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El juez español Baltasar Garzón fue suspendido hoy de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el proceso abierto en su contra por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil.
En un pleno extraordinario, los miembros del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces de España, acordaron por unanimidad la suspensión cautelar del conocido magistrado de la Audiencia Nacional (AN).
Según fuentes judiciales, la primera consecuencia legal de dicha decisión sería que el hasta hoy titular del juzgado número 5 de la AN, no podría irse en comisión de servicios especiales a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, como pidió esta semana.
Sin embargo, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, convocó para esta misma tarde una reunión para estudiar la solicitud de Garzón de trasladarse al CPI por un período de siete meses como consultor externo de la Fiscalía de dicho tribunal.
El cese obedece a la decisión previa del letrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela de ordenar la apertura de juicio oral en contra del popular juez.
Varela lo acusa de presunta prevaricación por intentar investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), sin supuestamente tener competencia para hacerlo, según estima el instructor de la causa.
A juicio de la parte acusatoria, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, Garzón abrió unas diligencias contra personas fallecidas, entre ellas Franco, sobre delitos que prescribieron o fueron amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
Además de la que instruye Varela, Garzón, quien ganó notoriedad por sus intentos de sentar en el banquillo al extinto dictador chileno Augusto Pinochet, tiene abiertas otras dos causas en el TS.
Una de ellas se refiere a unos supuestos pagos que recibió del Banco Santander para patrocinar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006.
En una tercera, se le investiga por ordenar espiar las conversaciones entre los jefes de la red de corrupción Gürtel y sus abogados, que involucra a altos cargos del conservador Partido Popular.
Asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y a favor de la recuperación de la memoria histórica presentaron recientemente 100 mil firmas de respaldo al magistrado de la AN.
Los procesos abiertos en su contra generaron numerosas expresiones de apoyo de la ciudadanía, según la cual con el procesamiento del juez se busca dejar en la impunidad los crímenes del franquismo y el mayor caso de corrupción conocido en la España democrática, en alusión a la red Gürtel.
La asociaciones que forman parte de la plataforma contra la impunidad denunciaron que con esta decisión, el Poder Judicial ha demostrado que su objetivo era apartar de la vida judicial al magistrado de la Audiencia Nacional.
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