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Comunicadores Charrúas

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  • Ricardo Silva
  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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20 diciembre 2010 1 20 /12 /diciembre /2010 18:59

http://cronicadesociales.files.wordpress.com/2009/05/pacha1.jpg?w=282&h=283

 

El concepto de áreas protegidas, nacido en el siglo XIX en los Estados Unidos como una idea de la conservación mediante el establecimiento de "parques nacionales", fue parte de la colonización del "Salvaje Oeste" y ha sido en muchos casos un instrumento que ha servido para la apropiación de territorio indígena, pasándolo a manos de Estados, centros de investigación o intereses empresariales.

Si bien un organismo internacional como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reconoció que a la hora de establecer un área protegida era necesario respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y reconocer el valor de sus formas de vida, la gran mayoría de las áreas protegidas establecidas desde entonces han violado estos derechos.

El pasado mes de marzo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, tuvo lugar el III Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. Paralelamente, los Pueblos Indígenas, Comunidades locales y Afrodescendientes de los Países de México, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se reunieron en el Tercer precongreso de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes de Mesoamérica sobre áreas protegidas y derechos territoriales,  para reivindicar “que hemos existido desde tiempos inmemoriales en este territorio y antes de la conformación de los actuales Estados Nación”.

Del encuentro surgió la “Declaración de Yucatán” (1), en la que reafirman que “En nuestra concepción ancestral el territorio va más allá del espacio físico pues en él nacemos, crecemos y se reproduce nuestra cultura, y es allí en donde hemos de continuar la vida después de la vida, asimismo representa la seguridad y continuidad de las futuras generaciones.

La territorialidad es donde desarrollamos nuestra condición de sujetos de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la autogestión del Buen Vivir y la continuidad histórica de nuestra cosmovisión.”

Esta reafirmación resulta pertinente a la luz de lo ocurrido en los últimos cuarenta años, en que los ricos territorios indígenas de esta zona “han sido objeto de reiterados sistemas colonialistas de despojo, expropiación, biopiratería, bioprospección, enajenación, declaración de áreas protegidas y megaproyectos”. 

En ese contexto, la Declaración reclama que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes a la libre determinación y a reservarse el derecho de establecimiento de áreas de gestión/conservación bajo sus propios sistemas normativos e instituciones, garantizado por un marco jurídico implementado en cada uno de los Estados de Mesoamérica. Por lo tanto, “los Estados no declararán áreas protegidas o de conservación de cualquier tipo en las tierras y territorios que los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes histórica o tradicionalmente han usado, poseído u ocupado, sin el consentimiento libre, previo e informado”. En aquellos casos en que se declararon áreas protegidas sin el consentimiento libre, previo e informado, se exige que se inicien procesos de restitución de tierras y territorios.

La declaración alerta contra proyectos impulsados por los gobiernos nacionales tales como el Corredor Biológico Mesoamericano, el Plan Mérida, la Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental o el programa de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación (REDD), que atañen directamente a los territorios indígenas y que por lo tanto deberían garantizar la participación plena y efectiva de las comunidades locales.

En definitiva lo que está en juego es la libre determinación de los pueblos y su derecho al Buen Vivir.

(1) http://www.indigenouspeoplesissues.com/attachments/4378_Declaracion_Yucatan.pdf

 

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