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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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1 junio 2011 3 01 /06 /junio /2011 20:11

http://www.travellersbook.net/images/stories/galeria/Uruguay/Damian_Ibarguren-40/presentacion/01-Verdad-y-justicia.jpg

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) anunció este martes que los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), que incluyen centenares de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), son “ilícitos comunes y no de lesa humanidad”. El veredicto le suprime la trascendencia jurisprudencial para los casos, que ante la sentencia, prescribirán el próximo 1° de noviembre.

El pronunciamiento de la SCJ es en respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por el mismo organismo judicial que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 "homicidios muy especialmente agravados".

Los medios locales reseñaron que esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de "desaparición forzada", considerados de lesa humanidad.

Por cuatro votos de cinco ministros de la Suprema Corte se entendió que "no corresponde" aplicar al caso el delito de "desaparición forzada" porque el mismo fue creado por ley, de fecha 25 de septiembre de 2006, "es decir que al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva", señala el fallo.

Al considerar la corte que los asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura son "ilícitos comunes" se debe aplicar a los mismos la prescripción, que no corresponde para los casos de lesa humanidad los que no pierden vigencia, agregó el documento.

Como argumento, el fallo explica que al momento de los hechos, en 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, y por eso no puede imputarse ese ilícito.

El Código Penal uruguayo prevé 20 años de prescripción para el delito de homicidio, que es el más grave, y el plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.

La Suprema Corte de Justicia determinó tiempo atrás que el período de la dictadura no debe ser considerado para determinar la prescripción debido a la falta de garantías y se toma la fecha del 1 de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.

El Código Penal uruguayo prevé 20 años de prescripción para el delito de homicidio, que es el más grave, y el plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.

NO SE PUEDE, HABLAR MAL DEL PODER JUDICIAL, SI SE PUEDE DECIR, QUE EN URUGUAY, LA JUSTICIA FUE ROBADA, POR LA IMPUNIDAD. Y NO HAY GARANTIAS DE QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. POR LAS TRABAS LEGALES, QUE NO EXISTEN A NIVEL INTERNACIONAL, NO SE PUEDE CONSIDERAR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, A LAS ATROCIDADES, COMETIDAS. HABRÁ QUE LLENAR DE DENUNCIAS LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. ENTRE PACTOS Y PACTOS ESTUDIARON HASTA EL ULTIMO DETALLE, PARA QUE LA IMPUNIDAD QUEDARA INSTALADA.

YA ENCONTRAREMOS UN ERROR, Y HABRÁ JUSTICIA.


Ricardo Silva, para Marquemos un Norte  


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