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Juez que llevaba el caso de los niños violados y asesinados a manos del ejército colombiano fue asesinada. Había rechazado las maniobras de la defensa militar. DOSSIER completo con VIDEOS y LINKS
VIDEO NoticiasUNO/ nota ApC / Dossier Humanidad Vigente acoso a comunidad
La jueza que no aceptó las maniobras de impunidad para dejar libre al responsable imputado por las violaciones y asesinatos de los niños de Arauca, acaba de ser asesinada.
Juez: "abogados usan maniobras en caso de asesinato de los niños de Arauca"
Vea el VIDEO acerca de las maniobras de la defensa militar, y la juez que no acepta el vencimiento de términos, señalando maniobras tramposas de la defensa militar:
Tal y cómo lo advirtió el padre de los tres niños violados por el ejército colombiano, parte de la impunidad la lograría el ejército mediante trampas en el juicio. Al parecer, cómo la jueza Gloria Constanza Gaona no se dejó corromper ni amedrentar, los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército en Colombia, incluso en casos de violación y asesinato de niños, han procedido a asesinarla.
“La masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen.” Declaraba Álvaro Torres, padre de los niños, a escasos días de que sus hijos fueran encontrados en una fosa común.
El Crimen: violación y asesinato con sevicia, al parecer perpetrado por varios militares
El 14 de octubre 2010, tres niños, de 6, 9 y 14 años, fueron secuestrados, violados y asesinados, implicados soldados de la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano, adscritos a la Brigada Móvil 5. Este crimen ocurre en Arauca, zona particularmente rica de Colombia, que el Estado ha militarizado intensivamente con el fin de reprimir a la población descontenta del saqueo que perpetran varias multinacionales entre las cuales BP, Repsol, la Occidental Petróleum.
Los cuerpitos torturados de Jefferson Torres, Jimmy Torres y Jenny Torres fueron encontrados en una fosa común. Se encontró sangre en los morrales de 7 de los 60 soldados de esa unidad del ejército, y semen en los cuerpitos acuchillados de los niños. Además al menos 8 militares presentan rasguños. Se trata de un crimen realizado por unos hombres amparados por la impunidad y la costumbre a las prácticas del Terrorismo de Estado.
Los militares que fueron objeto de investigación: el teniente coronel Germán Belarcázar, el teniente coronel James E. Pineda, el mayor J. Alberto Granados, el subteniente Raúl Muñoz Linares, el sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos, y dos Cabos(1) Los intentos de la cúpula militar de dejar este crimen totalmente impune fueron muchos. Cabe recordar que la impunidad es parte del mecanismo del Terrorismo de Estado y por tanto son escasísimos los militares condenados en Colombia, y los pocos que han sido condenados lo son como “individuos descarriados”: señalados de “manzanas podridas dentro de la entidad militar”. Centenares de miles de víctimas esperan aún la condena a la entidad militar por sus Estrategias de Terrorismo de Estado.
La impunidad garantiza la continuidad de la Estrategia de Terrorismo de Estado
Es bajo la impunidad que la institución militar podrá seguir perpetrando la guerra sucia; por ello la cúpula militar incurre en declaraciones aberrantes: El general Navas indicó que el subteniente Raúl Muñoz habría cometido violaciones el 2 y 14 de octubre, pero que, según su confesión, “las dos relaciones fueron consentidas por las niñas”. El comandante del Ejército dijo que: “Todavía no hay un hecho que nos haga pensar sobre la responsabilidad directa”. (2)
La violación y asesinato de los niños ocurrió a 254 metros del campamento militar, y matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área, por lo cual la versión de las “manzanas podridas en el ejército” es inverosímil. (3)
Álvaro Torres, el papá de los tres niños, reclama justicia: "(...)la masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crimen lo cometieron varios militares... hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y semen… el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"(4)
Pero pese a las evidencias, las instituciones pretendieron hacer recaer toda la responsabilidad sobre un solo militar… y lo lograron.
Fase 1: La impunidad logró hacer recaer la imputación judicial en un solo militar
El único militar que resultó enjuiciado fue el subteniente Raúl Muñoz, la presión militar y los mass media se encargaron de dejar por fuera a los demás militares que en un inicio fueron mentados. No obstante haber logrado hacer recaer la responsabilidad del horrendo crimen en un solo militar, a sabiendas de que la impunidad de los demás supuestos implicados dejaría abierta la posibilidad de más atrocidades contra los niños de la región, eso no ha sido suficiente a ojos del aparato militar. La defensa del único imputado ha sido tomada en mano por la empresa DEMIL, que defiende a los militares, y es habituada en maniobras dilatorias. La defensa argumenta la sordidez de que las niñas fueron consintientes a tener relaciones sexuales con el militar imputado. Cabe recordar las palabras de uno de los padres: … “el delincuente Raúl Muñoz dice que él hizo uso de las dos niñas: de la de 13 años y de la hijita mía, pero ‘porque ellas aceptaron’… yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?"
Fase 2: amedrentar a la comunidad, impedir eventuales testimonios y encarcelar a los defensores de derechos humanos
La cosa no para ahí. Para conseguir la impunidad total, el ejército ha realizado censos, interrogatorios, fotografías, haciéndose incluso pasar por la Defensoría del Pueblo, falsedad para amedrentar a la comunidad de Arauca. Desde el inicio los familiares y comunidad han sido amenazados y vulnerados por la fuerza pública para impedir las denuncias. La cúpula militar implementó el mecanismo de eliminación de denunciantes, tan común en sus prácticas (recordemos sólo 2 casos: los asesinados y torturados por denunciar la fosa de la Macarena, y los testigos asesinados en el caso San José de Apartadó). El General Rafael Neira comandante de la Brigada18 del Ejército, profirió declaraciones amenazantes contra los denunciantes de la violación y asesinato de los niños: trató al Presidente de la Comisión de Paz y DDHH de la Asamblea Departamental, diputado Ferney Tique y al Presidente del CPDH-Arauca Martín Sandoval, de “irresponsables, que debían demostrar sus calumnias ante los estrados judiciales” y dijo que “los campesinos están siendo manipulados por la guerrilla, para que denuncien al ejército”.(5)
Así denunció Humanidad Vigente parte de los atropellos y amenazas contra la comunidad:
“Hacia finales del mes de enero 2011 personas de civil llegaron a la zona en un helicóptero militar y escoltados por militares que hacen presencia y control en este lugar adscritos a la Brigada Móvil 5, visitaron varias casas en donde habitan personas que han dado entrevista a la Fiscalía General de la Nación y son potenciales testigos de los hechos ocurridos el 2 de octubre y el 14 de octubre de 2010 (…) Estas personas de civil que portaban un chaleco camuflado les manifestaron a los pobladores ser de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, negándose a exhibir identificación que los acreditara como funcionarios de esta entidad. Seguidamente, los supuestos funcionarios de la Defensoría comenzaron a tomar testimonios exhaustivos e incisivos sobre lo que sabían acerca de la violación de Jenny y su posterior asesinato junto a sus hermanos Jimmy y Jefferson, todos menores de edad.
(…)En las entrevistas preguntaron insistentemente por una de las víctimas directas de estos hechos, la niña que denunció que fue abusada sexualmente el 2 de octubre y cuyo testimonio permitió la identificación y captura del Subteniente Raúl Muñoz, quién hoy se encuentra investigado por la Fiscalía 51 de la Unidad de Derechos Humanos.
Así mismo, los habitantes de la zona informaron que varios de los militares que controlaban la zona los días en que fueron víctimas 2 niñas y 2 niños de la comunidad en octubre de 2010, continúan haciendo presencia en las veredas, haciendo comentarios y levantando falsos testimonios acerca de los delitos contra los niños y las niñas de Tame, creando confusión en los habitantes de las comunidades afectadas.” (6)
La represión para evitar que las denuncias de los familiares y comunidad prosiguieran ha sido tal, que el estado colombiano ha procedido a encarcelar líderes sociales de la región, con sus consabidos “falsos positivos judiciales” o montajes judiciales. Así lo denuncia Humanidad Vigente: “El lunes 14 de marzo del 2011, José Antonio Toroca fue detenido en su residencia por miembros de la SIJIN Tame, por el presunto delito de rebelión y fue vinculado al proceso 65453 (…)Es de advertir que en este proceso penal se han cometido toda suerte de irregularidades (…) José Antonio Toroca se desempeña como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Algarrobos y es el presidente del Distrito de Juntas Comunales del sector de Flor Amarillo municipio de Tame, lugar donde fueron abusadas sexualmente dos niñas y posteriormente asesinada una de ellas junto a sus dos hermanitos, en octubre de 2010.
Como dirigente campesino y comunal, José Antonio Toroca ha liderado las denuncias y manifestaciones de rechazo por los crímenes cometidos contra niñas y niños en su región, en los que además, se investiga como presunto asesino y confeso violador al Subteniente Raúl Muñoz Linares, quién comandaba la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.
La detención de este líder campesino corresponde a otro montaje y 'falso positivo jurídico' de los tantos que se presentan en el departamento de Arauca como parte de una estrategia de persecución, hostigamiento e incluso retaliación contra las comunidades y líderes que valientemente han denunciado y emprendido protestas por todas las atrocidades que vienen cometiendo los miembros de la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional en el departamento.” (7)
Fase 3: Dilatar las audiencias, tratar de lograr vencimiento de términos
Tal y cómo lo advirtió el padre de los tres niños violados por el ejército colombiano, parte de la impunidad la lograría el ejército mediante trampas en el juicio. Pero la jueza Gloria Constanza Gaona no se dejó corromper ni amedrentar por los que están interesados en la impunidad absoluta para el ejército en Colombia.
Fase 4: Si la Juez no acepta las manipulaciones y maniobras, proceder asesinarla
A continuación la nota de Humanidad Vigente acerca del asesinato de la Jueza de Saravena, Arauca, Gloria Constanza Gaona, la Jueza que hasta ahora había impedido la impunidad de militar imputado por violación y asesinatos de niños en Arauca:
Humanidad Vigente y CPDH- Arauca repudian y rechazan asesinato de jueza en Saravena Arauca.
Por Humanidad Vigente
Gloria Constanza Gaona, la jueza Penal del circuito de Saravena que llevaba el caso de la violación de 2 niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, el pasado octubre en Tame, fue asesinada en la mañana de este martes por un sicario en el municipio de Saravena en Arauca.
Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca, repudian y lamentan profundamente el asesinato de la Jueza y las consecuencias que este atentado contra la vida y la justicia tendrán en el desarrollo del proceso que actualmente adelantaba la Jueza contra el Subteniente Raúl Muñoz Linares confeso violador de las 2 menores y presunto homicida de los hermanitos Jaimes Torres, en hechos sucedidos en el mes de octubre de 2010 cuando el militar comandaba la patrulla 'Buitres 2' adscrita a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional.
Humanidad Vigente, representante de las víctimas, considera que este caso evidencia la utilización de mecanismos de impunidad que se aplican en Colombia a miles de casos como éste, de graves violaciones a los derechos humanos y en especial a los derecho de los niños , niñas y adolescentes: maniobras diltatorias de la defensa, hostigamiento a los testigos, persecución judicial, y ahora, el asesinato de la jueza de Saravena, la doctora Gloria Constanza Gaona.
Entre esas maniobras dilatorias se encuentran la renuncia de 4 abogados en 5 meses, la solicitud de suspensión de audiencia en 2 ocasiones, la asistencia de las abogadas defensoras a la audiencia preparatoria sin los documentos pertinentes, la no remisión del militar a Saravena en las fechas indicadas, que buscan la libertad del único detenido por vencimiento de términos, tal como fue advertido por la jueza en su última intervención en este proceso.
En el mes de febrero Humanidad Vigente denunció nacional e internacionalmente los hostigamientos e intimidaciones de que estaban siendo objeto los potenciales testigos del caso y habitantes de la vereda Caño Camame y Caño Temblador donde ocurrieron los execrables crímenes. Ahora denunciamos este nuevo atentado contra la administración de justicia en cabeza de la Jueza Gaona quien defendió la integridad de los procesos penales que dirigía y en el caso concreto del proceso de los niños de Tame, denunció las tretas e injustificadas dilaciones con que la defensa pretendía la libertad del Subteniente Muñoz Linares.
El proceso se encuentra suspendido desde el pasado 23 de febrero, en audiencia preparatoria cuya fecha de continuación estaba fijada para el próximo 31 de marzo.
Este nuevo crimen se enmarca en la clara falta de garantías con que en Colombia se administra justicia y aún mas a nivel regional en un departamento como Arauca que cuenta con el mayor nivel de militarización de todo el país.
Las investigaciones deberán dilucidar la responsabilidad directa y los móviles del asesinato de la Jueza Gaona; igualmente, es necesario que se haga un examen sobre la militarización de la vida social y su efectividad en la protección de la población araucana y en especial de los funcionarios judiciales, partes e intervinientes en los procesos judiciales, pues no se puede admitir que a plena luz del día y con alta presencia militar y policial un sicario a pie pudiera ultimar a la jueza y salir del sector comercial sin ningún contratiempo.
Desafortunadamente, el asesinato de la señora jueza corrobora lo que hemos denunciando: falta de garantías para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo mismo que el riesgo que se cierne sobre las familias, de las campesinas y campesinos que colaboran con sus testimonios y los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que impone de manera inmediata el cambio de radicación del proceso a Bogotá, para que haya una pronta y cumplida justicia.
Descargue el comunicado: clic acá
Pronunciamiento del Defensor del Pueblo: Defensor del Pueblo condena vil asesinato de la juez de Saravena que llevaba el caso de los tres menores de edad en Tame – Arauca
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