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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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Marquemos un Norte.

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 03:21

http://www.kaosenlared.net/img2/178/178015_Cartel_Marcha_Nacional_26.jpg

 

 

 

 

La marcha nacional empezará el 5 de mayo en Cuernavaca y terminará el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México.

La marcha nacional empezará el 5 de mayo en Cuernavaca y terminará el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Para todos aquellos que no puedan venir, proponemos la organización de marchas paralelas en su ciudad tal y como se hizo el 6 de abril.

Si quieren publicar los datos de su ciudad (en México o el extranjero) les rogamos que nos manden los datos a las cuentas de twitter@rjchihuahua y @sarcle para subirlos a la tabla. Recuerden que este blog es de todos nosotros y su único propósito es coordinarnos mejor. La única cuenta oficial de Javier Sicilia en Twitter es@mxhastalamadre.

Contacto: http://marchanacionalporlapaz.blogspot.com/2011/04/marchas-del-8-de-mayo.html

Convoca: Javier Sicilia y todos los integrantes de la Marcha Nacional por la Paz

 

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 03:19

7500 presos políticos hacen de Colombia el país con más presos políticos del continente y uno de los casos represivos más graves del mundo

http://www.kaosenlared.net/img2/178/178018_w_libertad_PRESA_POLITICA.jpgLILIANY OBANDO fue capturada por órdenes de la Fiscal 19 de la Unidad Nacional de Terrorismo(...) sin tener pruebas suficientes que justificaran... 7500 presos políticos en Colombia 

DENUNCIA PÚBLICA: JUEZ NIEGA ARBITRARIAMENTE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, PRISIONERA POLÍTICA COLOMBIANA

Escrito por Patria es Solidaridad   / Abril de 2011 19:44

La Campaña Permanente Por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Traspasa los Muros” DENUNCIA la decisión arbitraria de la Juez 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá que NIEGA EL DERECHO A LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TERMINOS a la Prisionera Política de Conciencia LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, a pesar de cumplir con los requisitos que la ley exige, por lo que solicitamos solidaridad de la comunidad nacional e internacional, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

1. El 8 de Agosto de 2008, LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA fue capturada por órdenes de la Fiscal 19 de la Unidad Nacional de Terrorismo, por los delitos de REBELION y Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas, sin tener pruebas suficientes que justificaran la privación de su libertad, agravando su situación al imputarle un delito de competencia de la justicia especializada, como lo es la Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas, a fin aumentar los tiempos para el desarrollo de la investigación penal y obstaculizar los recursos para exigir la libertad de la prisionera.

2. El 1 de abril de 2009, la Fiscal 19 calificó el mérito del sumario, es decir, cerró la investigación profiriendo resolución acusatoria, la cual quedó en firme el día 8 de abril de ese año, pasando el caso a conocimiento del Juzgado 9º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, bajo el radicado No. 09-009 2009- 00046.

3. Desde la fecha en que quedo en firme la calificación del merito del sumario hasta la actualidad han transcurrido dos (2) años y veinte (20) días sin que se haya terminado la audiencia pública, lo que según el artículo 365 (numeral 5) la Ley 600 de 2000 constituye una causal de libertad por vencimiento de términos.

4. El 11 de abril de 2011, el Dr. EDUARDO MATYAS CAMARGO, abogado defensor de LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA solicitó su LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS por las razones expuestas.

5. El 13 de abril de 2011, la Juez 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá NEGÓ LA LIBERTAD a LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, aludiendo que la audiencia pública no se ha podido terminar por causas justas y razonables derivadas de la espera de un trámite para la práctica de pruebas en el exterior, trámite que se ha demorado por negligencia de ese juzgado.

6. El 19 de abril de 2011, el Dr. EDUARDO MATYAS CAMARGO, interpuso recurso de APELACION contra la decisión de la Juez 9ª, solicitando al Tribunal Superior de Bogotá REVOCAR el auto que niega la libertad de LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, y en consecuencia CONCEDERLE SU LIBERTAD INMEDIATA.

CONSIDERACIONES

so.

La Corte Constitucional Colombiana ha resaltado como causas razonables aquellas ajenas al desarrollo normal del proceso[1], las cuales deben fundarse en hechos externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, irresistibles e insuperables, ajenos al juez o a la administración de justicia, como es el caso de un ataque terrorista, pero que en ningún evento puede atribuirse como tal el accionar arbitrario, la incuria judicial, las irregularidades, la ineficiencia o ineficacia o el recargo de trabajo[2]; siendo así inaceptable el planteamiento de que el ejercicio de la defensa y la demora en la práctica de pruebas por trámites administrativos del despacho constituyen causa justa y razonable para negar la libertad a la procesada.

Resaltamos que LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA se encuentra privada de la libertad en calidad de SINDICADA desde hace dos (2) años ocho (8) meses y trece (13) días, tiempo durante el cual ha tenido que padecer la privación de la li bertad sin que los operadores judiciales tengan pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad con los delitos imputados, violándole el principio de presunción de inocencia, pasando por alto que la privación de la libertad es una excepción y, adicionalmente, incrementando su sufrimiento al negarle en múltiples oportunidades el derecho a la detención domiciliaria a pesar de ser madre cabeza de hogar de menores de edad.

Queda en evidencia que los múltiples obstáculos por parte de autoridades judiciales colombiana para limitar el derecho a la libertad de la prisionera política LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA hacen parte de la política de persecución y represión contra los defensores de derechos humanos y opositores políticos en Colombia.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Por esta arbitrariedad apelamos a la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales para que emitan sus pronunciamientos de respaldo a la APELACION presentada por EL ABOGADO DEFENSOR DE LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, mediante la cual solicita su LIBERTAD INMEDIATA POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS, dirigiendo sus comunicaciones a la siguientes autoridades:

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Diagonal 22B No. 53-02
Bogotá D.C.

JUAN MANUEL SANTOS
Presidencia de la República
Carrera 8 No.7-26, Palacio de Nariño - Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail:    comunicacionesvp@presidencia.gov.co

GERMAN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior y de Justicia
e-mail:    german.vargas@mij.gov.co  
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C.
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
E-mail:    cap@procuraduria.gov.co  ,    quejas@procuraduria.gov.co

WOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ
Defensor Nacional del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail:  secretaria_privada@hotmail.com  ;    agenda@agenda.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail:    oacnudh@hchr.org.co

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH
E-mail:    cidhoea@oas.org  ,    apizarro@oas.org

Abril 20 de 2011
Bogotá, D.C.

 

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 02:26

http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2011/4/20/1303331525519esteridn.jpg(Público.es), 21 de abril, 2011.- Las víctimas del programa de esterilización forzada que el FMI exigió al expresidente Fujimori piden justicia en los tribunales peruanos.

 

Tenía 30 años cuando me hicieron la operación y desde entonces soy casi inútil en el campo”, asegura Cléofl Neira, de 50 años, desde la puerta de su casa de adobe. En Yanguila, un pueblo de unos cien habitantes cerca de la ciudad de Huancabamba, en el norte del Perú, más de 15 mujeres sufrieron la misma operación de ligadura de trompas. La mayoría de estas campesinas se quedaron inválidas y con problemas dolorosos de salud. Hoy siguen reclamando justicia ante las autoridades y han llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otras vías judiciales están en estudio para obligar al Estado a indemnizar a las víctimas.

“No quería someterme a esta operación, pero no sabía que ya no podría nunca más tener hijos, no me lo dijeron. Ellos venían con promesas de comida, de medicamentos pero no vimos nada, sólo los dolores”, explica Cléofl, madre de siete hijos que tuvo antes de la operación.

“Ellos” son los emisarios del Ministerio de la Salud del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) que fueron enviados a la sierra de los Andes entre 1995 y 2000 para cumplir los órdenes de las autoridades: reducir la tasa de natalidad en el campo como lo había reclamado el FMI. El Banco Mundial entregó fondos para ayudar a aplicar el programa de planificación familiar que consistía en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Más aún, Estados Unidos, a través de US Aid, financió el proyecto de Fujimori, el cual tenía las manos libres para actuar, disfrutando de una cómoda reelección en 1995.

“De voluntaria no tenía nada. La gran mayoría fueron forzadas o engañadas a cambio de unos kilos de arroz o de azúcar”, asegura Josefa, una militante de defensas de derechos de mujeres. En todo Perú, se calcula que unas 300.000 mujeres fueron víctimas de la esterilización forzada. Todas eran campesinas, indígenas, pobres y analfabetas o con muy poca educación.

“Cada día, una enfermera de fuera venía a vernos para convencernos de operarnos y nos decía que no podíamos seguir pariendo como cuyes [conejillos de indias], era muy ofensivo lo que nos decía y al final fuimos un grupo de cinco mujeres, todo pagado, el trayecto y la comida hasta Huancabamba”, cuenta Cléofl.

Hoy en día, ninguno de los médicos o enfermeros que practicaron las operaciones sigue trabajando en el hospital de Huancabamba. “Desaparecieron cuando empezamos a hacer la investigación. El Gobierno los llevó a Lima y algunos fueron destituidos”, comenta Josefa. En 1996, salieron a la luz los primeros testimonios de las mujeres que fueron operadas. Organizaciones como el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), bajo la responsabilidad de Giulia Tamayo, juntaron informaciones y presentaron denuncias.

Luchar contra este crimen

“Un día fui al hospital y vi cómo había unas 20 mujeres tumbadas en el piso en un charco de sangre, todas recién operadas. En ese momento empezó la lucha para parar este crimen”, cuenta Josefa.

Vestida con su tradicional sombrero de paja, Bacilia Herrera se acuerda como si fuera ayer de su operación. “Fui al hospital porque tenía un dolor en la espalda y de repente me pusieron en una camilla y me dieron inyecciones. Al día siguiente estaba operada”, cuenta Bacilia, madre de cinco hijos, un número bajo en la sierra, donde las mujeres llegan a tener entre siete y diez hijos.

Junto a su padre y su marido intentó denunciar el caso, pero ni la alcaldía ni los responsables tomaron en cuenta su testimonio. “Me hicieron firmar un papel que era la autorización de esterilización, pero no lo pude leer. Hoy, me arrepiento de haber firmado”, concluye.

En su drama, Bacilia tuvo la suerte de ser operada por el doctor Jesús, hoy fallecido. No fue el caso de la mayoría de las mujeres, que pasaron por las manos de practicantes de enfermería, los cuales tenían metas que cumplir. “Se descubrió luego, al interrogar a médicos, que les pagaban un porcentaje por cada mujer esterilizada”, asegura Josefa.

Unas 18 campesinas perdieron la vida a raíz de las operaciones. Muchas se quedaron con secuelas de por vida. “La operación era muy rápida y el día después nos dieron una sopita y fuera a la calle; muchas volvimos a trabajar a la chacra [granja] como si nada, pero después ya no podíamos movernos”, cuenta Cléofl. Ella es una de las más afectada de Yanguila. Siete meses después de su operación, fue ingresada de urgencia en el hospital por padecer dolores intensos. Los médicos habían olvidado un hilo de seis centímetros en su vientre.

“Ahora siempre tengo ardor en la cintura, no puedo cargar leña”, confiesa mostrando la cicatriz que le dejaron, que se asemeja a otro ombligo. Como la gran mayoría de las mujeres operadas, ya no puede mantener relaciones sexuales con su marido. “Tengo suerte, mi esposo no me rechazó”, explica. Muchos hogares quedaron destruidos tras las operaciones, ya que los maridos dejaron a sus mujeres, consideras como inútiles para la casa.

Tras la gestión de varias comisiones de Derechos Humanos en el Congreso, las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en la época de Fujimori se encuentran en la Fiscalía de la Nación y avanzan lentamente, aduciendo falta de recursos. La ONG peruana Manuela Ramos presentó junto con CLADEM el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas esperan todavía alguna indemnización, pero su suerte depende ahora de quién ganará las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 5 de junio.

“Si gana la Keiko [la hija de Fujimori] contra Ollanta Humala, ya no podremos esperar justicia; caeremos en el olvido para siempre”, asegura Cléofl Neira con angustia.

 

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 02:00

http://2.bp.blogspot.com/-g8jMVjxwhRQ/TanO5LOuUPI/AAAAAAAAGck/5xwdEW4-ySs/s400/17deabrildiainternacionaldelaluchacampesinacontraelacaparamientoylarecuperaciondenuestratierraynuestrosterritorios.jpgDesde Centroamérica, se da cuenta sobre la lucha que libran las comunidades indígenas campesinas por sus territorios contra megaproyectos de las trasnacionales.

En el presente programa también se puede conocer la lucha contra la minería a cielo abierto, cuyo Informe desde CLOC/VC Centroamérica.

Mientras, que la defensa de los pueblos originarios por el territorio está contenida en un reportaje especial por Jubileo Sur Costa Rica y Waquib Kej de Guatemala.

Desde Panamá nos informan los esfuerzos hacia la construcción del Movimiento Independiente Gnäbe Bukle y Campesino, entrevista desde FRENADESO Noticias a Erick Fernández, dirigente de la Unión Campesina Panameña.

Finalmente en Guatemala y El Salvador, se viene impulsando la campaña de la CLOC/VC contra la Violencia hacia las Mujeres, según el presente informe.

¿Por qué se recuerda el Día de la Lucha Campesina?

La organización Vía Campesina nos recuerda, que en el Estado de Pará (Brasil), el 17 de Abril de 1996, alrededor de 1500 campesinos y campesinas sin tierra, se asentaron en un espacio de tierra no-productiva.

Ellos habían venido luchando cerca de dos años por su derecho después de haber sido expulsados de sus propias tierras, quienes se movilizaron hacia la capital de Pará, con el fin de presentar sus demandas y exigir solución para su situación.

Cuando llegaron a la ciudad de El dorado de Carajás la marcha se detuvo para que las mujeres embarazadas y los niños descansen, pero fueron atacados por más de 100 policías militares.

Estos dispararon con armas a los manifestantes, en el que 19 compañeros y compañeras murieron cayeron muertos y 69 resultaron heridos en esta masacre.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna condena para los responsables de este crimen contra los campesinos del Movimiento Sin Tierra de Brasil.

El mismo día, dirigentes campesinos, hombres y mujeres de todo el mundo que son parte de la Vía Campesina se encontraban reunidos en Tlaxcala, México en su Segunda Conferencia Internacional.

Al saber de estos hechos, declararon al 17 de Abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina”, en reconocimiento y homenaje a compañeros y compañeras quienes luchan por la tierra y los derechos de los campesinos en todo el mundo.

Un año más tarde, el 17 de Abril de 1997, en Cochabamba, Bolivia, 5 compañeros cocaleros entre ellos un niño y una mujer, fueron masacrados, por llevar 3 meses ya de vigilia en busca de los derechos de la Madre Tierra, y el cultivo soberano de la hoja de coca.

Estas historias se repiten en todo el mundo, pero muchas de ellas son invisibilizadas por los intereses del capital.

En este sentido, el 17 de Abril, “no es un día de fiesta, todo lo contrario es un día de movilización, de lucha y resistencia campesina en todo el mundo” indicó la organización Campesina.

El 17 de abril se ha señalado con la consigna de luchar “Contra el acaparamiento y por la recuperación de nuestra tierra y nuestros territorios”, según indica Vía Campesina.

El manifiesto de esta organización concluye alentando “la lucha por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos” ¡América lucha! transgénicos: no, no y no.


 

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 01:56

http://3.bp.blogspot.com/_bDh2dZ15UtE/TIfZsPwhL2I/AAAAAAAAAhM/FS5BGKwQc7I/s320/logo_mnci.gif En conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, celebrado el pasado 17 de abril, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y otras organizaciones presentaron este martes un proyecto de Ley para frenar los desalojos en tierras campesinas.

 

La llamada “Ley de freno a los desalojos” fue elaborada en conjunto con el Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productos Familiares.

La iniciativa exige detener los desalojos durante cinco años en las zonas campesinas de Argentina. Además, conmina a realizar en los 3 primeros años un relevamiento de posesión y uso de tierras.

La propuesta señala a la tierra como un bien social, y que una política agraria integral debe sumar a los campesinos como actores centrales.

Además, en la iniciativa presentada en el Congreso Nacional, piden la participación de las organizaciones campesinas en la aplicación de la ley por parte el Ministerio de Agricultura.

Asimismo, se cuestiona el modelo extractivo vigente y se denuncia el avance de la minería y de los agronegocios como contrarios a la vida campesina.

El abogado del MNCI-Vía Campesina, Ramiro Fresneda, explicó que en el período de tiempo propuesto debe elaborarse un registro estatal “de posesión y tenencia de la tierra, pero con la participación de las organizaciones”.

Por su parte, el MNCI aseguró que en la última década al menos 200 mil familias fueron expulsadas del campo.

Diego Montón, del MNCI, afirmó que además vienen “impulsando que el Estado se apropie del modelo campesino, como un modelo que va a garantizar alimentar al pueblo con alimentos sanos y al precio justo, conservando la naturaleza, sin destruirla”.

Por su parte, José Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), celebró la “articulación de los movimientos” y resaltó que una ley contra los desalojos será “una herramienta en manos de los campesinos”.

 

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 01:53

http://encontrarte.aporrea.org/imagenes/88/afropeque4.jpgPor Brunilde I. Palacios Rivas y Antonio José Guevara

ALAI, 22 de abril, 2011.- Quienes nos hemos convertido en gestores de la Cultura Negra Venezolana no podemos si no ver con estupor como las culturas africanas cazaban y vendían sus congéneres a los europeos por objetos que no tenían valor alguno, en el que se quedaban seducidos ante el mefítico aroma en descomposición que emergía y de otros perfumes que brotaban de tan olientes prendas, en el que no importó que eran humanos  y lo peor del caso, es que se quiera invisibilizar tal dinámicas históricas, a pesar de que éstas, no son como la lluvia, que se quitan su apariencia de dama nostálgica para convertirse en una experiencia desgarradora o en un acto doloroso, puesto que ella tiene la facultad, de que esconderse bajo todo acto cotidiano, como de disfrazarse, o desvanecerse para recordarnos su sabor desolado, porque reconstruir lo anterior a lo ocurrido, implica un ejercicio doloroso que marcaría el carácter definitivo de lo perdido.

Por ello, (es recomendable revisar el término de descendiente puesto que éste se utiliza dentro del derecho hereditario venezolano para heredar por vía directa.) no podemos extrañar que nuestros Originarios Africanos fueron cazados y vendidos por su propia gente (Sistema Tribal Africano), a los cuales no les interesó que fueran humanos, que pensaban, sentían y además que eran africanos.

Por ello planteamos que la perdida de lengua no es casual, la cual se convirtió en un gesto de irreverencia y una respuesta que debía garantizar la necesidad de adquirir otra, puesto que estaba en juego nuestra sobrevivencia y esto trajo como consecuencia mucho odio hacia quienes integraban dicho sistema, por el acto cruel e inhumano de ser tratados como mercancías (Pieza de India). Ello no importó, pero la venta trajo consecuencias de mucha transcendencia para nuestra ascendencia africana, permitiendo que se convirtieran en creadores de la Cultura Negra. Cultura que marca un hito en la historia del mundo, porque tuvieron la capacidad de penetrar en menos de trescientos años, todas las culturas del mundo y de ser reconocidos como ciudadanos, seres vivos, humanos que sienten y razonan (Véase el caso de la Salsa como manifestación cultural, ha logrado codearse con las culturas que han mantenido una tradición universal, la santería, la comunicación oral, artes, etc.).

En este sentido, no podemos aceptar que hoy no se quiera reconocer nuestra capacidad para crear una nueva cultura espacial, y se le quiera dar un premio a quienes los cazaban y vendían a los europeos, sin importar ese acto cruel, e inhumano, para hoy sin pena, con el mayor descaro, plantear que somos “Afro descendientes”, porque un grupo que se hacen denominar como afrocentrista, no les importa fragmentar el país y copiar de Bolivia el estado plurinacional e imponer ante todo sus aspiraciones, cuando por el contrario debería existir un rechazo muy marcado por parte de la sociedad venezolana, en contra de esa conducta que solamente contribuye a la preservación de intereses personales.

Esto implica que La Cultura Negra se ha sabido levantar, con entereza y mucha fortaleza, a pesar que le ha costado mucho su aceptación dentro de la idiosincrasia venezolana, pero estamos cada día trabajando en función de la igualdad, en pro de nuestro reconocimiento como ciudadano venezolano, aunque dentro de los principios que se incorporaron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, persiguen como fin “supremo de refundar la República”, mereciendo especial atención el reconocimiento expreso de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los cuales, tal y como quedó expresado en el Preámbulo, tienen como principalísima finalidad alcanzar “…un profundo cambio de perspectiva política y cultural que reoriente la conducción del Estado venezolano, al reconocer su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe”, en el que se les reconocen sus especificidades y, en particular, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, sus idiomas y religiones, así como el derecho que tienen a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad, la disposición contenida en el artículo 126 (constitucional), en el que se declara que los citados pueblos forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.641/2000).

En un país donde la filosofía política liberal y las relaciones internacionales han operado hasta el momento con un modelo de Estado-Nación que presupone que todos los ciudadanos comparten una identidad nacional común, idioma nacional, y un sistema jurídico-político unificado. Este modelo de Estado se diseminó en el mundo post-colonial, y sobre estas bases se determinaron las políticas de construcción nacional de los nuevos Estados independientes. Este modelo, sin embargo, es cada vez más cuestionado, al descubrirse los daños, injusticias y violencia implicados en intentar ponerlo en práctica, puesto que al construir Estados unitarios y homogéneos, requiere de medidas coercitivas para asimilar o bien excluir a las minorías, como es la supresión de lenguas minoritarias, supresión de formas tradicionales de gobierno, promulgar leyes discriminatorias y las políticas de ciudadanía, llegando incluso a desplazar a minorías de sus tierras tradicionales. Para los multiculturalistas liberales, la histórica adopción de dichas medidas en el Occidente ha dejado una mancha de injusticia que requiere el reconocimiento y la reparación.” (Derechos Ancestrales; Justicia en Contextos Plurinacionales, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1ra edición Quito, Ecuador 2009, p. 6).

Frente a este poderoso cambio paradigmático, el estado venezolano asumió una trascendental responsabilidad al momento de administrar justicia, así como el deber de reconocer en sus decisiones a las partes que se articulan, de la manera más humana, equitativa, justa, equilibrada e imparcial, en el que se debe ser garante de la aplicación suprema y preeminente de la Constitución y este es uno de los problemas jurídicos que se les va a presentar a quienes creen que es fácil que se le reconozca su ascentralidad africana, sino se cumplen con los requisitos mencionados (carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe) y esto es difícil que en el caso del imaginario que se cree “Afrodescendiente” se le dé, por un lado porque desconocen la jurisprudencia venezolana y por ende nuestro marco constitucional, como su dinámica interna, no cuentan con una organización social, política y económica, además de una jurisdicción que sea especial por mantener una cultura identificadora que contenga, usos y costumbres, idiomas y religiones, como una identidad étnica, especifidades en sus formas de comunicación que los identifique del resto de la cultura nacional, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (Art. 119. CRBV); así como sus autoridades legitimas requisito fundamental para que el estado pueda reconocer su existencia, además de su soberanía e indivisilización.

Esto quiere decir, que a pesar que Venezuela se ha convertido en un Estado Social de Derecho y Justicia, lo que implica, una nueva idea de aplicación de la justicia. El pensamiento del constituyente de 1.999 concibió una actividad jurisdiccional eficaz, confiable y transparente a cargo de administradores de justicia de las diferentes jurisdicciones comprometidos en proteger y garantizar a la persona los derechos sustanciales y las libertades consagradas en la Constitución Política y en la ley, con el objeto de alcanzar la convivencia social y la concordia nacional. Muy diferente con el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, como componente esencial del Sistema de Justicia, dando la posibilidad a las autoridades legítimas indígenas de aplicar instancias de justicia en aquellos conflictos que se presenten entre integrantes de una misma comunidad ocurridos dentro de su hábitat.

La norma constitucional antes citada posibilita hablar propiamente de un Estado pluricultural, es decir, se reconoce de manera oficial a una sociedad que no es homogénea, y permite a su vez un doble reconocimiento: en primer lugar, reconoce la función jurisdiccional ejercida por las autoridades legítimas de los distintos pueblos y comunidades indígenas; y en segundo lugar, reconoce el uso del derecho consuetudinario para resolver sus conflictos.

Se trata pues de una jurisdicción especial autónoma en sentido estricto, que se encuentra inserta dentro del Capítulo III del Título V, relativo al Poder Judicial y al Sistema de Justicia Nacional -al igual que la jurisdicción militar y la justicia de paz-, en el cual deben existir relaciones de coordinación y subordinación con el sistema de justicia nacional, tal como lo prescribe el mismo artículo 260 y por el principio de supremacía constitucional pautado en el artículo 7 del Texto Constitucional, debiendo además respetar el principio de la interdependencia y colaboración con los demás Poderes Públicos a los fines del Estado, conforme lo ordena el artículo 136 de la Constitución. Por ello se les reconoce el derecho tradicional, costumbre jurídica o derecho propio (derecho consuetudinario) para otros, que no es más que el conjun¬to de normas de tipo tradicional con valor cultural, no escritas ni codificadas, que están perpetuadas en el tiempo y que son transmitidas oralmente por los miembros de una comunidad para luego ser reconocidas y compartidas por el grupo social, como es el caso de los pueblos indígenas.

Es tan esencial a los mismos que si se destierra se pierde su identidad como pue¬blo, ya que las prácticas sociales más significativas que conforman la cultura de los pueblos indígenas, son las costumbres jurídicas propias: “…el derecho consuetudinario es considerado generalmente como una parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo…junto con la lengua, el derecho (consuetudinario o no) constituyen un elemento básico de la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad…” (“Derecho consuetudinario indígena en América Latina”. ENTRE LA LEY Y LA COSTUMBRE, EL DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA, publicado por el Instituto Indigenista Interamericano (III) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) México, 1990: p. 27). A diferencia del derecho positivo, el derecho consuetudinario opera sin Estado, mientras que las normas del derecho positivo emanan de una autori¬dad política constituida y son ejecutadas por órganos del Estado.

Esto trae como consecuencia, que se podrían enumerar algunas de los asuntos que forman parte del derecho consuetudinario y que podrían ser material de esa competencia, entre las cuales tenemos: a) Normas de comportamiento público; b) mantenimiento del orden interno; c) definición de los derechos y obligaciones de los miembros; d) distribución de los recursos naturales (agua, tierras, bosques, e) transmisión e intercambio de bienes y servicios; f) definición de los hechos que puedan ser considerados como delitos, faltas, que afecten a los individuos o bien a la comunidad, con la respectiva sanción; g) manejo y control de la forma de solución de los conflictos y, h) definición de los cargos y las funciones de la autoridad indígena.

Se trata de un derecho múltiple, complejo e histórico, sometido a ciertos cambios por su carácter dinámico, y que se mantiene en el tiempo por la práctica reiterada de los miembros de una comunidad (Cabedo Mallol, Vicente. El Derecho consuetudinario indígena).

“En el Preámbulo de la Constitución Bolivariana se reconoce el sacrificio de “los antepasados aborígenes” en la construcción de la soberanía de nuestra patria. Por estas razones históricas y sociológicas, el primer elemento que el Poder Constituyente agregó en el Preámbulo del nuevo orden constitucional venezolano fue el establecimiento de un Estado Multiétnico y Pluricultural de la República, el cual no implica que cada pueblo debe desarrollar su propio Estado, sino de lo que se trata es de cambiar la idea de un Estado cultural y socialmente homogéneo por un nuevo modelo político que acepte su realidad social y reconozca la existencia de sus diversas realidades socioculturales.

Los distintos pueblos indígenas constituyen la diversidad o pluralidad cultural junto con los demás grupos étnicos existentes en Venezuela, pues cada uno de ellos posee una identidad, una lengua, una historia, costumbres y valores propios, (lo cual no posee quienes se autodenomina como afrodescendientes)…

En fin, se trata de buscar en la relación intercultural un equilibrio para que “…ninguna cultura se convierta en instrumento de hegemonía y represión” (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2001: p. 68-69).

Nuestro sistema jurídico, y así lo han ratificado los jueces que han conocido del caso en comentario, ha sido esencialmente dominante y ha impuesto un criterio monoétnico de justicia, en franco menosprecio al pluralismo jurídico, aplicando de forma exclusiva y excluyente el derecho de los “watia” (no indígenas) a espaldas de otros sistemas de conocimiento o jurisdicciones especiales, como lo es el derecho indígena, que también posee cualidades suficientes para solucionar conflictos que generen armonía social entre sus cohabitantes.

Una de las conquistas históricas más importantes de los Pueblos Indígenas de Venezuela fue el reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial indígena como una manifestación de justicia social y cultural para estos pueblos originarios, y del desbaratamiento de una visión etnocéntrica, absolutista, ideológico integracionista y racista del Estado, en procura de superar la opresión y la segregación a las que han estado sometidos por largo tiempo.

Fuente: Agencia Latinoamericana de Informacion, ALAI, América Latina en Movimiento: http://alainet.org/active/45857

 

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23 abril 2011 6 23 /04 /abril /2011 01:43

http://farm6.static.flickr.com/5108/5622076557_44b6c639b9_z.jpgDiseño gráfico de Juan Carlos Rodríguez Manco

Por Nelson Manrique

22 de abril, 2011.-  El huayco racista desencadenado en Facebook por el triunfo de Ollanta Humala dice mucho sobre el Perú.

Un argumento que repiten insistentemente sus animadores es que los seguidores de Humala son resentidos sociales: “malditos resentidos y rechazados sociales de mierda” (Paulo).  En realidad la derrota de PPK trasladó el resentimiento social al otro campo: jóvenes que se enrolaron en su campaña y que genéricamente se identifican como los ppkausas, sintieron que estaban haciendo la historia; su candidato era el mejor y eso debía ser evidente para todo el mundo. Por eso la derrota fue un shock; el Perú no era el país ellos creían y su primera reacción fue la negación: “tus actas se tienen que quemar” (Piero). Hubo quienes pensaron en un referéndum y no faltaron los que se refugiaron en la fantasía infantil de ir a la guerra para imponer por las armas a su campeón de la democracia. Lo que era impensable en el triunfo del otro: “si sale Humala me voy del país porque es un indio de mierda” (Andrea). En Facebook llaman a un golpe de estado contra Ollanta Humala, si llega a Presidente.

Ollanta Humala es el blanco inmediato de los ataques, pero él encarna a un otro odiado más arcaico: “Te odio mierda no se que tienes en la cabeza. Caca eres una cagada indígena de mierda lárgate con todas tus ideas incoherentes a otro lado cholo bruto”, escribe Silvana, y luego añade: “vino este baboso nacido en el cerro cojudo se mete a provincia aprovechándose de los ignorantes”. Aunque sus conocimientos gramaticales no la recomiendan como modelo Silvana se siente culturalmente superior a aquellos a quienes denigra. La equiparación entre “indios” e “ignorantes” en los post es muy extendida. Pero lo que verdaderamente se rechaza va más allá de la cultura: “eres la forma humana de eso que siempre e odiado –afirma Klara- ‘la ignorancia’ eres la ignorancia en persona… sentiré una vergüenza inmensa de saber qe el presidente de mi país, es un webon que no tiene estudios importantes, que no habla idiomas … prefiero a qe ganes tú a ke gane Keiko, así dentro de un año, kuchinski o toledo te den el golpe de estado… y te vallas a la mierda”. Es notable que escribiendo así se pueda descalificar a alguien por “ignorante”.

Otros ppkausas son más expeditivos y dejan salir simplemente lo que les quema las entrañas: “yo se que ppk va a ganar porque sabe lo que hace indio asqueroso” (Renzo); “reconchatumadre fracaso cholo de porquería” (Alessandro); “indio de mierda, me llegas al pincho” (Lizbeth). Aunque la disputa electoral tuvo como eje el cambio o la continuidad del modelo económico quienes atacan a Humala construyen directamente oposiciones étnico raciales: “todos los pobres votan por él porque le va quitar plata a la gente normal y no va a parar hasta que Hugo Chávez le meta la anaconda por el hueco del ano, ese huevón es un asco”, escribe Ricardo. La oposición entre la “gente normal” y los “otros” es muy expresiva y la descalificación se extiende a toda la gente del interior: “no vas a gobernar indio de mierda ningún limeño te quiere, mirad las encuestas, queremos avanzar no retroceder, como los provincianos sin progreso” (Bernardo). La descalificación trasciende las fronteras ideológicas y ni la señora Fujimori -cuya base social es similar a la de Humala y por quien tendrán que votar en la segunda vuelta- se salva: “lo que (Ollanta) merece es ser micio de mierda y casarse con la China pendeja de Keiko, par de bellacos hasta el culo, PPK corazón carcas conchadesusmadres” (Ricardo).

El espíritu de gueto, materializado en las playas exclusivas del sur, se traslada ahora al ciberespacio: “créate tú hi5 –escribe Mariana- que ahí sí la haces. Chau ojalá pierdas idiota sólo los ignorantes te apoyan”. “Oigan cholos de mierda -complementa un corresponsal no identificado- antes de hablar huevadas, mejor hubieran creado este grupo de mierda en hi5 y chupársela a este huevonaso que va a cagar el país”. Hi5 es una red social con una presencia popular mayoritaria, mientras que los ppkausas consideran a Facebook su dominio privado. Eso de que la diversidad es su mayor capital no va con ellos.

Es de saludar la intervención de Gastón Acurio, que rechazó estos “repugnantes comentarios racistas”, y es de lamentar que PPK no llamara al orden a sus seguidores.

—-
Fuente: Blog de Nelson Manrique: http://www.nelsonmanrique.com/2011/04/19/eisha-en-el-corazon/

 

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21 abril 2011 4 21 /04 /abril /2011 20:27

http://3.bp.blogspot.com/-teTWKQYYUCw/Ta4g-hl8jlI/AAAAAAAAGhE/0lHtemEf4w0/s1600/peruancashjuezanulaacusacionfiscalcontradefensoresdelamadretierra.jpgServindi, 20 de abril, 2011.- La primera Sala Penal de la Corte de Justicia de Áncash declaró nula la acusación de la fiscalía contra los 18 campesinos que protestaron contra la actividad de la minera Barrick Misquichilca, en el cerro Condorhuain.

 

La Sala Penal indicó que los cargos no están individualizados, la acusación carece de argumentos técnicos y no está sustentada con pruebas. En el expediente, la fiscalía había pedido pena de 30 años de prisión para los campesinos.

El expediente fue devuelto al Fiscal Superior de la primera Fiscalía Superior Mixta del Ministerio Público en Ancash, Mario de la Cruz Espejo, para su corrección o, de lo contrario, para que desista de su acusación.

En el expediente se acusa a Carmen Shuan, Basilio Lázaro Teodoro Rodríguez, Alejandro Vargas, Luciano Caushi, Antonio Flores, Paula Macedo y Eustaquia Miranda por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud- por lesiones graves en agravio de Victoriano Sánchez.

Además, Raúl Ángeles, Vicente Castromonte, Antonio Carrillo, Américo Sánchez, Eugenio Gonzales, Alejandro Coral, Cosme Haro, Macario Santos, entre otros, son imputados por el delito contra la libertad –secuestro, en agravio de Victoriano Sánchez, y Emiliano Cochachín.

También son acusados por delito contra el patrimonio – daños agravados, en perjuicio de la Comunidad Campesina Santiago Antúnez de Mayolo de Paccha y de la Corporación de Comuneros Unidos Miguel Grau de Seqta; además por el delito contra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el bloqueo de la carretera.

Los hechos se remontan a abril del 2003, cuando un grupo de cerca 300 personas arribaron al cerro Condorhuain –que es considerado sagrado por las comunidades campesinas de la zona– para protestar contra la instalación de la Minera Barrick Misquichilca.

Durante la protesta destruyeron casetas de vigilancia de la Corporación de Comuneros Unidos Miguel Grau de Seqta y se bloqueó la carretera Palmira-Santo Toribio, a la altura del centro Poblado de Pongor.

 

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21 abril 2011 4 21 /04 /abril /2011 19:27
Informamos y denunciamos que el mediatico "caso bombas" es un MONTAJE político que tiene como finalidad encerrar a la disidencia, a l@s que piensan distinto...

http://www.kaosenlared.net/img2/177/177782_huelga_hambre.jpgEl día jueves 21 de abril se cumplen 60 días de la HUELGA DE HAMBRE que mantienen nuestr@s seresquerid@s. Dos meses en donde la trinchera de lucha ha sido sus propios cuerpos, los cuales se ven día a día desgastados y con un promedio de baja de 13 kilogramos.

Debido a que el estado de salud físico y mental de cada un@ de nuestr@s compañer@s se ha visto desmejorado considerablemente, a la nula información sobre dicha huelga en la mayoría de los medios masivos de comunicación y la constante represión que vivimos las individualidades solidarias en nuestras manifestaciones callejeras es que hacemos un llamado a unirse a la CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DENUNCIA, enviando correos electronicos, fax, etc. a todos los medios de información posibles (radio, tv, internet, diarios), instancias de gobierno, gendarmería de chile, embajadas y/o conulados de chile en el extranjero, instancias de derechos humanos,o cualquier instancia que paresca pertinente.
La información sugerimos sea la siguiente:
  
El día 21 de abril se cumplen 60 días de la HUELGA DE HAMBRE líquida y de caracter indefinido que mantienen 10 secuestrad@s por el Estado chileno en el marco del MONTAJE político llamado "caso bombas".
Denunciamos la farsa que mantiene encerrad@s a nuestr@s seres querid@samig@s y familiares hace 8 meses sin pruebas contundentes y mediante la LEY ANTITERRORISTA, la cual arrastra vicios desde la dictadura de Pinochet, perpetuados por años de gobierno concertacionista y mejorados por el actual gobierno de Piñera, como son: testigos "sin rostro", voto unánime para obtener la libertad condicional. 
Informamos y denunciamos que el mediatico "caso bombas" es un MONTAJE político que tiene como finalidad encerrar a la disidencia, a l@s que piensan distinto, a l@s que se atreven a construir nuevas formas de relaciones antiautoritarias y anarquistas en oposición al poder, criminalizando los lazos de amistad, al igual que a los centros sociales y bibliotecas ocupadas.
Informamos las exigencias de l@s pres@s en HUELGA de HAMBRE:
-LIBERTAD INMEDIATA 
-NO AL PROCESAMIENTO POR LEY ANTITERRORISTA 
-CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR A LXS COMPAÑERXS (FIN A LA PRISIÓN PREVENTIVA) 
-FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y SUS TESTIGOS "SIN ROSTRO" 
-FIN AL ART. 7 INCISO 19 DE LA CONSTITUCIÓN (VOTO UNÁNIME PARA LOGRAR LA LIBERTAD CONDICIONAL) 
-REVINDICACIÓN DE DERECHOS CARCELARIOS 
Dentro del mismo han precisado y exigido:

-PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY ANTITERRORISTA 18.340 QUE INFLUYA DIRECTAMENTE EN SU PROCESO Y QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
*FIN A LOS TESTIGOS ENCUBIERTOS
*MODIFICACIÓN AL ART. 7 INCISO 19 DE LA CONSTITUCIÓN REFERIDO AL VOTO UNÁNIME DE LA CORTE DE APELACIONES PARA CONSEGUIR EL CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA A LIBERTAD CONDICIONAL
*CAPACIDAD DE TRIPLICAR LAS PENAS

Al mismo tiempo exigen la presencia inmediata del Arsobizpo de Santiago Ricardo Ezzati en los penales en donde se encuentran secuestrad@s, conformación de una mesa de trabajo para la modificación de la Ley Antiterrorista con resultados hasta el día 27 de abril; día en que de no llegar a acuerdo se asumiría una HUELGA DE HAMBRE DE CARACTER SECO. 
Finalmente hacemos un llamado a solidarizar, difundir y crear nuevos espacios de denuncia e información.

¡POR QUE EL "caso bombas" ES UN MONTAJE POLÍTICO!
¡LIBERTAD INMEDIATA A L@S SECUETRAD@S POR EL ESTADO CHILENO!
¡A ROMPER EL CERCO INFORMATIVO!
  
A OIDOS SORDOS, PALABRAS INSISTENTE

 

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21 abril 2011 4 21 /04 /abril /2011 19:20

 

El gobierno estatal y federal han manipulado a los medios y a los turistas, con versiones de que somos delincuentes, cuando los verdaderos asaltantes y delincuentes son del gobierno
| La Jornada

http://www.kaosenlared.net/img2/177/177843_bachajon_016n1pol_1.jpg
San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de abril. Mientras los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón insisten en la liberación de sus cinco compañeros presos desde febrero, el gobierno estatal publicitó hoy el establecimiento de una caseta de cobro conjunta de los ejidos San Sebastián Bachajón y Agua Azul. La entregó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aunque la finalidad anunciada es turística, y lo hizo sin autorización de la asamblea ejidal de San Sebastián, gracias a que el juez séptimo en Tuxtla Gutiérrez negó el amparo a los indígenas de la otra campaña contra dicha caseta en sus tierras ejidales. En el sitio hay ahora una fuerte presencia policiaca y militar.

Los ejidatarios denunciaron la connivencia de representantes oficialistas de ambos ejidos y autoridades municipales de Chilón con asaltantes y presuntos narcomenudistas, dos de los cuales obtuvieron esta semana su liberación con facilidad, pese a que fueron capturados en posesión de droga, armamento y objetos robados.

El 2 de abril, refieren los denunciantes, fueron detenidos dos delincuentes a quienes se decomisaron 20 kilos, al parecer de mariguana, 6 armas largas calibre 22, una pistola 38 y artículos robados. Fueron puestos a disposición de las autoridades, y luego apareció la justicia: el agente auxiliar Manuel Gómez Sarago, el priísta Juan Deara Demeza, el coordinador de la Fundación Colosio, Manuel Jiménez Moreno, y el regidor del ayuntamiento de Chilón, Sebastián Ruiz Álvaro. Ellos negociaron la libertad de los delincuentes Julián Jiménez Morales y Pedro Silvano. Aun con claras evidencias, están libres.

Los ejidatarios de la otra campaña señalan: Agua Azul está cada vez más militarizado con la presencia de soldados armados, agentes federales y preventivos. No para cuidar a los turistas, sino (vigilar a) los que defienden sus tierras. Y confían:

Esperamos que los turistas que visiten Agua Azul sepan lo que está pasando. Detrás de ese panorama de presencia de policías está la delincuencia, en complicidad con miembros partidistas y oficialistas, llenos de avaricia para adueñarse de nuestras tierras, que queden para el gobierno.

El gobierno estatal y federal han manipulado a los medios y a los turistas, con versiones de que somos delincuentes, cuando los verdaderos asaltantes y delincuentes son del gobierno, los expertos en fabricar delitos, como el caso de los cinco presos políticos detenidos el 3 de febrero, que siguen injustamente secuestrados por este mal gobierno.

Los ejidatarios de la otra campaña describen, como un gran ejemplo para la sociedad y el pueblo en general, diversas acciones de delincuencia ocurridas en el trayecto del crucero a Agua Azul desde que éste se encuentra ocupado por fuerzas federales y estatales, hace cerca de tres meses. El 24 de marzo fue asaltado allí un camión de turistas, maestros jubilados, en las narices de los policías preventivos, que no hicieron nada. El 31 de marzo robaron un vehículo y mercancía.

No somos asesinos, somos una organización pacífica, y hemos demostrado muchas veces que la mejor arma que tenemos es nuestra palabra de hombres y mujeres que claman justicia, democracia y libertad en la toma de nuestra decisiones, sostienen.

Denuncian la nueva estrategia gubernamental contra ellos, amparada en una organización fantasma creada por el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, producto de sus reuniones privadas con el comisariado oficial Francisco Guzmán Jiménez, principal negociador de la trasnacional responsable de la ola de violencia, robos y asaltos en carretera.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio en Nueva York, anunciaron una declaración mundial de apoyo a los tzeltales de la otra campaña, en el marco de los llamados “5 Días ‘más’ de Acción Mundial por los 5 de Bachajón", del 24 al 28 de abril.

 

 

 

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