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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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24 marzo 2011 4 24 /03 /marzo /2011 18:54

289298cca5ff5cfcb6871141fd7df250.mp3

ECUADOR322_797.jpgTatiana Félix

Periodista de Adital
Adital

El último día (17), el presidente de Ecuador, Rafael Correa, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, para ser analizado como medida económica urgente. La Asamblea tiene 30 días de plazo, o sea, hasta el 17 de abril, para aprobar, modificar o negar el proyecto.

En el caso que sea aprobada, la norma establece una serie de incentivos, prioridad en compras públicas y asistencia técnica para el sector, que agrega a artesanos, agricultores, vendedores, pescadores y otros. La ley contempla además la creación de una Superintendencia para las cooperativas y unidades de financiamiento, que fortalecerá el segmento popular y solidario.

El Presidente declaró que la medida representa un avance para el país y que la Ley de Economía Popular y Solidaria creará un marco constitucional que 'reconoce, fomenta y fortalece este importante sector de la economía', considerado por él como el 'motor de la economía ecuatoriana'.

El presidente informó además que la Economía Solidaria genera alrededor del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano y casi el 50% del empleo nacional. Comentó también que la Constitución de Montecristi fue elaborada por todos, estableciendo la economía social y solidaria, en función del bien común y con principios basados en la realidad y en la solidaridad.

Para la ministra Jeannette Sánchez, del Ministerio de Coordinación del Patrimonio, la Economía Solidaria es diferente por satisfacer necesidades de bienes y servicios, además de promover una fuente de empleo. Ella comentó que esta economía promueve una mejor calidad de vida para sus actores, y que por eso, es importante que el Estado establezca normativas para especificar los emprendimientos económicos.

La ministra explicó también que la Economía Solidaria puede ser ejecutada desde una persona hasta un grupo que se organiza para trabajar colectivamente, como las cooperativas, asociaciones, etc. " En esta economía, hay un alto componente de responsabilidad por la comunidad, porque, al ser todos socios, las decisiones son participativas ", dijo.

El proyecto contiene 160 artículos, dos disposiciones generales, 17 transitorias, reformas y una disposición final, y ampara a todos los actores e instituciones que integran la Economía Popular y Solidaria.

El texto del proyecto de ley fue elaborado por la Asamblea Constituyente, aprobado en referendo popular en septiembre de 2008 y establece que el sistema económico 'se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine'.

Para saber más sobre el proyecto de ley:http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf

Las noticias sobre Finanzas Solidarias son producidas con el apoyo del Banco del Nordeste de Brasil (BNB).


Traducción: Daniel Barrantes

 

 

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24 marzo 2011 4 24 /03 /marzo /2011 18:49

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ARMA-b05.jpgCamila Queiroz

Periodista de ADITAL
Adital

"Latinoamérica concentra más de 40% de las personas que mueren de esa manera”. Esta es la denuncia de las organizaciones que conforman la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (Clave), reunidas recientemente en una asamblea en San José, capital de Costa Rica.

Según la coalición, los jóvenes latinoamericanos mueren debido al narcotráfico, conflictos económicos, de género, sociales, domésticos y hasta políticos. Fue criticada también la solución que los gobiernos generalmente presentan: considerar la violencia principalmente como un problema policial, una respuesta violenta e inadecuada.

Las organizaciones pedirán más atención de los países del resto del mundo, a la violencia en Latinoamérica. "Queremos creer que el mundo no se está acostumbrando a que la muerte resulte una noticia cotidiana en América Latina y que tengamos que convivir con ella”, declaran.

En la comprensión de Clave, el motivo del número alarmante de muertes es la libre circulación de armas. Por esta razón, la coalición viene reivindicando un Acuerdo sobre el Comercio de Armas, que debe ser establecido en el ámbito internacional.

"Los esfuerzos que muchos países enuncian hacia adentro en materia de seguridad, no se verifican a nivel regional, debido a los desvíos de las transferencias de armas legales que se producen por falta de controles por parte de los estados”, explican.

Para la Coalición, las ONGs de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) -

Integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela – han hecho esfuerzos para que sea instituido un tratado internacional contra las armas.

Durante el encuentro, la Clave debatió sobre la creciente privatización de los servicios de seguridad en América Latina. Las organizaciones discutieron un proyecto para crear una "ley marco” para la región. El propósito es que los parlamentarios tomen el documento como una base para proponer cambios en el sistema de seguridad.

La "ley marco de armas de fuego” de la entidad, ya fue utilizada en varios países como un insumo para debate en el ámbito legislativo.

Traducción: Ricardo Zúniga

 

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24 marzo 2011 4 24 /03 /marzo /2011 18:40

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mostrafoto_cortada--1--copia-1.jpgKarol Assunção

Periodista de Adital
Adital

Mañana (24), se celebrará en Argentina, otro "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia”. La fecha se utiliza para recordar el Golpe de Estado ocurrido en el país el 24 de marzo de 1976. El aniversario de los 35 años de la instauración de la dictadura militar argentina (1976-1983) estará marcado por intensas manifestaciones populares. Una de ellas será la "Marcha 24 de marzo”, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

 

La movilización está programada para salir a las 14h30 del Congreso Nacional rumbo a la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Durante la marcha, los manifestantes pedirán la apertura de todos los archivos de la dictadura, la liberación de presos políticos, la detención de todos los represores y la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados por el régimen militar.

 

También estarán entre las demandas de la manifestación de mañana: el fin de los bajos salarios; el no pago de la deuda externa y la no criminalización de la protesta social; el fin de la represión estatal y paraestatal y del asesinato de jóvenes en barrios populares; y la anulación de las condenas de militantes políticos y de activistas sociales procesados por luchar. En la ocasión, de acuerdo con la convocatoria, los manifestantes también se solidarizarán con la lucha y la resistencia del pueblo libio.

 

La ciudad de Córdoba también será escenario de acciones por los 35 años del Golpe de Estado de 1976. Bajo el lema "Ni un paso atrás. Aquí se respira lucha”, los manifestantes saldrán a las 18h de la esquina de Colón y La Cañada en dirección a la Plaza de la Intendencia, donde realizarán la lectura de un documento de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. El acto terminará con un festival popular.

 

Aunque el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia” se celebra mañana, desde el comienzo de la semana, políticos y organizaciones sociales realizan actividades en alusión a la fecha. Parlamentarios y defensores de derechos humanos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, por ejemplo, están desde ayer (22) en la capital argentina promoviendo las "jornadas contra la impunidad”. La actividad pide castigo para los responsables del Plan Cóndor, operación de represión realizada por las dictaduras militares de América del Sur en los años 1970 y 1980.

 

35 años

 

El Golpe de Estado en Argentina ocurrió el 24 de marzo de 1976, con la derogación de la entonces presidente del país, Isabel Perón. En su lugar, asumió el poder una Junta de Comandantes, la que designó al Teniente General Jorge Rafael Videla para asumir la presidencia del país.

 

Los militares permanecieron en el poder hasta diciembre de 1983. El período de la dictadura militar estuvo caracterizado por el aumento de la deuda externa y por la intensa represión a los movimientos de participación popular. Noticias dan cuenta de la desaparición de cerca de 30 mil luchadores sociales.

 

La lucha ahora es por el castigo de los responsables por los delitos ocurridos durante el régimen militar. Este año, están previstos nueve juicios orales y públicos. Destaque especial para el caso de la desaparición de 34 niños nacidos en detenciones o secuestrados con sus padres durante los años de la dictadura.

 

El juicio comenzó el mes pasado y la expectativa es que dure hasta el fin de este año. En el banquillo de los acusados hay ocho represores, entre ellos dos ex-presidentes del régimen militar: Jorge Videla y Reynaldo Bignone.

 

Con informaciones de agencias.

 

Traducción: Daniel Barrantes

 

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23 marzo 2011 3 23 /03 /marzo /2011 20:14

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loscon5.jpgLos recientes documentos presentados por dos de los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos demuestran la manipulación del juicio y su inocencia, afirmó hoy la activista Gloria la Riva.


  En entrevista telefónica con Prensa Latina, la miembro del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco destacó que el afidávit entregado por Gerardo Hernández a la corte federal de Miami "demuestra la verdad irrefutable de su inocencia" en uno de los cargos en su contra.

La Riva detalló que en el texto, Hernández explica por primera vez con sus propias palabras su inocencia total relativa a "los cargos falsos y la condena injusta por conspiración para cometer asesinato".

En ese documento detalla y aclara hechos y datos sobre la acusación por el derribo de los avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, en 1996, subrayó.

Por su parte, precisó la Riva, el resumen legal presentado por Antonio Guerrero es un memorando en apoyo de la revocación de la condena que afecta a los Cinco, como se les conoce internacionalmente.

La activista comentó que el texto, de unas 25 páginas, se concentra principalmente en el reciente descubrimiento de una campaña mediática contra ellos, orquestada por el gobierno estadounidense y periodistas de Miami.

Varios influyentes comunicadores de esa ciudad floridana recibieron decenas de miles de dólares de la administración federal para atacar a los antiterroristas en Radio y TV Martí, canales de propaganda contra Cuba, y otras emisoras y diarios, subrayó.

Los medios de comunicación y el gobierno tenían una relación muy estrecha para condenarlos, enfatizó.

Ante esa situación, la Riva señaló que en la conferencia de prensa de este martes los abogados de los cubanos antiterroristas demuestran que fue un proceso político contra la Isla y que esas personas defendían a su país.

Vamos a movilizarnos para difundir esos documentos entre políticos, comunicadores, sindicalistas y otros sectores en el mundo para que conozcan la verdad de cómo la Casa Blanca continúa su hostilidad contra Cuba, reiteró.

Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y René González fueron arrestados en 1998 por informar sobre las acciones de organizaciones terroristas anticubanas radicadas en Miami.

prensa latina

 

 

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23 marzo 2011 3 23 /03 /marzo /2011 20:08

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mediator.jpgEl número de muertes vinculadas al antidiabético y adelgazante Mediator, comercializado durante más de 30 años en Francia, será difícil de calcular. En España se vendió como Modulator

 

Hay iniciadas un sinfínde encuestas judiciales y se especula, además de Servier, cuanta culpa tienen los políticos, los organismos y empresas implicados, cuáles fueron los conflictos de intereses. Tristemente, detrás de todas esas cifras y errores hay seres humanos que murieron, personas aún vivas que sufren y deberán enfrentar las consecuencias de estos fallos, angustias compartidas por sus familiares y allegados. Las víctimas enfrentan ahora una doble pena; los pesquisas para comprobar hasta qué punto fueron afectados realmente por el uso del medicamento para poder ser indemnizados. Los dramas vinculados con descalabros médicos se reiteran en la nación gala, sacudida por escándalos como el de la sangre contaminada con Sida y el de las hormonas de crecimiento extraídas de cadáveres, que provocaron varios casos de la enfermedad neurodegenerativa de Creutzfeldt-Jakob.

 

El Mediator, recomendado para el tratamiento de diabéticos con sobrecarga ponderal y también para la obesidad, se vincula a unas dos mil muertes por hipertensión arterial pulmonar y problemas en las válvulas cardíacas. Las investigaciones efectuadas por Irene Frachon, quien libró una gran batalla para la suspensión del fármaco, mostraron que el riesgo de complicaciones graves vinculadas con el benfluorex, distribuido como Mediator, era del orden de 0,5 casos por mil. En octubre de 2010 el diario Le Figaro lanzó la alerta al publicar que el producto comercializado en Francia de 1975 a 2009 había causado entre 500 y mil muertes a causa de complicaciones cardíacas. Según el artículo que hacía referencia a un documento confidencial de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad (CNAM), el medicamento fue retirado de la venta en noviembre de 2009 luego de riesgos comprobados por el centro hospitalario de Brest.

 

Sin embargo, es muy difícil explicar cómo las autoridades sanitarias tardaron tantos años para interrumpir su comercialización. Los perjuicios del Mediator fueron advertidos desde 1998 y el diario Mediapart evoca sospechas que remontan a 1995. En Suiza fue prohibido desde 1998 y en España en 2003. Este producto, familia de las fenfluraminas suspendidas de la venta en algunos países por sus efectos secundarios, es químicamente cercano de Isoméride, elaborado igualmente por Servier y retirado de la venta en 1997. Según Le Figaro, un estudio encomendado por la Agencia Europea de Medicamentos a los especialistas italianos Giuseppe Pimpinella y Renato Bertini reveló la similitud tóxica entre el Isoméride y el Mediator. El rotativo divulgó además que en 1998 tres clínicos de la Seguridad Social alertaron a la Agencia de Medicamentos sobre la nocividad del Mediator. Los especialistas advirtieron sobre el uso de un compuesto de estructura anfetamínica utilizado para perder peso.

 

A inicios de diciembre pasado el diario galo publicó un documento del 30 de abril de 1998 con los resultados de un estudio efectuado para comprobar su inocuidad, el cual concluyó que el benfluorex, molécula del Mediator, podía favorecer la hipertensión arterial pulmonar. Este fármaco es además responsable de unas tres mil 500 hospitalizaciones, según un escrito confidencial de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad. Comercializado por más de 30 años por los laboratorios galos Servier, fue consumido por unas cinco millones de personas durante 18 meses como promedio, de acuerdo con cifras de la Agencia de Seguridad Sanitaria (Afssaps).

 

La farmacéutica Servier fue marcada como la principal responsable del escándalo suscitado por el Mediator, según informe publicado en París que deploró además la ineficiencia de los actores de seguridad sanitaria. De acuerdo con el reporte de Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS), ese medicamento debió ser retirado de la venta en 1999 y no en 2009. El ministro de Salud, Xavier Bertrand, prometió un proyecto de ley sobre la Reforma de la Fármaco Vigilancia antes de fines de 2011. Asimismo, el titular deploró la estrategia de Servier que actuó, según el IGAS, sin freno durante más de 30 años para mantener el producto en el mercado. El texto describió que en la pasada década de los 90, cuando se retiraron en algunos países varios medicamentos utilizados para perder peso, familias de las fenfluraminas, categoría a la que pertenece el Mediator, el laboratorio batalló por priorizar el Belfluorex como antidiabético para mantener su comercialización. Para el IGAS es injustificable la lentitud e ineficacia de Afssaps y demás actores del sistema de Fármaco Vigilancia. Los autores del manuscrito deploraron el soslayo de advertencias repetidas venidas de países tan cercanos como España e Italia, que prohibieron el producto hace varios años.

 

inSurGente.org

 

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23 marzo 2011 3 23 /03 /marzo /2011 19:38

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contratolaboral.jpgPara cumplir las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estar de acuerdo con el Consenso de Washington, adaptar la Ley Federal del Trabajo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, retomar los aspectos centrales de la propuesta de 2010 del Partido Acción Nacional, favorecer la acumulación capitalista y facilitar la explotación de los trabajadores asalariados, el Partido Revolucionario Institucional presentó en la Cámara de Diputados, el pasado 10 de marzo, una iniciativa de reforma laboral.

 

 

 

El proyecto priísta se cocinó conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial, el cual vetó el establecimiento de la jornada de 40 horas, el mejoramiento de la prima de antigüedad y el sistema vacacional, la supresión de la “toma de nota” de las directivas sindicales y el cumplimiento de las disposiciones de los convenios internacionales en materia laboral suscritos por México. Todas estas cuestiones básicas para el funcionamiento del sindicalismo, patrones, charros y jefes del PRI acordaron darles carpetazo.

 

Tan pronto fue presentada la iniciativa priísta le llovieron alabanzas, felicitaciones y apoyos al partido tricolor, del presidente espurio, Felipe Calderón Hinojosa; del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y de otros representantes de la derecha y las organizaciones patronales.

 

Con un cinismo realmente mayúsculo, en la exposición de motivos del proyecto priísta queda asentado que se propone generar más empleos, respetando las conquistas y derechos de los trabajadores y los principios establecidos en el Artículo 123 de la Constitución General de la República. El objetivo de las modificaciones propuestas, según el PRI, es “modernizar” la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970. En la propaganda tricolor publicada en la prensa, se señala que la reforma laboral tiene como características: defensa firme y ampliación de los derechos laborales colectivos, aportación a la productividad y la recuperación económica de México, profesionalización y agilidad de la justicia laboral; fortalecimiento de la equidad laboral y mejoramiento de la previsión social, y confirmación de que es posible modernizar los derechos laborales, fortaleciendo los principios fundamentales hacia la generación de más y mejores empleos.

 

Nada de lo anterior corresponde a los hechos y de lo que se trata es de anular la estabilidad en el empleo, estatuir el trabajador “milusos”, imponer la pérdida de derechos, dificultar la sindicación auténtica, permitir y extender los contratos de protección patronal, limitar aún más el derecho de huelga y dejar intacta, si no es que fortalecida, a la burocracia sindical charra. De ese tamaño es la agresión antiobrera que promueve el PRI en alianza con el PAN y los partidos bonsái de la derecha.

 

En el editorial de La Jornada del 11 de marzo, se plantea con claridad: “Los términos de ese canje están a la vista: el avance en la añeja pretensión de la patronal de flexibilizar en su favor el marco legal vigente en materia laboral a cambio de la preservación de privilegios y condiciones que se han traducido históricamente en prebendas, impunidades y tajadas de poder para las dirigencias gremiales del PRI”.

 

Por su parte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos expone en un documento –extractado y resumido en estas líneas–, que en materia individual la iniciativa priísta rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el texto del artículo 39 de la LFT que refiere que un contrato existirá mientras subsista la materia de trabajo. De aprobarse el proyecto, la existencia de un contrato de trabajo dependería de la voluntad del patrón y no de la subsistencia de la materia de trabajo.

 

Se anula la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin costo para el patrón al permitirle crear contratos de: a) Prueba, b) Capacitación inicial y c) Labores discontinúas (en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año) Este último es el más grave, porque puede darse el caso que una persona trabaje 5 días de los 6 a los que está obligado (como ocurre con muchos trabajadores) permitiendo despidos sin indemnización alguna.

 

Permite el despido libre, pues ya no será obligatorio para el patrón entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión ya que lo podrá hacer por correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje que podrá comunicarlo “por cualquier medio que estime conveniente”. Se incrementan causales de despido como faltas contra los clientes del patrón. Desaparece el derecho al aviso de despido para los trabajadores domésticos. Legitima las renuncias “en blanco” al modificar el artículo 53 que en la ley vigente requiere de un acuerdo entre las partes. Se crean “normas nuevas” dirigidas a los jornaleros agrícolas, que se refieren especialmente a un “registro especial de trabajadores eventuales o de temporada” para justificar el despido libre y sin costo en contra de ellos.

 

Permite la fijación del salario de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical. Legaliza la polivalencia (el multiusos) con el mismo salario. Con la certificación laboral permite la imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente. Permite la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral los cuales no es obligatorio revisarlos.

 

Desaparece el salario mínimo y se crea el “salario infinitesimal”, porque el artículo 83 de la LFT se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7.47 pesos por hora. A una persona que labore 4 horas diarias se pagarían apenas $29.90 diarios, la mitad del salario mínimo.

 

Se permite la ampliación de tareas, cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción

 

La “Tabla de enfermedades de trabajo” y la “Tabla de valuación de incapacidades permanentes”, que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo dejan de estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejando de ser derechos laborales básicos.

 

En materia colectiva deja intocado el control sindical corporativo. Al legalizar la subcontratación vía outsourcing, permite fragmentar aún más a las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo con diferentes condiciones de trabajo.

 

En materia de administración de justicia, con la iniciativa se alargan los juicios al dividir la primera audiencia en dos apartados, uno de conciliación y mediación y de demanda y excepciones y otro de ofrecimiento de las pruebas que se celebrará en otra fecha, cuando ahora sólo se puede celebrar en una única fecha. Se reduce el pago de los salarios caídos a un año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón. La prueba del recuento de los trabajadores se hará tomando como base además de las cuotas del IMSS, nóminas de pago, un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón (art. 931 fracc. IV inciso “c” de la LFT) hecho que permitiría indebidamente la injerencia de éstos en materia gremial. (Los ocho párrafos anteriores están apoyados en el documento de la ANAD, No a las reformas laborales del PRI y el PAN).

 

A su vez, la Unión Nacional de Trabajadores indica en un remitido, publicado en La Jornada el 18 de marzo: “8. Ataca directamente la libertad sindical en el artículo 388 al impedir a los sindicatos gremiales como los del sector aeronáutico y universitario, afiliar a los trabajadores de otras empresas o instituciones. Esta ha sido una exigencia empresarial para garantizar la continuidad de los contratos de protección patronal en el sector aeronáutico y contraviene los convenios internacionales, la Constitución Política y una reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

“9. El artículo 25 de la iniciativa atenta contra la bilateralidad de la relación obrero-patronal al permitir que los trabajadores de manera individual, pacten modificaciones al contrato colectivo, en el caso de aquellas labores complementarias o conexas”. (Unión Nacional de Trabajadores, “Pronunciamiento”, en La Jornada, 18-III-10, p. 17).

 

Para enfrentar esta grave agresión, las organizaciones sindicales y sociales democráticas e independientes ya empiezan a celebrar reuniones, a discutir el contenido de la iniciativa priísta, a organizar la respuesta adecuada y a procesar acciones unitarias. Cabe esperar que esta respuesta involucre cada vez más a un mayor número de organizaciones y de trabajadores.

 

Gerardo Peláez Ramos

 

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23 marzo 2011 3 23 /03 /marzo /2011 18:58

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mostrafoto_cortada--1-.jpgCamila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú decidió ayer (21) que todos los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, independientemente de la fecha en que fueron cometidos. Con esto, el TC declaró inconstitucional y revocó el Decreto Legislativo nº 1097, promulgado en septiembre del año pasado, que pretendía hacer prescribir los delitos contra los Derechos Humanos cometidos antes de 2003.

El argumento utilizado en el Decreto Legislativo era que sólo deberían ser investigados los delitos de lesa humanidad cometidos después de la fecha en que Perú firmó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Delitos de Lesa Humanidad, es decir, posterior al 9 de noviembre de 2003.

Para fundamentar la decisión, el Tribunal Constitucional utilizó el 1º párrafo de la Convención, que establece que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tiene validez no sólo a partir de la ratificación de la Convención, sino que, "siendo una norma de ius cogens, tales crímenes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, con la promulgación del decreto, el Estado terminaría impidiendo el esclarecimiento y castigo de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2003.

Pocos días después de la promulgación del Decreto, el Congreso votó un pedido de examen de inconstitucionalidad de la norma, obteniendo 90 votos a favor, ninguna abstención y sólo un voto en contra, del legislador Luis Giampietri.

La sociedad civil también se movilizó. Instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron la vigencia del decreto. El escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, dio pruebas de su rechazo al Decreto recusando el cargo de presidente del Lugar de la Memoria, comisión creada para homenajear a víctimas de conflictos armados en Perú.

El caso de El Frontón

Con la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, la masacre de 118 presos, ocurrido en 1986, en la cárcel de la isla El Frontón, volverá a la justicia interamericana. En el episodio, el grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso realizó un motín en la prisión y fue sofocado militarmente por 34 marineros. Luis García, mandatario en la época, y el legislador Luis Giampietri, entonces oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina, aparecen como testigos de caso.

Las varias idas y vueltas del caso se producen a causa de si se considera o no delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. En el año 2000, una sentencia de la Corte Interamericana sustentó que el delito era imprescriptible y determinó que el Estado peruano debería investigar, procesar y sancionar a los culpables, además de reparar material y moralmente a las familias de las víctimas.

En 2007, uno de los marineros involucrados en el delito, Teodorico Barnabé, alegó que es acusado de un delito común, por lo tanto, que había prescrito en junio de 2006, pasados los veinte años que la ley prevé. Con esa alegación, Barnabé consiguió que un tribunal de Lima aceptase un pedido de habeas corpus, lo que puede caber para todos los acusados.

También en 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que Perú reabra el proceso e investigue a los supuestos autores intelectuales del delito –García, Giampietri y el Ministro de Interior de la época, Agustín Mantilla. Los procesos contra ellos habían sido archivados meses antes con el argumento de falta de pruebas.

Traducción: Daniel Barrantes

 

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23 marzo 2011 3 23 /03 /marzo /2011 18:29

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Miembros de la policía y soldados con gorras pasamontañas están aterrorizando a los campesinos para que dejen de defender sus derechos territoriales frente la imposición de la empresa italiana ENEL.

CUC

Según testigos presenciales, durante la mañana del 18 de marzo llegaron mas de 500 miembros de la policía y soldados con gorras pasamontañas y están aterrorizando a los habitantes de la Comunidad de San Felipe Chenla y otras aldeas de Cotzal en la Región Ixil con el propósito de que dejen de defender sus derechos territoriales frente la imposición de la empresa italiana ENEL que está construyendo la Hidroelectrica PALO VIEJO en la Finca San Francisco del terrateniente Pedro Brol.  La Comunidad de San Felipe Chenla está rodeada por los policías y los soldados escondidos entre el bosque y 3 helicopteros han sobrevolado las montañas para meter atemorizar psicológicamente a la población.  La población se está en contra de la presencia de los policías y los soldados y  existe el riesgo es que los policías y los soldados actuen en contra de los pobladores del lugar, con resultado de muertos y heridos. El área ixil es una de las regiones más golpeadas por las mascres que realizó el ejército en el tiempo de la lucha armada.

 

La Empresa ENEL hizo convenio con el Alcalde José Chen actualmente prófugo de la ley porque se le acusa de haber incitado a la policía municipal de Cotzal a linchar un miembro de la Policía Nacional Civil el 1 de noviembre del año 2009 y quien no ha sido encontrado después de tres operativos policiacos con mas de 1000 policías y soldados cada vez.  Todo indica que la presencia de la policía y del ejército es para meter miedo a la gente para que no defienda sus derechos.

 

Es la misma política de terror y represión del Presidente Colom contra las Comunidades Indígenas para asegurar la inversión de las empresas multinacionales.  Lo mismo está ocurriendo en el Valle de Polochic en Alta Verapaz donde este mismo 18 de marzo fueron desalojadas 3 comunidades más: El Sauce, Paraná y Tinajas, para totalizar 11 comunidades desalojadas en el mismo municipio donde en 1978 se realizó la Masacre de Panzós. El total de las familias desplazadas por los desalojos, en la actualidad suman más de seiscientas.

 

Llamamos a mantener la atención sobre lo que sucede en el Municipio de Panzós, en el Valle del Polochic y en la región Ixil. Ambas regiones fueron azotadas por la represión contrainsurgente en los años pasados y ahora nuevamente están siendo golpeadeas.

 

NO MAS REPRESIÓN EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS

 

 

 

LOS DESALOJOS CARECEN DE LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD. CONIC (21/3/2011)

 

La elite empresarial controla al Estado guatemalteco, la familia Widman es una de ellas, llaman invasores a los pueblos indígenas cuando las tierras las tenemos en posesión histórica. España necesitaba de deshacerse de su criminales, presos, ladrones, gente inservible para la sociedad en aquel entonces, son ellos que llegaron a Guatemala y entre ellas la familia Widman. ¡Ellos si son los verdaderos invasores! Han comprado la justicia en Guatemala,  lamentablemente jueces, fiscales otros administradores de la justicia se han prostituido ante estos grandes empresarios y hasta Derechos Humanos que no se ha pronunciado   ante estos desalojos en serie.

 

Estas tierras que por historia  pertenece a las familias mayas q’eqchi’, tradicionalmente han cultivado la rivera del rio Polochic, lamentablemente han llegado funcionarios que se han aprovechado de sus cargos, uno de estos grandes ladrones es Carlos Arturo Wohlers Vega, tituló grandes extensiones de tierra, lo que aparece como primera inscripción en el registro general de la propiedad en el año 2006 con la inscripción folio 93, libro 91 finca 5096 de Alta Verapaz. Luego vendió lo robado al INGENIO GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA. Posteriormente CHABIL UTZAJ, con   el BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA obtienen un préstamo por Q47,105,150.00 para que pueda funcionar dicho ingenio.               

 

Los administradores de la justicia tienen que tener claro la legitimidad de la propiedad privada, porque se han dado los desalojos en serie, inclusive existen comunidades aun en tierras baldías, áreas que no son propiedad privada. Caso de la comunidad ocho de agosto se encuentra asentada en tierras nacionales, antes territorio maya q’eqchi.

 

El área conocido como el Sauce, una fracción es ocupada por la comunidad Teleman o punto quince, son considerados por el Fondo de Tierras como terrenos baldíos, lo mismo la comunidad Canlún que está asentada en la finca propiedad de la cooperativa Samilha, que corresponde con las inscripciones como finca número 19610 folio 99 número 82, así mismo la cooperativa es miembro de la Federación de Cooperativas de Alta Verapaz   y no son terrenos del Ingenio Chabil utzaj, sin  embargo la jueza Licda Ursula Magnolia Cristina Teyul Yat del Juzgado primero de primera    instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Alta Verapaz, ha emitido órdenes de desalojo en aquellas comunidades, no sabemos cuánto recibió de dinero para mandar a matar nuestra gente, esta es la CORTE SUPREMA DE INJUSTICIA.

 

Un dictamen técnico de la Dirección de regularización del Área Técnica, Sección de Catastro, del Fondo de tierras, realizada a finales de diciembre del 2010. Destaca que los resultados obtenido de un estudio realizado en el área,  el área en litigio entre la comunidad “PUNTO 15” El área litigada, no tiene relación con la ubicación de las fincas de la Sociedad Chabil Utzaj, La comunidad “PUNTO 15” se localiza en el Rio Polochic, carece de inscripción registral, pudiendo considerarse como baldío.  

 

Esta situación muestra que la Sociedad Chabil Utzaj, S.A. quiere apoderarse de los terrenos de forma anómala, debido a que los dictámenes técnicos, consideran los terrenos baldíos. Ojalà que el gobierno con esta información real y objetiva, ordene desalojar a todos los ladrones terratenientes de las tierras mayas, porque no tienen ningún derecho de penetrarse en nuestros territorios mayas. 

 

La Coordinadora Nacional Indígenas y Campesina  “CONIC” ante esta situación demanda.

 

La corte de constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, deben de tener claro la legitimidad y legalidad de la propiedad privada antes de apoyar resoluciones de  desalojos, si es que no han caído en la corrupción.

A la Sociedad Chabil Utzaj S.A. respetar los derechos de las personas que viven y cuenta con siembras.

A las Autoridades velar para que la Sociedad Chabil Utzaj S. A. no continúe apoderándose de terrenos de forma anómala, en todo caso empezamos la lucha legal para demostrar que las tierras son nuestras hasta verlos algún día en la cárcel.

Se debe de resarcir de inmediato a las víctimas de estos grandes desalojos en serie, equivalente a tierras arrasadas.

A TODAS LAS COMUNIDADES QUE LUCHAN POR LA TIERRA Y DEFENSA DEL TERRITORIO LOS CONVOCAMOS A PREPARNOS A UN LEVANTAMIENTO NACIONAL CONTRA EL MILITARISMO, CONTRA LA  OLIGARQUIA Y AUTORIDADES DE JUSTICIA CORRUPTAS.

 

POR LA VIDA, LA TIERRA, LA JUSTICIA Y LA PAZ

 

LA LUCHA SIGUE SIN DESCANSO.

 

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23 marzo 2011 3 23 /03 /marzo /2011 18:00

 

NINOS_ASESINADOS_POR_.jpgJuez que llevaba el caso de los niños violados y asesinados a manos del ejército colombiano fue asesinada. Había rechazado las maniobras de la defensa militar. DOSSIER completo con VIDEOS y LINKS

VIDEO NoticiasUNO/ nota ApC / Dossier Humanidad Vigente acoso a comunidad

La jueza que no aceptó las maniobras de impunidad para dejar libre al responsable imputado por las violaciones y asesinatos de los niños de Arauca, acaba de ser asesinada.

 

Juez: "abogados usan maniobras en caso de asesinato de los niños de Arauca"

 

Vea el VIDEO acerca de las maniobras de la defensa militar, y la juez que no acepta el vencimiento de términos, señalando maniobras tramposas de la defensa militar:

 

 


Tal y cómo lo advirtió el padre de los tres niños violados por el ejército colombiano, parte de la impunidad la lograría el ejército mediante trampas en el juicio. Al parecer, cómo la jueza Gloria Constanza Gaona no se dejó corromper ni amedrentar, los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército en Colombia, incluso en casos de violación y asesinato de niños, han procedido a asesinarla.

 

“La masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares...  hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen.”  Declaraba Álvaro Torres, padre de los niños, a escasos días de que sus hijos fueran encontrados en una fosa común.

 

 

 

El Crimen: violación y asesinato con sevicia, al parecer perpetrado por varios militares

 

El 14 de octubre 2010, tres niños, de 6, 9 y 14 años, fueron secuestrados, violados y asesinados, implicados soldados de la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano,  adscritos a la Brigada Móvil 5. Este crimen ocurre en Arauca, zona particularmente rica de Colombia, que el Estado ha militarizado intensivamente con el fin de reprimir a la población descontenta del saqueo que perpetran varias multinacionales entre las cuales BP, Repsol, la Occidental Petróleum.

 

Los cuerpitos torturados de Jefferson Torres, Jimmy Torres y Jenny Torres fueron encontrados en una fosa común. Se encontró sangre en los morrales de 7 de los 60 soldados de esa unidad del ejército, y semen en los cuerpitos acuchillados de los niños. Además al menos 8 militares presentan rasguños. Se trata de un crimen realizado por unos hombres amparados por la impunidad y la costumbre a las prácticas del Terrorismo de Estado.

 

Los militares que fueron objeto de investigación: el teniente coronel Germán Belarcázar, el teniente coronel James E. Pineda, el mayor J. Alberto Granados, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos, y dos Cabos(1) Los intentos de la cúpula militar de dejar este crimen totalmente impune fueron muchos. Cabe recordar que la impunidad es parte del mecanismo del Terrorismo de Estado y por tanto son escasísimos los militares condenados en Colombia, y los pocos que han sido condenados lo son como “individuos descarriados”: señalados de  “manzanas podridas dentro de la entidad militar”. Centenares de miles de víctimas esperan aún la condena a la entidad militar por sus Estrategias de Terrorismo de Estado.

 

La impunidad garantiza la continuidad de la Estrategia de Terrorismo de Estado

 

Es bajo la impunidad que la institución militar podrá seguir perpetrando la guerra sucia; por ello la cúpula militar incurre en declaraciones aberrantes: El general Navas indicó que el subteniente Raúl Muñoz habría cometido violaciones el 2 y 14 de octubre, pero que, según su confesión,  “las dos relaciones fueron consentidas por las niñas”. El comandante del Ejército dijo que:  “Todavía no hay un hecho que nos haga pensar sobre la responsabilidad directa”. (2)

 

La violación y asesinato de los niños ocurrió a 254 metros del campamento militar, y matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área, por lo cual la versión de las “manzanas podridas en el ejército” es inverosímil. (3)

 

Álvaro Torres, el papá de los tres niños, reclama justicia:  "(...)la masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen… el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"(4)

 

Pero pese a las evidencias, las instituciones pretendieron hacer recaer toda la responsabilidad sobre un solo militar… y lo lograron.

 

Fase 1: La impunidad logró hacer recaer la imputación judicial en un solo militar

 

El único militar que resultó enjuiciado fue el subteniente Raúl Muñoz, la presión militar y los mass media se encargaron de dejar por fuera a los demás militares que en un inicio fueron mentados. No obstante haber logrado hacer recaer la responsabilidad del horrendo crimen en un solo militar, a sabiendas de que la impunidad de los demás supuestos implicados dejaría abierta la posibilidad de más atrocidades contra los niños de la región, eso no ha sido suficiente a ojos del aparato militar. La defensa del único imputado ha sido tomada en mano por la empresa DEMIL, que defiende a los militares, y es habituada en maniobras dilatorias. La defensa argumenta la sordidez de que las niñas fueron consintientes a tener relaciones sexuales con el militar imputado. Cabe recordar las palabras de uno de los padres: … “el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"

 

 

 

Fase 2: amedrentar a la comunidad, impedir eventuales testimonios y encarcelar a los defensores de derechos humanos

 

La cosa no para ahí. Para conseguir la impunidad total, el ejército ha realizado censos, interrogatorios, fotografías, haciéndose incluso pasar por la Defensoría del Pueblo, falsedad para amedrentar a la comunidad de Arauca. Desde el inicio los familiares y comunidad han sido amenazados y vulnerados por la fuerza pública para impedir las denuncias. La cúpula militar implementó el mecanismo de eliminación de denunciantes, tan común en sus prácticas (recordemos sólo 2 casos: los asesinados y torturados por denunciar la fosa de la Macarena, y los testigos asesinados en el caso San José de Apartadó). El General Rafael Neira comandante de la Brigada18 del Ejército, profirió declaraciones amenazantes contra los denunciantes de la violación y asesinato de los niños: trató al Presidente de la Comisión de Paz y DDHH de la Asamblea Departamental, diputado Ferney Tique y al Presidente del CPDH-Arauca Martín Sandoval, de  “irresponsables, que debían demostrar sus calumnias ante los estrados judiciales”  y dijo que  “los campesinos están siendo manipulados por la guerrilla, para que denuncien al ejército”.(5)

 

Así denunció Humanidad Vigente parte de los atropellos y amenazas contra la comunidad:

 

“Hacia finales del mes de enero 2011 personas de civil llegaron a la zona en un helicóptero militar y escoltados por militares que hacen presencia y control en este lugar adscritos a la Brigada Móvil 5, visitaron varias casas en donde habitan personas que han dado entrevista a la Fiscalía General de la Nación y son potenciales testigos de los hechos ocurridos el 2 de octubre y el 14 de octubre de 2010 (…) Estas personas de civil que portaban un chaleco camuflado les manifestaron a los pobladores ser de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, negándose a exhibir identificación que los acreditara como funcionarios de esta entidad. Seguidamente, los supuestos funcionarios de la Defensoría comenzaron a tomar testimonios exhaustivos e incisivos sobre lo que sabían acerca de la violación de Jenny y su posterior asesinato junto a sus hermanos Jimmy y Jefferson, todos menores de edad.

 

(…)En las entrevistas preguntaron insistentemente por una de las víctimas directas de estos hechos, la niña que denunció que fue abusada sexualmente el 2 de octubre y cuyo testimonio permitió la identificación y captura del Subteniente Raúl Muñoz, quién hoy se encuentra investigado por la Fiscalía 51 de la Unidad de Derechos Humanos.

 

Así mismo, los habitantes de la zona informaron que varios de los militares que controlaban la zona los días en que fueron víctimas 2 niñas y 2 niños de la comunidad en octubre de 2010, continúan haciendo presencia en las veredas, haciendo comentarios y levantando falsos testimonios acerca de los delitos contra los niños y las niñas de Tame, creando confusión en los habitantes de las comunidades afectadas.” (6)

 

La represión para evitar que las denuncias de los familiares y comunidad prosiguieran ha sido tal, que el estado colombiano ha procedido a encarcelar líderes sociales de la región, con sus consabidos “falsos positivos judiciales” o montajes judiciales. Así lo denuncia Humanidad Vigente: “El lunes 14 de marzo del 2011, José Antonio Toroca fue detenido en su residencia por miembros de la SIJIN Tame, por el presunto delito de rebelión y fue vinculado al proceso 65453 (…)Es de advertir que en este proceso penal se han cometido toda suerte de irregularidades (…) José Antonio Toroca se desempeña como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Algarrobos y es el presidente del Distrito de Juntas Comunales del sector de Flor Amarillo municipio de Tame, lugar donde fueron abusadas sexualmente dos niñas y posteriormente asesinada una de ellas junto a sus dos hermanitos, en octubre de 2010.

 

Como dirigente campesino y comunal, José Antonio Toroca ha liderado las denuncias y manifestaciones de rechazo por los crímenes cometidos contra niñas y niños en su región, en los que además, se investiga como presunto asesino y confeso violador al Subteniente Raúl Muñoz Linares, quién comandaba la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.

 

La detención de este líder campesino corresponde a otro montaje y 'falso positivo jurídico' de los tantos que se presentan en el departamento de Arauca como parte de una estrategia de persecución, hostigamiento e incluso retaliación contra las comunidades y líderes que valientemente han denunciado y emprendido protestas por todas las atrocidades que vienen cometiendo los miembros de la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional en el departamento.” (7)

 

Fase 3: Dilatar las audiencias, tratar de lograr vencimiento de términos

 

Tal y cómo lo advirtió el padre de los tres niños violados por el ejército colombiano, parte de la impunidad la lograría el ejército mediante trampas en el juicio. Pero la jueza Gloria Constanza Gaona no se dejó corromper ni amedrentar por los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército en Colombia.

 

Fase 4: Si la Juez no acepta las manipulaciones y maniobras, proceder asesinarla

 

A continuación la nota de Humanidad Vigente acerca del asesinato de la Jueza de Saravena, Arauca, Gloria Constanza Gaona, la Jueza que hasta ahora había impedido la impunidad de militar imputado por violación y asesinatos de niños en Arauca:

 

Humanidad Vigente y CPDH- Arauca repudian y rechazan asesinato de jueza en Saravena Arauca.

 

Por Humanidad Vigente

 

Gloria Constanza Gaona, la jueza Penal del circuito de Saravena que llevaba el caso de la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, el pasado octubre en Tame, fue asesinada en la mañana de este martes por un sicario en el municipio de Saravena en Arauca.

 

Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca, repudian y lamentan profundamente el asesinato de la Jueza y las consecuencias que este atentado contra la vida y la justicia tendrán en el desarrollo del proceso que actualmente adelantaba la Jueza contra el Subteniente Raúl Muñoz Linares confeso violador de las 2 menores y presunto homicida de los hermanitos Jaimes Torres, en hechos sucedidos en el mes de octubre de 2010 cuando el militar comandaba la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.

 

Humanidad Vigente, representante de las víctimas, considera que este caso evidencia la utilización de mecanismos de impunidad que se aplican en Colombia a miles de casos como éste, de graves violaciones a los derechos humanos y en especial a los derecho de los niños , niñas y adolescentes: maniobras diltatorias de la defensa, hostigamiento a los testigos, persecución judicial, y ahora, el asesinato de la jueza de Saravena, la doctora Gloria Constanza Gaona.

 

Entre esas maniobras dilatorias se encuentran la renuncia de 4 abogados en 5 meses, la solicitud de suspensión de audiencia en 2 ocasiones, la asistencia de las abogadas defensoras a la audiencia preparatoria sin los documentos pertinentes, la no remisión del militar a Saravena en las fechas indicadas, que buscan la libertad del único detenido por vencimiento de términos, tal como fue advertido por la jueza en su última intervención en este proceso.

 

En el mes de febrero Humanidad Vigente denunció nacional e internacionalmente los  hostigamientos e intimidaciones de que estaban siendo objeto los potenciales testigos del caso y habitantes de la vereda Caño Camame y Caño Temblador donde ocurrieron los execrables crímenes. Ahora denunciamos este nuevo atentado contra la administración de justicia en cabeza de la Jueza Gaona quien defendió la integridad de los procesos penales que dirigía y en el caso concreto del proceso de los niños de Tame, denunció las tretas e injustificadas dilaciones con que la defensa pretendía la libertad del Subteniente Muñoz Linares.

 

El  proceso se encuentra suspendido desde el pasado 23 de febrero,  en audiencia preparatoria cuya fecha de continuación estaba fijada para el próximo 31 de marzo.

 

Este nuevo crimen se enmarca en la clara falta de garantías con que en Colombia se administra justicia y aún mas a nivel regional en un departamento como Arauca que cuenta con el mayor nivel de militarización de todo el país.

 

Las investigaciones deberán dilucidar la responsabilidad directa y los móviles del asesinato de la Jueza Gaona; igualmente, es necesario que se haga un examen sobre la militarización de la vida social y su efectividad en la protección de la población araucana y en especial de los funcionarios judiciales, partes e intervinientes en los procesos judiciales, pues no se puede admitir que a plena luz del día y con alta presencia militar y policial un sicario a pie pudiera ultimar a la jueza y salir del sector comercial sin ningún contratiempo.

 

Desafortunadamente, el asesinato de la señora jueza corrobora lo que hemos denunciando: falta de garantías para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo mismo que el riesgo que se cierne sobre las familias, de las campesinas y campesinos que colaboran con sus testimonios y los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que impone de manera inmediata el cambio de radicación del proceso a Bogotá, para que haya una pronta y cumplida justicia.

 

Descargue el comunicado: clic acá

 

  Pronunciamiento del Defensor del Pueblo:  Defensor del Pueblo condena vil asesinato de la juez de Saravena que llevaba el caso de los tres menores de edad en Tame – Arauca

 

 

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22 marzo 2011 2 22 /03 /marzo /2011 04:02

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Esta imagen muestra el cuerpo de Gul Mudin, el hijo de un agricultor, quien fue asesinado el 15 de enero de 2010. Un miembro del "Kill Team" está posando detrás de él. Der Spiegel publicó sólo tres fotos de los cerca de 4.000 imágenes y vídeos que ha visto. Los procedimientos judiciales marciales contra los soldados involucrados en los asesinatos supuestamente comenzarán en breve

http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/03/afganistan-torturas-1-580x434.jpg

 

El Ejército de Estados Unidos pidió formalmente el lunes disculpas “por el sufrimiento” causado por fotos que muestran abusos presuntamente cometidos por tropas de ese país en Afganistán.

“Pedimos disculpas por la angustia que estas fotos causan”, indicó un comunicado difundido por el Ejército. Por supuesto, no ofreció disculpa ni se retractó por los asesinatos perpetrados por sus tropas.

El semanario alemán Der Spiegel publicó el lunes fotos que, según indicó, muestran a dos soldados estadounidenses en Afganistán posando con afganos muertos.

http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/03/afganistan-torturas-eeuu-2-580x434.jpg

En esta imagen, un soldado en otra pose con el mismo cadáver. El Ejército de los EEUU el lunes se disculpó por el comportamiento de los soldados involucrados en el "Kill Team"

 

Dos fotos, que según Der Spiegel las autoridades de Estados Unidos habían tratado de mantener en secreto, parecen mostrar a dos miembros de una unidad del ejército de ese país que mataron a civiles afganos por diversión.

En una de ellas, un soldado levanta, con un cigarrillo enla mano, la cabeza de un hombre ensangrentado, al parecer muerto. En la segunda, otro supuesto soldado sonríe mientras sostiene al mismo hombre.

http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/03/afganistan-torturas-3-580x434.jpg

Esta imagen de dos personas asesinadas y atadas proviene de la colección de uno de los soldados del "Kill Team".

 

Una tercera foto muestra dos cuerpos, aparentemente muertos, apoyados contra un poste.

El comunicado del Ejército dijo lo que muestran las imágenes es “repugnante” y “contrario a las normas y valores del Ejército de Estados Unidos”. Señaló que las acciones retratadas en esas fotografías están bajo investigación y sujetas a los procedimientos de la corte marcial estadounidense.

Der Spiegel dijo uno de los soldados en las fotos es el cabo Jeremy Morlock, quien enfrenta cargos de homicidio premeditado por la muerte de tres afganos.

El otro, el soldado Andrew Holmes, está acusado de participar en un complot para ejecutar a un hombre en Afganistán en enero, dijo la revista.

El plan, supuestamente ideado por el sargento Calvin Gibbs y por Morlock, presuntamente implicó disparar a un civil y lanzar una granada de fabricación rusa para que pareciera que era un combatiente enemigo.

En noviembre, Holmes logró una suspensión temporal de los procedimientos legales en relación a los cargos de asesinato, según su abogado.

Morlock es uno de los cinco soldados acusados de asesinato en el caso, mientras que otros siete están acusados de intentar bloquear la investigación, consumir hachís y golpear gravemente a un compañero en represalia por informar a sus superiores.

Der Spiegel dijo que los militares estadounidenses trataron de impedir la publicación de las fotos, por temor a una posible reacción en contra de sus tropas en Afganistán.

La revista dijo que había investigado la historia del llamado “Kill Team” (Equipo de matar) durante cinco meses.

Der Spiegel publica sólo tres de las 4.000 fotografías y videos, sólo aquellas necesarias para la historia que necesita ser contada aquí”, dijo la revista.

(Con información de Der Spiegel)

 

 

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