Karol Assunção * Adital -
El último martes, Marcos Vargas, Ministro de la Presidencia, dijo, durante una rueda de prensa, que el Gobierno de Costa Rica respetará la decisión judicial referente al decreto. "[Ellos] piden que se anule el decreto de interés nacional de la mina Crucitas, la respuesta que hemos dado es que esto está en el ámbito judicial, tiene dos semanas en el [Tribunal] Contencioso Administrativo y esperamos que se resuelva allí", declaró.
En la ocasión, Vargas destacó además que la presidencia está "en coordinación con paramédicos y con la Cruz Roja" y que el viceministro ya recibió a los manifestantes y les ofreció "facilidades". Además, aseguró que las autoridades recibirán las notas que se les envíen.
Rosibel Porras, David Rojas y Andrés Guillén continúan desde el 8 de octubre en huelga de hambre por la derogación del decreto 34-801, el cual concede a la empresa canadiense Infinito Gold la explotación de la Mina Crucitas. En la rueda de prensa de ayer (20), después que el médico Rodrigo Cabezas informara sobre la situación de salud de los ambientalistas, Rosibel Porras leyó una carta destinada a la Presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Los activistas están en contra del proyecto de la Mina Crucitas, que prevé la explotación de oro a cielo abierto. La oposición se produce porque, de acuerdo con los ambientalistas, el proyecto destruirá más de 200 hectáreas de floresta y contaminará dos acuíferos y afluentes de la cuenca del Río San Juan con las substancias químicas usadas para la extracción de oro.
Según un comunicado divulgado esta semana por la Coordinadora Ni Una Sola Mina, los manifestantes ya recibieron el apoyo de organizaciones de Guatemala, Alemania, Chile y Argentina. La población de Costa Rica también se solidarizó con esta acción. Informaciones de la Coordinadora revelan que más de 20 mil personas ya firmaron el documento contra Crucitas.
Decreto 34-801 Minaet
Los ambientalistas están desde hace 14 días en huelga de hambre por la derogación del decreto 34-801 Minaet. Tal decreto, firmado en 2008 por el entonces Presidente Óscar Arias, declara al proyecto minero como de "Interés Público y de Conveniencia Nacional". Actualmente, la norma es cuestionada en el Tribunal Contencioso Administrativo y, de acuerdo con informaciones del Gobierno, la presidencia acatará la decisión jurídica.
Las organizaciones ambientalistas, sin embargo, recuerdan que el Poder Ejecutivo tiene el poder de derogar el decreto independientemente del proceso judicial. "Nuestra demanda como personas que ayunan no es una demanda de tipo jurídica, sino más bien ética y de responsabilidad jurídica", destacó David Rojas, uno de los activistas en huelga de hambre en carta a la Presidente Laura Chinchilla el día 13 de octubre.
Con informaciones de agencias.
Bernardino García (Charrúa) cuenta ABITAB Nº 17508
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