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Durante el primer debate de control político del Congreso de Colombia el dirigente del Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda denunció el robo de tierras despojadas a campesinos por paramilitares.
“Hemos pasado del despojo violento a la legalización sutil“, aseguró el dirigente.
El dirigente solicitó investigaciones para los hermanos de Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, quienes actualmente son los dueños de una finca robada por los “hombres de Jorge 40”.
Precisó nota del diario El Tiempo, que el congresista exhortó a sus colegas a crear una Unidad Especial en la Fiscalía, con el objetivo de perseguir testaferros y bienes.
Guillermo Rivera del Partido Liberal, denunció por su parte que entre 2002 y 2005, “mientras se avanzaba en los diálogos de Ralito”, la mayoría de las tierras robadas pasaron a manos de testaferros.
Aseguró que estos testaferros recibieron una subvención por parte del Agro Ingreso Seguro (AIS).
“Entre los beneficiarios hay 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8 mil millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos”.
Indicó que las entidades gubernamentales responsables por la redistribución de las tierras, “o bien no han cumplido su tarea o, en algunos casos, se han aliado con las mafias en contra de las víctimas”.
De igual forma denunció que Finagro, “le dio un crédito a alias Macaco, en el 2005, cuatro meses antes de su desmovilización, para fortalecer una finca que entregó para reparar víctimas y sin pagar el crédito”.
En tanto el gobierno reconoció que existe una “concentración absurda” de las tierras y su distribución.
Así lo manifestó el ministro de Interior, Germán Vargas, quien anunció la creación de una jurisdicción especial en procura de una extinción de bienes de la mafia para la reforma Agraria.
Por su parte el titular del ministerio de Agricultura, Juan Camilo Resterpo, anunció una serie de medidas tendientes a restituir las tierras de forma diligente.
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