El periodismo como patente de corso

Alberto Maldonado S.*

Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua que “Patente de Corso es la autorización que se tiene o se supone para realizar actos prohibidos a los demás”. Exactamente, es lo que está ocurriendo a nivel de medios de comunicación y sus periodistas, analistas, editorialistas y más servidores de confianza.

Ellos y ellas pretenden que pueden decirle a cualquiera lo que les dé la gana; y después, lloriquean y denuncian y protestan porque les demandan, les enjuician, piden para ellos penas de prisión e indemnizaciones millonarias. Y, sobre todo, dicen que son agresiones contra la libertad de expresión.

Lo primero que hay que recordar a los amnésicos o no, es que, desde hace mucho, nuestro Código Penal tipifica, como delito de acción privada, la calumnia, el desacato, el insulto, la acusación infundada. Y que un agravio de esta naturaleza puede uno hacerlo cara a cara, en forma indirecta o a través de lo que antiguamente se llamaban libleos  o de publicaciones en la prensa (escrita, radial, televisada y ahora digital) La antiquísima “ley de prensa” preveía que, cuando no hay un responsable de un artículo (de opinión o de información) asume esa responsabilidad el director del medio o quien haga sus veces.

Es decir, lo que ahora ha alarmado a los medios sipianos (de la SIP-CIA) de la comunicación y que supuestamente es un ataque a la libertad de expresión (de los medios y de sus periodistas estrella) es un viejo recurso previsto en nuestro código penal. Solo que, en la corta historia del periodismo ecuatoriano, no llegan a diez los casos en que han sido enjuiciados y se ha llegado a sentencia en firme contra Emilio, Rodrigo. Jimmy, Carlos. ¿Por qué?

Es una idea mía, que bien puede estar equivocada; pero, pienso, que lo importante en esta materia es el democratizar esta posibilidad, de suerte que Juan Pueblo pueda demandar y sostener la demanda contra un medio o un colaborador mediático, que le haya ofendido, agraviado o calumniado. Y digo que pueda sostener la demanda porque los poquísimos casos que hasta hoy se han dado son precisamente porque hay que tener tiempo y dinero, y ser influyente y perseverante, para llegar hasta
una tercera instancia, con el riesgo, además, que el juez sentencie a favor de la otra parte y, de paso, le condene al demandante a pagar una fuerte indemnización por haber cometido la osadía de demandar a tan alta figura.

Y cito, solo a manera de ejemplos, dos casos relativamente recientes. El médico, investigador y profesor universitario, doctor Rodrigo Fierro Benítez, columnista del diario El Comercio de Quito, fueç sentenciado a una corta pena de prisión y a pagar una suma de indemnización, a los socialcristianos, por haber dicho, en uno de sus
artículos, que este partido político era peor que Ali Baba y sus cuarenta ladrones (o algo así) Y el señor Emilio Palacios, el mismo que ahora es demandado por el presidente Correa, fue sentenciado en primera instancia a 3 años de cárcel por haber dicho que el Sr. Camilo Samán se estaba beneficiando de los dineros públicos. Solo que todo quedó en eso porque el señor Samán “le perdonó” su agravio al señor
Palacio.

Lo segundo: ¿tiene o no derecho el Presidente Rafael Correa Delgado a plantear una demanda penal a un medio de comunicación y una fuerte indemnización por alguna expresión o actitud que la considera un calumnia, una ofensa? Por el hecho mismo que se trata del Jefe de Estado, un mínimo respeto a su investidura exige que lo que se diga de
él en un medio (cualquiera que este sea) por lo menos debe tener algún fundamento, algún indicio, que nos induzca a pensar a ecuatorianos y ecuatorianas que, en realidad, se está haciendo una denuncia fundamentada y que no se trata de una ofensa, una calumnia más. Por lo menos eso es lo que nos enseñaron quienes nos guiaron en el periodismo práctico; y eso es lo que debe enseñarse en escuelas y facultades universitarias, no solo de periodismo sino de cualquier profesión.

Y la presentación de una denuncia no quiere decir, ni mucho menos, que ya el demandado (o los) van a ir a la cárcel y van a tener que pagar al demandante los 80 millones de dólares que pide. Como dicen los abogados (acusadores y defensores) eso dependerá de lo que conste “en autos” (declaraciones, alegatos, escritos, informes, etc.) pero en tratándose de una función judicial que sea sapiente y honesta; y estamos viendo que el propio demandante, en su consulta convocada, pide que le autoricen los y las ciudadanas a iniciar un proceso de reforma de esta función del estado que, según decir de tirios y de troyanos, es peor que una cloaca mal oliente, ya que por sus propios medios, el sector no solo que no ha hecho nada por reformarse sino que cada día está peor.

¿Quién nos puede anticipar que le salga al Jefe de Estado, lo que popularmente se dice “ el tiro por la culta”? No nos olvidemos que hace poco, el diario La Hora de Quito fue demandado por haber dicho que la Junta Bancaria había sido asaltada por el Presidente de la República; y el juez de la causa ordenó su archivo porque no había lugar a la demanda y porque se consideró que no había insulto en el término “asaltar”. Lo cual es una barbaridad aquí o en la Chinchina, salvado que el abogado patrocinador haya sido tan malo y torpe, que no supo plantear bien la demanda.

De lo que si estaba totalmente seguro —en tercer lugar— es que tanto la demanda contra los autores del libro “El Gran Hermano” como contra el columnista Emilio Palacio, de El Universo y tres de sus personeros, iba a traer una larga cola de protestas, reclamos e insinuaciones de la gran prensa sipiana del Ecuador, de los impolutos y ángeles políticos de siempre. Y así ha sido. De lo que también estaba segurísimo, es que organismos como la SIP-CIA, Human Righs, Reporteros Sin Frontera, y otras de esta calaña, iban a protestar y a poner en alerta a la “comunidad internacional” respecto de que en Ecuador había un “autócrata” enemigo de la “libertad de expresión” (de ellos) y que había planteado una demanda “descomunal” a un medio de comunicación.

En cuanto a los “ alaridos internos” son explicables puesto que la gran prensa local ha ido perdiendo terreno en cuanto a credibilidad y confianza ciudadana; y trata de rescatarlo, ahora que han tenido que salir al frente de la “lucha” contra los “bárbaros terroristas” que tratan de cambiar el estado “libre y democrático” del cual ellos son los primeros beneficiarios. Y contra natura pretenden que, por el solo hecho de ser los voceros o analistas de un medio comunicacional, están sobre el bien y el mal; y nadie puede enjuiciarles, digan lo que digan. Una posición contraria a claras disposiciones constitucionales y legales (de hoy y de siempre) que determina que todos somos iguales ante la ley; y que si yo cometo desacato o injurio, pues la contraparte tiene pleno derecho a enjuiciarme; y, si es del caso, llevarme a la cárcel y obligarme a pagar indemnizaciones en cuantías que pueden ser millonarias.

En cuanto a los ladridos del exterior, pues tampoco es como para asustarse. Desde hace rato (contra la extinta URSS, contra Cuba Revolucionaria, contra Chávez y Morales, contra Correa y hasta contra la pobre Cristina) el imperio y los imperitos (europeos principalmente) se han encargado de “construir” (crear y poner en práctica) organizaciones y patentes que tienen a su cargo, con millones de millones a sus órdenes, la que otrora se llamó la contra propaganda. En América Latina, en especial, se trata de desbaratar, oponerse y socavar cualquier intento de cambios, de transformaciones, así sean tibias o incompletas. Es que para el sistema, para la sociedad de consumo, para la globalización, el neoliberalismo es la última palabra en materia de “democracia y libertad” y cualquiera que atente contra él, pasa al rango de terrorista, de autócrata, de dictador.

Para no redundar baste decir que para la SIP-CIA, para el Grupo de Diarios de América, para las transnacionales de la información, para las “peluconerías criollas” para los políticos reaccionarios, es mucho más peligroso que Correa diga todos los sábados que hay una prensa corrupta (Velasco lo dijo hace medio siglo) y que hay periodistas pelucones, que se denuncie que, por ejemplo, en la Honduras “libre y democrática” de hoy (en manos del Sr. Lobo) hay un estado de represión y de miedo y que van por los diez periodistas asesinados; o que en México han saltado todos los promedios de asesinatos diarios en cualquier lugar y circunstancias; o de periodistas que se “han atrevido” a denunciar a las mafias narcotraficantes que operan en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, el principal mercado precisamente de la droga. O lo que está pasando en Panamá o lo que sucedía en la Colombia de Uribe Vélez y sus falsos positivos y sus pozas comunes, etc.

Y lo lindo es que uno de los demandados se autocalifique de periodista y que diga que está en su derecho a decir la verdad. Nosotros preguntamos ¿cuál verdad? ¿la de él y su grupo de pelucones? O la verdad real. La que impone el sentido común o por lo menos un sentido elemental de honestidad y de dignidad.

Espero, por lo mismo, que la vieja UNP, hoy en manos de un empleado del diario El Universo de Guayaquil (el diario demandado por Correa) piense en todos estos aspectos antes de emitir juicios de valor, a nombre de todos nosotros.

* Periodista.

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