaciones estructurales en el modelo de desarrollo”, explica Moreno.

 

 

Avances y temas pendientes

 

 

En Uruguay la tradición de organización social se mantiene y se refleja en el movimiento de mujeres, que ha logrado instalar una agenda política que es parte del debate público.

 

 

"Se ha entendido públicamente que las demandas de las mujeres son válidas y han sido adoptadas en el discurso de actores políticos, lo que ha permitido avances de legislación y políticas públicas”, señala Lilian Abracinskas, directora de la organización no gubernamental Mujer y Salud.

 

 

"En Uruguay las organizaciones de mujeres tenemos una traición de trabajar articuladamente” agrega. "La lucha por la reconstrucción de la democracia, siempre ha habido agrupamiento entre mujeres de los partidos políticos, con mujeres de gobierno, mujeres de sociedad civil y mujeres de la central sindical”.

 

 

Sin embargo, en materia de participación política, sólo 12% de los cargos legislativos son ocupados por mujeres."No hay intensión en los partidos de impulsar el liderazgo de mujeres ni tampoco a nivel gubernamental de designar a mujeres que no sean funcionarias del sistema. Hay que tener en cuenta además, que el 70% de la matrícula universitaria en Uruguay es femenina”, dice Abracinskas. "La democracia uruguaya sigue en deuda con las mujeres. Esa ha sido la consigna que hemos puesto hace algunos años”.

 

 

En Paraguay la situación a favor de las mujeres avanza lentamente. Uno de los sectores más afectados son las campesinas e indígenas quienes viven bajo condiciones de pobreza.

 

 

"Las mujeres rurales están en el grupo de mayor vulnerabilidad de sus derechos”, explica Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI). "Hay una constante amenaza de violación de sus derechos, como se devela a través de la migración forzosa o la trata de personas”.

 

 

La migración campo-ciudad se produce debido a las condiciones generadas por los agronegocios, que obliga a las familias a abandonar sus tierras y refugiarse en los sectores pobres de las ciudades.

 

 

"Las mujeres forman parte del servicio doméstico, sufriendo a su vez una discriminación salarial —sólo perciben el 40% del salario mínimo, cuando lo legal es 60%—, el mercado laboral internacional ofrece otras modalidades de precariedad cuando salen del país en busca de trabajo”, sostiene Álvarez.

 

 

Desde el movimiento de mujeres y feministas paraguayas, las demandas al gobierno son múltiples y algunas de carácter urgente. Cerca de 25 organizaciones y redes de mujeres de Paraguay, incluyendo a Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, el Movimiento por el Derecho a la Salud, Servicio de Paz y Justicia, entre otras, demandaron este 8 de marzo que exista "igualdad real y derechos humanos para todas”.

 

 

Entre las exigencias se encuentran el veto presidencial a la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y que elimina la Secretaría de la Mujer, acceso de las mujeres campesinas a la tierra y la reforma agraria con equidad de género, políticas públicas que garanticen el derecho a la vida y a un ambiente sano, aprobación de la ley de salud sexual, reproductiva y cero tolerancia al feminicidio, entre otros puntos.

 

 

Peligrosa es la situación que las mujeres viven en Chile. El débil escenario en materia de derechos dejado por los gobiernos de la Concertación por la Democracia —que condujo el país entre 1990 y el 2010— potenciado con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, presenta un escenario complejo para las mujeres quienes se enfrentan a un modelo económico depredador junto a un conservadurismo extremo.

 

 

Así lo explica, Gloria Maira, integrante de la Articulación Feminista de Chile y la Coordinadora 8 de Marzo, quien señala que dicha conjunción deja a las mujeres en una situación de desprotección.

 

 

"El escenario es de peligro porque la propuesta que el gobierno está haciendo refuerza los roles de las mujeres en la casa, trabajando pero con trabajo precario y a cargo de muchos niños y niñas. Tenemos grandes demandas y resistencias en este momento, que es no retroceder por los derechos ganados”, señala Maira. "Los anticonceptivos han empezado a desaparecer de los centros de atención, la anticoncepción de emergencia no está en esos centros como dice la ley que debería estar”.

 

 

Que este 8 de marzo, dice Maira, "sea un punto de partida para establecer una especie de frente amplio de mujeres que nos permita hacer la resistencia al escenario que tenemos”.

 

por Comunicaciones Aliadas

 

 

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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 17:50

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http://www.telecinco.es/informativos/content/maincontent/452.$plit/C_4_maincontent_3625376_largeimage.jpgCamila Queiroz

Periodista de ADITAL
Adital

295 muertes por causas violentas solamente en febrero de 2011. En enero, fueron 275. Más del 80% de las víctimas son hombres. Entre los niños la situación empeoró bastante en relación al año pasado. Mientras en los primeros meses de 2010 hubo cinco muertes violentas, este año ya son 59 muertes entre los menores de 15 años. El número de muerte femeninas subió a 2,194 en los últimos cincos años y, sólo en 2011, hay 130 casos de violencia contra las mujeres, de las cuales 74 fueron muertas y 56 quedaron heridas.

Los datos de la realidad guatemalteca fueron revelados por medio del "Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y violencia en el mes de febrero de 2011”, lanzado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), institución que fomenta y da seguimiento a las formas de promoción y defensa de los derechos humanos en el país.

El documento denuncia que a pesar de la firma de los acuerdo de paz, las estadísticas de muertes violentas están subiendo. Uno de los factores desencadenantes seria la fragilidad del sistema de seguridad, causada, según el GAM, por la baja inversión, principalmente en la contratación de personal.

"Febrero se ha presentado hasta ahora como el mes más violento del año, contraponiéndose de esta forma al discurso del actual gobierno, que destaca que han logrado reducir las muertes violentas. La percepción de la población continúa siendo de terror e inseguridad”, afirma la institución. Y lo que es peor: el año 2011 puede ser el más violento de toda la década. La afirmación se basa tanto en los números presentados en los primeros meses, como el hecho de ser este un año electoral, en que la violencia normalmente crece, según el GAM.

Durante el mes de febrero, hubo 12 masacres, en que murieron 441 personas y 12 quedaron heridas. El número total de víctimas de masacres en 2011, hasta ahora es 161 – 109 personas muertas violentamente y 52 heridas. Las profesiones más peligrosas son la de comerciante y motorista, 25 y 20 muertes respectivamente, en los dos primeros meses de este año.

El informe concluyó también que la zona 18 estuvo más vulnerable en febrero, con 14 víctimas, seguida por las zonas 1 y 12, con diez víctimas cada una, y la zona 7, con nueve. Entre los municipios más violentas, la capital, Ciudad Guatemala, está en primer lugar, con 150 víctimas, con una gran diferencia el segundo municipio más violento corresponde a Villa Nueva, con 36.

El Grupo de Apoyo Mutuo destaca, también, el aumento de la violencia durante el gobierno de Álvaro Colom. En los tres años de mandato, se contabilizan 18.340 muertes. La organización estima que al final de este año, el número estará cerca de 24.340, lo que representa un crecimiento del 13,15% en relación al gobierno anterior y de 74% en relación al gobierno de Alfonso Portillo, cuyo mandato duró hasta el 2004.

Sin embargo, es en año 2003 que el documento señala como el desencadenar de tanta violencia en el país, con un salto de 16,72% en relación al 2002. "En el año que se dispara la violencia es el 2003 desde entonces las víctimas han crecido hasta el día de hoy.”, declaran.

Traducción: Ricardo Zúniga

 

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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 17:45

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http://www.dw-world.de/image/0,,3175536_1,00.jpgKarol Assunção

Periodista de Adital
Adital

"Cada dos días ocurrió una agresión directa contra un/una defensor/a de derechos humanos en Colombia en 2010”. Eso es lo que revela el informe 2010 del Sistema de Información de Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADH) del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos "Somos Defensores”. Organizaciones denuncian desapariciones forzadas y amenazas contra defensores de derechos humanos también en este año.

De acuerdo con el informe, 174 defensores y defensoras de derechos humanos sufrieron agresiones el año pasado. De las víctimas, 60 eran mujeres y 114 eran hombres. Asesinatos, amenazas, atentados, heridas, detenciones arbitrarias y uso arbitrario del Sistema Penal fueron las seis violaciones realizadas contra los/las defensores/as de derechos humanos en Colombia destacadas por el informe.

Según el análisis, de las 174 violaciones, 64 (el 37%) ocurrieron durante los primeros seis meses del año pasado y 110 (el 63%) sucedieron en el segundo semestre. El informe observa además que la mayoría de las agresiones coincidió con el período electoral y con el cambio de Gobierno.

"Los dos trimestres que presentan mayor número de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos (2do y 3er trimestre) coinciden con dos hechos importantes ocurridos en 2010 en Colombia: las elecciones para Presidente de la República y la posterior transición de gobierno. De igual manera, durante este periodo de tiempo, el proceso de discusión con el Gobierno Nacional sobre las garantías a los/las defensores/as, paulatinamente entró en un proceso de enfriamiento a la espera del nuevo Gobierno”, resalta.

El desconocimiento de las agresiones por parte de los responsables sigue siendo una preocupación del Programa Somos Defensores, porque, de acuerdo con el informe, la cifra de agresiones realizadas por desconocidos aumenta cada año. En 2010, de las 174 violaciones, el 46% fueron realizadas por grupos paramilitares, el 37% por desconocidos, el 10% por la Fuerza Pública y el 7% por la guerrilla.

"En comparación con los informes entregados por el Programa de los períodos 2002-2008 y 2009, y al compararlos con el presente estudio, hay una tendencia cada vez más clara al desconocimiento del agresor y a la despolitización de estas agresiones que, según las fuentes oficiales, obedecen a delincuencia común y no a los actores armados legales e ilegales del conflicto armado y a la violencia política que afronta Colombia”, comenta.

Los defensores y las defensoras no fueron las únicas víctimas de las agresiones. Según el informe, 168 organizaciones sociales y de derechos humanos también sufrieron algún tipo de violación. En común con los otros años: la impunidad.

"Se debe resaltar que agresiones de años anteriores, y las del primer semestre de 2010, han sido denunciadas penalmente ante instancias judiciales, pero hasta el momento, no hay resultados en las investigaciones, lo que sigue siendo una gran preocupación para las y los defensores de derechos humanos”, se revela.

Violaciones en 2011

 

El año 2011 está sólo en su tercer mes y ya hay denuncias de violaciones contra individuos y organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. Se destaca el caso de Sandra Viviana Cuellar, ambientalista desaparecida desde el día 17 de febrero.

La desaparición de Sandra, quien trabaja con la lucha por el agua y por la protección de cuencas y áreas húmedas, moviliza a organizaciones sociales de Colombia. Inclusive hasta diputados europeos ya expresaron su opinión sobre el asunto. A comienzos de este mes, seis parlamentarios de Europa enviaron una carta al presidente de Colombia pidiendo que "use toda su autoridad para que cuanto antes aparezca con vida Sandra Viviana Cuellar Gallego”.

"La historia de los últimos 20 años de Colombia confirma que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han estado involucrados de alguna u otra manera, en la mayoría de casos similares, con la desaparición forzada de Sandra Viviana Cuellar Gallego, ya sea cometiéndolos directamente, o tolerando que sean llevados a cabo por grupos paramilitares”, comentaron.

El Informe de 2010 sobre agresiones contra defensores/as de derechos humanos está disponible en:http://www.somosdefensores.org/noticias.htm?x=78

Con informaciones de Rebelion.org

Las informaciones sobre Derechos Humanos son producidas con el apoyo del Gobierno Municipal de Fortaleza.

 

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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 17:27

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http://www.teletica.com/imagenes/noticias/67483_BoliviaRacismo.jpg14 de marzo.- Para Felipa Huanca, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) difundir y compartir los alcances de la Ley 045 que sanciona los actos de racismo y de discriminación contribuirá a reducir estas prácticas contra campesinos e indígenas.

 

El pasado viernes el Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU denunció “odio racial” contra indígenas en Bolivia, en una resolución publicada en Ginebra.

“En la práctica, miembros de dichas comunidades siguen siendo objeto de discriminación y están subrepresentados en todos los órganos de poder público y de toma de decisión” y sufren “la violación sistemática de los derechos humanos”, indicó el Comité en referencia a Bolivia, un país cuyo actual presidente, Evo Morales, es de origen indígena.

Al respecto, la dirigente de ‘Bartolinas’ manifestó que es muy difícil que la discriminación se termine, porque está enraizada en la gente. “Debemos trabajar poco a poco, y un gran avance son las normas que nos protegen gracias al Gobierno del presidente, que inició una batalla para luchar contra los discriminadores”, afirmó.

Dijo que cambiar la mentalidad de la gente “no será rápido”. Primero, todos deben conocer las leyes para que se lleven a la práctica. Además se debe tomar conciencia de que es preciso respetar al otro. “En nuestras comunidades nuestros abuelos nos enseñaron valores donde el racismo no existía”.

En una visita a Nueva York, a las sesiones de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Evo Morales explicó que con una ley antirracismo se “quiere contribuir a evitar el racismo y la discriminación, y la difusión de insultos a los pobladores por su color de piel u origen, que a veces son difundidos por algunos medios de comunicación que no ejercen sus labores con responsabilidad”.

La Ley 045 fue promulgada el 8 octubre de 2010.

Dos denuncias por día

El director de Lucha Contra el Racismo, que depende del Viceministerio de Descolonización, Mario Machicado, indicó que desde la primera semana de marzo, se presentan dos denuncias sobre actos de racismo y discriminación por día. Los casos se incrementan producto de la aprobación la Ley 045 y su reglamentación.

Señaló que Bolivia tiene avances importantes porque ahora existe una ley que sanciona todo acto de racismo y discriminación. La norma también permite desarrollar estrategias de prevención en varios ámbitos como el educativo, económico, laboral y en los medios de comunicación.

Informó que las tareas de prevención requieren de recursos económicos que se gestionan desde la vigencia de la norma antirracismo.  “Vamos a habilitar una línea gratuita para las denuncias y un sistema de publicidad en medios masivos de comunicación para hacer conocer a la población sobre la ley que los protege”, agregó el director.

Para tomar en cuenta

El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes, le pide a Bolivia tomar medidas para garantizar la representación política de los indígenas en el Estado y velar “para la aceptación intercultural y la construcción de una sociedad incluyente y pluralista”.

El Informe de la ONU añade que los conflictos y actos de violencia racista contra personas de origen indígena y campesino se agravaron a partir de 2006 y reclama la investigación de los hechos, la identificación y juicio a los autores, así como la garantía de un recurso efectivo para las víctimas y sus familiares.

De Cambio

 

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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 17:24

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http://enfoqueradio.com.mx/enfoque/wp-content/uploads/2011/02/basilia.jpgServindi, 15 de marzo, 2011.- El Centro de Derechos humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la asociación Indignación exigieron a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo que investiguen el papel de los servidores públicos en el caso de la indígena maya Basilia Ucan Nah.

 

Ucan Nah es una indígena maya monolingüe, sentenciada en el 2008 a 12 años de prisión por los delitos de lenocinio y corrupción de menores, en un juicio que no contó con asistencia legal ni traductor.

El pasado martes 8, la indígena recibió la visita de Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para quien también el caso está lleno de irregularidades.

El Centro Prodh e Indignación manifestaron que de darse el caso la procuraduría “promueva la destitución y sanciones correspondientes, en contra de todo funcionario de la dependencia que realice acciones contrarias a la legalidad”.

Basilia Ucan fue detenida en marzo de 2008, a pesar de que no fue reconocida por sus presuntas víctimas, a excepción de una que se retractó más tarde argumentando que firmó la acusación por presiones del Ministerio Público.

El Centro Prodh e Indignación acusaron a la subprocuradora de la zona maya, María de Jesús Loeza Cachón, de presionar a más personas para que declaren en contra de la indígena, y así mantenerla en prisión.

De acuerdo a las organizaciones no gubernamentales (ONG), Loeza Chacón, acompañada de dos agentes judiciales, presionó a una mujer originaria de la comunidad de Yoactúnm –de donde es Ucan Nah- para que declarara que “desde que Basilia estaba en su pueblo, se emborrachaba y buscaba muchachitas para ofrecerlas”.

“La falsa imputación sostenida y convalidada por las instancias de procuración y administración de justicia es una muestra fehaciente de la reproducción y agudización la discriminación y exclusión contra mujeres indígenas pobres”, señalaron las organizaciones defensoras de Ucan Nah.

A esto se suma que Ambrosio Granados Mohedano, administrador de los cuartos –actualmente fallecido-, quien fue acusado como cómplice de Basilia Ucan Nah, no la reconoció como socia, y en su declaración afirmó que eran funcionarios públicos quienes abusaban de las jóvenes.

Otra acción de presión sería la ocurrida recientemente en la que el personal de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo coaccionó a una joven para que declarase públicamente en contra de la indígena.

Estos hechos, según el Centro Prodh e Indignación revelan la intención de “desacreditar a Basilia ante la evidencia de las irregularidades en procedimiento penal seguidas en su contra” y “ponen en entredicho la imparcialidad e independencia de la Subprocuraduría regional”.

Además, las irregularidades “exhiben que en su actuar se utilizan criterios ajenos a los de la procuración de justicia y alertan sobre la posibilidad de que dicha institución esté intentando construir una nueva averiguación en contra de Ucan Nah para justificar sus acusaciones”.

Organización Mundial Contra la Tortura se pronuncia

El febrero del presente año, la Organización Mundial Contra la tortura (OMCT), envió una carta a las autoridades de justicia de Quintana Roo, donde manifestaba su preocupación sobre el caso de Basilia Ucan Nah.

La carta fue remitida a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y al Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y señala que durante el proceso judicial a Ucan Nah no se respetaron varias garantías jurídicas.

A la OMCT le preocupa que las declaraciones de las supuestas víctimas fueran realizadas bajo coacción y presiones por parte de la policía judicial de Quintana Roo.

Además, las declaraciones nunca señalaron de manera directa a la indígena maya, sino que sólo fueron firmadas por las víctimas que más tarde señalaron no conocer el contenido de los documentos.

La OMCT instó a que el caso de Basilia Ucan Nah sea resuelto con los estándares internacionales, de legalidad de las pruebas y el general respeto por los principios básicos del derecho internacional.

Finalmente la organización mundial expresó su preocupación por todas las irregularidades del proceso y consideró necesario que se lleve a cabo una investigación sobre las mismas, y se restablezcan los derechos de la indígena maya.

 

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15 marzo 2011 2 15 /03 /marzo /2011 17:03

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http://www.kaosenlared.net/img2/171/171785_autopsia.jpgTenía rotos los dedos de las manos y debajo de las uñas señales de pinchazos; le habían arrancado los dedos de los pies; y se declaró que había muerto por estrangulamiento.

Frei Betto

Madrugada del sábado 15 de febrero del 2011. 

Aglomerado da Serra, región habitada por familias de pocos ingresos en Belo Horizonte. Tres soldados de la ROTAM (Ronda Táctica Metropolitana), al mando del cabo PM Fabio de Oliveira, de 45 años, rodean a dos humildes moradores de la zona -el enfermero Renilson Veridiano da Silva, 39 años, y su sobrino, el ayudante panadero Jeferson Coelho da Silva, de 17.

 

Acusados de ser traficantes de drogas, ellos lo niegan. Los policías militares gritan que los traficantes deben pagar propina. Pero ellos no tienen dinero. Obligados a tumbarse en el suelo, son fusilados. Los vecinos y los familiares de las víctimas se enardecen. A la mañana siguiente queman tres autobuses. El gobernador, Antonio Anastasia, exige 

esclarecer el asunto. Los policías son capturados el miércoles día 23. El cabo Oliveira, que mandaba la patrulla, queda en una celda del 1° Batallón de la PM.

 

El jueves 24 el cabo recibe la visita de su ex mujer y del abogado Ricardo Gil de Oliveira Guimarães. El preso aparenta tranquilidad. El viernes 25 de madrugada el cabo Oliveira es encontrado muerto en su celda, ahorcado con los cordones del calzado que usaba, amarrados al tubo de la ducha.

 

¿Suicidio o suicidado? ¿Desesperación o desaparición de pruebas? Las autoridades policiales que estaban investigando el caso sospechan que hicieron callar definitivamente al cabo para evitar que denunciase otros asesinatos cometidos por la PM del estado.

 

Dos trabajadores inocentes asesinados a quemarropa. El gobernador Anastasia se encuentra ante su primera oportunidad de comprobar que la PM de Minas Gerais no puede ser confundida con un reducto de asesinos.

 

* *

 

El lunes 28 de febrero el cuerpo de Sebastián Bezerra da Silva, de 40 años, de la Comisión de Derechos Humanos de Tocantins, fue encontrado en una hacienda del municipio de Dueré (TO). Tenía rotos los dedos de las manos y debajo de las uñas señales de pinchazos; le habían arrancado los dedos de los pies; y se declaró que había muerto por estrangulamiento.

 

Representante regional del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Silva había denunciado a policías militares por prácticas de torturas y asesinatos. En los últimos meses estaba investigando la responsabilidad en el linchamiento de un preso en una comisaría del interior.

 

Le toca al gobernador Siqueira Campos, de Tocantins, investigar este crimen horrible y demostrar que su estado no tiene nada que ver con el viejo oeste donde imperaba la ley del más fuerte. 

*

 

El presidio Oso Blanco, de Porto Velho (RO), alberga a 456 presos. El 31 de diciembre del 2001 tenía 1,200 detenidos. Muchos circulaban libremente por los pabellones. El poder judicial determinó que todos debían ser metidos en las celdas.

 

El día 1 de enero del 2002 el director del presidio, Weber Jordano Silva; el gerente del sistema penitenciario, Rogelio Pinheiro Lucena; y el director de seguridad, Edilson Pereira da Costa, decidieron mezclar, en el patio, a los presos condenados a muerte con los demás.

 

Arrastrados, los condenados por la ley del perro gritaban por los pasillos, pedían clemencia a los agentes penitenciarios, porque sabían con certeza lo que les esperaba. En vano. Fueron asesinados 27 presos.

 

El sábado 26 de febrero del 2011 -nueve años después de la masacre- la Justicia de Rondônia condenó a 17 detenidos, acusados de participar en la carnicería, a sentencias de 378 a 486 años. Todos los directores y agentes penitenciarios fueron absueltos.

 

La Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Porto Velho criticó a la Promotoría por declarar inocente al exdirector de seguridad: “Era el que mejor sabía que si ponía a los presos en el patio, serían asesinados”, declaró Cintia Rodrigues, abogada de la Comisión.

 

* *

 

Los tres episodios descritos representan, lamentablemente, el reino de la impunidad y de la inmunidad que asola al Brasil. Defender los derechos humanos en el Brasil todavía está considerado como una necedad. La Justicia es ciega cuando se trata de penalizar a las autoridades y a policías, pues no se acepta que la ley no admite que haya alguien por encima de ella. Nuestros policías reciben una formación inadecuada; muchos actúan con prepotencia por el hecho de vestir uniforme y llevar un arma, humillan a los ciudadanos pobres y practican la extorsión.

 

La ministra María del Rosario, de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos, debe anticiparse en la exigencia de investigar crímenes tan graves, antes de que el Brasil pase la vergüenza de verse, más de una vez, condenado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de la OEA. (Traducción de J.L.Burguet).

 

 

- Frei Betto es escritor, autor de “Diario de Fernando. En las cárceles de la dictadura militar brasileña”, entre otros libros. ttp://www.freibetto.org/>twitter:@freibetto.

 

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13 marzo 2011 7 13 /03 /marzo /2011 21:36

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http://www.defensoresenlinea.com/cms/images/stories/copimh_frente_presidencial_1.jpgCOPINH, 10 de marzo. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, ante los últimos acontecimientos, suscitados en el municipio de San Francisco de Lempira, caracterizados por la politización del Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO.

 

Que ha llegado al extremo del incendio de la escuela de la comunidad de Santa Rosita, Municipio de San Francisco departamento de Lempira, emite el siguiente comunicado:

 

1. La politización del programa de educación comunitaria de Honduras PROHECO, por parte de una corriente del partido nacional, en el municipio de San Francisco de Lempira, a significado el asalto de las asociaciones de educación comunitaria en diferentes comunidades, al extremo que las comunidades y miembros del COPINH han procedido a la denuncia de los funcionarios de educación:

 

Wilmer Molina, Director Distrital, Osmín Molina Promotor de PROHECO, hermano del Director Distrital, Elmer Noel Molina Alcalde municipal y también pariente del Director Distrital, ante el ministerio publico por las violaciones a las normativas de PROHECO.

 

2. La actitud de los funcionarios de educación y del alcalde municipal ha llegado a tal grado de agresividad que en días anteriores, las personas antes mencionadas persiguieron, incluso a fiscales del ministerio público, adscritos a la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural de la Nación, quienes desarrollaban investigaciones in situ a solicitud de las comunidades afectadas.

 

3. En una situación sin precedentes han quemado la escuela de la comunidad de Santa Rosita, hecho que sucede en los días previos, a que el ministerio publico interponga demanda contra el Alcalde Municipal Elmer Noel Molina, el Director Distrital Wilmer Molina, personaje denunciado por embarazos a jóvenes a las que junto a sus hijos deja en abandono y Osmín Molina promotor de PROHECO.

 

Es de hacer notar que varios funcionarios de PROHECO, tienen demandas judiciales por parte del ministerio público, desde la coordinadora nacional, hasta el coordinador departamental de Lempira Bayron Lemus, quien en este momento tiene auto de prisión con medidas sustitutivas de cárcel.

 

4. Rechazamos la campaña mediática, de medios de manipulación masiva, reconocidos por ser responsables del golpe de estado, como canal 10, canal 5 y otros, quienes auxiliados por la mancha brava cachureca esquiroles enemigos de la educación pública.

 

Hacen campaña contra los compañer@s Bertha Cáceres, Salvador Zúñiga y miembros de COPINH del municipio de San Francisco Lempira, culpándolos del incendio de la escuela de la comunidad de Santa Rosita, con lo que pretenden encubrir a los verdaderos responsables.

 

5. El COPINH recuerda que como organización, hemos impulsado para este olvidado municipio logros como los siguientes: Apertura de la carretera a la cabecera municipal, la construcción y oficialización del colegio del municipio, la construcción del centro de salud de la cabecera municipal, la construcción del subcentro de salud de la comunidad de la Cruz Concordia.

 

La gestión de plazas para maestros-as de diferentes comunidades, hemos gestionado becas para varios jóvenes que incluso hasta han salido del país a prepararse, se ha impulsado la formación de docentes de varias comunidades de este municipio, se ha impulsado la creación y financiamiento de más de 30 cajas rurales de crédito alternativo.

 

Preparación de jóvenes en programas de capacitación en enfermería para Lencas, la instalación de nuestra Radio Comunitaria La Voz Lenca de San Francisco Lempira, y en estos momentos el COPINH impulsa la construcción de manera autogestionaria de la escuela primaria en la comunidad de los Irayoles, entre otros.

 

6. El COPINH denuncia y condena la criminalización, la campaña de desprestigio y de odio, de difamación   y amenazas contra el COPINH y su militancia, contra la Radio La Voz Lenca y demás personas de la comunidad que han defendido sus derechos como Dinora Molina y demás maestras y maestros quienes algunos tienen 15 meses de que no se les paga sus salarios.

 

La Radio Comunitaria La Voz Lenca viene siendo amenazada desde el 28 de junio 2009. Responsabilizamos a este grupo de personas antes mencionado de lo que pueda pasar a miembros-as del COPINH y a nuestra emisora, misma que tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del 2009.

 

Con la fuerza ancestral de Lempira, Icelaca, Mota y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.

 

La Esperanza, Intibucá 10 de marzo del 2,011

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH•

 

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13 marzo 2011 7 13 /03 /marzo /2011 21:20

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http://www.8300.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/GEDC1014-300x210.jpgRevista Mariátegui, 12 de marzo.- Del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Diego Montón es miembro de la Secretaría Operativa del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Argentina. En Quito, Ecuador, Mariátegui. La revista de las ideas conversó con él sobre la historia de su organización y la actual situación del campesino y la tierra en la Argentina.

 
- ¿Cómo se organiza el MNCI?
 
- Hace más de 10 años varios movimientos provinciales con historia de lucha en nuestro país comenzamos a articular, fortalecer nuestras luchas y poder ver cómo podríamos construir un movimiento nacional, consolidamos una escuela conjunta y en el 2003 nos conformamos como Movimiento Nacional Campesino Indígena.-
 
Se fueron sumando organizaciones y empezamos un proceso que culminó el año pasado con nuestro 1er Congreso Nacional en el cual más de mil 400 delegados /as ratificamos todo el acumulado de esta experiencia, con documentos de posición en cuanto al socialismo, la soberanía alimentaria, la reforma agraria y ratificamos nuestra estructura orgánica, hoy tenemos presencia en 10 provincias de la Argentina.
 
- ¿Cuáles son los principales ejes de lucha?
 
- Nuestro movimiento tiene como banderas de lucha histórica: la reforma agraria y la soberanía alimentaria, entendiendo que no seguirá siendo posible la vida en este planeta, si desaparece la agricultura campesina y la agricultura indígena. Y es por eso que desde ahí, hemos ido construyendo nuestra ideología y nuestra política. Sabemos que en el marco del capitalismo no puede desarrollarse la vida campesina y que incluso está en riesgo nuestro planeta.
 
Por eso, nuestro plan de acción tiene que ver con identificar cuales son nuestros principales enemigos. Desde ahí las transnacionales han sido y son las que quieren apropiarse de nuestros bienes naturales, de nuestra tierra, del agua. Y por lo tanto, nuestro plan de acción está basado en la resistencia de los territorios.
 
Es decir, evitar los desalojos de las familias campesinas, fortalecer la organización comunitaria, la producción colectiva y por sobre todo, luchar contra las transnacionales, que son los agentes del imperialismo que intentan desaparecer la vida campesina.
 
- En Argentina ha subido el precio de la carne porque las tierras que estaban destinadas al alimento del ganado ahora se utilizan para la siembra de transgénicos. ¿Cuál es la posición de ustedes?
 
- Sí, en la Argentina hemos venido viviendo diferentes procesos que han ido concentrando la tierra y la producción en pocas manos. Sufrimos la Campaña del Desierto que eliminó a gran parte de los pueblos originarios, luego la Revolución Verde que de alguna manera hizo que muchos pequeños productores y campesinos
sean expulsados de la tierra.
 
Y por último, el ingreso del capital financiero a través principalmente de la soya transgénica pero también a través del modelo financiero. Es decir de la relación de la agricultura con la Bolsa de Valores.
 
Eso ha generado que como esa soya se vende al mercado exterior tiene una elevada rentabilidad y por lo tanto muchos empresarios están volcándose a siembra de soya por consecuencia disminuye la producción de carne, de trigo y sube el precio de los alimentos en el mercado interno.
 
A su vez han intentado ampliar la frontera agropecuaria, es decir, quieren poner más soya. Por lo tanto, empiezan a avanzar sobre los territorios campesinos, han avanzado con paramilitares, han deforestado bosques nativos, millones de hectáreas de bosques que son el pulmón de nuestra biodiversidad, han sido arrasados para sembrar soya.
 
De ahí ese proceso hemos ido logrando revertirlo gracias a las luchas por los territorios de las comunidades organizadas y a la movilización y alianzas con otros sectores. Hoy en Argentina esa oligarquía está organizada en lo que se llama la Mesa de Enlace que nuclea a las organizaciones empresariales, que impulsan el modelo de la soya y no piensan detenerse hasta que su ganancia sea extrema
 
- ¿Cómo analizan la reforma que hizo el gobierno de Cristina Kirchner sobre el aumento del impuesto a las exportaciones de soya?
 
- Cuando el gobierno tomó esa medida, nuestro movimiento apoyó críticamente. Entendíamos que era una medida necesaria porque al aumentar las retenciones, es decir al aumentar el impuesto para exportar, hace que algunos productores se vuelquen a producir alimentos como el trigo, la carne.
 
Entonces, eso hace que no aumente el precio de estos productos en el mercado interno. Esta medida ha sido necesaria pero no es suficiente y lo que hemos venido trabajando es que el gobierno necesita generar políticas públicas para la soberanía alimentaria.
 
Y en ese sentido se generó una Secretaría de Agricultura Familiar y hoy el Ministerio de Agricultura está impulsando con mucha fuerza la producción campesina, aunque falta mucho todavía porque en Argentina el 95% del presupuesto del Ministerio de Agricultura va al agronegocio y sólo el 5% va a la agricultura campesina.
 
En cuanto al conflicto en concreto nuestro movimiento respaldó de alguna manera a la política de las retenciones porque era un freno al avance del agronegocio.

 

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12 marzo 2011 6 12 /03 /marzo /2011 19:44

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http://1.bp.blogspot.com/_uTzaHHuO9bE/TDYw-VJvyXI/AAAAAAAAC-Y/k565W9loInA/s1600/mjs+alatina.jpgRoxana Longo

En los últimos años han aumentado los casos de criminalización de las mujeres por conflictos relacionados a la defensa de los territorios y la soberanía

 

Las desigualdades de género se presentan de manera histórica englobando inequidades tanto en la esfera pública y como en la privada. Las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres son múltiples e incluyen diversos fenómenos que afectan considerablemente la calidad de vida y los procesos subjetivos de las mismas. Visualizar el impacto de esta opresión aporta a la necesidad de comprensión y resolución de muchas de las problemáticas y desafíos que se plantean en nuestras sociedades contemporáneas.

 

Desigualdades socioeconómicas

 

Las desigualdades socioeconómicas y la pobreza e indigencia son problemáticas persistentes en las sociedades latinoamericanas. Las inequidades por razones de género y edad son factores que condicionan la vida de las mujeres. Produciendo efectos severos en la salud, en la vida cotidiana y en la supervivencia de las mismas.

 

En términos generales, las políticas privatizadoras combinadas con políticas de saqueo y colonización vigentes han tendido a aumentar las desigualdades económicas y sociales de las mujeres. La exposición a la pobreza de las mujeres es más alta que la de los hombres en todos los países latinoamericanos.

 

Mujer y Trabajo

 

El proceso de liberalización de los intercambios comerciales, la desregulación, la apertura de los mercados, y las nuevas lógicas de desenvolvimiento de las trasnacionales, que derivaron en las privatizaciones y en el crecimiento de la subcontratación y la externalización de la producción, produjeron consecuencias relevantes en la división sexual del trabajo tanto en el espacio público, el productivo, y no reproductivo. (Hirata, 2001/02: 143)(1).

 

En América Latina y el Caribe, el empleo vulnerable aumentó a pesar del fuerte crecimiento económico en 2010. Las mujeres siguen enfrentando brechas de género con un desempleo que equivale a 1.4 veces el correspondiente a los hombres en el promedio regional. Del mismo modo, sus tasas de participación y ocupación siguen siendo más bajas que las de los hombres. El aumento del empleo en el sector informal afectó más a las mujeres (9.9%) que a los hombres (5.3%), y las mujeres muestran una inserción laboral más precaria en las actividades por cuenta propia, como trabajadoras familiares auxiliares y en el servicio doméstico, donde las condiciones de protección social y de ingresos suelen ser más adversas. Las mujeres y los jóvenes presentan no sólo la mayor incidencia del desempleo, sino que es el grupo más afectado por la situación de empleo precario o informal (Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2010) (2).

 

Otro de los problemas que enfrentamos las mujeres es la feminización y autonomización de la migración internacional en busca de trabajo, que se ha convertido en un rasgo estructural de largo plazo de muchos países del mundo. Las mujeres constituyen casi el 50% de la fuerza laboral que migra al extranjero en Asia, América Latina y otras partes del mundo, y en algunos países de estas regiones la proporción de mujeres rebasa la de migrantes de sexo masculino (Foro Mundial de Migraciones; 2010) (3).

 

Diversos estudios señalan que el modelo laboral en los hogares de América Latina ha sufrido sustanciales modificaciones en los últimos veinte años, ya que se ha registrado una incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Pero pese a ello, el acceso a los puestos de trabajo continúa siendo inequitativo para las mujeres. La calidad de los mismos son altamente deficientes en términos de remuneración, protección social, estabilidad, y pleno acceso a los derechos laborales. La crisis financiera mundial afectó considerablemente a las mujeres en América Latina. Las mujeres en América Latina siguen siendo más vulnerables al desempleo y a la discriminación salarial.

 

La salud de las mujeres

 

Las desigualdades de género continúan impidiendo lograr el máximo nivel de salud. Estas desigualdades son más agudas en las poblaciones más vulnerables (OPS; 2010). La principal causa de muerte en mujeres de entre 15 y 19 años en los países de la región, se debe a complicaciones durante el embarazo y el parto. A nivel mundial, la causa principal de muerte de las mujeres en edad reproductiva es el SIDA. Las niñas y las mujeres son particularmente vulnerables a la infección por el VIH debido a una combinación de factores biológicos y desigualdades de género. La violencia es otro aspecto importante para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que también puede ocasionar otros problemas crónicos de salud. La salud de las mujeres se ve profundamente afectada por la forma en que son tratadas por la sociedad en general y la situación en que ésta las coloca.

 

Se estima que en América Latina se realizan más de 4 millones 140 mil abortos por año. Además, el 95% de las intervenciones sobre los cuerpos de las mujeres se realizan sin las condiciones necesarias básicas, lo que los convierte en una de las principales causas de muerte de mujeres gestantes. Se estima que en la región mueren cerca de 10 mil mujeres por año como consecuencia de los abortos mal practicados

 

La mortalidad materna—el más antiguo— y la fecundidad adolescente —un desafío emergente—, siguen siendo un problema de salud pública, cuyos niveles elevados en la región se han mantenido. Un aspecto fundamental de la estrategia para enfrentar este problema es la adecuación cultural de los servicios de salud y el enfoque integral del tema, centrado en todas las etapas del ciclo vital, condición cultural, y/o étnica de la mujer. (CEPAL.2009) (4).

 

La calidad de atención en salud es uno de los determinantes del estado de salud de las mujeres. Pese a los avances en el conocimiento y la tecnología médica, el acceso a la atención de la salud continúa siendo marcada por profundas desigualdades, incluso dentro de un mismo sector de la población. A las inequidades de acceso económico, geográfico y cultural, se le suman las variables de género, la edad, la carga de la responsabilidad familiar, y el grado de autonomía en la toma de decisiones (Gómez, Gómez, E.: 2002) (5).

 

La salud de las mujeres, y las necesidades referentes a la salud sexual reproductiva tienen que ser abordadas como un aspecto especifico de los problemas de salud. La capacidad que tienen las mujeres de planificar su vida reproductiva y su derecho a estar libres de interferencias durante los procesos de toma de decisiones que afectan la vida reproductiva, constituyen dos aspectos fundamentales de la autodeterminación reproductiva.

 

En este sentido, un aspecto importante que merece ser considerado es el proceso de inaccesibilidad en salud en mujeres, cuyo estado de vulnerabilidad es considerablemente marcado.

 

Entre las fuentes de vulnerabilidad se destacan el racismo, la xenofobia, la violencia, la falta de acceso a los servicios sociales básicos, y el riesgo de deterioro de la salud reproductiva, que se agudizan debido a las desigualdades de género.

 

Violencias

 

La violencia contra la mujer constituye un importante problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. La violencia sigue siendo parte de las formas de opresión más directas sobre las mujeres. Según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de cada tres mujeres sufrió violencia de género en América Latina (6). La Organización Mundial de la Salud, sostiene que el 70 por ciento de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o ex parejas. Ésta es una de las principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad. El feminicidio/femicidio o el asesinato de mujeres por razones de género es un problema serio en la región. A pesar de ser emblemático en lugares como Ciudad Juárez, México, en América Latina preocupa al movimiento de mujeres que denuncia estos crímenes y la impunidad casi total que encubre y protege a los asesinos. La presencia de está problemática demuestra el fracaso de los Estados en el cumplimiento de su deber de prevención, investigación y enjuiciamiento de los responsables de estos delitos.

 

Otra de las problemáticas preocupantes, es la trata de mujeres y niñas/os con fines de explotación. Según las últimas cifras de la Organización Internacional de Migraciones, constituye el segundo delito más lucrativo luego del tráfico de armas y genera ingresos anuales por alrededor de 44 mil millones de dólares. El 90 por ciento de las personas víctimas de la trata son mujeres y niños. En América Latina y el Caribe la trata está produciendo, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una cifra correspondiente al 25 por ciento del Producto Interno Bruto de la región.

 

Mientras más mujeres y niñas son captadas por traficantes, la desigualdad, la indiferencia, la victimización y la criminalización, trastocan la visión del fenómeno.

 

Las mujeres campesinas e indígenas

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en América Latina y el Caribe la población rural asciende a 121 millones de personas, lo que corresponde al 20% del total de la población. De este total, el 48% son mujeres (58 millones) y se ha establecido que su contribución es clave en la subsistencia de las familias, la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la región. La misma fuente indica que su trabajo se extiende, en promedio, hasta doce horas diarias, tiempo en el que desarrollan variadas actividades tales como cuidado de la huerta y animales, recolección, procesamiento y cocina de alimentos, cuidado y educación de los niños y el cuidado de personas mayores.

 

Además, la presencia en nuestro territorios del modelo agroexportador actual, que conlleva a las políticas de concentración de la tierra y destrucción de la agricultura tradicional implementadas por las trasnacionales, tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de las mujeres. Esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres, siendo las segundas más vulnerables a las situaciones de pobreza, ya que tienen comparativamente menor acceso a la educación, menor acceso a la propiedad de la tierra, menor acceso al empleo, salarios más bajos por el mismo trabajo, menor oportunidad de acceso a trabajos estables y bien remunerados. A esto se agrega la responsabilidad absoluta del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, factor que innegablemente limita sus opciones y oportunidades de trabajo y de participación social y política. La falta de agua es uno de los problemas más generalizados que afecta la calidad de vida de las mujeres rurales. Cada año se acentúan las sequías debido a la compulsiva política de monocultivo destinado a la exportación.

 

Otra situación que deben afrontar estás mujeres es la criminalización y judicialización de la protesta social. En los últimos años han aumentado los casos de criminalización de las mujeres por conflictos relacionados a la defensa de los territorios y la soberanía.

 

Notas

1. Tendencias Mundiales del Empleo de la OIT 2011 En: http://www.oit.org.pe/index.php
2. Panorama Laboral América Latina y el Caribe (2010). Organización Internacional del Trabajo, Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2010. 142 p. ISBN: 978-92-2-324452-1 (version web pdf)
3. Foro Mundial de Migraciones (2010) En: www.unifemweb.org.mx/
4. Cepal - Población y salud en América Latina y el Caribe: retos pendientes y nuevos desafíos. (2010). En:http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/39438/LCL3216
5.Gómez Gómez, E. (2002). “Género, equidad y acceso a los servicios de salud: una aproximación empírica”. Revista Panamericana de Salud Pública. 11: 03, Washington, U.S.A.
6. http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Gender_Based_Violence.pdf
7. http://new.ops.org.bo/index.php?option=


 

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