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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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21 agosto 2010 6 21 /08 /agosto /2010 06:37
Esta Ley está para desarticular a las organizaciones sociales y en estos momentos hay un proceso de desarticulación, por un lado algunos cambiaron de estrategia y deciden meterse al Estado. Abel Irala 

http://www.kaosenlared.net/img2/143/143251_kaos.jpg El  derrumbe de las torres gemelas de los Estados Unidos, ocurrido el 11 de setiembre del 2001, dio paso al país del norte a aplicar una serie de estrategias de dominación militar sobre el resto del mundo, estrategias que ya venían siendo estudiadas con antelación al supuesto atentado terrorista. B ajo la excusa de “la guerra preventiva” el gobierno encabezado por George W. Bush apuntó sus misiles contra Irak para tomar control de Medio Oriente y re oriento su política represiva en América Latina.

Basado en su poderío militar Estados Unidos re lanzaba una campaña del “BIEN y el MAL”, los países que estaban con ellos serían los buenos y los que no, serían los malos, dividir el mundo entre terrorista y no terrorista y esto correría para todos, para personas, organizaciones y naciones. El discurso de Bush al mundo era muy claro: “o están con nosotros o están con el terrorismo”.

El 24 de octubre del 2001 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta Patriótica (Us Patriotic Act)  o Ley Anti Terrorista, con el fin de buscar a los “enemigos” en el interior de su propio país y en el resto de los países; para facilitar la tarea de lucha contra los terroristas,  se impone a todos los gobiernos bajo el mando del imperio norteamericano una Ley Antiterrorista inspirada por supuesto en la “Ley madre”, es decir la de Estados Unidos, Ley, que como comenta Stella Calloni: “No sólo significó poner bajo control y vigilancia- con impunidad total- a la población estadounidense, con posibilidad para los servicios de inteligencia de invadir la propiedad privada, anular las autonomías universitarias, permitir las cárceles secretas, los jueces sin rostro, la detención y desaparición por tiempo indeterminado de sospechosos, pasibles de ser interrogados con los métodos que sus captores crean necesarios. También autorizaba -en los superpoderes al gobierno- mantener campos de concentración como los de Guantánamo, el secuestro de cualquier persona tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, su traslado ilegal de un país a otro, sin posibilidad de defensa. También es posible aplicar castigos a los abogados que intentan defender a los prisioneros y que pueden ser incluidos en las listas de los sospechosos.   El Acta Patriótica posibilita todo tipo de acción ilegal sin que se deba rendir cuenta ante ninguna institución. La acusación de “sospechoso” de terrorismo o de pertenecer a alguna asociación, aunque sea absolutamente pacífica, o que tenga lazos familiares o de nacionalidad con quien se considere “enemigo”.

Para asegurar el ascenso de las Leyes Anti Terroristas en los distintos países del mundo, Estados Unidos delegó la función al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es un organismo intergubernamental creado en 1989, primero para estudiar las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, el mencionado organismo debía fenecer en el año 2004, sin embargo en el 2001 se le extiende su periodo de vida hasta el 2012 y se le otorga otras “competencias: la lucha contra la financiación del terrorismo y la introducción de la Recomendaciones Especiales”[1].

El GAFI es el organismo que encarna el sueño de la campaña norteamericana del Bien y el Mal, aunque parezca broma, la realidad es que este organismo tiene una lista Negra y una lista Gris en lo que va a incluyendo a países que ellos denominan: No Cooperantes y en caso de no seguir sus recomendaciones lo amenazan de sancionarlos, entonces la lucha de los gobierno de los diferentes países es por no estar incluídos en la lista gris ni negra de este “respetado” órgano internacional.

En el caso de Paraguay, que después de varios intentos de los gobernantes por aprobar la Ley Antiterrorista, intentos que fueron trabados por la movilización y la lucha de los sectores populares organizados, desde el año 2002, finalmente los Diputados, Senadores y el Presidente de la República lograron promulgar la Ley del terror en junio del 2010, ante un movimiento popular totalmente paralizado e imposibilitado de tomar alguna acción para evitar este lamentable y funesto hecho para la vida del país. Muchos de los propulsores de esta Ley, se escudaron en la presión o ultimátum recibido por el GAFI para que el Paraguay de una vez por todas cuente con una Ley Antiterrorista.

Para analizar las derivaciones e implicancias que podría tener esta Ley para las organizaciones sociales, para los ciudadanos y ciudadanas paraguayas, desde el SERPAJ hemos realizado dos entrevistas; Una con el abogado Juan Martens en representación de la Coordinadora Por los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)[2], y dos, con el joven dirigente campesino Ramón Medina de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), parte de la Vía Campesina en Paraguay.

Juan Martens explica que en términos jurídicos no existía la necesidad de aprobar una Ley Antiterrorista y lo que ello acarrea al sancionar una Ley especial que busca, en sus supuestos, el combate al terrorismo: “en varios momentos desde la CODEHUPY, se hizo un análisis técnico jurídico para ver si las conductas previstas en estas leyes en Paraguay ya estaban o no sancionadas; la conclusión a la que se llego -y se elaboró un documento en ese sentido- es que, todas las conductas previstas ya están tipificadas, ya están previstas, castigables en la legislación del Paraguay, incluso con penas súper altas. Hablamos así de la asociación criminal que sería la asociación terrorista, esto siempre estuvo penado en Paraguay, los homicidios, los secuestros también están penados en Paraguay, entonces no se veía la necesidad de hacer una Ley especial”.

“Porque un Ley Penal Especial siempre lleva a arbitrariedades, porque el funcionamiento del sistema penal en Paraguay y en América Latina es que es selectivo, es clasista, es sexista y racista. Elige víctimas, ya que cada tanto tiene que justificar el aparato represivo y su vigencia, tiene que legitimarse y entonces necesita gente, meter en este molino que va dándose la vuelta, y los seleccionados por el sistema penal para ser procesados y posteriormente ser encarcelados son gentes de poder económico escaso.

Y ahí la pregunta es: Los que tienen poder económico no cometen delitos O no son alcanzados por el sistema penal? Y la siguiente pregunta es: si son alcanzados por el sistema penal son metidos presos o no son metidos presos?”

En cuanto a las violaciones de Derechos Humanos que se podrían dar a partir de la promulgación de esta Ley aclara que: “no cumple con el principio de estricta legalidad penal, que quiere decir esto: las conductas sancionables deben estar estrictamente definidas en una Ley anterior al tiempo de la realización del hecho. Esta Ley es ambigua, se presta a interpretaciones y esto viola este principio de estricta legalidad penal y al violar este principio lo que hace es derivarle al juzgador, es decir al Juez o al Fiscal decir cuando una conducta va a ser considerada terrorista, ese es el principal problema que tiene esta Ley.

Entonces ese es el principal obstáculo por un lado para que se pueda aplicar respetando garantías y es la facilidad que tiene la Ley para permitir la persecución de enemigos políticos o de dirigentes sociales, movimientos sociales, por eso decimos que puede ser incluso una trampa para el mismo Lugo porque no dice en la Ley quien va a ser considerado terrorista, la Ley te da ciertas condiciones y el Juez o el Fiscal es quien va a decir “este es Terrorista porque hizo esto y así yo lo interpreto”. Es el grave problema que tiene esta Ley”.

Estaremos próximo a tener los primeros imputados por terrorismo en el Paraguay? Para el abogado de la CODEHUPY, esta pregunta tiene una respuesta muy clara: “Esto ya está en vigencia, mañana, pasado, puede salir un fiscal y no nos extrañe que en las próximas manifestaciones, ocupaciones o cierres de rutas ya tengamos imputados por Terrorismo.  Porque esto fue subiendo de tono: primero, teníamos gente detenida, le soltaban de vuelta, gente apresada, le soltaban de vuelta. Los tipos penales que se usaban, los nombres de los delitos eran: Asociación Criminal, perturbación de la paz pública, resistencia, apología al delito y últimamente se estaba usando Sabotaje, un tipo penal que implica atentar contra la existencia del Estado. En este momento tenemos 4 personas imputadas por ese delito y ahora tenemos el caso de Silvio Sanabria el 4 de noviembre del 2008 en la primera gran represión cometida por Filizzola, si ahora es sabotaje, el siguiente paso va a ser que estas personas cometan Terrorismo”.

“Esta Ley está para desarticular las organizaciones sociales y en estos momentos creo que hay un  proceso de desarticulación de las organizaciones sociales, por un lado algunos cambiaron de estrategia y deciden meterse al Estado. Por otro lado están las organizaciones que fueron desarticuladas por este sistema penal, hay gente presa, hay gente condenada, fugada o sea en estado de rebeldía. Hay gente que está esperando un juicio y eso repercute en forma directa para la desmovilización de gente organizada.

Si esto continúa así, y con estos nuevos marcos penales en cinco años más no vamos a tener gente organizada. El meter miedo, el disciplinamiento va a ser mucho más fuerte, mucho más evidente, creo que dentro de poco vamos a tener gente en la cárcel de organizaciones campesina, como aleccionadoras en el sentido de “esto les va a pasar si siguen movilizándose” y lo más contradictorio de todas estas leyes de endurecimiento del sistema penal que pueden usarse o están para la desmovilización de grupos organizados, es que se produjo de la mano de Lugo y la represión que se está dando es cada vez más fuerte desde el Ministerio del Interior”.

El dirigente de la OLT[3]Ramón Medina habla de las fuerzas políticas conservadoras y de derecha que aún tienen mucha influencia en la vida del país y presenta el siguiente análisis: “Nuestro país con los gobiernos de derecha, con los gobiernos conservadores, con los gobiernos imperialistas que veníamos teniendo durante los últimos 60 años han venido buscando por todos los medios aprobar una ley totalmente ajustada a las exigencias que plantea Estados Unidos y su lucha contra el “terrorismo”. En varias ocasiones esto se ha atajado, nuestro pueblo se ha movilizado, se ha articulado en torno a este y otros temas y ha tenido experiencias de luchas, movilizaciones y resistencias sumamente importantes. Nosotros creemos que los Estados, es importante que cuenten con una Ley contra el terrorismo, lo que no creemos es que esa ley o la propuesta de ley como se aprobó en Paraguay, sea una ley netamente vinculada a los intereses imperialistas y que sea una ley que apunte no a proteger a la sociedad paraguaya del terrorismo sino que una ley que puede ser utilizado por sectores políticos y económicos que tienen mucho poder justamente para reprimir a nuestro pueblo.

El terrorismo debe ser combatido, lo que no se puede hacer es que el Estado en una supuesta lucha contra el terrorismo persiga a nuestro pueblo, ese es uno de los elementos más importante que tiene la aprobación de ésta ley, cuando no define, exactamente qué es terrorismo y deja justamente en manos de los fiscales y jueces que en nuestro país tienen  un antecedente nefasto, en materia de la protección de los Derechos Humanos. Antes de aprobarse esta Ley, el poder judicial, la fiscalía y los instrumentos represivos del Estado han generado gravísimos actos de Terrorismo de Estado contra nuestro pueblo, cuando nuestro pueblo salió a reclamar derechos justos, como sigue reclamando hasta hoy derechos justos y el Estado no salió a responder con medidas y acciones de solución sino con medidas represivas y  violentas, muertes, asesinatos, represiones, encarcelamientos. Para nosotros esta situación actual, con la aprobación de la Ley antiterrorista en un nuevo proceso, es una medida que lleva al gobierno a dar una herramienta a favor de la derecha y coloca el proceso democrático en un chake, en un peligro porque hay que tener en cuenta que los poderes del Estado, están controlados en un 90 % por sectores que están totalmente deseosos de volver a cerrar este proceso político paraguayo, que están deseosos de volver a aplicar las mismas medidas represivas y violentas que se han generado en nuestro país durante un proceso histórico. El partido Colorado es un partido que tiene un gran poder en la Corte Suprema de Justicia, un gran poder en la fiscalía y uno de los partidos imperialistas que ha cumplido a rajatabla, con más de 45 años de dictadura, oreko (tiene) experiencia suficiente en materia de Terrorismo de Estado, y éste proceso paraguayo con el gobierno Lugo, con ésta medida evidentemente se da un paso muy grave, nosotros repudiamos esa medida, rechazamos esa medida pero como decimos siempre, el proceso no es Lugo, el proceso fue producto de un aporte colectivo de una cantidad inmensa de paraguayos y paraguayas, que estaban cansados y que querían abrir un nuevo proceso en el país, un nuevo proceso político en el Paraguay. Que Lugo haya aceptado aprobar la Ley antiterrorista no significa que debe ser un cierre del proceso, tampoco significa que esa aprobación tiene que ser devolverle al partido Colorado o a los partidos tradicionales el poder”.

En cuanto a la prácticamente nula reacción del movimiento popular para frenar la aplicación de la Ley con la que se perseguirá a los/as militantes sociales, Ramón afirma que: “no hemos logrado principalmente en el Paraguay consolidar una articulación de las fuerzas democráticas y progresistas de izquierda y los movimientos sociales en base a un proyecto común. Hay que reconocer la profunda crisis del movimiento popular, no existe una dirección política. Después del 2008, año en que asume Lugo la presidencia, evidentemente hubo en el campo popular varias situaciones, pero dos situaciones muy complejas: sectores de la dirección política del movimiento popular que llama a la desmovilización y a la disputa del gobierno (y de cargos) que pasaba principalmente por una mayor presencia de personas vinculadas a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en el gobierno, esa fue una orientación política de un sector del movimiento popular. Otro sector del movimiento popular abre una discusión sobre el proceso político, de que era importante la caída del partido Colorado del Poder Ejecutivo pero la composición del poder político de los poderes del Estado nos da una total desventaja y que era necesario continuar la lucha y la confrontación política y de masa para seguir derrotando a los sectores conservadores. Siguiendo la consigna de lucha contra el Poder Judicial, la lucha contra el Parlamento, pero que fueron dos orientaciones políticas distintas. Cuando cae el partido Colorado, la derecha quedó confundida, pero la dirección del campo popular eran dos y no nos permitió consolidarnos, y sabemos que la derecha tiene una gran capacidad de recomposición y que tiene algunos intereses comunes que no pierden de vista, por ejemplo: la ley antiterrorista, ahí se notó claramente que ellos sobre cuestiones fundamentales tienen una gran capacidad de articularse. Porqué el movimiento popular no reaccionó ante esa situación? porque sigue habiendo una crisis importante en la dirección política del campo popular, sigue habiendo dos orientaciones. Pero esto no significa que es una derrota, nosotros no vemos como una derrota, nosotros vemos como un retroceso, podemos calificarlo como un golpe, pero nañandenokeaiti hikuaai (no nos noquearon)”.

Sin embargo ante este panorama en que pareciera que las cárceles se irán llenando de luchadores y luchadoras sociales, el joven pero aguerrido dirigente campesino ve un futuro esperanzador basado en el resurgimiento de las fuerzas sociales y populares: “Nosotros estamos seguros que el próximo año después de las elecciones de noviembre va haber grandes luchas populares por una sola razón, no porque salió la ley antiterrorista, porque ni este gobierno ni la derecha han tomado medidas que puedan paliar la profunda crisis económica que vive nuestro pueblo. Este gobierno no ha logrado generar una política social para combatir las grandes desigualdades existentes y las grandes necesidades de nuestro pueblo; es decir, al término de este (opavo koa ko) momento electoral se puede generar una profunda lucha y allí veremos cómo se aplica la ley antiterrorista. La gobierno Lugo mba´e he´i?(Qué es lo que dice): Esta Ley no se va aplicar para criminalizar al pueblo, pero la jaikuaapora ñande (lo que bien sabemos) que el Parlamento, Poder Judicial, y la fiscalía, el 99 % de los fiscales son fiscales instruidos en Colombia, son fiscales que tienen la instrucción de aplicar, justamente el Terrorismo de Estado como forma de detener, de frenar las reivindicaciones de nuestro pueblo, entonces cual tiene que ser la consigna de nuestra masa? y tiene que ser LA DEROGACIÓN DE ESTA LEY”.

 

Profesemos la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. 

 Sembrando conciencia para cosechar libertad.

Marquemos un Norte: http://caio.uy.over-blog.com/

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Comentarios

H
<br /> <br /> Es algo complicado de explicar, pero creo que lo has hecho a la perfeccion y todo el mundo lo ha entendido, por lo menos, yo si lo he entendido!<br /> <br /> <br /> <br />
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