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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
Tengamos presente que todo ser con aletas, raíces, alas, patas o pies, es un Hermano
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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6 abril 2011 3 06 /04 /abril /2011 19:54

http://www.kaosenlared.net/img2/175/175540_38mil_desaparecidos_3_ano.jpg

El 6 de septiembre de 2010 Yuliana Rico, abogada de la Corporación, se dirigía caminando hacia la oficina de CCALP y llegando a ellas, fue atacada y agredida físicamente por un hombre que colocó un puñal en su pecho y la empujó al suelo, ocasionándole heridas en sus brazos y manos. El hombre le quitó el celular que llevaba consigo Yuliana Rico y finalmente el agresor se dispuso a huir, subiéndose a una moto donde le esperaba otra persona.       

 

Señalamientos a organizaciones e integrantes del MOVICE-Capítulo Antioquia
En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En el periódico B1, se hace un claro señalamiento a integrantes del MOVICE como Winston Gallego Pamplona de la Fundación Sumapaz, Elkin Jesús Ramirez de la Corporación Juridica Libertad y el integrante del Comité de Impulso y Secretario General del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Diego Martinez quienes aparecen en diferentes fotos. En el mismo periódico se hacen señalamientos contra el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (JUCO), ambos miembros del Comité de Impulso del MOVICE, la comunidad de Paz de San José de Apartadó, Gloria Cuartas, integrantes de CJL, el Padre Javier Giraldo y el profesor Miguel Angel Beltran.
Señalamientos a integrante del MOVICE-Capítulo Arauca      
Luego de las denuncias realizadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos frente a la violación y el asesinato de tres menores por parte de integrantes del Ejercito Nacional en Arauca el General Rafael Neira comandante de la 18 Brigada del Ejército trató al Presidente de la Comisión de Paz y DDHH de la Asamblea Departamental diputado Ferney Tique y al Presidente del CPDH-Arauca Martin Sandoval, “de irresponsables, que debían demostrar sus calumnias ante los estrados judiciales y que los campesinos estaban siendo manipulados por la guerrilla, para que denunciaran al ejército”.  
Amenazas y seguimientos a integrantes Comité de Impulso del MOVICE
El jueves 12 de agosto de 2010 se conoció una amenaza por correo electrónicom, firmada por “El Bloque Capital” de las Águilas Negras en la que se sentencia a muerte a Rigoberto Jiménez, Alfonso Castillo, Iván Cepeda y los que están coordinando “la campaña nacional de exigibilidad de los derechos de la población desplazada”. A Alfonso Castillo y Rigoberto Jiménez, se les concede un plazo de 20 horas para abandonar la ciudad de Bogotá.      Bloque Capital de las Aguilas Negras
El lunes 7 de Febrero de 2011 a las 10:10 Luz Marina Hache Contreras, dirigente sindical de Asonal Judicial e integrante del Comité Nacional de Impulso, recibió una llamada en su residencia, ante la extrañeza de recibir una llamada a estas horas de la noche, lo dejó repicar. Sin embargo, ante la insistencia decidió contestar, no preguntaron por nadie y sólo se escucho una voz de hombre que dijo: “hp se quiere hacer matar?” y enseguida colgó. En años anteriores Luz Marina hache había recibido constantes amenazas, lo que condujo a que en el año 2001 se viera obligada a exiliarse para proteger su vida. Al regresar, en el 2006 luego del conflicto laboral en Asonal Judicial, del cual es miembro de su Junta Directiva, recibió nuevamente amenazas a su correo electrónico y a través de llamadas a su número celular.  
En marzo de 2011 en la ciudad de Bogotá se han hecho repetitivos los hostigamientos y seguimientos a Danilo Rueda en su lugar de residencia con hombres que se movilizan en moto. Las técnicas de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz pretende impedir la restitución de los predios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó y negar la voz de los habitantes de Cacarica que se oponen a obras de infraestructura sin consulta. Las estrategias de desprestigio, acusaciones falsas ante estrados judiciales, y la persecución contra la Comisión de Justicia y Paz se intensificó desde el 2003 como parte de las operaciones ilegales del DAS, y que se encuentran aún en investigación.
La Corporación Sembrar del Comité de Impulso del MOVICE denuncia falta de garantías en la defensa de derechos humanos
En una carta dirigida a los Ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, Director del DAS y Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, La Corporación Sembrar, hizo entrega formal del esquema individual asignado al Abogado JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ y del esquema colectivo asignado a los demás miembros de la Corporación. Los vehículos fueron recibidos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia y los tres escoltas que prestaban seguridad a los dos esquemas quedaron a disposición del DAS el día de hoy 03 de marzo de 2011. La Corporación Sembrar ha venido demandando del Estado Colombiano, medidas reales de protección, no solamente se trata de la adopción de medidas de protección material sino también de condiciones reales para ejercer su labor.  
Amenaza electrónica contra el MOVICE
El 15 de febrero de 2011 varios/as defensores/as y organizaciones de los derechos humanos y periodistas recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte, entre ellos los Sres. Eduardo Márquez, Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza y la Sra. Claudia Duque, y las organizaciones Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE), y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). En la amenaza enviada por correo electrónico, firmado por el grupo paramilitar de derecha “Águilas Negras”, se afirma que “ha llegado la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que intentar hacerse pasar por defensores/as de los derechos humanos”, entre ellas ONG internacionales, periodistas, organizaciones de mujeres y quienes colaboran con desplazados internos, declarando que todos ellos son en realidad miembros movilizados de movimientos de guerrilla de izquierda tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.
Por último, queremos destacar los diferentes casos de montajes judiciales a los que se enfrentan integrantes del MOVICE:
David Rabelo Crespo (Magdalena Medio):
El 14 de septiembre de 2010 hacia las 3 de la tarde fue detenido en la ciudad de Barrancabermeja por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), David Rabelo Crespo, quién luego fue conducido por un fuerte escolta policial y agentes del CTI hacia el aeropuerto para ser transportado a la ciudad de Bogotá. David Rabelo Crespo es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Magdalena Medio. David Rabelo fue ex-concejal de la ciudad de Barrancabermeja por la Unión Patriótica, es miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo. David Rabelo se encuentra actualmente a órdenes de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Su abogado ha interpuesto una apelación a la resolución de acusación, apelación que se encuentra en la Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. En este momento pueden pasar dos cosas: 1. que se confirme y se va a juicio y 2. que se revoque el llamamiento y salga en libertad con preclusión.
Carolina Rubio (Santander)
El 16 de noviembre de 2010 siendo la 1 p.m. en la ciudad de Bucaramanga, fue capturada Carolina Rubio y posteriormente conducida a las instalaciones de la SIJIN. Es señalada del delito de rebelión en hechos supuestamente ocurridos del 2002 al 2005 y de pertenecer al frente 24 de FARC por dos testigos sin identidad. Igual que otras acusaciones contra defensores, la Fiscalía General de la Nación tuvo como fundamento para la apertura de la investigación y para la expedición de la orden de captura el testimonio de dos presuntos reinsertados de un grupo insurgente hoy acogidos a los programas de reinserción del gobierno nacional y a los beneficios que estos les otorgan. El 18 de noviembre de 2010 la fue suspendida la medida de aseguramiento, concedida en razón de su avanzado estado de embarazo. En este momento el proceso se encuentra abierto, en la espera de si se llega a etapa de juicio o no.
Harry Castillo Perlaza (Nariño)
El día 16 de noviembre de 2010 a las 5 A. M. fue objeto de una diligencia de allanamiento, la casa de habitación de Harry Castillo Perlaza, ubicada en el Barrio San José del Municipio de el Charco (Nariño). En ejecución de esta diligencia, fue agredida físicamente su esposa Nelcy Caicedo Vallecillas, y objeto de una grave afectación psicológica una menor de edad, que se encontraba en el lugar de los hechos. Resaltando además que los oficiales que realizaron ésta diligencia, se llevaron de su casa el computador personal de Harry Castillo Perlaza. Harry fue detenido arbitrariamente y trasladado inmediatamente hasta la Ciudad de Calí – Valle del Cauca. Harry Castillo Perlaza, es el Director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de el Charco, Comité adscrito al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH-Nariño y en años anteriores fue objeto de una detención a causa de una investigación que aún sigue abierta.       
Juan David Díaz (Sucre)
El 28 de agosto de 2010 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz conoció que Edelmiro Aberto Anaya, paramilitar acogido a la Ley 975, en las versiones libres sostuvo falsa, injuriosa y calumniosamente que el integrante del MOVICE Capitulo Sucre Juan David Díaz, era simpatizante de la causa paramilitar y lo sindicó como responsable del delito de homicidio. Anaya fue condenado a 37 años de prisión como coautor del homicidio del ex Alcalde del Roble y padre de Juan David, Tito Euladio Díaz. El MOVICE teme por un posible montaje judicial en contra de Juan David Díaz.
Carmelo Agámez Berrio (Sucre)
Carmelo Agámez Berrio ha sido secretario técnico del MOVICE-Capítulo Sucre desde principios del 2008. Es sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y por su trabajo en defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas, ha sido sujeto de amenazas y detenciones que le obligaron en un tiempo a vivir en el exilio. En noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, por las constantes amenazas de las que ha sido víctima.
El 13 de noviembre de 2008, hacia la una de la madrugada, cinco hombres vestidos de civil, que se identificaron como parte de la policía, ingresaron violentamente a la vivienda Carmelo Agámez, sin orden de allanamiento ni de captura. Insultaron a su esposa preguntando por el paradero de Carmelo, para luego proceder a requisar todas las habitaciones. Después de media hora, los hombres salieron de la casa y se marcharon en un carro oficial. El 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez se presentó voluntariamente en compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal le tomo la indagatoria y durante tres horas Carmelo insistió en su inocencia.
Pese a ello, el Fiscal le impuso medida de aseguramiento. En la actualidad, el defensor de derechos humanos es investigado por el delito de concierto para delinquir, por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.
El 13 de mayo de 2009, poco antes de que su oficina emitiera la resolución 3230/2009, el Tribunal Penal de Sincelejo emitió un fallo determinando que el fiscal había violado los derechos de defensa y debido proceso a Agámez al no informarle de los cargos y evidencia en su contra.
En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó una
investigación penal en contra del Fiscal que abrió la investigación contra Agámez por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra Agámez. La investigación fue asignada al Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá. El 6 de noviembre de 2009, sin tener en cuenta todas las irregularidades evidenciadas dentro del proceso, se resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de derechos humanos. Carmelo apeló la decisión del Fiscal de llevar el caso a juicio, pero el 15 de julio de 2010 fue llamado a juicio  en Sincelejo (Sucre), luego de que el Vicefiscal de la Nación negó la apelación de defensa. El 2 de diciembre de 2010 se tenía que realizar la audiencia preparatoria, que fue anulada de último momento por el Fiscal y aplazado hasta el 13 de enero de 2011. En la audiencia preparatoria se aprueban o no los testigos. Había una prueba que la Fiscalía había desestimado y fue incluida luego de la intervención del abogado de Carmelo Agámez. Hasta la fecha no se tiene nueva fecha para la siguiente audiencia.
El MOVICE expresa su preocupación frente a la relación familiar de la juez de Sincelejo con una de las procesadas en el proceso, la señora Celia Rosa Blanca, ya que es sobrina de la misma. A la vez expresamos nuestra profunda preocupacioń por la preclusión a varias personas dentro del proceso, entre las que se encuentra el ex-concejal de San Onofre Marcos Luna Romero, que ha sido beneficiario directo de la estrategia paramilitar en el departamento.
Pedimos a las autoridades competentes que el proceso judicial en contra de Carmelo Agámez Berrio se radica en otra ciudad fuera del departamento ya que en las elecciones al congreso de 2010, la estrategia paramilitar volvió a ganar en Sucre, con varias denuncias sobre la compra de votos, votaciones atípicas y familiares de parapolíticos presos ganándose los curules, como es el caso de Eduardo Carlos Merlano. Entendemos que en un contexto donde el control paramilitar se mantiene de forma hegemónica, no existen garantías judiciales para llevar el proceso contra Carmelo Agámez Berrio.
Winston Gallego Pamplona (Antioquía)
La génesis de la actuación penal la constituyen informes de inteligencia militar elaborados por integrantes del RIME, -quienes carecen de funciones judiciales conforme a la Constitución Nacional-, basados en testimonios descalificados en otros procesos penales, pero que son usados recurrentemente e informantes animados por la obtención de beneficios jurídicos y económicos, que utilizados temerariamente por las fuerzas militares como parte de la estrategia de judicialización, en el marco la lucha contrainsurgente.
En el mes de marzo de 2009 comparecieron voluntariamente ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada un grupo de más o menos quince estudiantes de la Universidad de Antioquia, allí se enteraron que existía una investigación contra cuatro de esas personas, de las cuales tres hacen parte del MOVICE. A la fecha estas personas han sido vinculadas a una investigación formal, y una de ellas es Winston Gallego Pamplona, integrante de la Fundación Sumapaz, lugar donde se encuentra actualmente la sede del Movimiento en Antioquia fue detenida el 10 de junio de 2009.  
Desde el momento en que Winston Gallego tiene conocimiento de su vinculación en el proceso adelantado por la Fiscal, este decide comparecer de manera libre y voluntaria ante la funcionaria el día 10 de junio de 2009; luego de ser escuchado, la Fiscal resuelve privarle de la libertad desconociendo su disposición de cooperar con el proceso que se le adelanta.  
Desde el momento de la detención de Winston Gallego, las organizaciones sociales siguieron denunciando y exigiendo que el proceso saliera de la dependencia de la Fiscal 74, esta petición se logro y el proceso fue enviado al fiscal 94 Jorge Enrique Valencia delegado ante los jueces penales del circuito; es de anotar que en esta instancia el funcionario estuvo ceñido al principio de legalidad generando una mayor confianza entre las partes en el proceso y señalando que en el mismo se habían cometido arbitrariedades e irregularidades.  
A pesar de los alcances que tuvo el proceso en esta nueva fiscalía por disposiciones del saliente Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, el proceso fue trasladado a Bogotá ante la fiscalía quinta Unidad Nacional contra el terrorismo, radicado bajo el número 68315- bajo el argumento de garantizar seguridad e integridad personal a los funcionarios que adelantan su conocimiento, demás intervinientes y la imparcialidad e independencia sobre la actuación procesal. Este hecho obstaculiza la defensa y la garantía de un debido proceso.  
En la última semana del mes de octubre de 2009, se solicitó a esta fiscalía la libertad de Winston Gallego, esta petición fue negada y por el contrario el fiscal dictó resolución de acusación. Este hecho es grave pues como se anotó en líneas anteriores este proceso esta basado en irregularidades y violación de los derechos humanos fundamentales.
Winston Gallego Pamplona fue dejado en libertad condicional el 2 de mayo de 2010. El 6 de abril de 2011 hay audiencia en que se espera se cierre el caso.
Recomendaciones de la Declaración Política del V Encuentro Nacional del MOVICE, celebradado en la ciudad de Bogotá los días 10, 11 y 12 de marzo de 2011:  

 

1.Continuar oponiéndonos a la  política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”. Denunciar, la estrategia de múltiples falsos positivos que ha incluido, no solo las ejecuciones extrajudiciales  de miles de personas, sino además el encubrir la reingeniería paramilitar con falsas desmovilizaciones y reinserciones así como la realización de montajes judiciales. El Movice no ha reconocido, ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares, como  bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común.
2.Adelantar todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar  ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes,  principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.
3.Emprender acciones conducentes a que los funcionarios involucrados en la suplantación de las desmovilizaciones, beneficiarios del despojo y de reinserciones respondan patrimonialmente para restituir los recursos dilapidados por parte del Estado en estos montajes.
4.Incidir en la propuesta presentada ante el Congreso de la República  de modificaciones estructurales al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, no sin antes advertir que este ha sido inconsulto con las víctimas. Esperamos que dichas  propuestas sean incorporadas, pero al mismo tiempo advertimos que de persistir  en el proyecto el carácter abiertamente inconstitucional y contrario a los estándares internacionales en esta materia, demandaremos esta norma ante la Corte Constitucional.
5.Persistir  en la movilización y fortalecimiento de los procesos organizativos, tal como lo hemos hecho, con la ley 975 de 2005, decreto 128 de 2003, con las extradiciones, el estatuto de desarrollo rural y todas aquellas normas que violan o limitan los derechos de las víctimas. El MOVICE considera que la fuerza social principal para acabar con la impunidad y los crímenes de Estado  en Colombia reside en la capacidad organizativa y en la iniciativa de las víctimas.  
6.Convocar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional en el acompañamiento  y apoyo de todas las acciones que en materia de restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra emprendan las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas,  (desplazadas o en resistencia) y habitantes de zonas rurales,  que han sido víctimas de prácticas de despojo. Llamar a la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como una expresión de la unidad de agendas de acción de campesinos, indígenas, afro descendientes, desplazados, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes y demás víctimas del despojo.
7.Exigir al Estado Colombiano y a la insurgencia concertar mecanismos para una pronta solución política y negociada al conflicto social y armado.  En ese sentido, respaldar  las iniciativas de Paz de la sociedad civil como la de Colombianos y Colombianas por la Paz, que persiguen mediante una agenda humanitaria llegar a la mayor brevedad a una mesa de negociación que ponga punto final al conflicto armado y que ofrezca una solución con justicia y democracia a la larga confrontación que ha sufrido el país. El MOVICE anuncia la decidida voluntad de construir una agenda propia con propuestas desde las víctimas hacia la paz.
8.Anunciar la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha.
9.Expresar solidaridad con las personas detenidas y judicializadas por motivos políticos o de conciencia, especialmente a Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del MOVICE víctimas de persecución judicial.
10.Ratificar la necesidad de construir una estrategia de lucha contra el exilio y apoyar los esfuerzos de los capítulos de víctimas que desde el exterior han trabajado por la construcción de esta nueva estrategia.
11. Exigir al Gobierno colombiano la aparición con vida de la ambientalista SANDRA VIVIANA CUELLAR GALLEGO, quien fue desaparecida el 17 de febrero del 2011 en la ciudad de Cali.
12. Finalmente, llamar al Movimiento Social, de Derechos Humanos y Paz a responder de manera unitaria a la actual política gubernamental de concertación sin garantías reales. La unidad debe constituirse en el pilar fundamental de los movimientos sociales en Colombia. El MOVICE saluda y corrobora su voluntad de trabajo conjunto al lado de expresiones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga de Resistencia social y comunitaria, el Techo Común, la CUT, la Gran Coalición democrática, los procesos indígenas y afrocolombianos.

 

 

 

 

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