Parlamentarios de la derecha chilena impulsan leyes para limitar derechos humanos

Garantías fundamentales de los ciudadanos son la inviolabilidad de su domicilio y el derecho a ocupar los espacios públicos con tranquilidad, por lo que la normativa legal vigente dispone que sean los fiscales quienes ordenen a las policías, a través de una orden previa, iniciar acciones para investigar, allanar y detener, cuando hay presunciones fundadas de la existencia de delitos.

Según el senador derechista Alberto Espina, esto choca con la realidad ya que en muchas oportunidades la orden que emiten los fiscales tarda mucho en llegar, lo que a su juicio entorpece la investigación de los delitos.

Ante este cuadro, el senador pretende, mediante una iniciativa en el parlamento, derogar totalmente las facultades de los fiscales y entregar la más amplia autorización a Carabineros y la PDI para que éstos procedan a allanar e interrogar a la población sin necesidad de una orden previa del fiscal. La iniciativa parlamentaria es patrocinada por el senador Espina conjuntamente con su colega DC Patricio Walker, quien ha señalado que su decisión es fruto de un análisis crítico.

Ante esta grave situación, el lonko Víctor Quipul criticó la medida ya que, según señaló, a los mapuches se les violenta constantemente, con o sin autorización: “Imagínese usted. Cada noche y cada día la policía entraría a la comunidad argumentando que buscan armas y otras cosas, de esta forma los escasos derechos que tenemos serían constantemente violados si no hay nadie que medie, como el fiscal, en el asunto”.

El dirigente mapuche señaló que esta disposición serviría a la propia policía para hacer montajes para encontrar rápidamente a un culpable, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

A su vez el abogado Jaime Madariaga, quien lleva distintas causas de derechos humanos, manifestó: “A estos senadores les gustaba la detención por largo tiempo, la detención por sospecha y la incomunicación, como en tiempos de la dictadura, pero todo eso facilita las violaciones a los derechos humanos. Esta medida apunta más bien a la impunidad. Además, los senadores demuestran el desconocimiento en estas materias, porque en una acción urgente Carabineros puede actuar en caso de delito flagrante, sin tener autorización de nadie y, cuando no es así, basta una llamada telefónica del fiscal, para que operen las policías”.

Propuesta fascista

Por su parte, la dirigenta de la CUT y encargada del Departamento de Derechos Humanos de la multisindical, María Eugenia Puelma, manifestó su rechazo a la iniciativa, que violenta a los trabajadores: “Esto es una grave amenaza a todo lo que hemos construido. Esta propuesta fascista, atropella los derechos de las personas. Me pregunto, por qué mejor no proponen leyes que promuevan la participación ciudadana en torno a la construcción de sus comunidades. Lo que se busca, entonces, es criminalizar a la ciudadanía, a cualquier persona, ya que con esta medida Carabineros podrá, si gusta, allanar sin el permiso correspondiente y con esto existe el temor de los montajes, de los que estábamos acostumbrados a conocer en la dictadura”.

Puelma agregó que lo que se ambiciona con esta diligencia parlamentaria es tener carta blanca para perseguir a las personas y a quienes luchan por los derechos humanos. Además, la dirigenta enfatizó que esta suerte de matrimonio que se da entre Renovación Nacional y parte de la Democracia Cristiana es la comprobación del chantaje y la agresión que se quiere propinar a la democracia.

María Eugenia Puelma recordó las palabras de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien señaló, tras entrevistarse con Piñera la semana pasada, que este gobierno era representativo de la dictadura y sus integrantes tienen los mismos intereses, sobre todo en materias de derechos humanos.

Una nueva violación a los derechos humanos

El Siglo consultó sobre el tema a la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, quien dijo que tal medida es altamente violenta para la población y para el resguardo de la ciudadanía: “De aplicarse, se estaría violando el Estado de Derecho”.

García señaló que estamos entrando en una escalada de violencia, al igual que en dictadura, en donde se intenta ajustar el Estado a los intereses supremos de la derecha, que no sólo pasan por mantener el modelo económico neoliberal, sino también por profundas restricciones a las libertades y a los derechos de las personas: “Esta es la forma de mantener al pueblo oprimido. El gobierno está intentando adecuar el aparato del Estado a un control absoluto de la ciudadanía. De esta manera, limita las posibilidades de opinar, de estar en contra de una medida, de protestar”.

Respecto a la unión entre RN y un parlamentario de la Democracia Cristiana como Patricio Walker, quienes juntos abogarán por entregar máximos poderes a las policías, García expresó: “La verdad, no me llama la atención lo que hacen algunos sectores de la DC y menos las iniciativas del clan Walker, ya que ellos son muy cercanos a este gobierno y muy cercanos en lo personal a Piñera. Yo creo que un sector de la DC terminará aliado al gobierno de la derecha, lo llevan en su esencia”.

El Siglo de Chile

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