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Mariana Mota:
Tengo muchas causas de importancia y por el mejor servicio de la justicia debería continuarlas porque tengo conocimiento de los expedientes, y porque tengo mucho más para dar
Manifestantes copan la Suprema Corte de Justicia
en rechazo al traslado de la jueza Mariana Mota
La jueza ingresó al recinto, donde estaba previsto el juramento para efectivizar su traslado, notoriamente emocionada en medio de una ovación de varios cientos de manifestantes. Tras su paso, decenas de los presentes decidieron ingresar con pancartas y en medio de cantos de apoyo a la sala donde iba a producirse la ceremonia, que está demorada.
“Yo no me quería ir”, dijo la jueza a su llegada.
Pasado el mediodía la Policía ingresó para sacar a los manifestantes, sin tener resultado. A las 13 hs las autoridades volvieron a entrar y lentamente siguen intentando desalojar a los presentes en medio de protestas.
“(Tengo) muchas causas de importancia” y “por el mejor servicio de la justicia debería continuarlas porque tengo conocimiento de los expedientes, y porque tengo mucho más para dar”, señaló Mota en una entrevista publicada este viernes por el semanario Brecha.
Mota fue duramente cuestionada cuando en 2011 participo de la “Marcha del Silencio”, que organizan anualmente familiares de detenidos desaparecidos en memoria de las víctimas de la dictadura. La jueza se defendió diciendo que simplemente estaba en el lugar pero no marchó.
Además mantuvo diferencias con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por el caso de un avión comercial que cayó en aguas del Río de la Plata ocasionando la muerte de sus dos ocupantes.
“Estamos acá en protesta de Mariana Mota a un juzgado civil cuando ella (…) era quien estaba llevando las causas más importantes de derechos humanos, es un retroceso absoluto para estas causas, creemos que es injusto”, dijo a la AFP la abogada y defensora de los derechos humanos Hebe Martínez Burlé.
Mariana Mota: “obstaculizan investigaciones” de “archivos militares ocultos”
Mota entiende que su cambio de la órbita Penal a la Civil, complica las investigaciones en tanto su sucesor “hereda” unas 50 causas con un promedio de 600 fojas cada una, así como los archivos digitalizados “de los tribunales militares en cada caso”.
Para Mota se está perdiendo la independencia del Poder Judicial, lo que quedó en evidencia tanto en la prohibición con que los militares impiden sacar fotos durante procedimientos judiciales que se cumplen en predios donde podría haber enterrados restos de detenidos desaparecidos, como el más reciente caso del avión de First Class, donde el ministro Fernández Huidobro se opuso a continuar la investigación judicial.
“Ahí correspondía que el Poder Judicial saliera a defender su independencia y señalara con claridad que se debía cumplir con la orden que había impartido la jueza, pero yo no sentí nada de eso” dijo Mota en declaraciones que recoge el semanario Brecha.
La omisión de la Corte por desapariciones forzadas
Para la jueza la declaración de 50 casos en investigación como crímenes de lesa humanidad, y por ende inamnistiables e imprescriptibles, es una decisión que la Suprema Corte, “ha ido evitando” sin conocerse las razones de fondo. “Después de una excelente sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, solo rescato el voto discorde del exministro Leslie van Rompaey, el único que dijo que se puede aplicar la figura de la desaparición forzada en estos casos”, enfatizó la jueza.
Uruguay pasa a quedar así “muy atrás en la jurisprudencia latinoamericana de derechos humanos”,según entiende la magistrada, incluso peor que Bolivia, Paraguay o Argentina, donde se han “acompasado a la evolución internacional, pero no Uruguay”.
Finalmente Mota explicó que su pase a la Justicia Civil le implica todo un cambio de metas, en tanto se había especializado en “derechos humanos vinculados con lo penal, algo que la Suprema Corte de Justicia no promueve” con lo que ahora, deberá “empezar otra vez”.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
sobre el traslado de Motta
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En el día, miércoles 13 de febrero, se dio a conocer la intempestiva decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el juzgado penal. Esta sede tiene más de de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante el terrorismo de Estado que han sido diligenciadas con rigor, seriedad y respeto.
Resultan de público conocimiento los obstáculos que debió enfrentar por parte del propio Estado y de autoridades del gobierno para llevar adelante estas investigaciones, así como los múltiples cuestionamientos y advertencias recibidas por parte de la corporación ante expresiones vertidas respecto del sistema judicial así como a su participación en eventos tanto sociales como académicos.
Despersonalizando esta situación concreta, denunciamos esta práctica que se manifiesta de forma reiterada e inequívoca a lo largo de estos años, que evidencia la intención de mantener intacta la impunidad.
Una de las mayores fortalezas de un estado democrático es contar con un sistema jurídico que otorgue las mayores garantías a sus ciudadanos, mediante un conjunto de normas que asegure plenamente la defensa y protección de todos y cada uno de sus derechos fundamentales.
La consolidación de lo antes expuesto supone, rigurosamente, la independencia de sus magistrados de forma tal, que fortalezca el desarrollo de las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la normativa legal y su Constitución como eje primordial de un Estado y en consonancia y armonía con las normativas supra nacionales.
El órgano supremo del Poder Judicial debe a su vez garantizar de manera categórica, a sus magistrados y funcionarios, el ejercicio pleno de las facultades por él concedidas sin tener que estar expuestos a la voluntad o presión de otros poderes públicos o a cualquier opinión, sea cual fuere el lugar de donde provengan.
El requisito de la permanencia de los/as jueces/as en sus cargos refuerza, indiscutiblemente, el desarrollo fluido y permanente de las etapas procesales garantizando el cumplimiento del debido proceso y por ende, la fortaleza de cualquier sistema judicial.
Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia debido a que no se trata del primer desplazamiento de un magistrado que tiene a su cargo causas vinculadas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos de nuestro pasado reciente cometidas por el Estado. Cada denunciante, cada familiar, cada víctima sigue viendo afectado su derecho a acceder a la justicia y la verdad, mientras un nuevo magistrado toma conocimiento de cada expediente para reconstruir nuevamente las pruebas, dilatando los procesos por años.
Esta decisión obstaculiza y enlentece el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, referido a delitos de tortura, secuestro, desaparición forzada, violación y prisión prolongada entre otros, lesionando la integridad de un estado democrático y la imprescindible construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las garantías de cualquier colectivo social.
Constituye también un nocivo mensaje de falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recae sobre nuestro país.
Perpetuar la impunidad es la garantía para denigrar a la condición humana en todas sus expresiones y la certeza de construir sociedades cada vez más injustas y violentas para las generaciones venideras.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Hijos Uruguay
Asociación de ex pres@s políticos Crysol
Servicio Paz y Justicia de Uruguay
