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El Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) considera la decisión de la Corte, contraria al ejercicio de los derechos y de la libertad de expresión, de reunión, de asociación y a las garantías judiciales establecidas en diversos tratados internacionales ratificados por Honduras, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional del Trabajo. Tales acuerdos deberían representar una responsabilidad internacional ineludible para el país.
Dando continuidad al informe "Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita en el país, expresa que es "inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebra democrática, estén siendo acusados y despedidos por su defensa de la democracia". En este contexto, la CIDH, hizo un llamado para sea revertida "esta situación que afecta seriamente al Estado de Derecho".
En dos oportunidades, los días 26 y 31 de mayo, debido a la ausencia de algunos magistrados que votaron a favor de la dimisión, y que se encontraban fuera del país, el Presidente de la Corte Suprema, se negó a abrir una sesión, manteniendo la decisión arbitraria de la dimisión de los cuatro jueces.
Para el CEJIL, esta actitud intransigente demuestra no solamente el nivel de politización y parcialidad que existe en el Judicial de Honduras, también expresa un absoluto desprecio por la integridad personal y la vida de los huelguistas.
La Directora del Programa del CEJIL para América Central y México, Alejandra Nuño, dice que en Honduras no existe una tutela efectiva que permita a las personas contar con recursos para protegerse de las arbitrariedades que se comenten contra ellas. "Por lo tanto, la única opción en este país, es acudir a las instancias internacionales de manera que se establezca la responsabilidad del Estado", declaró. Ella agrega además que el CEJIL acompañará las denuncias Internacionales de los operadores de la justicia.
Por su parte Radio Progreso y un equipo de investigación de la Compañía de Jesús en Honduras, también condenaron la destitución de los jueces, por medio de un comunicado. Ellos denuncian que estas dimisiones por motivos políticos, violan la independencia del poder judicial que debe caracterizar al Estado de Derecho.
Para los denunciantes, el acto refleja también en la vida de la población, como graves violaciones de derechos humanos, alcanzaron ya, niveles alarmantes en el país.
En el comunicado, además acusan a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de no rectificar sus posiciones desde el Golpe de Estado y por no enfrentar las consecuencias de sus actos. "Se amparan en la impunidad de sus cargos, evitando enfrentar las demandas de las Asociación de Jueces por la Democracia", declaran.
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