Adital - Se realiza mañana (30), en Santiago de Chile, el ‘I Tribunal Ético sobre Minería de Frontera en América Latina’ para discutir el desarrollo minero en zonas fronterizas o con repercusión bilateral. En la ocasión, organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos que trabajan con la temática de los conflictos mineros con alcance de frontera, presentarán al Tribunal casos ocurridos en sus países.
En virtud de la expansión minera transnacional en la región latinoamericana, varios proyectos están llegando a zonas nunca antes tocadas, que se mantenían intactas por razones geopolíticas o de seguridad nacional. Sin embargo, esto está cambiando.
Cada vez más, los territorios cercanos a las fronteras de los países latinoamericanos están siendo ocupados por proyectos de minería que, en muchos casos, causan perjuicios sociales, culturales y de salud a las poblaciones, además de impactos ambientales. Esta situación despertó preocupación en las organizaciones sociales, en los gobiernos y en las propias comunidades afectadas, puesto que muchos proyectos no reciben la atención adecuada de acuerdo con sus especificidades.
Esta problemática será el asunto principal del I Tribunal Ético sobre Minería de Frontera. En la ocasión, los participantes debatirán casos emblemáticos ocurridos en las fronteras de países como Chile y Argentina, Bolivia y Brasil, Ecuador y Perú, El Salvador y Guatemala, México y Guatemala, y Costa Rica y Nicaragua.
Los debates tendrán como puntapié inicial el primer Tratado Mineiro Binacional, firmado entre Chile y Argentina en 1997. Antes de ese año, no se conocían tratados de integración minera de esta naturaleza por razones geopolíticas, migratorias, tributarias y de seguridad. Después de esto, cinco proyectos ya han recibido el aval para operar en el área limítrofe con la Cordillera de los Andes.
Como parte del proyecto de integración Chile y Argentina, se discutirá el polémico caso de la mina Pascua-Lama, ubicada en la región chilena de Atacama y en la provincia argentina de San Juan, perteneciente a la empresa canadiense Barrick Gold. El año pasado, líderes comunitarios y peritos de los dos países denunciaron la ilegalidad del proyecto y la ausencia de una licencia para iniciar las actividades.
El proyecto ‘Cerro Cuadrado’, de la empresa canadiense Suramina Resources, es otro perteneciente al tratado Chile y Argentina. En el momento, el proyecto que consumirá US$ 6,5 millones para el proceso de explotación en los próximos tres años todavía está en trámite. Además de Cerro Cuadrado y Pascua Lama, la comisión binacional cuenta con otros cuatro proyectos, todos sustentados por capital extranjero. Son: El Pachón, Amos Andrés, Las Flechas y Vicuña. Todos los proyectos son rechazados por las comunidades locales y por ecologistas.
Después de las discusiones, el panel de jueces formado por indígenas, defensores/as de los derechos humanos, miembros de las iglesias, ecologistas y personalidades, procesará en diversos niveles a los Estados, a las empresas de minería y a los países de origen de estas empresas.
El Tribunal Ético sobre Minería de Frontera en América Latina es una iniciativa de la ecuatoriana Acción Ecológica, de la peruana Cooperación, del Forum Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), con sede en Chile.
Natasha Pitts
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